La “baja” que presume Omar Garcia Harfuch,el estratega de la Seguridad federal en Sinaloa ,existe sólo en su PowerPoint: en la realidad, los muertos siguen cayendo al ritmo de una guerra que el Gobierno maquilla con porcentajes y discursos de saliva.
La aritmética mágica del 44%
El Secretario federal recien acusado de amenaza por el abogado del «Chapo»,que preludia sus viejos nexos con el CDS, se cuelga una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos desde el abatimiento de “La Perris” en junio de 2025, como si matar a un capo fuera botón de apagado de la violencia.
Noroeste, que se ha destacado publicitando las cifras de las tres principales violencias: levantón, ejecución y despojo de autos, además no vive de conferencias mañaneras arguenderas, sino de cobertura diaria, registra otra historia: desde la fractura interna del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, hasta junio de 2025, el promedio fue de 5.44 asesinatos al día.
Junio de 2025, el mismo mes que Harfuch usa como pivote del relato, es el mes más violento del que se tiene registro: 241 muertes entre asesinatos y fosas clandestinas, pero eso en la narrativa oficial se vuelve “avance”. Desde entonces, trece meses seguidos de violencia sostienen un promedio de cinco homicidios diarios; sólo marzo de 2026 baja a 3.9, una anomalía que el discurso convierte en tendencia milagrosa. El 44 por ciento no es estadística seria, es maquillaje: se seleccionan tramos, se acomodan fechas y se omiten cuerpos.
“Batman” —porque se la pasa más en la narrativa épica que en la escena del crimen— afirma que la estrategia ha “contenido la escalada de violencia”, ha “reducido capacidades operativas” de los grupos y ha “sostenido la presencia del Estado” donde más pega el delito. Traduzcamos: mientras el funcionario declama desde Ciudad de México, en Sinaloa la guerra intestina del cártel sigue marcando el pulso de los homicidios, con ejecuciones, fosas y rutina de terror.
Llamar “contención” a un promedio de cinco ejecutados diarios es insultar a las víctimas y usar el lenguaje como escudo blindado. No hay estrategia visible, sólo operativos intermitentes, decomisos que no cambian la estructura criminal y cifras que se usan como efectos especiales para la conferencia. El “héroe” federal presume victoria en la estadística, mientras en el territorio la gente sigue contando muertos, no porcentajes.
Los números que no se convierten en paz
Harfuch vende como logro la muy cuestionada detención de 2 mil 540 personas con puras cifras que ya eran fantasiosas cuando iban 46 mil.
Como parte del mismo humo estadístico presume el decomiso de 94.5 toneladas de droga, 5 mil 900 armas aseguradas y la desarticulación de 2 mil 412 laboratorios de metanfetamina. Es el inventario perfecto para la narrativa oficial: montañas de droga, filas de armas, cientos de detenidos… y, sin embargo, el promedio de homicidios se mantiene casi intacto.
Si desmantelar más de dos mil laboratorios no mueve el indicador de muertes, la conclusión es brutal: esos golpes son ruido táctico, no cambios estratégicos. El mercado se reorganiza, las facciones se reacomodan y el Estado se conforma con mostrar fotos de decomisos mientras los asesinatos persisten. El contraste es claro: mucho espectáculo de fuerza, cero reducción sostenida de la letalidad.
El choque con la realidad de Sinaloa
El propio Noroeste lo señala sin rodeos: la supuesta baja que presume la Secretaría es “inexistente” frente a la dinámica real de homicidios en el estado. Donde el Gobierno ve curva descendente, los reporteros ven notas rojas diarias, fosas nuevas, ajustes de cuentas, balaceras y familias quebradas.
La fractura del Cártel de Sinaloa abrió un ciclo de violencia que no se ha cerrado, y reducirlo a un antes y después de “La Perris” es simplificar una guerra criminal a un cuento de superhéroes.
La política de seguridad federal se comporta como editorialista complaciente: integra sólo los datos que favorecen el relato y encierra al resto en silencio estadístico. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos muertos más necesita la federación para dejar de hablar de “contención” y admitir que su estrategia es pura saliva y uno que otro éxito intermitente.
Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcoterrorismo, empresa criminal y tráfico masivo de fentanilo, metanfetamina y cocaína, Carlos Páez Pereda —alias “Carlitos Rugrats”— aparece, según reportes, comiendo mariscos como si nada, con pistola al cinto y cero prisa. La escena retrata mejor que cualquier discurso la distancia entre la persecución judicial y la realidad en territorio mexicano, donde se sienten y se sientan a gusto, impunes.
Para Washington, no es un personaje menor: lo señalan como operador de alto nivel de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y jefe de “Los Rugrats”, un brazo armado al que se le atribuye buena parte de la violencia que desangra regiones enteras.
La acusación, presentada en la Corte Federal del Sur de California, incluye desde conspiración para inundar de drogas a Estados Unidos hasta lavado de cientos de millones de dólares. En el papel, enfrenta cadena perpetua. En la práctica, se da el lujo de salir a comer.
Según el expediente, durante una década habría coordinado rutas entre Sinaloa y Tijuana para abastecer el mercado estadounidense con toneladas de droga sintética y cocaína. No solo eso: la fiscalía lo vincula directamente con asesinatos, secuestros y operaciones armadas que consolidaron el músculo violento de su grupo.
El propio FBI en San Diego lo pone en términos claros: “Los Rugrats” no solo trafican drogas, también exportan violencia. Y la DEA remata el retrato: un operador que habría sostenido su imperio a punta de intimidación, miedo y sangre.
El contexto político tampoco es menor. El caso se inscribe en la estrategia estadounidense que, tras catalogar al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, abrió la puerta a imputaciones por narcoterrorismo. Es decir, ya no solo son narcos: son tratados como actores que desestabilizan con lógica de guerra.
Páez Pereda, sancionado desde 2025 por el Departamento del Tesoro, aparece así en dos mundos paralelos: en uno, es objetivo prioritario del gobierno estadounidense; en el otro, se pasea armado y come mariscos sin mayor sobresalto. Entre ambos, la pregunta incómoda persiste: ¿quién realmente controla el terreno ?
Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Pemex, fue detenido no cuando debía, sino cuando ya no había forma de no hacerlo. No tras la primera señal de violencia, ni ante la sospecha, ni siquiera ante la denuncia inicial. Fue hasta que el escándalo se volvió público, visible, incómodo. Hasta que el video —crudo, explícito— empezó a circular como recordatorio de que el poder también golpea puertas… y cuerpos.
17:32 horas, colonia Narvarte, operativo coordinado, orden de aprehensión cumplimentada, traslado inmediato. La maquinaria institucional, esa que suele oxidarse frente a víctimas anónimas, de pronto funcionó con precisión quirúrgica.
La historia es conocida: agresiones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales. Una denuncia formalizada. Medidas de protección. Acompañamiento institucional. Y, por supuesto, el comunicado impecable: “en las próximas horas enfrentará a un juez”. Todo en orden. Todo en regla. Todo… tardío.
Porque sin video, sin indignación pública, sin conversación en redes y sin presión mediática, este caso probablemente habría seguido el camino habitual: el archivo, la dilación o la simulación.
No es menor que haya sido necesaria la exposición para activar al Estado. No es un triunfo institucional: es una confesión. La de un sistema que reacciona más al escándalo que a la justicia, más al costo político que a la obligación legal.
La presidenta pidió “todo el peso de la ley”. Y sí, eso suena bien. Pero el peso de la ley no debería depender del volumen de la protesta.
“Ya nos vamos entendiendo”, parece decir la ciudadanía: no es que las autoridades no puedan actuar, es que muchas veces no quieren… hasta que se les obliga.
Y en ese aprendizaje colectivo hay algo inquietante: si la justicia necesita audiencia para existir, entonces no es justicia, es espectáculo con consecuencias.
Hoy hay un detenido. Falta saber si habrá justicia. Porque detener, en México, ya no es lo difícil. Lo difícil es que el caso no se diluya cuando se apagan las cámaras.
Gran parte de la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el magnate petrolero James Jensen y su familia por contrabando de combustible descansa en el testimonio de un misterioso personaje, mitad empresario, mitad narco, que presumía de conocer muy bien los entresijos del lucrativo negocio del huachicol a los dos lados de la frontera entre México y EE UU.
