El diseño del Presupuesto Público de México ha sido elogiado en el extranjero como uno de avanzada en materia de rendición de cuentas y supervisión del buen uso del dinero. Vaya paradoja. Según la International Budget Partnership (IBP), México está en el “top ten” del índice de Presupuesto Abierto y es el número uno en toda América Latina.
Es verdad, el diseño de los mecanismos de transparencia es muy bueno. Pero los gobiernos federales y estatales han encontrado maneras “creativas” de darle la vuelta y desviar miles y miles de millones de pesos. Robárselos, pues.
Sólo en cuatro años, de 2012 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación detecta el desvío de casi 7 mil millones de pesos a través de contratos de secretaría de Estados, destacadamente la Sedesol y la Sedatu, con entidades públicas, de las cuales han sido las universidades estatales las favoritas.
México Evalúa calcula que de 2009 a 2017 los recursos federales, del llamado Ramo 23, para los estados de la República se manejaron de manera discrecional desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: casi 375 mil millones de pesos disponibles que se usaron para premiar o castigar a los gobiernos, amigos o enemigos, de la administración federal.
Ese par de datos nos sirven apenas para asomarnos a la magnitud del saqueo, digamos institucional, a las arcas de la nación, las cuales –no hay que olvidarlo– se llenan con el dinero que pagamos en impuestos todos los contribuyentes mexicanos.
Los ya famosos contratos con universidades y otras entidades públicas están permitidos por la ley, misma que establece que como son contratos gobierno-gobierno no requieren una licitación pública. Es decir, desde las Secretarías se decide a quién se le dan contratos, sin necesidad de explicarle a nadie los motivos.
Lo que no está permitido es que esas universidades subcontraten más de 45 por ciento del monto de los convenios, ni que sean para servicio para los cuales no tienen la capacidad: se han llegado a dar contratos a universidades para fabricar gorras.
Ese esquema se comenzó a usar en el gobierno de Felipe Calderón. Desde 2008 la Auditoría detectó numerosos contratos así, que sirvieron para desviar dinero mediante la subcontratación de empresas y personas físicas, en algunos casos inexistentes. Un robo, tal cual.
En el sexenio que agoniza, el mecanismo se adoptó con singular gusto. En la administración de Vicente Fox, de 2000 a 2006, el gran truco fue el de los fideicomisos privados a los que se metía dinero público, y por arte de magia dejaba de ser auditable porque se “convertía” en privado.
Eso, a nivel federal. En los estados los órganos locales de fiscalización han estado en su mayoría controlados por los propios gobernadores. La rendición de cuentas y la supervisión son en muchos estados un cuento chino. Baste recordar los casos de Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés. Nadie en sus estados se dio cuenta durante todo su sexenio que se estaban robando miles y miles de millones.
Fortunas individuales, campañas electorales financiadas ilegalmente, cooptación de organizaciones civiles. Para eso y más ha dado el saqueo. El Sistema Nacional Anticorrupción es una propuesta loable, pero mientras no haya la voluntad para tapar los huecos que permiten la sangría constante y grosera de los recursos públicos, gane quien gane, el uno de julio seguiremos teniendo un país donde lo que debe invertir en gasto social se destina a que su partido gane elecciones y a que sus funcionarios se hagan ricos.
Y el IBP no miente. Somos los mejores de América Latina en Presupuesto Abierto. ¡Imagínese si no!
Fuente.-@CarlosLoret
(Imagen/Web)
