La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT),a cargo de Damaso Anaya,una curricula manchada tras detención en 2022,como cita REFORMA,acaba de difundir en medios locales afine$ y redes sociales con costo al contribuyente, que ha avanzado posiciones en rankings nacionales e internacionales, citando específicamente un ascenso en el ranking UniRank (4ICU.org) del lugar 44 al 41 entre universidades mexicanas y afirma “avances significativos en diversos indicadores” que presenta como logros y reflejos de mejora institucional.
Análisis crítico: ¿Avanza realmente la UAT en rankings nacionales e internacionales?
Contraste con rankings de referencia internacionales y nacionales
Rankings internacionales más reconocidos
QS World University Rankings 2025 y 2026: Las universidades mexicanas mejor posicionadas son la UNAM (puesto 136 mundial) y el Tecnológico de Monterrey (puesto 187). No hay evidencia de que la UAT figure en los primeros 500 lugares a nivel global. Incluso la UNAM salió del “top 100” y no se mencionan nuevas entradas mexicanas destacadas.
Times Higher Education y CWUR: El panorama es similar; solo aparecen consistentemente universidades nacionales como UNAM, Tec de Monterrey e IPN,como se cita en su sitio web.
Rankings en América Latina y el Caribe (QS): La UAT no aparece entre las mejores 100 de la región, dominio reservado a universidades de Brasil, Chile, Argentina y la UNAM y puedes acceder al listado en su portal.
Rankings nacionales con metodología discutida
UniRank / 4ICU.org: Este ranking mide esencialmente presencia web y popularidad, no calidad académica o investigación como cita el mismo portal, por lo que suele ser señalado como indicador débil del verdadero prestigio universitario. El “avance” aquí puede deberse a estrategias de SEO, mayor tráfico en el sitio institucional o campañas digitales internas, sin que necesariamente refleje calidad de docentes, egresados, investigación o impacto social.
AD Scientific Index: En este índice de productividad científica, la UNAM, el IPN y el Tec de Monterrey dominan. La UAT está significativa y consistentemente lejos de los primeros puestos y la informacion esta contenida en su sitio digital.
Señales de sesgo, manipulación o confusión en el discurso oficial
Confusión entre presencia digital y calidad educativa: Se usa como argumento la posición en UniRank, pese a que especialistas y literatura advierten sobre la nula relación entre tráfico web y excelencia universitaria.
Presentación sesgada o incompleta: El discurso institucional evita mencionar que la UAT no aparece en los rankings académicos internacionales más sólidos ni en los latinoamericanos, donde el nivel competitivo es mucho mayor.
Precedentes de manipulación en el sector: Diversos trabajos académicos advierten sobre la posibilidad de que las universidades y gobiernos manipulen datos o exhiban logros irrelevantes para producir una imagen de éxito ante la opinión pública.
Argumentación y perspectiva crítica
Fortalezas reales vs. propaganda: Mientras que la UAT sí puede mejorar en visibilidad digital, no existe evidencia robusta de que esté alcanzando posiciones destacadas a nivel nacional real ni mucho menos internacional. Usar rankings de baja relevancia —como 4ICU— puede ser una estrategia de comunicación institucional para ocultar carencias en aspectos fundamentales como la generación de ciencia, calidad académica o empleabilidad de egresados.
Riesgo de desinformación: Presentar avances en rankings cuya validez es débil o restringida a aspectos periféricos induce a error tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad.
Conclusión
No hay pruebas de que la UAT logre avances significativos en los rankings internacionales o nacionales de mayor prestigio académico. La información difundida exagera y asigna valor a posiciones en listados que no reflejan calidad real, lo que constituye una forma de desinformación institucional y puede considerarse, al menos, un sesgo de presentación.
Un abordaje crítico exige contrastar operativamente con los rankings serios y transparentar ante la opinión pública los verdaderos desafíos de la universidad que si AVAnza,pero en ,materia de escandalo y corrupción, como una extensión del gobierno del primo Américo Villarreal.