Desde mediados de 2024, Confidential Informant 1 (CI-1), el nombre en clave que le asignaron las autoridades de Estados Unidos, tuvo encuentros secretos en Texas con fiscales y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de la DEA —la agencia antinarcóticos— y del FBI. Acompañado de su abogado, CI-1 relató cómo era el esquema de robo de petróleo a Pemex y su posterior contrabando a Texas desde Tamaulipas, siempre con la ayuda del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para el cual trabajaba el informante. Según los documentos de la acusación, este broker vendía el producto robado a los Jensen, que han sido acusados no solo de contrabando, sino también de financiar a una organización criminal clasificada como terrorista por Washington.
El informante confidencial en el caso se llama Luis Ariel Rivera Rodríguez, mexicano naturalizado estadounidense, que ahora ronda los 53 años. EL PAÍS ha conseguido establecer su identidad a través de referencias en las decenas de documentos que forman parte del proceso judicial contra los Jensen. Rivera se presenta actualmente como propietario y director de Luxemborg Trading LLC, la principal empresa importadora utilizada para ingresar a Estados Unidos el combustible de Pemex, que se disfraza en los registros aduanales como “destilado de petróleo” y “aceite lubricante usado”. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, entre 2018 y 2025, se traficaron alrededor de 4.000 cargamentos de crudo, con un valor de 300 millones de dolares.
La historia criminal de Rivera no es nueva, y ahora parece estar colaborando con la justicia estadounidense para obtener algún beneficio procesal. Entre 2010 y 2012, Pemex denunció ante los tribunales de EE UU un esquema de robo de condensado de gas que luego era contrabandeado al país norteamericano. La petrolera mexicana señaló puntualmente a varias compañías estadounidenses por beneficiarse del hurto, que databa de 2006. En esa trama figuraban James Jensen y Rivera. En ese entonces, el negocio del huachicol era controlado por el Cartel del Golfo y el de Los Zetas. En la actualidad se replica el mismo negocio criminal, con los mismos actores, aunque con un cartel diferente. Pemex continúa siendo el perdedor.
Pistas hacia Rivera
La defensa legal de los Jensen intenta a toda costa probar que la familia no sabía que el petróleo crudo comprado a Rivera había sido robado a Pemex, ni que del otro lado del negocio estaba el temible cartel de Nemesio Oseguera, El Mencho, abatido este año por el Ejército mexicano. Sin embargo, el hecho de que el comprador y el vendedor estén implicados en la trama criminal de hace dos décadas complica el argumento. Las autoridades de EE UU capturaron en abril de 2025 a James Jensen, el patriarca de la familia; a su esposa, Kelly Anne, y a sus hijos Maxwell y Zachary Golden. Este último y su madre se encuentran en libertad condicional y enfrentan cargos menores. James y Maxwell Jensen están acusados de contrabando, blanqueo de activos y financiamiento a una organización terrorista. El caso se disputa en la Corte del Distrito Sur de Texas.
Los abogados de los Jensen son conscientes de que Rivera será “el testigo central —y, para algunos cargos, el único testigo—” contra los acusados. En escritos dirigidos a la Corte, los letrados se refieren a Rivera como CI-1, siguiendo la nomenclatura secreta de la Fiscalía, pero lo identifican como “director y propietario” de la firma Luxemborg Trading, indicio que confirman registros mercantiles del condado de Hidalgo, Texas, donde fue constituida la compañía en 2009.
Otra referencia que desvela la identidad de Rivera y su rol como informante es la mención de la defensa de los Jensen de una reunión que CI-1 tuvo con sus clientes poco antes de su detención. El intermediario, habiendo pactado con las autoridades, acudió al encuentro con micrófonos para grabar secretamente la conversación. Ese material sustenta en gran medida la acusación de que los Jensen sabían que el CJNG estaba involucrado en la trama. “El Gobierno, al parecer, busca llamar a CI-1 a testificar sobre sus comunicaciones con los acusados, el origen del aceite usado que se les vendió, la manera y los medios usados por CI-1 y Luxemborg para importar el aceite usado, y las supuestas interacciones con el crimen organizado en México”, plantea la defensa de los Jensen.
