«¿NADIE lo ATORA y…YO los ALERTÉ ?: EX-ALCALDE HABLA de NARCO ABUELO ESCAPISTA de la LEY ALIADO ETERNO de MILITARES y GOBIERNO»… lamenta que la justicia tenga que venir de EE. UU.

Guillermo Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, afirmó que los cargos penales que el Departamento de Estados Unidos presentó contra un hijo y un sobrino de Juan José Farías Álvarez, «El Abuelo», dan crédito a las acusaciones que hace 12 años formuló contra el grupo criminal Cárteles Unidos.

«El tiempo puso a cada quien en su lugar. Yo lamento mucho que tenga que venir de otro país lo más cercano a la justicia.

«En su momento fui perseguido político, fui hasta calumniado y me dieron la espalda hasta los que llegaron al poder, los de mi mismo partido (PRI), compañeros de partido», recordó.

En México, la justicia no llega: la importan. Y si viene con sello del Departamento de Estado, mejor, porque aquí lleva más de una década atorada entre complicidades, silencios y simulaciones.

Guillermo Valencia lo dice con ese deje de “se los advertí”: hace 12 años denunció lo que en Tepalcatepec era un secreto a voces —que bajo el disfraz de “autodefensas” operaban intereses mucho más oscuros, ligados a Juan José Farías, “El Abuelo”, ese personaje que durante años caminó entre la línea borrosa de aliado incómodo y activo intocable. Resultado: amenazas, expulsión del cargo y el clásico método mexicano de administración de crisis… matar al mensajero.

Hoy, curiosamente, no fue la Fiscalía mexicana ni el aparato institucional el que le dio la razón, sino Estados Unidos, que ya no anda con medias tintas: acusa, persigue y hasta pone precio. Diez millones de dólares por la cabeza de un personaje que aquí, durante años,ha sido tolerado, útil o directamente protegido. Allá lo llaman criminal; acá, dependiendo del sexenio, fue “actor relevante”, “contacto” o parte del folklore armado que algunos quisieron romantizar desde el mismo gobierno, ahi sigue activo y hasta le quitan estorbos.

Valencia recuerda lo obvio: pidió ayuda a Calderón, pidió ayuda a Peña, pidió seguridad para gobernar… y lo dejaron solo. Porque en ese México —el de entonces y el de ahora— hay territorios donde el Estado no manda, negocia. Y cuando alguien se sale del guion, no lo corrigen: lo quitan.

Lo más incómodo no es que “El Abuelo” haya tenido y tenga aun poder. Eso ya se sabe. Lo verdaderamente incómodo es que ese poder no se construyó en la clandestinidad, sino con guiños, acuerdos y omisiones desde el propio aparato público. “Acá acordaban, lo armaban y hasta lo arropaban”, dirían algunos. Y no suena exagerado,suena real.

La narrativa de las autodefensas, que en su momento sirvió como válvula de escape y legitimación social, también fue el vehículo perfecto para que ciertos grupos se institucionalizaran sin pasar por la ley. Hipólito Mora como excepción incómoda; el resto, piezas de un tablero donde la frontera entre Estado y crimen se volvió una línea punteada.

Doce años después, la validación no llega en forma de justicia mexicana, sino como indictment gringo. Valencia pasa de “exagerado” a “premonitorio”, pero el costo ya está pagado: desplazamiento, persecución y un mensaje claro para cualquier alcalde que crea que puede gobernar sin pedir permiso.

Porque la lección sigue intacta: en ciertas regiones, el cargo no te lo da la urna, te lo confirma —o te lo quita— el que realmente manda.

Con información: ELNORTE/

“ME MANDÓ AMENAZAR HARFUCH”: ABOGADO del CHAPO ANUNCIA ENTREGARÁ a EE.UU LISTADO de 32 FUNCIONARIOS al SERVICIO del CRIMEN que dicen COMBATIR…y vayan adelantando las siglas “OGH”.

“Don Chapo”, Joaquin Guzmán Loera, ya se cansó de ser el villano único del guion y ahora amenaza con reescribir la trama completa. No con balas, sino con nombres. Treinta y dos, para ser exactos. Treinta y dos funcionarios —algunos en activo, otros con licencia, varios reciclados entre sexenios— que, según su defensa legal, formaron parte del ecosistema que permitió al cártel de Sinaloa operar con holgura mientras el Estado jugaba a la persecución selectiva.