El asesinato de Gabriel Hernández, empresario y activista en Reynosa, sigue provocando la indignación nacional por el trasfondo de sus amenazas, los 4 secuestros previos, señalamientos sobre la complicidad de autoridades estatales y criminales en su muerte,aderezado todo con una foto del gobernador de Morena,Américo Villarreal y el lugarteniente del Cartel del Golfo acusado de su muerte,por igual el Fiscal de Justicia Irving Barrios Mojica,que en los hechos resulta ser el criminal mas peligroso, tanto o cuanto que el gobernador.
Gabriel había sido secuestrado cuatro veces y denunció públicamente amenazas directas por parte del ex-militar Mario Gutián Rosas, alias “La Chispa”, cabecilla del Cártel del Golfo en la región que opera de facto como segundo de bordo de otro ex-militar apodado el “Comandante Mono”, todos entrenados con impuestos.
Al empresario se le había retirado la protección apenas seis días antes de que fuera ejecutado, sin notificarle los motivos ni garantizar su seguridad o la de su familia.
Detalles del caso
Denuncias previas: Gabriel Hernández documentó varios intentos de secuestro y amenazas, señalando tanto a miembros de células criminales como a figuras de autoridad ,entre ellas el fiscal Irving Barrios Mojica por su presunta complicidad.
Custodia retirada: El 10 de julio le quitaron la protección 24/7 ordenada por un juez, sin explicación formal, dejándolo en indefensión; fue asesinado por un comando armado el 16 de julio en Reynosa.
Omisión oficial: Tras el crimen, la familia y compañeros han señalado falta de sensibilidad y respuesta del Estado: ni la esposa ni los hijos del activista cuentan con medidas de protección hasta el momento.
Escalada nacional: El caso ha sido calificado como “escándalo nacional” por colectivos y organismos defensores debido a la gravedad de las omisiones y posibles vínculos de autoridades estatales con el crimen organizado.
Presuntos responsables y red de colusión
“La Chispa”, ex-militar y señalado como jefe criminal, fue identificado abiertamente en denuncias y expedientes por el activista como responsable de los secuestros y amenazas.
Existen versiones, respaldadas por denuncias públicas y análisis periodísticos, que involucran no solo a miembros del Cártel del Golfo, sino también a figuras claves del gobierno estatal y la fiscalía de Tamaulipas, señalados por omisión o incluso colusión en la muerte del activista y la falta de protección a su familia.
El historial político de Tamaulipas muestra reiterados ejemplos de nexos y complicidades entre gobernadores, procuradores y bandas criminales, siendo una constante que limita la protección a defensores de derechos humanos.
Exigencias de justicia y protección
Diversos colectivos y organizaciones, como el 10 de Marzo y Articulo 19, han exigido:
Explicaciones claras y rendición de cuentas sobre el retiro de la protección a Gabriel Hernández.
Medidas de protección inmediata para su esposa, hijos y demás familiares en riesgo.
Investigaciones imparciales sobre la colusión e impunidad estatal que rodeó el caso.
Depuración e intervención federal en los mecanismos de protección a activistas en Tamaulipas.
“Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades pasan estas cosas, porque la obligación de la autoridad es investigar y deslindar responsabilidades”.…PULSOSLP
El llamado a la solidaridad y la acción periodística
El clima de amenazas y violencia en Tamaulipas auspiciados por los malos oficios del gobernador,exige que los medios que no estan sujetos a la paga mensual y la sociedad civil permanezcan alertas y continúen visibilizando la presión sobre las autoridades estatales y federales para que se brinde justicia y protección no solo a los familiares de Gabriel Hernández, sino a todos los defensores que hoy están en riesgo por la colusión entre el crimen y estructuras de poder político vinculadas a Morena.