En otros documentos del juicio se refiere que el informante es “copropietario” de Luxemborg Trading LLC. Registros mercantiles muestran que la otra persona al frente de la compañía es su esposa, Irma Isabel Pruneda. Con esta mujer, Rivera también constituyó en Texas la firma Darvasa Trading LLC en 2009. El apellido familiar es trazable a México, en la firma Luxemborg Mexico Fuel Group, S.A. de C.V., creada en 2021 y donde Luis Rigoberto Rivera Pruneda, hijo de ambos, es accionista mayoritario y gerente general. La filial mexicana forma parte del entramado empresarial que ha utilizado Rivera para cruzar a Estados Unidos el hidrocarburo robado a Pemex, como documentó este periódico en una investigación anterior.
Socio del CJNG
El primer encuentro de Rivera con las autoridades de EE UU como informante ocurrió en julio de 2024. Allí y en sucesivas reuniones detalló —según los reportes escritos por los agentes que lo entrevistaron— que era dueño en México de una “compañía de logística que transportaba diésel, gas y aceite usado” entre los dos países, importando y exportando. Dijo que “alguna vez fue un prominente y legítimo operador”, pero “fue extorsionado por carteles de la droga para transportar productos de petróleo en México”; precisó que debía pagar a los extorsionadores 2.000 dólares por tanque para poder operar.
Sin explicar cómo sucedió, Rivera se convirtió él mismo en miembro de la estructura criminal del CJNG. “Explicó que adquirió el control de varias carreteras en México y estaba a cargo de cobrar pisos o extorsiones a nombre del cartel”, dicen los documentos del juicio. “CI-1 luego usaría parte de esos fondos para sobornar a funcionarios federales, estatales y locales”, agregan. “CI-1 explicó que, sin los pagos de extorsiones, los carteles no permitirían el transporte de productos en México. Luego describió un esquema donde intermediarios aduanales de México falsificarían documentos para exportar ciertos productos de petróleo crudo a Estados Unidos”.
Rivera dijo a los agentes que tenía una colaboración sostenida y directa con ciertos líderes del CJNG, especialmente con Iván Cazarín Molina, El Tanque, encargado del negocio del huachicol y uno de los hombres de mayor confianza del Mencho, y César Morfín Morfín, Primito, jefe de plaza en Tamaulipas. Incluso, Rivera dijo que había hecho amistad con Primito y que hasta tenían un negocio juntos desde 2021. A su vez, al Tanque lo conocía tan bien que dio de él “referencias específicas”. Rivera hizo gala de “su conocimiento de las jerarquías del CJNG” y mencionó a líderes como Héctor Álvarez Álvarez, El H; Carlos Roel, Chuy 7, y otros personajes solo identificados por sus alias: El X, Nareda y Chimuelo.
Rivera precisó que el petróleo contrabandeado a EE UU era directamente expoliado a Pemex “o adquirido a través de funcionarios corruptos” de la paraestatal, e “identificó a una compañía de Estados Unidos como un conocido comprador del crudo que había sido robado en México”, aunque el nombre de esa empresa no se consignó en los papeles judiciales. En un encuentro en diciembre de 2024, Rivera “expresamente decidió trabajar para el Gobierno y accedió a grabar llamadas en el futuro” con James y Maxwell Jensen y con el capo del CJNG identificado con el alias de El X.
Las llamadas con los Jensen ocurrieron, pero lo crucial fue una reunión a la que los convocó Rivera en abril de 2025. A las autoridades les interesaba confirmar que “los Jensen sabían que estaban comprando petróleo crudo ilícito a los carteles de la droga”. Rivera pidió a James y Maxwell Jensen verlos de manera urgente para hablarles de un supuesto proveedor de crudo de México que ofrecía un precio inmejorable. Rivera persuadió a los Jensen al grado de convencerlos de interrumpir sus vacaciones (estaban fuera de EE UU). La reunión, a la que Rivera iba con micrófonos, ocurrió en un restaurante de comida marina “lleno de gente”, en Dallas. Rivera habló de su relación con el CJNG (dijo que “trabajaba con esos tipos aunque no le caían bien”, pero que “no había otra manera de trabajar en México”), mencionó nombres de algunos líderes —El Mencho, El Tanque, Chuy 7— y recordó que apenas hacía dos meses atrás el presidente Trump había clasificado al cartel como “malditos terroristas”.