El mensaje no llegó en narcomanta ni en audio filtrado, sino por la vía institucional más incómoda: su abogado en México, Gerardo Rincón Flores, quien en entrevista con Max Espejel (La Saga, de Adela Micha) no solo desmintió las cartas apócrifas atribuidas a Guzmán —redactadas en un inglés impecable que el capo nunca ha tenido y con firmas burdamente imitadas—, sino que lanzó una advertencia que huele a terremoto político: en semanas enviará a autoridades de Estados Unidos un paquete de información con pruebas y una lista ampliada de implicados.

La premisa es explosiva: el problema no sería solo el capo, sino la red que lo hizo posible. Y ahí es donde la narrativa oficial empieza a crujir. Porque, según el abogado, entre los nombres hay perfiles que transitaron sin rubor entre administraciones de Peña Nieto y López Obrador; operadores que pasaron de “enemigos” a “aliados” con la misma facilidad con la que se cambia de camiseta. 

La acusación es directa aunque sin sin nombres, pero con la seguridad de quien si los tiene: hubo protección, hubo omisiones y hubo fabricación de culpables para sostener el espectáculo.

Rincón Flores sostiene que no puede revelar identidades por seguridad. No es retórica: afirma haber sufrido atentados, secuestros y agresiones. Su descripción del clima es menos thriller y más costumbre mexicana: “no te llaman, van y ejecutan”. En ese contexto, asegura que las presiones han sido “efectivas”, no verbales. 

Y aquí entra un punto delicado: el abogado refiere que, tras enviar un audio al entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibió un mensaje —desde un número registrado en la Ciudad de México— recomendándole dejar de publicar información si no quería “salir perjudicado”, con insinuaciones de revisiones fiscales y otras consecuencias. No presenta la respuesta como oficial de Harfuch, pero sí como una advertencia vinculada al entorno institucional. La línea es fina, pero el mensaje es grueso y apunta al estratega de la seguridad que ha sido profusamente mencionado como «Batman», pero también como el «Guason», su verdadera identidad si atendemos las evidencias.

El otro frente de la historia desmonta el ruido mediático reciente. Las supuestas cartas del Chapo, difundidas en medios internacionales, son falsas, dice su defensa. Argumentos: inconsistencias en la caligrafía, una firma que jamás usa (“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”), y un detalle técnico que mata la narrativa: el matasellos de Jackson, Mississippi, cuando el reo está en Colorado; además, cualquier salida de correspondencia debería pasar por filtros de seguridad y autorización del FBI. 

El abogado afirma que enviará la información a autoridades estadounidenses, convencido de que allá sí habrá incentivos para investigar, incluso con bloqueos. 

Sugiere que dos piezas “clave” podrían hacer caer la estructura completa si declaran. Y desliza una frase que, en política mexicana, suena a dinamita: “si yo me voy, se van conmigo”.

El trasfondo es incómodo: cárceles llenas de procesos fabricados, fiscales que “siembran” pruebas —dice tener videos—, y una industria de culpables útiles que mantiene intactos a quienes realmente mueven los hilos. En esa lógica, el capo sería tanto producto como coartada. Un monstruo funcional para justificar el circo.

Nada de esto es sentencia judicial. Son acusaciones, sí, pero con calculo, con timing quirúrgico y un destinatario claro. Si el expediente cruza la frontera con pruebas verificables, el costo político no será marginal. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un puñado de funcionarios, sino la credibilidad de un ecosistema igual de criminal que ha prohijado al crimen organizado que dice, dice combatir y que, según esta versión, persigue hacia abajo y protege hacia arriba.

Y entonces la pregunta incómoda: si los nombres salen —y salen con evidencia—, ¿quién resulta más peligroso para el país: el capo que ya está preso o los funcionarios que, de confirmarse, siguen libres? combatiendo al crimen.

Con información: LA SAGA/ADELA MICHA/ LAOPINION/ INFOBAE/

«OPERATIVO de la MARINA TALONEA por AIRE y TIERRA al CASCO 81, LUGARTENIENTE de CHAPITOS en ROSARIO y la CONCORDIA»…no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de tiempo, filtraciones…y de quién llega primero.

En el sur de Sinaloa, donde la geografía se presta más a esconder hombres armados que a perderse de vacaciones, el Estado volvió a jugar a la cacería mayor. Esta vez, el objetivo tiene alias de caricatura bélica y expediente de alto calibre: Óscar Luciano Martínez Larios, mejor conocido como “El Casco 81”, operador de confianza de Los Chapitos y pieza clave en el tablero criminal de la región de Rosario y Concordia.

