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domingo, 1 de noviembre de 2026

«NADA debe DARSE por SENTADO: TRUMP LLEGA TOCADO a las ELECCIONES, pero los DEMÓCRATAS AÚN NO HAN GANADO NADA»…descontento no adjudica ESCAÑOS y el CHAMPÁN aun debería quedarse en el "refri".


Este próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra sus elecciones de medio mandato. Donald Trump no aparece en las papeletas, pero su poder sí está en juego: los votantes decidirán si los republicanos conservan un Congreso dispuesto a facilitarle el camino o si los demócratas recuperan una o ambas Cámaras y le ponen obstáculos durante los dos años restantes de su presidencia. La cita tiene fecha; el desenlace, por mucho que algunos anden repartiendo trofeos, todavía no.

Trump llega con una aprobación del 37,3% y una desaprobación cercana al 60%, según el promedio de Silver Bulletin. 

Es una fotografía incómoda para un presidente que ha hecho de presumir una forma de gobierno. Pero conviene distinguir entre desgaste y derrota: ese promedio mide opiniones sobre su gestión, no escaños adjudicados ni votos ya depositados a favor de sus adversarios. Confundir esas cosas sirve para fabricar titulares rotundos, no para explicar unas elecciones.

La palabra que debería acompañar cualquier pronóstico es cautela. Ni el rechazo a Trump convierte automáticamente a los demócratas en una alternativa irresistible, ni una ventaja en las encuestas equivale a una mayoría parlamentaria. Entre el malestar y el voto hay una distancia que las campañas deben recorrer; nadie debería darla por descontada.

Composición actual del Senado

Mapa geográfico de los 50 Estados. Azul o rojo sólido: ambos escaños del mismo bloque; rayado: senadores de distinto partido. Usa «En juego en 2026» para atenuar el resto.

Dos demócratasDos republicanosDividido

La Cámara: ventaja demócrata, no escritura de propiedad

Según las cifras publicadas por el diario español EL PAIS, los republicanos tienen 219 representantes y los demócratas, 214, con dos vacantes. Se renuevan los 435 escaños y el umbral de la mayoría está en 218. Para los demócratas, la cuenta exige sumar cuatro escaños netos respecto de su representación actual. Parece una cuesta manejable; sigue siendo una cuesta, no una escalera mecánica hacia el poder.

El promedio citado coloca a los demócratas en el 51% de intención de voto y a los republicanos en el 42,6%: una diferencia de 8,4 puntos. Es una señal favorable para la oposición, pero no un cheque al portador. La Cámara se decide distrito por distrito. El promedio nacional permite observar el clima; no entrega las llaves de cada despacho.

Intención de voto a la Cámara de Representantes

Evolución de las encuestas y del promedio.

2530354045505560%abr. 2025jul.oct.ene. 2026abr.jul.oct.Elección, 3 nov.Demócratas 51%Republicanos 42.6%

Cada punto es una encuesta y cada línea, el promedio de las encuestas de los últimos 30 días, con la más reciente de cada encuestadora. Los sondeos encargados por partidos o campañas no entran en el promedio; son los círculos huecos.

Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026.

Fuente: encuestas recopiladas por The New York Times (CC BY 4.0). Promedios de EL PAÍS.

El voto latino ilustra por qué conviene guardar el champán. Los sondeos y análisis recogidos por EL PAÍS muestran desencanto con Trump, pero también dudas sobre cuánto de ese rechazo terminará beneficiando a los demócratas. 

Un informe de UnidosUS citado por el periódico situaba en el 38% la proporción de votantes hispanos indecisos. Retirar la confianza a un partido no obliga a entregársela al otro: los electores no son mercancía que se traspasa entre almacenes.

El Senado: otra pelea, otra aritmética

Presentar la recuperación del Senado como una consecuencia casi automática de una eventual victoria demócrata en la Cámara sería vender dos triunfos por el precio de una encuesta.

El bloque demócrata se ubica en 47 escaños y a los republicanos en 53. Para llegar a 51, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro. 