Los documentos no consignan cuál fue la reacción de los Jensen, pero sirvió a las autoridades para sostener su punto de que sabían que estaban tratando con el cartel del Mencho. La defensa de los acusados reclama que Rivera mencionó “gratuitamente” al CJNG para “tenderles una trampa”. Poco después de ese encuentro arreglado, el 23 de abril de 2025, los Jensen fueron arrestados.
Viejo lobo criminal
Luis Ariel Rivera Rodríguez es un veterano en el negocio ilícito del robo de combustible a Pemex, al que también ha estado ligado previamente el propio James Jensen, de acuerdo con documentos judiciales. Una investigación del académico Samuel León Sáez publicada en Nexos relata que, en 2007, las autoridades de Texas detuvieron en Río Grande Valley un auto que transportaba 1,1 millones de dólares, que fueron incautados. Poco después, Rivera se presentó como el dueño y reclamó los recursos, asegurando que eran lícitos. Para ello, mostró facturas y permisos que supuestamente lo acreditaban como comerciante de derivados de petróleo en México, origen del dinero confiscado. Sin embargo, por aquella época, el único ente autorizado para comerciar hidrocarburos en México era Pemex. Las autoridades federales de Estados Unidos pusieron el foco sobre Rivera y descubrieron que una de sus empresas, Sun Petroco LLC, vendía diésel y condensado de gas en Texas a un precio excesivamente bajo a otras firmas estadounidenses.
Rivera fue detenido en 2008 como parte de un gigantesco operativo de EE UU contra el Cartel del Golfo, que, además del tráfico de drogas, controlaba el negocio de robo de hidrocarburos a Pemex en la Cuenca de Burgos, un enorme campo que abarca los Estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
En ese tiempo, Los Zetas estaban asociados al Cartel del Golfo, para el que trabajaban como sicarios hasta su ruptura un par de años después. Pemex denunció ante tribunales de Texas que, desde 2006, había sido víctima del robo de condensado de gas y que las pérdidas sumaban 300 millones de dólares. La paraestatal mexicana apuntaba a un esquema concertado entre carteles de la droga, brokers y compañías de EE UU, a las que identificaba por su nombre.
Varias publicaciones refieren que Rivera se convirtió en testigo colaborador tras su detención y que aportó detalles de la red de huachicol que operaba entonces. Pasó algunos años en prisión hasta 2013. Según la investigación de León Sáez, Rivera declaró que empresarios, operativos financieros y políticos estaban involucrados en el negocio ilícito. Detalló que él pagaba 80.000 dólares por cruzar cuatro camiones cisterna diariamente y que cada unidad generaba una ganancia de 1,8 millones de dólares al mes. La periodista Ana Lilia Pérez, autora de El cartel negro, agrega que, como parte de su declaración, Rivera también dijo que las empresas de EE UU pagaban hasta 600.000 dólares mensuales a Jaime González Durán, El Hummer, fundador de Los Zetas, para que les autorizara cruzar los cargamentos. Animal Político señala que Pemex obtuvo grabaciones de llamadas entre los empresarios petroleros implicados en la trama, en las que se advierte que estaban al tanto de que el combustible era robado, que participaba el Cartel del Golfo y que se sobornaba a funcionarios aduanales.
En su demanda, presentada en 2010, Pemex señaló que en las aduanas se falsificaban documentos para hacer pasar el condensado de gas por nafta, solvente, combustóleo u otros hidrocarburos. La petrolera señaló que los ladrones obtenían el condensado de gas asaltando con armas los camiones cisterna de la paraestatal. El producto robado era transferido a otros vehículos que se desplazaban a Matamoros, Tamaulipas, por donde cruzaban. Los tanques eran recibidos por los compradores en el sur de la frontera, del lado de EE UU.
