«DIME con QUIÉN TE JUNTAS y TE DIRÉ…: INFORMES FEDERALES SALPICAN de HUACHICOL a SENADOR de MORENA SIN VISA ENCHAPOPOTADO»…cuñado de Cabeza de Vaca.

Un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporado a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona al senador morenista por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, con la red de corrupción y contrabando de hidrocarburos que operaba en la Aduana de Matamoros.

El reporte policial SSPC/SIIP/UADT/029/2025, fechado el 30 de julio de 2025 —el mismo día que la FGR aseguró 17 ferrotanques con combustible ilegal a la empresa Servicios Aduanales JR en las instalaciones de la aduana—, incluye el rastreo de información periodística que señala directamente al legislador federal como presunto operador político de la organización criminal.

De acuerdo con la SSPC, agentes detallaron que tras realizar un rastreo de información sobre la empresa Servicios Aduanales JR, detectaron publicaciones en Facebook y una nota informativa en el portal digital La expresión.com.mx.

De la nota sólo cita su primer párrafo:

«Una investigación en curso, apunta al senador morenista por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, como presunto operador político en una red de contrabando de hidrocarburos y armamento que utiliza la aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, como clave para introducir combustible ilegal desde Texas a territorio mexicano”, señala la nota del portal de internet citado.

Aunque en el resto de la carpeta de investigación el legislador no vuelve a ser mencionado de forma explícita ni se formaliza una imputación en su contra, el informe fue integrado formalmente por la FGR como parte del expediente con el que se indaga el contrabando de 144 millones de litros de combustible, uno de los casos de huachicol fiscal más grandes registrados hasta ahora.

Grupo REFORMA publicó el lunes que, derivado de esta misma indagatoria, un juez federal de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión en contra de tres mandos del Ejército que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y quienes actualmente se encuentran prófugos.

Se trata de los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ex titulares de dicho recinto aduanero, así como del Teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de Operación Aduanera.

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos los acusa de delincuencia organizada y contrabando calificado, al presuntamente brindar protección a la red criminal para hacer pasar cargamentos de diésel, nafta y gasolina como si fueran soluciones de cloruro de calcio.

La organización delictiva era operada de manera privada por Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR, quien se encuentra preso desde enero pasado en el penal del Altiplano junto a otros cinco implicados. La empresa tiene como sede Reynosa.

Su empresa fue la responsable de tramitar los pedimentos de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina y hacerlos pasar como solución de cloruro de calcio por la Aduana de Matamoros, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.

SU PASADO

José Ramón Gómez Leal, cuñado del ex Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido vinculado anteriormente con redes de contrabando de combustible en la frontera.

Los señalamientos apuntan de manera directa a su presunta relación con Sergio Carmona, un empresario originario de Reynosa ligado al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos que fue ejecutado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Grupo REFORMA publicó en enero de 2022 documentos e indagatorias oficiales que señalan que morenistas de Tamaulipas, incluido Gómez Leal, usaron camionetas de lujo y blindadas compradas por empresas de Carmona.

Al ahora gobernador de Morena, Americo Villarreal,le fue regalada por el extinto «Rey del Huachicol» ,una camioneta Chevrolet Suburban High Country antes de morir ejecutado en San Pedro,segun publico El Norte en su edición del Lunes 31 de Enero de 2022.

Con informacion: ELNORTE/

«PEMEX, la PETROLERA MÁS ENDEUDADA del MUNDO, se QUEDÓ SIN FONDOS para PAGAR PROVEEDORES…convirtieron el dispendio en una auténtica orgía de derroche»

Pemex ,a nivel interno ,está atorado con una deuda de más de 27 mil millones de pesos con empresas que le dan servicios petroleros. O sea, ya les hicieron la chamba… pero no les han pagado

Armaron un “programa” con Banobras para cubrir pagos de 2025, pero dejaron colgado todo lo de 2024. Encima, el dinero que tenían para eso (unos 250 mil millones) ya se acabó. Resultado: hay trabajos hechos que ni siquiera se pueden facturar, y facturas viejas que siguen en el aire.