El diario español,El Pais,nos narra hoy la historia del llamado “Comandante H”, quien fue oportunamente identificado por Militares,aunque resulta inadmisible que, teniendo elementos suficientes del perfil criminal de Hernán Bermúdez, el Ejército mexicano –en particular su área de inteligencia– haya optado por la inacción, lo dejaron ser y hacer, muy y probablemente con el calculo politico por delante,era de MORENA.
Documentar la peligrosidad y vínculos del entonces secretario y después omitir cualquier medida es, en la práctica, tan grave como ignorar deliberadamente la amenaza.
La información que no se utiliza no es poder; es un lastre peligroso. Y más aún cuando ese conocimiento, que debió movilizar acciones para proteger a la ciudadanía, termina en el limbo de la indiferencia institucional. Un músculo que no se usa se atrofia, y aquí la negligencia de las fuerzas armadas resulta un agravio para la sociedad, que queda en la indefensión ante personajes cuya peligrosidad era bien conocida por quienes debieron actuar y no lo hicieron.
El 30 de diciembre de 2019, Trinidad Alberto de la Cruz Miranda fue detenido. El líder de Los Zetas en Tabasco, conocido como El Pelón de Playas, era buscado por secuestro, extorsión, venta de drogas, armas y combustible, también por cooptación de funcionarios.
Su arresto desencadenó, además de la quema de vehículos y locales, la aparición de mantas en las que se exigía su liberación a las autoridades.
En uno de estos mensajes se nombraba a Hernán Bermúdez, el flamante nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado. Bermúdez llevaba entonces 19 días en el cargo, al que había llegado elegido por el gobernador Adán Augusto López. La narcomanta decía: “Vamos por ti Hernán Bermúdez Requena por traidor”.
Esa es la primera vez de muchas que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del sureste y la Secretaría de Defensa identifican a Bermúdez, quien más adelante adoptará un nombre en clave: ya en el cargo como jefe de la policía de Tabasco, él será el Comandante H.
La última crisis de Morena lleva el nombre de Hernán Bermúdez. El exfuncionario, que está prófugo desde enero y cuenta con una ficha roja de la Interpol, ha saltado a los focos nacionales salpicando a uno de los pesos pesados del partido, el senador Adán Augusto López. Hacía meses que integrantes de la formación guinda, desde Tabasco, habían advertido sobre el exjefe policial.
El gobernador Javier May había cargado públicamente contra Bermúdez en noviembre y enero por haber liderado La Barredora, ante lo que llamó desidia o negligencia de sus predecesores. Este fin de semana, el caso terminó de estallar cuando el jefe militar en el Estado, el general Miguel Ángel López, desveló que desde febrero había una orden de detención en contra del exsecretario, que también es militante de Morena.
Los morenistas se habían apresurado a utilizar el argumento que ya ocuparon Gobiernos anteriores: tal y como le pasó a Felipe Calderón con Genaro García Luna, Adán Augusto López no tenía ni idea de lo que hacía su secretario de Seguridad. “Seguramente no tuvo indicios”, dijo el legislador Ignacio Mier. “Es puro golpeteo”, añadió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. “No es él quien tiene que aclarar, el que está investigado es quien era secretario de Seguridad”, trató de disculparlo Luisa María Alcalde, líder de Morena. Sin embargo, este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido a cambiar el paso: “Sería pertinente que diera su versión”. Y tras la instrucción velada, ha aparecido Adán Augusto López: “Aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, ha escrito en X después de días de silencio.
En documentos del Ejército mexicano, que fueron difundidos por la filtración de Guacamaya Leaks y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se registra que la Secretaría de Defensa y su centro regional habían identificado a Hernán Bermúdez como una pieza clave en el entramado criminal de Tabasco. En 2021 aparecía como parte de las autoridades que daban órdenes a los grupos delictivos y, ya un año más tarde, era descrito como el jefe de La Barredora, la célula local del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que terminaron en una guerra que sembró el caos y la violencia en el Estado desde el año pasado. Los militares también recogían en sus correos varias menciones de líderes criminales sobre el gobernador Adán Augusto López.