Rivera relató un modus operandi más complejo. Declaró que contratistas de Pemex extraían el condensado de gas de los campos petroleros y lo transferían a tanques del cartel, en lugar de llevarlo a las instalaciones de Pemex, donde debían depositar el producto; ya vacíos, esos vehículos se llenaban con agua y se dirigían, ahora sí, a las instalaciones de la paraestatal; funcionarios corruptos de Pemex registraban el agua como si fuera condensado de gas. El hidrocarburo robado se transportaba entonces a su destino final al otro lado de la frontera.
De enero a mayo de este año, el gasto neto total que ejerció el Gobierno fue de 3.97 billones de pesos, un monto que quedó 9.5 por ciento por debajo de lo que se tenía programado, el mayor retraso desde el año 2005, según un análisis de México Evalúa con datos de la Secretaría de Hacienda.
A nivel de banqueta, esto es lo que te están diciendo los números, sin tecnicismos:
1) El gobierno gastó menos de lo que prometió
De enero a mayo, el gobierno no ejerció todo el dinero que tenía planeado gastar. Se quedó corto por casi 418 mil millones de pesos. Eso no es menor: es como si el gobierno hubiera “pisado el freno” de golpe.
En la práctica:
Obras retrasadas o pausadas
Menos compras del gobierno
Programas que avanzan más lento
Y ojo: es el mayor “subejercicio” en dos décadas.
2) El gasto sí crece… pero casi no se siente
Aunque el gasto total subió 2.3% real, es un crecimiento muy bajo.
Traducción callejera:
El gobierno está gastando más que el año pasado, pero apenas lo suficiente para no quedarse atrás de la inflación y el tamaño de la economía
No hay expansión fuerte del gasto público
3) Se está yendo más dinero al pasado que al futuro
El dato más llamativo:
Pagos de deudas atrasadas (adeudos de años anteriores) subieron 151%
Eso significa:
Se están pagando cuentas viejas
Dinero que no genera obras nuevas ni servicios actuales
Ejemplo simple: como usar tu quincena para pagar tarjetas atrasadas en vez de invertir en algo nuevo.
4) Pensiones: el gasto que se come el presupuesto
Casi 700 mil millones de pesos en pensiones
Ya representan casi 1 de cada 5 pesos de ingresos
Esto es clave:
Es un gasto que no se puede recortar fácilmente
Cada año ocupa más espacio
Traducción: Cada vez hay menos dinero disponible para todo lo demás.
5) Inversión pública: la gran perdedora
Aquí está el golpe más directo al futuro:
La inversión física cayó 17.3%
Eso significa menos:
Carreteras
Hospitales
Infraestructura
Proyectos productivos
Es decir, menos crecimiento a futuro.
6) El faltante se cubre con deuda
Los ingresos no alcanzaron:
Solo cubrieron 89.5% del gasto
El resto (~418 mil millones) se financió con deuda
En corto: El gobierno está gastando más de lo que ingresa y cubre la diferencia endeudándose.
La lectura de fondo
Lo que dibujan los datos es un patrón claro:
Se aprieta el gasto en lo flexible (inversión, proyectos)
Ismael “El Mayo” Zambada, el viejo fantasma que durante décadas operó sin dejarse ver, ahora sí tuvo que asomarse… pero ante una corte federal en Nueva York. Y no fue para presumir poder, sino para pedir algo mucho más terrenal: una cárcel con buen servicio médico. Porque el legendario capo, de 76 años, ya no está para fugas épicas ni guerras de plaza, sino para lidiar con achaques que no perdonan ni a los intocables
A través de su abogado, Frank A. Pérez, Zambada básicamente le dijo al juez Brian Cogan: “sí, soy culpable, sí, me toca cadena perpetua… pero mándenme a un lugar donde no me muera antes de tiempo”.
La defensa insiste en que no se trata de privilegios ni de una prisión “light”, sino de un encierro que al menos tenga lo necesario para atender su deteriorado estado de salud. Traducción: el capo que nunca cayó, ahora negocia condiciones médicas.
El documento deja claro que el Mayo no quiso hacer circo judicial. Nada de juicio largo, nada de recursos dilatorios, nada de colaborar con las autoridades para raspar reducción de condena. Se declaró culpable y punto. Según su abogado, eso le ahorró tiempo y dinero al sistema. Un contraste directo con su ex socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo juicio fue un maratón de 11 semanas que mantuvo al mundo pegado a la pantalla.