Ayer sábado no fue un día cualquiera. Tierra y aire se llenaron de uniformes. Ejército y Marina irrumpieron en Agua Verde con despliegue completo: convoyes por brechas, vigilancia aérea y esa coreografía ya conocida de helicópteros sobrevolando comunidades donde la ley suele llegar tarde y salir rápido. 

La misión: ubicar a “El Casco”, uno de los nombres que más ruido hace en los reportes de inteligencia cuando se habla del sur sinaloense.

Mientras en el terreno se mueven tropas, en el discurso institucional se administra el silencio. Hasta ahora, ni captura confirmada ni saldo definitivo. El objetivo, oficialmente, sigue en el aire.

“El Casco 81” no es un improvisado. Es parte de una dinastía criminal en ascenso: los hermanos Martínez Larios, una familia que encontró en la fractura del Cártel de Sinaloa —tras la caída de “El Chapo” en 2016— la oportunidad perfecta para escalar posiciones dentro del ala de Los Chapitos. Junto a él operan “El Gabito”, “El Owen” y “El Monstruo”, apodos que parecen sacados de un guion exagerado, pero que en la sierra tienen peso real, operativo y letal.

Desde Guadalajara hasta la sierra sinaloense, el grupo ha tejido una red que combina lo clásico y lo contemporáneo: control territorial, rutas de trasiego, células armadas, pero también drones, explosivos artesanales y campamentos móviles. Una guerra que ya no solo se libra con rifles, sino con logística y tecnología adaptada al terreno.

El sur de Sinaloa dejó de ser periferia para convertirse en campo de batalla. La ruptura entre Los Chapitos y la facción ligada a Ismael “El Mayo” Zambada encendió una disputa que se traduce en desplazamientos forzados, comunidades sitiadas y enfrentamientos intermitentes que rara vez trascienden más allá de reportes fragmentados y notoriamente maquillados.

El nombre de “El Casco” cobró aún más notoriedad este año tras la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, un episodio que obligó a las autoridades a voltear —otra vez— hacia una región donde el Estado entra con operativos espectaculares y sale sin certezas duraderas. A eso se suman señalamientos por extorsión y el hallazgo de arsenales junto a miles de explosivos improvisados, evidencia de una estructura que no solo resiste, sino que se adapta.

La parentela del Casco»: 

Óscar Luciano Martínez Larios “El Casco”
Clave: El 81
Año de Nacimiento: 1988

Gabriel Nicolás Martínez Larios “El Gabito”
Clave: El 80
Año de Nacimiento: 1989

José Luis Martínez Larios “El Monstruo” (Asesinado en 2015)
Clave: El 51
Año de Nacimiento: 1990

Eduardo Jonathan Martínez Larios “El Owen”
Clave: N/A

Ano de Nacimiento: 1991

Mientras tanto, en el terreno, la escena se repite: convoyes que avanzan, helicópteros que vigilan, comunidades que observan en silencio y un objetivo que, al menos por ahora, sigue siendo más mito operativo que trofeo confirmado.

Porque en Sinaloa, encontrar a alguien como “El Casco” no es solo cuestión de fuerza. Es cuestión de tiempo, filtraciones… y de quién llega primero.

Con información: EL NORTE/ @HEARST/

«NI UNA PINCHE BOTELLA de AGUA TRAIGO: PASAJEROS NARRAN la ÚLTIMA ODISEA en el TREN FALLA que TRAGA SUBSIDIOS a lo BESTIA»… y no genera un centavo partido por la mitad.

El Tren Maya —ese emblema de modernidad tropical con vocación de maqueta que engulle miles de millones de pesos en subsidios sin generar ganancias— decidió ensayar su versión más honesta: la del tren detenido. Pasajeros en la ruta Mérida-Cancún, que compraron un boleto para trasladarse y no para hacer un retiro espiritual forzado, terminaron varados más de cinco horas en el tramo entre Leona Vicario y Cancún, cortesía de una “presunta falla eléctrica”. Presunta, porque en este país todo falla, pero nada es responsable.

A bordo, el paquete premium incluyó calor caribeño sin aire acondicionado, ayuno involuntario y racionamiento de agua. Una experiencia inmersiva en la austeridad, pero sin narrativa épica, sin logística y sin explicación convincente. Los usuarios reclamaron lo básico: comida, ventilación, información. Recibieron silencio administrativo y un vagón convertido en cápsula de sudor colectivo.