Esto trae a las empresas en la cuerda floja, porque no saben cuándo van a cobrar. Y no es menor: afecta toda la cadena petrolera, desde servicios hasta la producción de hidrocarburos.

A julio de 2026, el rezago de 2024 sigue sin resolverse: 27 mil 240 millones de pesos siguen pendientes. Y como varias de esas empresas cotizan en bolsa, tienen que reportar esas deudas bajo reglas de la SEC en Estados Unidos. Eso puede pegarle a la calificación de Pemex… y de rebote, a la del país.

Las empresas ya están pidiendo sentarse con Pemex y el gobierno para cuadrar cuentas y que se deje de patear el problema. También exigen un mecanismo claro para que se reconozcan, se facturen y se paguen esos adeudos de 2024.

Contexto global

Pemex debe del orden de 100 mil millones de dólares en el mundo hoy, entre deuda financiera y lo que trae atorado con proveedores.

Cifras principales

• Al primer trimestre de 2026, Pemex reporta una deuda total de 99,800 millones de dólares, sumando pasivos financieros y obligaciones con proveedores.
• En 2025, distintas estimaciones colocaban su deuda entre 98,800 y más de 101,000 millones de dólares, dependiendo si se incluyen todos los pasivos y adeudos a proveedores.
• El Gobierno federal ha reconocido que el “monstruo” completo, contando deuda financiera más pasivos con proveedores, rebasa los 120,000 millones de dólares.

Contexto global

Su deuda equivale a una parte muy significativa del tamaño de grandes petroleras internacionales como BP, y es un factor estructural que arrastra al sector energético mexicano.

En lenguaje de banqueta

En cristiano: Pemex trae encima una losa cercana a los 100 mil millones de dólares, algo así como varias veces el presupuesto anual de muchos estados del país, y esa bola de deuda no sólo es con bancos, sino también con empresas que ya hicieron la chamba y siguen esperando que les paguen.

Con información: ELNORTE/ ELPAIS/ ELUNIVERSAL/ ONEXPO/

“DESTACA AMÉRICO en el SÓTANO de LISTADO NACIONAL de los 10 PEORES GOBERNADORES de TODO el PAÍS... 8 son de Morena.”

Américo Villarreal, aún gobernador de Morena en Tamaulipas —todo indica que por muy poco tiempo más— aparece con 29 % de aprobación en la medición de junio de 2026 de “México Elige” y está colocado en el bloque de gobernadores peor evaluados, es decir, en el “sótano” del ranking nacional, en la posición 28, a cuatro lugares de la peor distinción, que ya ha recibido en encuestas previas. 

Y no importa cuál, no importa cuándo.

Datos de la encuesta de junio

• México Elige reporta que los cinco mejores gobernadores superan holgadamente el 60 % de aprobación (Querétaro, Coahuila, Chihuahua, Chiapas y Guanajuato)
• En el extremo opuesto, los diez peores incluyen a Rocío Nahle (37.2 %), Lorena Cuéllar (35 %), Clara Brugada (33.2 %), Marina del Pilar (31.7 %), Salomón Jara (30 %) y Américo Villarreal con 29 %, además de Morelos, Sinaloa, Baja California Sur y Zacatecas, que cierra con 19 %.
• El mismo texto subraya que 22 de los gobernadores con menos de 50 % de aprobación son de Morena y que Américo forma parte de ese grupo que concentra los últimos lugares.

En la captura de de pantalla , el panel de gobernadores por orden alfabético confirma que Villarreal está en 29 % en junio 2026, luego de haber tenido picos cercanos al 44 % meses atrás, mostrando una caída sostenida

Qué significa estar en el “sótano”

• “Sótano” en términos demoscópicos no es solo ser de los últimos: implica estar varios escalones por debajo del promedio nacional de aprobación de gobernadores, que otras casas sitúan en torno al 52 %.
• Con 29 %, Villarreal está más de 20 puntos por debajo del umbral simbólico de legitimidad cómoda (50 %) y casi 35 puntos debajo de los mejor evaluados, lo que indica debilidad estructural de liderazgo.
• México Elige enfatiza que los últimos ocho lugares son gobernadores de Morena, lo que convierte el “sótano” no solo en un problema personal de Villarreal, sino en evidencia de desgaste del partido en el poder en gobiernos locales.