Se disputan 35 puestos, incluidas las elecciones especiales de Florida y Ohio. Y ganar terreno no basta si, al mismo tiempo, se pierde alguno de los escaños propios.

La informacion advierte de oportunidades demócratas en Maine, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Alaska. También recuerda que el partido debe defender posiciones en Georgia y Michigan, Estados que Trump ganó en 2024. Esa combinación impide despachar la contienda con un “todo apunta a” y pasar directamente al discurso de victoria.

Hay, además, señales que exigen mirar los datos con lupa. En Luisiana, el propio texto presenta un empate del 45% basado en una sola encuesta, mientras recoge una clasificación de los analistas como territorio republicano seguro. Esa discrepancia no autoriza a declarar un vuelco: obliga a reconocer la incertidumbre. Una encuesta puede abrir una pregunta; no tiene por qué cerrarla.

Las gobernaciones: el poder no termina en Washington

También se eligen gobernadores en 36 Estados. Según el reparto incluido en el texto, los demócratas y los republicanos defienden 18 gobernaciones cada uno; en el conjunto del país, la distribución es de 23 demócratas y 27 republicanas.

Aquí no hay una mayoría nacional que conquistar como en una Cámara legislativa. Hay 36 contiendas distintas y decisiones estatales que afectan al aborto, la educación, la inmigración y las reglas electorales. Reducirlas a una competición de colores deja fuera precisamente lo importante: qué puede hacer cada gobierno con el poder que obtenga.

Las llamadas elecciones de medio mandato tampoco se agotan en gobernadores, representantes y senadores. En el tablero descrito aparecen legislaturas estatales y cargos locales que intervienen en asuntos tan próximos como los impuestos, las escuelas y la seguridad. Washington concentra los focos; no monopoliza las consecuencias.

Nada está concedido, tampoco el voto

La lectura prudente no exige fingir que todos llegan en igualdad de condiciones. Trump afronta las elecciones con una valoración claramente negativa, y el material presentado ofrece indicios favorables a los demócratas, especialmente en la Cámara. Lo que no permite es convertir una ventaja en un resultado consumado o tratar al Senado como un premio incluido en el paquete.

El 3 de noviembre puede estrechar el margen de maniobra del presidente o conservarle un Congreso afín. Hasta que los votos sostengan una de esas posibilidades, los republicanos no pueden dar por asegurada su mayoría y los demócratas harían bien en no confundir el desgaste ajeno con una victoria propia. La soberbia también hace campaña; lo que no hace es contar votos.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JAVIER FIGUEROA/

LA «FGR de GODOY PRESUMÍA MÚSCULO: JUEZA FEDERAL FRENA VINCULACIÓN a PROCESO de EXGOBERNADOR»… por ahora no podrá cruzar la puerta del juicio oral.


La Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy quiere llevar a Ernesto Ruffo Appel a juicio, pero el expediente tendrá que esperar. Una jueza federal concedió al exgobernador panista de Baja California una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques. Traducido del idioma de los juzgados: la Fiscalía mantiene la acusación, pero por ahora no puede cruzar la puerta del juicio oral.

No es una absolución ni significa que el caso se haya ido al basurero. Es un freno judicial. Y para una Fiscalía que pretende demostrar una operación de importación ilegal de gasolina y diésel, con un presunto daño al fisco de 4 mil millones de pesos, tampoco es precisamente una medalla.

De acuerdo con EL NORTE, Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió la medida en el amparo 1085/2026. Su efecto concreto: mantener la causa en la etapa intermedia e impedir que se dicte el auto de apertura a juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo.

Dicho sin toga: la FGR puede seguir defendiendo su expediente, pero todavía no puede sentar a Ruffo en el juicio donde tendría que sostener sus acusaciones con pruebas. La vinculación a proceso sigue vigente; lo que no tiene la Fiscalía es vía libre para avanzar hasta esa fase.

