En Tamaulipas el huachicol fiscal ya no es un delito, es un modelo de negocio con sello oficial: mientras Washington sanciona empresas ligadas al CJNG, el gobierno morenista de Américo Villarreal se hace olímpicamente el muerto y ni siquiera se digna a contestar el reporte que le revienta en la cara.
La ruta del dinero sucio
En 2021, Ahavat Logistics Solution –empresa ligada al CJNG y sancionada por la OFAC– mandó 28 millones de pesos a JSC Servicios Aduanales, una importadora mexicana metida hasta el cuello en una red de contrabando de combustible.
No hablamos de “errores administrativos”, hablamos de 100 depósitos a favor de JSC por un total de 28 millones 221 mil 500 pesos, todos desde Ahavat, perfectamente registrados por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.
En octubre de 2024, Finanzas estatales le exige a JSC aclarar esas transferencias, pero la empresa se hace la desaparecida: no hay registro de que haya respondido a los señalamientos del propio gobierno tamaulipeco, ni tampoco rastro, ni saldo de acciones oficiales.
Es el clásico guion del huachicol: la ruta financiera está trazada, las empresas están identificadas, los montos están documentados… y la autoridad se limita a mandar oficios que nadie contesta, como si estuviera jugando a la lotería y no a la persecución del crimen organizado.
Los huachibuques y el silencio oficial
El reporte de El Universal y la investigación de Reuters detallan que JSC está ligada a Ikon Midstream, firma texana investigada por contrabando de combustibles vinculado al CJNG, y que incluso fue allanada por autoridades estadounidenses.
De ese circuito salieron los cargamentos de los buques huachicoleros Challenge Procyon y Torm Agnes, que metieron ilegalmente millones de litros de diésel a México disfrazados de aceites y lubricantes para evadir impuestos.
Challenge Procyon dejó en Tampico el aseguramiento más grande de huachicol en la historia del país: 10 millones de litros de diésel decomisados, junto con 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y todo el circo logístico del crimen.
Detuvieron a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, y se ventiló una red donde participaron marinos y empresas privadas; es decir, un sistema de contrabando incrustado entre uniformes y corporativos que operaba a la vista de todos.
Mientras tanto, JSC figura en Veritrade como importadora favorita de aditivos para aceites lubricantes, con 74.5 millones de dólares en importaciones entre 2020 y 2023, y como cliente recurrente de Hevi Logistics LLC, la misma firma que mandó la carga del Challenge Procyon.
Un perfil de comercio exterior que huele más a “fachada” que a negocio limpio: millones de dólares, buques huachicoleros, empresas sancionadas en Estados Unidos… pero en el discurso oficial mexicano todo se reduce a “operativos” y fotos de decomisos para el boletín.
Tamaulipas: el gobierno que no contesta
En 2024, el SAT ya había “revocado totalmente” el permiso de importación de JSC Servicios Aduanales por no presentar declaraciones, no cumplir obligaciones fiscales y no documentar operaciones de comercio exterior, entre otras joyitas.
Es decir: el fisco mexicano sí tiene claro que JSC es un desastre legal y financiero, pero ni eso se traduce en una narrativa de combate frontal al huachicol; la empresa sigue apareciendo en reportes y plataformas como pieza clave del entramado.
El Universal buscó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas bajo la responsabilidad de Américo Villarreal, para preguntar qué pasó con las aclaraciones que exigieron a JSC sobre las transferencias millonarias… y la respuesta fue el silencio absoluto: “no contesto” convertido en política pública.
En un estado gobernado por el crimen organizado y administrado por MORENA donde el mandatario tiene de en encargado del negocio a un sobrino, este silencio no es casual: cuando Washington pone la mira sobre empresas ligadas al CJNG y al contrabando de combustible, Tamaulipas opta por la estrategia del avestruz, pero con fuero.
Mientras el Departamento del Tesoro sanciona a dos mexicanos y nueve entidades vinculadas al huachicol fiscal, en el discurso de la Cuarta Transformación se presume “cero impunidad” y “gobierno contra la corrupción”, aunque los expedientes gringos cuenten otra historia.
La Comisión Reguladora de Energía –hoy sustituida por la Comisión Nacional de Energía– otorgó a Ahavat un permiso de comercialización de petrolíferos por 30 años en 2020, y ese permiso se mantuvo vigente hasta abril de 2026, a pesar de los vínculos con el CJNG que hoy señala Washington.
Américo, el huachicol y la narrativa oficial
Mientras Los Angeles Times y otros medios en Estados Unidos reportan que el gobierno de Donald Trump investiga a Américo Villarreal por presuntos nexos con el contrabando de combustibles, el gobernador se defiende con rueda de prensa y una visa levantada como estampita milagrosa.
Niega todo, acusa campañas de desinformación, habla de acusaciones sin pruebas, pero no toca ni con el pétalo del discurso la madeja de empresas, permisos, transferencias y huachibuques que pasan frente a sus narices en Tamaulipas.
Lo más cómodo es declararse “muy complacido” por operativos contra el huachicol en Reynosa, celebrar decomisos y prometer que se va a “exponer a los verdaderos huachicoleros”; lo menos cómodo sería explicar por qué su propia Secretaría de Finanzas deja en el limbo 28 millones de pesos provenientes de una firma ligada al CJNG.
Y aquí está el corazón del asunto: cuando el dinero del huachicol se documenta en oficios oficiales, el gobierno que se presume anticorrupción decide que el mejor argumento es el mutismo; un silencio administrativo que protege más que cualquier amparo.
En paralelo, organizaciones como Narcopolíticos llevan años documentando los vínculos de Américo con operadores financieros de cárteles, transferencias millonarias a su círculo cercano y apoyos abiertos de columnas armadas del Cártel del Golfo a su campaña, configurando un mapa político-criminal que no se borra con una conferencia de prensa.
Si México es hoy descrito como narcoestado, Tamaulipas funciona como laboratorio: buques huachicoleros, marinos involucrados, permisos a empresas del CJNG, transferencias que nadie aclara y un gobernador que jura estar “tranquilo” porque no hay pruebas… aunque Washington ya esté escribiendo su propio expediente.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