Ejemplo claro: mientras un Mauricio Kuri ronda el 64.9 % y se usa como referencia de buen desempeño, un 29 % como el de Tamaulipas lo coloca en una zona de “gobernador tolerado”, no respaldado, con margen mínimo para tomar decisiones impopulares sin costo político inmediato.

Americo: la mediocridad nacional

• Trayectoria descendente: en la gráfica, Villarreal llegó a tener registros cercanos o superiores a 40 %, pero se ha ido deslizando hasta el 29 %, lo que evidencia que ni programas sociales ni narrativas de seguridad han conectado con la ciudadanía en el tiempo.
• Comparativo interno en Morena: cuando la mejor figura morenista en el ranking es Clara Brugada con 33.2 % y él está incluso por debajo, queda instalado en el subgrupo de gobernadores que arrastran la marca nacional más que apuntalarla.
• Desempeño frente a oposición: los gobernadores del bloque opositor se disputan la franja alta (60 %+), mientras que Villarreal queda como ejemplo de gestión incapaz de transformarse en capital político; es un gobernador que, en términos estadísticos, “resta” más de lo que suma al proyecto presidencial.

En lenguaje periodístico,Americo es un gobernador atrapado en el tercio de rechazo social, con una base dura insuficiente para blindarlo de crisis y con índices de desaprobación que lo convierten en un lastre para su partido en cualquier medición nacional.

Mero saldo de malos oficios:

• Subraya la brecha: “Mientras el mejor gobernador del país roza el 65 % de respaldo, Américo Villarreal deambula en un 29 % que lo confina al sótano del mapa político.”
• Vincula el dato con seguridad, corrupción y desempeño: el “29 %” es demas síntoma de fatiga ciudadana ante violencia, sospechas y evidencias de connivencia con grupos criminales e incapacidad para ordenar el estado.
• El “sótano” como metáfora: gobierno que no despega, gestión sin proyecto visible, mandatario que gobierna a crédito político y ya esta bien endeudado, pues cada crisis lo empuja aún más hacia la irrelevancia nacional con un pie en la carcel cringa.

Con información: La Aurora Mexico/ MEXICO ELIGE/

"VA A HABER PARTIDA de…PASTEL?: CUMPLE 70 DÍAS con TODO y NOCHES el BLINDAJE MAFIOSO a GOBERNADOR MORENO-NARCO de SINALOA"...son "Nuestra Cosa",la versión tropical de la "Cosa Nostra".

Setenta días bastaron para confirmar que en México la impunidad no es una falla del sistema: es una función avanzada.El caso Rocha–Inzunza no se explica por vacíos institucionales, sino por su eficacia cuando se trata de proteger a los propios. No es encubrimiento improvisado; es blindaje de Estado con manual y cronograma.

Ahí está la secuencia completa. Estados Unidos pide extradiciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En cualquier democracia funcional, eso detonaría controles, comparecencias, crisis abiertas. Aquí activa otra cosa: modo contención. 

Los implicados desaparecen del radar público, la Fiscalía administra el expediente como si fuera material radiactivo y la Cancillería decide que la transparencia puede esperar… cinco años. Hasta 2031, para ser exactos. Porque nada enfría mejor un escándalo que el tiempo burocratizado.

El mensaje no es sutil: cuando la política exterior se usa como caja fuerte, la verdad pasa a ser “riesgo diplomático”. El argumento es casi elegante: revelar información podría dañar la relación con Washington. Lo que no dicen es que ocultarla erosiona algo más básico: la mínima idea de rendición de cuentas. Pero en la lógica de esta cosa nostra tropical, el cálculo es claro: mejor sospecha crónica que evidencia verificable.

Mientras tanto, el Senado perfecciona el arte del cinismo administrativo. Inzunza no está, pero cobra. No legisla en el pleno, pero vota a control remoto cuando hace falta —incluso reformas clave— y su salario llega puntual en cheque porque sus cuentas están congeladas. 

Es una escena difícil de mejorar: un legislador blindado por el fuero, financiado por el erario y sostenido por una mayoría que convierte cualquier intento de control en trámite muerto. No es un error del sistema; es el sistema funcionando.