Y el tropiezo viene con antecedente. A principios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca ya había declarado infundada una queja de la FGR contra otra suspensión concedida al exmandatario. La Fiscalía alegó que detener el avance hacia el juicio afectaba el interés social porque se investigaban delitos de alto impacto. Los magistrados rechazaron el argumento. La etiqueta de “alto impacto” no le alcanzó para quitar el obstáculo.

Después, el expediente pasó al juzgado de Lazalde Íñiguez para evitar resoluciones contradictorias, pues la jueza ya conocía otro amparo de Ruffo relacionado con su petición de cumplir la prisión preventiva en casa.

Mientras la Fiscalía pelea en tribunales, el exgobernador, de 74 años, permanece en su domicilio de Ensenada bajo custodia de la Guardia Nacional. Fue detenido el 16 de julio y pasó dos meses y medio en el Altiplano. El 25 de septiembre, el juez de la causa autorizó el resguardo domiciliario por su edad y estado de salud.

La FGR lo acusa por su papel como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa a la que atribuye el contrabando de combustible. Esa imputación sigue en pie y todavía debe probarse.

El saldo, por ahora, es menos espectacular que el tamaño de la acusación: Ruffo no está absuelto, pero la Fiscalía tampoco puede llevarlo todavía a juicio oral. El revés de la FGR no consiste en haber perdido definitivamente el caso, sino en no haber logrado despejar el camino para juzgarlo. Mucho expediente; la puerta del juicio, de momento, cerrada.

Con información: ELNORTE/

“MÍRENLO BIEN, NO VALE SEIS VIDAS y 75 MILLONES: el NOMBRE de una NIÑA con TODA la VIDA por DELANTE y 5 MUERTOS MÁS NO caben en la PALABRA ÉXITO”… rechazamos la victoria cobrada a inocentes.


Seis personas muertas no caben debajo de la palabra “éxito”. Tampoco desaparecen detrás de un detenido esposado, dos uniformados y un boletín perfumado con “trabajos de inteligencia” que no requerían inteligencia.

Americo Villarreal,por desgracia aun gobernador de Morena en Tamaulipas y aliado de la facción criminal del Cartel del Golfo en Matamoros,confirmó ayer seis civiles fallecidos.

Entre las víctimas de la violencia posterior a la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez se encontraba una niña de siete años. El detenido es hijo del capo Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”. Un militante de facto de Morena y aliado del alcalde Alberto «Beto» Granados.

Esa es la cuenta que debe ponerse junto a la fotografía oficial, no esconderse detrás de ella.

Porque detener a un presunto delincuente al que ya detuvieron antes y dejaron libre, es una obligación del Estado. Conseguirlo sin convertir a los ciudadanos en blancos, rehenes o pasajeros rumbo a una barricada incendiada también lo es. 

Y esa segunda obligación no puede tratarse como un detalle que se resuelve después, cuando ya terminaron las balaceras y comenzaron los funerales.

Axel Cárdenas no vale seis vidas. Ni aunque lo presenten como “segundo al mando” de Los Ciclones o Los Escorpiones , ni aunque le engorden el expediente publicitario hasta convertir su captura en la hazaña del sexenio. La jerarquía que le atribuyen las autoridades puede explicar el interés en detenerlo; no constituye una licencia para aceptar cualquier costo humano.

UNA NIÑA NO ES EL PIE DE PÁGINA DEL OPERATIVO

Entre los hechos más graves ocurridos el pasado jueves,está la muerte de una niña que viajaba con familiares. Sus allegados denunciaron que los disparos provinieron de un helicóptero de las mismas fuerzas de seguridad que deberían protegerlos.

Si se confirma, como sugieren los indicios balísticos y los impactos en el techo de la camioneta, que el disparo provino de un arma oficial, no estaremos frente a una fatalidad sin dueño: estaremos frente a una muerte causada por quienes tenían el deber de proteger la vida, no de arrebatarla.

A su familia no se le debe pedir que encuentre consuelo en la importancia del detenido. Una niña no vale menos porque un sospechoso tenga apellido conocido y siga siendo protegido su clan por la policia y el gobierno estatal y municipal.