La ejecución de Kalimba
El 4 de diciembre de 2020 una sacudida cambió el tablero criminal de Tabasco. Pantera y Toro, dos líderes independientes dedicados al robo de combustible, ejecutaron a Kalimba, un líder huachicolero que estaba vinculado a Los Zetas. Con su asesinato tomaron el control de cuatro municipios y de parte de Cárdenas, la segunda ciudad más poblada del Estado. Tenían permiso para hacerlo. Se lo había dado el Comandante H, es decir, el secretario de Seguridad de Tabasco. Pantera recibió incluso una llamada “del de Villahermosa para externarle su agradecimiento e indicarle que podía tomar la plaza”, recoge el Ejército en una información de enero de 2021. En esa misma se recoge como dos comandantes de la policía estatal le habían ofrecido “brindarle el apoyo en caso de que lo requiera, tanto del gobierno como de personas dedicadas a actividades ilícitas (sicarios) y armas”.
El Estado es el paraíso del huachicol. El control de los municipios significa controlar la extracción y venta de combustible, el robo de tuberías de Pemex, y también el tráfico de droga, la extorsiones, las ejecuciones y el tráfico de migrantes. Con Hernán Bermúdez como jefe de policía, el Cartel Jalisco hace su entrada triunfal en la entidad. En los meses que siguen a su llegada van apareciendo las mantas que reivindican al cartel y a La Barredora. A veces, acompañan a los descuartizados carteles en los que se lee: “Puro Guadalajara de Barredora”.
El 13 de mayo de 2021 es la primera vez en los documentos de Sedena que se sitúa a Hernán Bermúdez como la cabeza que controla el entramado criminal en Tabasco. Él era quien dirimía las disputas entre los líderes locales, quien les ordenaba cuándo ejecutar y cuándo “arreglar sus diferencias”, quien daba la orden de entrar a un territorio o establecía cuánto costaba la liberación de integrantes de la delincuencia organizada. “Pantera recibió una llamada del Hy que el trato es que mande medio kilo (posiblemente $500,000.00 M.N.) con las tres mujeres de los detenidos para liberarlos, además no quieren a ningún licenciado, no quiere que nadie se entere de los tratos que se están haciendo”, recogía el Ejército hace ya más de cuatro años.
El Estado al servicio del CJNG
En su única comunicación sobre el caso, Adán Augusto López ha salido a defender la reducción que consiguió su Gobierno, entre enero de 2019 y agosto del 2021, de todos los indicadores de violencia. Los homicidios pasaron de ser más de 500 en 2018 a 250 bajo su mando; los secuestros se desplomaron un 87%, un 83% las extorsiones. Sin embargo, lo que revelan los documentos militares de esos años es que “se hace evidente que las autoridades de Fiscalía y de Seguridad Pública con sede en Tabasco son los que controlan a los jefes de plaza de su jurisdicción”.
En el mapa que el Ejército hizo de la estructura criminal en Tabasco se coloca como líder a Hernán Bermúdez, quien actuaba a través de Javier Reyes, que era el coordinador de las Policías Municipales; de Ulises Pinto, llamado El Mamado, que era su segundo al mando en la Secretaría, y también de Carlos Tomás Díaz Rodríguez, conocido como Lic o Lic Tomás, quien había sido asesor del director de la policía ministerial de la Fiscalía de Tabasco y trabajó en la Vicefiscalía de Alto Impacto. Además, según los informes militares, formaban parte también de la estructura delictiva José Felipe Padilla Castañeda, coordinador en Tabasco de la Guardia Nacional, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, conocido como El Carnal, quien era al mismo tiempo director general de la policía y líder del CJNG en Tabasco.