Y la Fiscalía, pieza central del engranaje, ofrece la coreografía habitual: abrir carpeta, llamar a declarar, dejar enfriar. El expediente existe, pero no avanza; respira, pero no camina. En paralelo, el Ejecutivo reconoce que el gobernador con licencia “está ubicable”… sin ubicarlo. Una presencia fantasma que, sin embargo, no altera la estabilidad política. Porque en este modelo, la ausencia también está administrada.

Lo más revelador no es el silencio, sino su arquitectura. Hay capas: el fuero como muralla, la mayoría legislativa como escudo, la opacidad diplomática como bóveda y la inercia ministerial como anestesia. Cada institución aporta lo suyo para que el conjunto funcione como un seguro de impunidad con cobertura amplia.

Se dirá que no hay pruebas públicas concluyentes, pero ahi estan en la etapa procesal correcta . Precisamente. Ese es el punto. Tras setenta días, el Estado no ha producido verdad ni justicia, pero sí ha producido algo más útil para el poder: tiempo, confusión y desgaste. La crisis deja de ser un problema jurídico para convertirse en un asunto de manejo político.

El segundo piso de la llamada transformación de Claudia Sheinbaum prometía romper con estas inercias. Hoy parece haberlas optimizado. Cambian los discursos, pero el reflejo es el mismo: cerrar filas, patear el expediente, encapsular la información y esperar a que el ciclo noticioso haga su trabajo. La cosa nostra ya no necesita esconderse en las sombras; opera a plena luz, con sello oficial y fundamento administrativo.

Y así, entre cheques cobrados sin presencia, expedientes congelados y documentos sellados hasta 2031, la pregunta deja de ser qué hicieron Rocha e Inzunza. La pregunta incómoda es otra: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para no saberlo?

Con información: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/ELIA CASTILLO/

«NO ESPEREN NADA BUENO,pero MEXICO lo PAGA: SHEINBAUM se LANZA Vs EE.UU y lo ACUSA de PACTAR con NARCOS CUATITOS»…ella es beneficiaria de esos otros pactos ,pero de este lado del Río y la valla.

En una suerte de revés declarativo, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, extraído de México por el FBI en julio de 2024 en un operativo secreto del que no se informó al gobierno mexicano, para acusar al gobierno de los Estados Unidos de realizar “pactos y acuerdos” con los capos de la droga mexicanos y acusó a su embajador en México de mentir sobre la participación de agencias estadounidenses en el secuestro y traslado del Mayo al territorio norteamericano, lo cual, dijo, “viola tratados internacionales y la Constitución mexicana”.

“La primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?…A partir de la detención de un miembro relevante del Cártel de Sinaloa viene una serie de hechos como la llegada de su familia (a territorio de EU), como la llegada de este avión; entonces, se hace la pregunta: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros, no”, dijo tajante la Presidenta de México, al sugerir que es el gobierno de Donald Trump el que ha hecho pacto con los narcos mexicanos.

En respuesta a las revelaciones del periodista Luis Chaparro, quien dio a conocer imágenes y videos que mostraban el traslado del Mayo Zambada desde Culiacán a territorio de Estados Unidos en una avioneta antigua a la que se le apagó el sistema de localización, y confirmó que dicha operación fue coordinada por el FBI, la doctora invocó la violación de la soberanía mexicana, de tratados internacionales de la ONU y de la OEA por parte del gobierno estadounidense al haber secuestrado y extraído ilegalmente al capo mexicano del Cártel de Sinaloa, sin el conocimiento del gobierno de México.

“Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro de la delincuencia organizada”, reiteró Sheinbaum luego de que sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad detallaran los pormenores de la extracción del Mayo Zambada, de la extradición de Ovidio Guzmán y de los acuerdos y negociaciones que el gobierno de Estados Unidos hizo con la facción de Los Chapitos, quienes colaboraron a través de Jesús Guzmán Salazar para entregarles a Zambada, luego de secuestrarlo mediante engaños en una casa de descanso de Culiacán el 25 de julio de 2024.

