La reciente postura de legisladores del Congreso de Tamaulipas sobre excluir de la contienda de 2027 a los alcaldes que acumulen cuentas públicas reprobadas u observaciones financieras graves —difundida por medios locales a partir de declaraciones del diputado morenista Gómez Lozano— plantea un debate complejo en el que convergen criterios de fiscalización contable, selección interna de partidos y derechos político-electorales.
De acuerdo con lo reportado en el planteamiento,este sostiene que los aspirantes con cuentas públicas reprobadas o irregularidades financieras sin solventar serían descartados de manera automática rumbo a las elecciones municipales de 2027, bajo el argumento de que las auditorías se aplican sin distinción partidista y con apego a la ley.
Las dos posturas en el debate político
El argumento de la fiscalización y la pulcritud administrativa
Quienes respaldan este criterio, incluidos dirigentes partidistas como el presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez, y legisladores locales, sostienen que exigir cuentas solventadas fortalece la transparencia en la selección de candidaturas.
Desde esta perspectiva, se argumenta que ningún partido debe postular perfiles con señalamientos financieros graves que comprometan su credibilidad ante el electorado, y se recuerda que los ayuntamientos cuentan con plazos legales para aclarar inconsistencias antes de que se turnen expedientes a instancias administrativas o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
La crítica al uso político de las cuentas públicas
En sentido contrario, analistas y actores políticos de oposición suelen advertir que, cuando la mayoría legislativa controla la aprobación o reprobación de los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el mecanismo de fiscalización puede percibirse como una herramienta de presión política o de «veto selectivo».
Bajo esta óptica, se cuestiona que el trámite legislativo de una cuenta pública —que en ocasiones obedece a retrasos documentales o criterios políticos en comisiones— se utilice como filtro previo para cerrar el paso tanto a alcaldes que son opositores y que buscan la reelección,asi como rivales internos dentro del mismo partido en el poder que antagonizan con el gobernador Americo Villarreal Anaya y no son pocos.
Distinción jurídica: Fiscalización administrativa vs. Derechos político-electorales
Desde el punto de vista estrictamente constitucional y electoral en México, confundir el estatus administrativo de una cuenta pública con la elegibilidad de un ciudadano implica mezclar dos ámbitos jurídicos distintos:
Naturaleza de la aprobación o reprobación de cuentas públicas
El dictamen del Congreso sobre una cuenta pública es un acto de control legislativo y fiscalización financiera que evalúa la gestión de un ente público (el Ayuntamiento), no una sentencia judicial individual.
Como reconocen los propios legisladores, las observaciones pueden derivar desde fallas documentales o errores técnicos hasta presuntos desvíos; sin embargo, la reprobación legislativa por sí sola no acredita responsabilidad penal ni administrativa firme.
El principio de presunción de inocencia y el artículo 38 constitucional: Conforme al artículo 35 y al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el derecho a ser votado únicamente puede suspenderse por causas expresamente previstas en la Constitución —como contar con una sentencia condenatoria firme que imponga pena privativa de la libertad, estar prófugo de la justicia o tener una sentencia ejecutoriada por delitos específicos (como violencia política contra las mujeres en razón de género o ser deudor alimentario moroso)—.
Mientras no exista una resolución firme de autoridad competente (un tribunal administrativo o penal) que decrete la inhabilitación para ocupar cargos públicos, una cuenta pública reprobada no constituye un impedimento legal para registrarse como candidato ante la autoridad electoral.
Diferencia entre requisitos legales y filtros partidistas
Jurídicamente, la autoridad electoral (el Instituto Electoral de Tamaulipas o el INE) no podría negar el registro a un aspirante basándose únicamente en un dictamen legislativo de cuenta pública reprobada, pues ello vulneraría el principio de reserva de ley y la presunción de inocencia.
Lo que sí pueden hacer los partidos políticos, amparados en su principio constitucional de autoorganización y autodeterminación, es establecer requisitos estatutarios o criterios de valoración interna para decidir a quién otorgan o niegan su postulación.
En suma, mientras el discurso público suele presentar la reprobación de cuentas como un impedimento automático para competir en 2027, en el terreno jurídico la fiscalización municipal y el derecho a ser votado operan por vías separadas: una cuenta reprobada puede ser utilizada por un partido como argumento político para negar una candidatura interna, pero sin una sentencia firme de inhabilitación no restringe los derechos político-electorales de ningún aspirante ante la ley.
Con informacion: HoyTamaulipas/
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