“Esto evidencia la corrupción existente de las autoridades, destacando que el CJNG puede disponer de las capacidades de las estructuras operativas, tecnológicas, de inteligencia e información con las que cuenta el estado de Tabasco, dejando de lado su objetivo de combatir al crimen organizado que impera en esa entidad, siendo aprovechadas por dicho cártel para sus fines delictivos”, se lee en los comentarios finales enviados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) del sureste en julio de 2021, todavía bajo el Gobierno de Adán Augusto López.
“Pantera está con el gobernador”
Benjamín Mollinedo es el hombre detrás de Pantera. Se manejaba en Cárdenas, Huimanguillo y también en la capital, Villahermosa. Cambiaba de celular cada 15 días y disponía “de una estructura operativa de aproximadamente 50 personas, quienes se trasladan en vehículos Ford Platinum (posiblemente blindados) con armamento de grueso calibre (Barrets, AK47. AR15, M4, etc”. Terminó arrestado en septiembre de 2021, pero antes acribilló y descuartizó a su antojo en el Estado de Tabasco. Es a través de él que se encuentran dos menciones a Adán Augusto López.
La Secretaría de Defensa, la de Marina y también el Centro Nacional de Inteligencia son quienes proveen información al Cerfi. El 13 de diciembre de 2020, a raíz del seguimiento a integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, se obtuvo la comunicación entre Taca y Joncha, dos integrantes del cártel dedicados a la extracción, trasiego y comercialización de hidrocarburo en Cárdenas. “Se conoció que el responsable de la ejecución de Andrés Rodríguez Vasconcelos, Kalimba, fue Benjamín Mollinedo, Pantera, con apoyo de los oficiales por órdenes del Gobernador (quizá se refieran a Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco)“, escribe el Cerfi.
El centro de información añade justo debajo que Toro —cuyo nombre real es Samuel Paz—, líder también de Los Panteras, “precisó que Pantera está con el gobierno, está con el gobernador (quizá Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco) eso me dijo la última vez, de hecho el titular del estado le ofreció una gratificación a cambio de un jale”. El Cerfi apostilla que se refiere al asesinato de Kalimba. En su último mapeo en agosto de 2022, los documentos militares insisten en lo que llevan años documentando: “En el Estado de Tabasco ha prevalecido un clima de inseguridad”.
Con informacion de: DIARIO ESPAÑOL/BEATRIZ GUILLEN/ELPAIS
Luego de las publicaciones de REFORMA que revelan, sustentadas en audios y testimonios judiciales, la presunta colusión de integrantes de la Marina y la FGR ,ademas de PEMEX con la red de huachicol de “Don Checo”, el Estado mexicano respondio ayer con un discurso de rechazo a tales acusaciones.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo públicamente que no existe prueba o indicio alguno de complicidad institucional, defendiendo de manera tajante la honorabilidad de la Semar y la FGR, y subrayando que dichas instituciones fueron las responsables del desmantelamiento del grupo criminal encabezado por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, “Don Checo”,aunque no solo es este caso y Genaro García Luna también desmantelo a los que lo acusaron en EE.UU. con sentencia de 38 años en prision.
Contrapeso jurídico y lógica probatoria
Desde el punto de vista jurídico, los dichos del secretario, aunque rechazan categóricamente cualquier indicio de colusión, no equivalen a una prueba en negativo, es decir, la ausencia de evidencia pública no prueba inexistencia de hechos, especialmente cuando existe evidencia testimonial y material (audios, pagos, mensajes) relatada por la investigación judicial y expuesta en medios.
Los principios fundamentales del derecho consideran que corresponde a las autoridades investigar e informar exhaustivamente sobre los casos de corrupción, y el derecho de defensa institucional debe coexistir con la obligación de escrutinio y transparencia.