La molestia y las acusaciones de la presidenta Sheinbaum contra Estados Unidos y su ex embajador en México, Ken Salazar, ocurren justo en el contexto de las acusaciones de narcopolítica en contra de destacados miembros del partido Morena, como el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Games, además de otros 7 políticos de Sinaloa a los que el gobierno de Trump ha pedido a México detener con fines de extradición desde hace ya más de dos meses.

Y es que justo hace una semana, a inicios de este mes de julio, se venció el plazo de 60 días que tenía el gobierno mexicano para responder a las órdenes de detención con fines de extradición que le mandó el Departamento de Justicia a la administración Sheinbaum a finales de abril pasado. La negativa de las autoridades mexicanas a detener, investigar o extraditar a los 10 políticos morenistas de Sinaloa, argumentando la falta de pruebas en su contra, es algo que aún está pendiente de responder desde Washington, donde siguen a la espera de que el gobierno mexicano cumpla con lo que mandata el Tratado de Extradición entre los dos países.

Pero lejos de dar una respuesta formal a dicha petición, la cual no se cumplió porque ni Rocha Moya ni Inzunza, o cualquiera de los otros políticos acusados han sido detenidos ni tampoco investigados por el Gobierno de México, la presidenta Sheinbaum hoy pretende voltearle la tortilla a la administración Trump acusando que quienes sí pactan y negocian con los narcotraficantes mexicanos, son las autoridades estadounidenses, que les ofrecen tratos privilegiados a cambio de que entreguen información para sus investigaciones.

Habrá qué ver cómo responden en Washington a los señalamientos graves y directos de la Presidencia de la República, porque tampoco es ninguna casualidad que la información sobre cómo se llevó a cabo el operativo para secuestrar y extraer al Mayo Zambada de México, sin que se enterara el gobierno de López Obrador, esa que tanto pidió y reclamó el expresidente y también su sucesora, se haya filtrado a un periodista mexicano justo en este momento, cuando sigue pendiente la cooperación de Sheinbaum para entregar a Rocha Moya y demás acusados mexicanos en la Corte del Sur de Nueva York.

Tal vez ese video y esas fotos que publicó el periodista Chaparro en el sitio Pie de Nota son, además de una gran exclusiva periodística, un mensaje directo desde la Casa Blanca para recordarle a la Presidenta mexicana que, si no quiere entregar a losnarcopolíticos sinaloenses por las buenas y a través de los canales diplomáticos, entonces la posibilidad de que se repitan operativos como el que hizo posible la extracción de Zambada hacia Estados Unidos, está más que latente.

Es decir que ni el ocultamiento ni la protección que el gobierno de Sheinbaum le ha dado a Rocha Moya y demás acusados de apoyar al narcotráfico, podrán evitar que, un día de estos, los sinaloenses aparezcan, como por arte de magia (o del FBI la CIA, la DEA o cualquier otra agencia estadounidense) del otro lado del Río Bravo. ¿Y qué dirá entonces la Presidenta guardiana de la soberanía nacional y del señor de Palenque?

Con información: Salvador Garcia Soto/ELUNIVERSAL+

«Y AUN ASI se LLENAN la BOCA de SURRAZÓN: SHEINBAUM ESCONDE, SELLA y PATEA por 5 AÑOS INFORMACIÓN del CASO ROCHA MOYA… como si ciudadanos fueran menores de edad.

En México, el gobierno humanista y transformador, el que se llena la boca hablando de transparencia acaba de hacer exactamente lo contrario: esconder, sellar y patear hacia el futuro la información que hoy incomoda. La Secretaría de Relaciones Exteriores decidió reservar por cinco años —sí, cinco— todo lo relacionado con las comunicaciones con Estados Unidos sobre las acusaciones de narcotráfico que salpican al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázares.

Cinco años no es un plazo administrativo: es una estrategia política. Es apostar a que la memoria pública se desgaste, que los responsables se reciclen y que el escándalo se diluya. Es gobernar con la calculadora en la mano, no con principios.

El argumento es un clásico del manual burocrático: “proteger la confianza”, “cuidar la confidencialidad”, “no afectar la relación bilateral”. Traducido al español de a pie: no queremos que se sepa qué tan comprometidos están nuestros funcionarios, ni qué tanto sabe Estados Unidos de ellos.