Pero el retrato no estaría completo sin el lado personal, que la defensa mete casi como quien no quiere la cosa: un patriarca con 16 hijos, de entre 6 y 55 años, producto de varias relaciones tras un matrimonio de dos décadas. El mensaje implícito: no solo es un capo histórico, también es un hombre de familia. Uno bastante productivo, por cierto.
Ahora todo queda en manos del mismo juez que sentenció al Chapo. Brian Cogan decidirá no solo cuánto pesará formalmente esa cadena perpetua que ya es un hecho, sino en qué tipo de celda pasará sus últimos años el hombre que durante décadas fue sinónimo de invisibilidad criminal.
Aquí hay una ironía casi literaria, pero con pólvora real detrás: el hombre que acumuló todos los poderes paralelos al Estado termina reducido al más básico de todos, el de poder sobrevivir con dignidad en una cama de prisión.
Durante décadas, el Mayo Zambada fue una especie de poder alterno: tenía poder criminal para ordenar y desaparecer; poder de fuego para imponer; poder económico para comprar lealtades; poder político para infiltrarse en estructuras que, en teoría, debían combatirlo; y poder corruptor para doblar voluntades a ambos lados de la frontera. Era, en muchos sentidos, un sistema en sí mismo.
Hoy, todo ese andamiaje se colapsa en una escena casi doméstica: un hombre de 76 años pidiendo acceso a médicos, tratamientos y condiciones mínamente humanas. El capo que movía toneladas ahora negocia pastillas. El que decidía destinos ajenos, ahora depende de un burócrata penitenciario que autorice consultas.
La ironía no es solo que haya perdido el poder, sino la naturaleza del poder que le queda por disputar. Ya no es territorial ni financiero, es biológico. Ya no se trata de controlar rutas, sino de controlar síntomas. Su última negociación no es con rivales ni con gobiernos, sino con el deterioro inevitable del cuerpo.
Y ahí está el contraste más brutal: todo el poder acumulado durante décadas no alcanza para comprar tiempo ni salud. El mismo sistema que durante años pudo corromper, ahora lo administra con expediente, protocolo y calendario médico.
Al final, el capo que parecía intocable queda reducido a una verdad incómoda: el único poder que le queda es el más elemental y el más frágil… el de aspirar a que alguien le tome la presión a tiempo.
En Tamaulipas, el PAN eligió a su nueva dirigencia estatal en medio de una feria de acusaciones, con señalamientos de compra de votos y hasta presunto dinero sucio salido del huachicol. La planilla de César Verástegui Ostos, “El Truco”, y Gloria Garza Jiménez se llevó la victoria con 3 mil 740 votos, contra los 1 mil 239 que obtuvo la fórmula de Omeyra López Reina y Francisco Javier Garza de Coss que representaban el corral del ex-gobernador panista Francisco «Pancho» Javier Garcia Cabeza de Vaca,fugitivo federal por delincuencia organizada.
La jornada del pasado domingo , lejos de ser una fiesta democrática, terminó oliendo a gasolina, billetes y chapuza a decir del equipo del CDV donde todo se vale.
Afuera del comité panista en Tampico, Mario José Ramírez Rojas,a decir de videoreportaje fue captado repartiendo dinero a simpatizantes que iban a votar, mientras dentro del partido seguían las sospechas sobre el uso de recursos de procedencia más que dudosa.
Como ya se sabe,el pasado 5 de junio se reveló que Verástegui había metido en su planilla a José Alejandro Llana Salva, identificado por Estados Unidos como objetivo prioritario por lavado de dinero como jefe del Cartel del Golfo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Después del escándalo, Llana Alba salió del equipo sin mayor explicación, como si el problema se resolviera borrándolo del organigrama.
De los 9 mil militantes registrados, apenas votaron 5 mil. La otra planilla impugnó el proceso ante la Comisión de Procesos Electorales y la dirigencia nacional del PAN por los presuntos vínculos de Verástegui con el crimen organizado.
Wl nuevo comité estatal será el que reparta cartas, acomode fichas y defina candidaturas rumbo a 2027,donde el que parte y reparte se quedara con la mayor párte,la candidatura a Gobernador en 2028 para El Truko.