Su vida no puede convertirse en el renglón incómodo de una presentación de resultados.

La infancia no es material sacrificable para que Omar García Harfuch salga a presumir en sus redes que “se cumplió el objetivo” y luego, cuando toca dar la cara, guarde silencio, como acostumbra.

LA LEY NO PONE LA FOTOGRAFÍA POR ENCIMA DE LOS CIUDADANOS

No hace falta inventar una doctrina humanitaria para cuestionar la operación. Basta leer la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Su artículo 23 establece:

“Durante una detención, se debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas, la de los agentes y la del sujeto de la detención, en ese orden”. …LSN

En ese orden. Primero quienes no tienen nada que ver.

Además, el artículo 4 obliga a planificar los operativos para reducir al mínimo los daños y establece el principio de oportunidad: evitar actuaciones innecesarias cuando exista peligro evidente para personas ajenas a los hechos y procurar el momento y el lugar que reduzcan al máximo las afectaciones a la vida, la integridad y los bienes. El artículo 30 exige evaluar riesgos, considerar la capacidad de respuesta del objetivo y determinar rutas para poner a salvo a terceros.

La ley no ordena dejar libres a los delincuentes ni suspender toda acción ante una amenaza criminal. Ordena algo bastante menos cómodo para los responsables de la estrategia: proteger. Elegir medios, tiempos y condiciones compatibles con esa obligación; anticipar la resistencia y no confundir la captura con el cumplimiento íntegro de la misión.

Por eso, seis muertos no constituyen por sí solos una sentencia judicial contra todos los participantes del operativo, pero sí una razón ineludible para revisar su planeación, ejecución y respuesta a la violencia. ¿Qué riesgos se identificaron? ¿Qué protección se dispuso para las familias? ¿Qué medidas se activaron antes de que las carreteras se convirtieran en trampas?

La autoridad debe responder con registros y decisiones verificables, no con adjetivos triunfales.

LOS CRIMINALES ENCENDIERON LOS BLOQUEOS; EL ESTADO DEBE EXPLICAR LA DESPROTECCIÓN

Quienes robaron vehículos, incendiaron unidades y bloquearon caminos se les debe responsabilizar por estos actos. La violencia posterior a la captura dejó personas atrapadas en una emergencia que incluyó choques contra vehículos utilizados en los bloqueos, además de la muerte de la menor por disparo. El terror fue una decisión criminal, no un fenómeno natural.

Pero precisamente porque se enfrenta a organizaciones capaces de responder de esa manera, una estrategia seria debe contemplar esa capacidad de reacción. La ley exige considerar la respuesta del objetivo y preparar medidas para proteger a terceros. Anunciar que se capturó a un mando no responde, por sí mismo, cómo se protegió a la población que quedó alrededor.

El cártel no puede tener derecho de veto sobre las detenciones. Tampoco el gobierno puede adjudicarse un cheque en blanco sobre la seguridad de los habitantes.

Entre rendirse ante los criminales y operar como si la ciudad estuviera vacía existe una obligación profesional: hacer las cosas con inteligencia suficiente para cuidar a quienes no participan en la confrontación.

Porque la inteligencia que sirve para encontrar a un sospechoso, pero no se traduce en protección para los ciudadanos, merece algo más que aplausos automáticos. Merece preguntas incómodas.

YA LO HABÍAN DETENIDO: LA CAPTURA TAMPOCO ES UNA CONDENA

Y hay un antecedente que vuelve todavía más obsceno cualquier festejo prematuro: Axel ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023. El 18 de enero de 2024, una autoridad judicial determinó que continuara su proceso en libertad.

La seguridad no puede reducirse a volver a capturar a alguien y volver a cobrarle a la población el precio de la operación. Mucho menos cuando el precio incluye vidas que ninguna resolución judicial podrá devolver.