El tren debía llegar a las 20:00 horas del 1 de julio. Llegó a las 02:50 de la madrugada del 2. Seis horas de diferencia que en cualquier país se llaman retraso; aquí, al parecer, se llaman “ajustes operativos”. Y por si quedaba duda, la historia se repite —literalmente— como si el sistema también se hubiera quedado en loop: que si el tren Mérida-Cancún llegaba a las 8 de la noche del 1 de julio, que si no llegó hasta las 2:50, que si llegaba a las 8 de la noche, que si no llegó, que si llegaba, que si no llegó. Un copy-paste institucional que describe mejor que cualquier reporte técnico el estado del proyecto: redundante, cansado y sin destino claro.

Entre Leona Vicario y Cancún no solo se detuvo un convoy; se descarriló la narrativa de eficiencia. Porque una cosa es vender futuro y otra muy distinta es entregar presente. Y en este episodio, el Tren Maya no fue transporte: fue espera, calor y una lección básica de física política —cuando falla la electricidad, también se apaga el discurso.

Con información: REFORMA/

«ATÓRENLOS por TRAMPAS: EXAGENTES FEDERALES que NO están PRESOS, NI PRÓFUGOS quisieron ESTAFAR 1,230 MILLONES de PESOS»… intento de convertir leyes muertas en dinero vivo terminó en investigación federal

En México hay quienes descubren el hilo negro, y otros que intentan cobrarlo… con intereses y retroactivo.

Resulta que un grupo de ex agentes federales, de esos que no estan encerrados o puros,como decia AMLO,decidió que la nostalgia también paga, y no poco: más de mil 230 millones de pesos. ¿El argumento? Una indemnización que, pequeño detalle, ya no existía desde 2007. Pero bueno, ¿qué son 14 años de diferencia cuando hay creatividad jurídica de por medio?

La Fiscalía General de la República ahora investiga este curioso acto de fe en leyes abolidas, donde 880 ex servidores públicos —la mayoría ex federales— acudieron a tribunales laborales como quien saca un reglamento viejo del cajón esperando que todavía funcione. Y, sorpresa: durante un rato, sí funcionó.

El ISSSTE, convertido en cajero automático involuntario, recibió la orden de pagar indemnizaciones bajo una figura que había sido eliminada hace más de una década. Una prestación diseñada para quienes no tenían pensión… pero que, en este caso, beneficiaría a personas que sí tenían Afore. Porque si algo caracteriza a estas historias es el optimismo: cobrar doble nunca está de más.

Las demandas, según las propias denuncias, son una joya del surrealismo burocrático: sin fechas claras de ingreso, sin datos precisos de salario, sin detalles básicos. Pero eso no impidió que avanzaran. Al contrario, pasaron como cuchillo en mantequilla institucional.

Y aquí entra el escenario estelar: la Junta Especial 42 de Torreón, Coahuila. Un órgano que, al parecer, decidió adoptar casos de todo el país como si fuera Airbnb judicial, ignorando por completo eso que llaman “competencia territorial”. Porque cuando hay voluntad, la geografía es lo de menos.

Por si fuera poco, las demandas ni siquiera cumplían con requisitos mínimos. El salario base, ese pequeño dato irrelevante para calcular indemnizaciones millonarias, brillaba por su ausencia. La ley marcaba que debía corregirse en tres días. Pero ¿para qué complicarse con formalidades cuando se puede avanzar directo al laudo?

Y avanzaron. Tanto que lograron resoluciones favorables, incluyendo una particularmente ambiciosa: 950 millones de pesos para 678 ex funcionarios. Casi nada. Un pequeño retiro digno… financiado por el erario y por una interpretación bastante creativa del tiempo y la ley.

Al final, alguien encendió la luz. La JFCA detectó el asunto, frenó los pagos y, como medida casi poética, la Junta Especial 42 fue desaparecida en junio de 2024. Porque cuando el problema es la mesa, lo más fácil es quitar la mesa.

El intento de convertir leyes muertas en dinero vivo terminó en investigación federal. Aunque deja una lección invaluable: en México, a veces no basta con conocer la ley… también hay que saber en qué año sigue vigente.