Porque aquí está el punto que el gobierno pretende enterrar: no se trata de rumores ni de chismes de pasillo. La Fiscalía de Nueva York ya puso sobre la mesa acusaciones contra exfuncionarios de Sinaloa vinculados con Los Chapitos. Entre los señalados aparecen nombres que hoy siguen orbitando el poder. Y mientras uno cobra su dieta legislativa por cheque tras el congelamiento de sus cuentas, la Cancillería decide que la ciudadanía no merece saber qué se está diciendo —ni qué se está negociando— en su nombre.

El mensaje es insultante: el gobierno actúa como si los ciudadanos fueran menores de edad, incapaces de procesar información incómoda. Como si la rendición de cuentas fuera un lujo opcional y no una obligación constitucional. Como si el derecho a saber pudiera suspenderse cuando toca a los cercanos al poder.

Hablan de “no afectar la cooperación internacional que con sus acciones cotidianas afectan, un dia si y otro también”, pero lo que realmente se protege es la opacidad interna. Porque la confianza entre países no se rompe por la transparencia; se rompe cuando un gobierno encubre a sus propios funcionarios bajo el pretexto de la diplomacia.

La pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que están ocultando que no pueda resistir la luz pública?

Reservar esta información no fortalece al Estado mexicano, lo debilita. No protege las relaciones exteriores, las contamina. Y no cuida a la ciudadanía: la desprecia.

Porque un gobierno que prohíbe saber no está gobernando; está administrando la ignorancia como herramienta de control.

Con información: REFORMA/

«NO son 43 MIL…son 740 MIL: GOBIERNOS de INUTILES de DISTINTOS PARTIDOS se HEREDAN MONTAÑAS de CADAVERES pero REINICIAN su CUENTA desde CERO»…la indecencia es politica,jurídica y ética.

No, no son casi 43 mil: son más de 739,144 homicidios dolosos, cadáveres acumulados desde el sexenio de Carlos Salinas (PRI) hasta Claudia Sheinbaum, y más de 75 mil cuerpos embodegados sin identificar por todo el pais y por la falta de pericia del Estado mexicano, que al ritmo actual va a necesitar 150 años —además de ganas, que se ven muy pocas— para procesarlos, pero además se niega a ver ese cadáver colectivo como una sola escena del crimen.

La suma que ningún gobierno quiere hacer

Si tomamos las cifras sexenales más citadas TResearch con conteo hasta el 4 de Julio y las alineamos con los datos , el grafico del mapa letal es este:

Pero si sumamos todos esos números, sin truco de calendario ni cambio de metodología, estamos frente a casi 740 mil homicidios dolosos desde 1988 hasta hoy.

La matemática letal: de “variación” a barbarie estructural

Y la lámina de Tresearch lo dice sin querer: cada sexenio se mide contra el anterior como si fueran reportes trimestrales de una empresa, con “variación” en rojo, verde o amarillo.

• Salinas y Zedillo se mueven en el rango de 35–37 asesinatos diarios, ya con miles de carpetas impunes y un sistema judicial que apenas podía registrar el volumen.
• Fox presume una “baja” de -25%, 28 muertos diarios, como si hablar de menos cadáveres por día fuera un mérito de gestión y no un reconocimiento de que el país vivía encima de fosas invisibles.
• Calderón dobla prácticamente la violencia de sus antecesores: 120 mil homicidios, 55 diarios; militariza, rebautiza la guerra, pero no se hace cargo de la aritmética de las víctimas anteriores.
• Peña Nieto rompe otro récord: 156 mil homicidios, 71 diarios; su “Pacto por México” nunca pactó con los muertos, sólo con gobernadores.
• AMLO convierte la curva en pared: mas de 202 mil homicidios, cerca de 95 diarios; cada 15 minutos una persona asesinada, mientras el discurso oficial hablaba de “atender las causas” y de que “ya no es igual”,tenia razon,fue peor.
• Sheinbaum llega con un país que ya venía con una tasa de casi 90 homicidios diarios y, aun con la cuestionada reducción que presume (42–46% en su promedio diario), carga ya casi 43 mil homicidios dolosos en 641 días ,a ritmo de 67 diarios, uno cada 21 minutos y con un brutal aumento de desparecidos que no aparecen y cuando aparecen muertos en fosas, tampoco en sus cuentas, que tampoco contabiliza abatidos. 