LOS DAÑOS TAMPOCO SON UTILERÍA

Un vehículo incendiado puede ser el patrimonio de una familia. Un negocio cerrado puede representar el ingreso que faltará para pagar comida, renta o medicinas. Una carretera bloqueada puede separar a una persona de la atención médica que necesita.

Eso también debe contarse. No para ponerle precio a los muertos, sino para dejar de tratar a los vivos como si su patrimonio y su tranquilidad fueran insumos gratuitos de la estrategia.

¿Quién reparará esos daños? ¿Quién atenderá a las víctimas? ¿Quién explicará qué pudo evitarse? La rendición de cuentas no termina cuando retiran el último vehículo quemado.

NO SE PIDE IMPUNIDAD: SE RECHAZA UNA VICTORIA COBRADA A LOS INOCENTES

Axel debe responder ante la justicia por los delitos que se le acrediten. Los responsables de los bloqueos y las agresiones también. Y cualquier agente que haya empleado ilícitamente la fuerza debe ser investigado y, si corresponde, sancionado: el uniforme no cancela las responsabilidades que establece la ley.

Reprochar una estrategia de altísimo costo no es defender al cártel. Es defender a quienes no pertenecen a ninguno de los bandos y, aun así, terminan pagando la confrontación.

Ni Axel, ni su apellido, ni su supuesto lugar en el organigrama criminal justifican tratar seis vidas como un saldo tolerable. Menos todavía cuando el Estado ya lo había tenido bajo custodia y una captura anterior no se tradujo en su permanencia en prisión.

Que nadie pretenda resolver este desastre ascendiendo al detenido en el boletín. Pueden llamarlo “segundo al mando”, “objetivo prioritario” o envolverlo en toda la solemnidad disponible: ninguna categoría vuelve pequeña la muerte de una niña,5 muertes mas y 75 millones de pesos en destrozos.

Un gobierno no demuestra que recuperó el control únicamente porque logró llevarse a un hombre. Tiene que explicar por qué fue liberado en 2024 y por qué, para volver a detenerlo, dejó abandonada a toda una ciudad.

Y frente a seis familias en duelo, la fotografía del arresto no es una respuesta. Es apenas el principio de las explicaciones que faltan.

Con información: Redes/medios

«EL FISCAL FUE el ÚNICO ESPOSADO: IMAGEN EXHIBE el PODER del UNIFORME MILITAR cuando se TRATA de BRONCAS»… opera como armadura medieval.


Qué conveniente sale la justicia cuando se aplica según el uniforme. En la fotografía aparecen elementos identificados como Ejército y AEI: juntos en el terreno operativo, pero aparentemente separados a la hora de repartir responsabilidades. 

La imagen no dicta sentencias, pero sí deja una pregunta incómoda: ¿por qué el operativo alcanza para perseguir a un fiscal estatal, pero no para exigir el mismo esclarecimiento sobre la participación que apunta al mando militar ?

De acuerdo con la nota de Infobae, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido y enfrenta acusaciones derivadas de un operativo contra narcolaboratorios en el que también participó la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El medio recoge versiones de su entorno que sostienen que las autoridades federales conocían la operación; esas afirmaciones deben investigarse, no convertirse automáticamente en hechos probados. Pero tampoco barrerse debajo del uniforme verde olivo que también funciona como armadura medieval.

Porque ahí está el doble rasero que exige una explicación: si hubo una ilegalidad, que se investigue quién autorizó, quién sabía y quién participó, sin excepciones por rango, partido o cercanía con Palacio. 

Y si la operación fue legal, que expliquen por qué terminó convertida en una causa contra el exfiscal. Lo que no se vale es presentar el mismo despliegue como delito para unos y como un asunto sin consecuencias para otros.

La justicia no puede funcionar como guardarropa: te pones uniforme militar y desaparecen las preguntas; te quedas con cargo estatal y te cae encima todo el expediente.

Aquí no se pide impunidad para el fiscal. Se exige que la responsabilidad no termine justo donde empieza el Ejército.

Con información: ELNORTE/ INFOBAE/