Con información: ELNORTE/

«SENADO NO TIENE VERGÜENZA, TIENE DINERO: SENADOR COBRÓN de MORENA PERSEGUIDO por NARCO RECIBE SUELDO por JUGAR a las ESCONDIDAS con EE.UU»…pero hay cuentas que no se pagan con cheques, sino con carcel.

En el México «moreno cuatritransformado», el cinismo ya ni siquiera se disfraza: se administra en nómina. Ahí está el caso del Senador Enrique Inzunza perseguido por narco por EE.UU, cobrando íntegra su dieta como si nada, como si las acusaciones que pesan sobre él fueran simples rumores de sobremesa y no señalamientos graves que ameritarían, en cualquier democracia funcional, al menos un mínimo de pudor político.

Porque aquí no hablamos solo de legalidad —ese recurso cómodo al que suelen aferrarse—, sino de decencia. De ética pública. De ese concepto olvidado que implicaría que un servidor público, bajo sospecha de vínculos con el narco, tuviera la dignidad de apartarse mientras se aclara su situación. Pero no: en el Senado mexicano parece que la consigna es cobrar primero, explicar después… o nunca.

El detalle de que la UIF le haya congelado cuentas y que aun así el Senado encuentre la manera de pagarle vía cheques no es un tecnicismo administrativo; es un retrato brutal de cómo se tuercen las instituciones para proteger a los suyos. Cuando el sistema quiere funcionar, funciona. Y cuando quiere encubrir, también.

¿Y el trabajo? Bien, gracias. Porque lo más insultante no es solo que cobre, sino que lo haga sin rendir cuentas visibles, sin actividad que justifique el sueldo que sale del bolsillo público. Es el privilegio elevado a política de Estado: cobrar sin trabajar, resistir sin explicar, permanecer sin responder.

El mensaje es claro y profundamente corrosivo: en México, las acusaciones graves no son obstáculo para seguir en el cargo… ni para seguir cobrando. La vara no está baja; está enterrada.

Con información: ELUNIVERSAL/

«SI, SÍ FUIMOS NOSOTROS: el F.B.I. se ADJUDICA OPERATIVO para CAPTURAR al MAYO ZAMBADA que MÉXICO LLAMA SECUESTRO… no será el primero, menos el último»

Adela Micha abre la conversación como quien ya sabe que la bomba va a explotar y el periodista Luis Chaparro no decepciona: lo que trae no es nota, es casi confesión con membrete del FBI.

Por primera vez, Estados Unidos lo dice sin tapujos y acaba con el misterio ya sin rodeos: “sí, fuimos nosotros”, no fue obra de narcos traicionándose entre sí, sino un operativo quirúrgico, clandestino donde entraron, operaron y salieron… sin pedir permiso, no vaya a ser que alguien lo echara a perder por «soberanía y patriotismo».

Y aquí es donde la historia se pone interesante

Porque mientras el gobierno mexicano «burlado» en su inteligencia «nivel no supimos» ,llevaba años preguntando “¿qué pasó?”, el FBI ya tenía hasta el avión listo para exhibición. Literal. La aeronave del operativo ahora está en un museo, como trofeo de guerra. No metáfora: trofeo. Ahí, junto a reliquias de conflictos internacionales, ahora descansa el avión con el que levantaron al Mayo Zambada,el capo más emblemático del Cártel de Sinaloa que llevaba 8 sexenios fugitivo.

La operación «reyes del aire»:

“Operación Air Kings, el 25 de julio de 2024, el Buró Federal de Investigaciones y el supervisor especial lograron ejecutar un complejo, secreto y peligroso arresto de dos de los fugitivos más buscados en el mundo. La operación Air Kings terminó las cuatro décadas de reinado del indiscutible líder y fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. En la operación también se arrestó a Joaquín Guzmán López, hijo del infame Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.”

Chaparro lo cuenta con detalles que parecen sacados de una película de espionaje: el avión fue alterado para volar como fantasma, sin rastros, sin luces, sin identidad. Seriales borrados, sistemas duplicados, comunicaciones clandestinas. Una nave diseñada no para evadir criminales… sino para evadir al propio Estado mexicano.

Cuando Chaparro pregunta por qué apagar los sistemas de rastreo si el aterrizaje ya estaba pactado, la respuesta es un dardo: “no nos estábamos escondiendo de nosotros”. Es decir, el problema no eran los narcos. Era México.

Y ahí se rompe la narrativa oficial.