Aquí no estamos frente a sexenios distintos, sino frente a un continuo de barbarie: cada administración hereda una montaña de cadáveres no investigados, no juzgados y no reparados, pero al tomar protesta vuelve el contador a cero —como si la justicia fuera un reloj sexenal y no una obligación acumulativa.

La contabilidad obscena: “mis muertos” contra “los muertos de antes”

El truco político es contable:

• Cada presidente presenta su gráfica empezando en el día 1 de su gobierno y borrando de la pantalla los homicidios previos, aunque el mismo aparato de seguridad y justicia que investiga —si investiga— es el que dejó impune al sexenio anterior.
• Los informes oficiales hablan de “reducción porcentual”, “tendencia a la baja”, “variación”… nunca del stockacumulado de homicidios sin sentencia, de carpetas archivadas, de investigaciones mal integradas.
• Cuando Sheinbaum dice que baja de 86.9 a 47.3 homicidios diarios, no está hablando de los 202 mil de AMLO ni de los 156 mil de Peña, ni de los 120 mil de Calderón; está hablando sólo de su propia curva, como si el país no arrastrara un inventario masivo de crímenes sin resolver.

Desde el ángulo de procuración de justicia, la mayoría de esos casi 740 mil homicidios son crímenes sin resolver: no hay sentencias firmes proporcionales, no hay reparación integral, no hay verdad pública que cierre el caso.

En términos de ética de Estado, el mensaje es brutal: el gobierno mexicano no se concibe como responsable del cadáver de la nación, sólo del pedazo que le toca en el sexenio; el resto es “historia”, “culpa del pasado”, “otros datos”.

Analogías de la barbarie: el país como fosa contable

• Entre Salinas y AMLO, México pasa de un homicidio cada 41 minutos a uno cada 15; la vida útil del ciudadano se comprime a ritmo de reloj, mientras el libro histórico de homicidios se engrosa de manera exponencial.
• La suma de todos los sexenios equivale a borrar del mapa completo estados medianos del país: ciudades enteras desaparecidas si esos homicidios se concentraran en un solo territorio imaginario.
• El “NO, NO son 43 MIL” es el rompimiento del relato oficial: cuando se habla de 42,561 homicidios acumulados durante la gestión de Sheinbaum, la cuenta real es de cientos de miles; lo que ella presenta como variación porcentual es, en contexto, una contabilidad sobre un cementerio nacional.

Una forma de plantearlo es compararlo con una empresa que cierra sexenio como si fuera cierre fiscal: cada CEO-político sólo reporta pérdidas de su ejercicio y oculta el pasivo histórico de homicidios impunes, que ya no caben en el balance.

El desmenuce moral: por qué es indecente reiniciar la cuenta

En clave de procuración de justicia, hay al menos tres niveles de indecencia:

• Jurídica: el Estado es una continuidad institucional; no puede alegar “borrón y cuenta nueva” frente a delitos graves, porque el deber de investigar, juzgar y sancionar no prescribe sexenalmente ni se resetea con el cambio de partido.
• Política: al mostrar sólo “mis muertos” contra “los muertos del otro”, cada presidente explota la tragedia como insumo de propaganda; el dolor de las víctimas es utilizado como gráfica en la mañanera o en el informe, no como mandato de reconstruir la justicia.
• Ética: al borrar la suma de todos, el mensaje implícito es que los muertos de antes ya no existen; no son un problema, no son una deuda, no son un caso abierto; son estadísticas caducas, útiles sólo para atacar al adversario o justificar la inacción propia.

Nuestra frase central “NO, NO son 43 MIL” apunta justo ahí: no estamos discutiendo la cifra técnica de TResearch o SESNSP, sino desenmascarando el truco moral que consiste en hablar siempre en cortes parciales, nunca en acumulado nacional de impunidad y violencia.

Con informacion: TREsearch/