Porque mientras aquí se hablaba de soberanía, allá se operaba bajo la premisa de desconfianza total. Según el propio FBI, México tuvo la oportunidad de actuar y no lo hizo. ¿Complicidad? ¿Ineficiencia? ¿Cálculo político? Nadie lo dice abiertamente, pero el vacío se llena solo.

Así que Washington decidió hacer lo que mejor sabe hacer: intervenir y luego explicarlo.

Porque ese es otro punto clave: el calculo. No lo dijeron en 2024, cuando ocurrió. No lo dijeron en caliente. Lo dicen ahora, cuando hay políticos mexicanos bajo sospecha y cuando la narrativa puede convertirse en presión diplomática.

Traducción: esto no es historia, es advertencia.

“Si pudimos sacar al Mayo, podemos sacar a cualquiera”, sugiere Chaparro, mencionando nombres de la política sinaloense. Y aunque no lo diga explícitamente, la sombra de Trump —y su estilo de mensaje directo, incómodo y sin filtros— flota sobre todo esto como telón de fondo.

Es Estados Unidos diciendo: aquí está lo que hacemos cuando ustedes no actúan.

Y mientras tanto, los detalles del operativo parecen confirmar lo más incómodo de todo: que los propios narcos colaboraron. Joaquín Guzmán López fue pieza clave, negociando beneficios para su familia, que cruzó la frontera con privilegios que miles de mexicanos jamás verán.

Así que no, no fue una captura heroica. Fue una operación donde todos jugaron… menos el Estado mexicano.

Al final, las fotos del Mayo bajando del avión no son solo evidencia. Son una postal de poder. De quién manda, quién ejecuta y quién, simplemente, observa con inteligencia + coordinacion.

Con información: ADELA MICHA/

EN «CORTO Y SIN TECNICISMOS: REVISIONES ANUALES AL T-MEC SÍ AFECTAN a MÉXICO»… ..no es una crisis inmediata, sino un foco amarillo que enfría decisiones económicas importantes.

Para México, la decisión de realizar revisiones anuales al T-MEC impacta de manera negativa para ofrecer certeza a mediano y largo plazo, especialmente en un escenario en el que las tres principales calificadoras globales resaltaron preocupaciones en el País.

Turenna Ramírez, especialista en comercio exterior en Holland & Knight, consideró que contario a lo que opina la Secretaría de Economía, la incertidumbre no sólo radica en cómo se realizarán las revisiones, sino en la posición en la que queda México frente a su principal socio comercial.

«Esta decisión, aunque ya se preveía, nunca es una buena noticia», alertó. «Son muy malas noticias para el País.

«El Tratado permanece, es cierto», agregó, «pero lo que también va a permanecer es la incertidumbre para nuevas inversiones, la economía nacional, y esa incertidumbre nunca es buena consejera para ningún país».

Amy Glover, integrante senior de América del Norte en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), apuntó que si bien la decisión deja a México en incertidumbre, la realidad es que este efecto está presente en todo el mundo.

¿Qué implica eso a nivel banqueta?

• Las empresas dudan en invertir: si no saben qué reglas habrá el próximo año, prefieren no meter dinero o lo hacen en otro país.
• Menos inversión = menos empleo y crecimiento.
• México queda en desventaja frente a EU: dependemos mucho de ese mercado y quedamos “a prueba” permanente.
• Las calificadoras ya traen dudas sobre el país, así que esto refuerza la percepción de riesgo.
• No es que el tratado se caiga, pero sí pierde algo clave: estabilidad.

Lo que dicen los expertos, traducido:

• El gobierno intenta vender que “no pasa nada”.
• Pero en realidad, sí pasa: aumenta la incertidumbre económica.
• Y la incertidumbre es justo lo que más ahuyenta inversiones.

Y del lado interno:

• El sector privado está diciendo: ok, no controlamos a EU, pero sí podemos arreglar la casa.
• Eso significa: seguridad, energía confiable, reglas claras y estado de derecho.
• Sin eso, aunque exista T‑MEC, México compite con desventaja.

Ejemplo simple:
Una empresa automotriz piensa abrir planta en México.
Si sabe que cada año podrían cambiar reglas de exportación, aranceles o condiciones → mejor se espera o se va a otro país más predecible.

Ese es el punto que se está “suavizando” en el discurso oficial:
no es una crisis inmediata, pero sí un foco amarillo constante que enfría decisiones económicas importantes.

Con informacion : ELNORTE/