“TODO de PURO PICO”: Ausencia de evidencia ≠ evidencia de ausencia
Atendiendo a la precisión de este principio citado al final de nuestro titulo y en el contexto del caso que nos ocupa. Lo que hace el Secretario Omar García Harfuch —negar la existencia de pruebas de colusión entre Marina, FGR y el liderazgo huachicolero, con el mismo énfasis con que un orador levanta la voz— se desmorona ante la lógica jurídica más elemental: negar sin fundamento equivale, en buen derecho, a “TODO de PURO PICO”.
El fundamento lógico-jurídico
La prueba de los hechos negativos: En derecho, afirmar “no hay pruebas” no es lo mismo que demostrar que algo no existe. La ausencia (o falta de presentación pública) de evidencia no equivale a acreditar que los hechos nunca ocurrieron. Esto es esencial: el silencio probatorio jamás absuelve automáticamente.
Principio jurídico universal: “Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”, (absence of evidence is not evidence of absence)”. Los mejores juristas y jueces reconocen que la carencia de indicios puede deberse tanto a una investigación incompleta, obstáculos institucionales o incluso a la sofisticación de las redes de corrupción, como a la inexistencia real del hecho imputado.
La carga del esclarecimiento: Cuando existen reportes documentados, audios y testimonios judiciales sobre colusión —como señala REFORMA—, corresponde a la autoridad no sólo negar, sino esclarecer, investigar, presentar contra-evidencia y rendir cuentas con pruebas sólidas y verificables, no con declaraciones airadas.
Aplicación al caso: “Negar sin probar, prueba nada”
Negar la existencia de pruebas, pero hacerlo sin ofrecer evidencias de inocencia o sobre la investigación interna, no desmonta lo que otras fuentes exhiben (audios, expedientes, testimonios). En términos estrictos, quien dice “aquí no hay nada”, pero no acredita procesos exhaustivos ni resultados claros, sólo apuesta a la retórica del descrédito muy usada por la cuarta transformacion de cuarta.
“La negativa simple, sin sustento probatorio, resulta en una declaración hueca. En una democracia, toda acusación documentada merece más que la defensa genérica; exige la confrontación responsable de los hechos y la transparencia del procedimiento.”
Principio de legalidad y escrutinio público
Un abogado riguroso jamás confundiría la falta de pruebas públicas (o presentadas por la autoridad) con la inexistencia del hecho. Por eso la frase: “La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”. En las palabras de la abogacía clásica: “Lo que no se prueba, no deja de existir. Lo que no se esclarece, tampoco queda descartado.” Harfuch niega, pero su negación —cuando no va acompañada de datos verificables— se reduce, jurídicamente, a “puro pico”. La investigación, no la retórica, disipará la duda.
Conclusión
El caso se encuentra en una fase de fuerte contraposición mediática: mientras el Gobierno federal pretende blindar la honorabilidad de Semar y FGR comprobando su probidad con premura y arguyendo sus resultados en el combate al huachicol,donde por cierto la norma ha sido siempre SIN DETENIDOS , otra evidencia que incrimina.
Mientras los reportes de REFORMA y la evidencia judicial insinúan una red de corrupción institucional aún en proceso de investigación. En periodismo y derecho, la “negativa general” de las autoridades no puede ni debe ser considerada suficiente para refutar evidencia específica y documentada; por ello, el escrutinio social y judicial sigue siendo indispensable frente a este tipo de escándalos de alto impacto público donde se pretende con declaraciones sin pruebas, engañar al publico.
En el periodismo de investigación es fundamental ir más allá del boletín oficial y poner en contexto la narrativa triunfalista que suele acompañar los comunicados del gobierno en materia de combate al crimen y los multicitados aseguramientos de drogas.
Al examinar algunos ángulos y datos críticos, podemos reconstruir el impacto real—y qué tanto afectan en términos prácticos a las estructuras criminales resilientes como el Cártel de Sinaloa:
1. El discurso oficial: logros y limitaciones
Las autoridades suelen presentar el desmantelamiento de narcolaboratorios y aseguramiento de drogas como “victorias” contundentes, cuantificando las afectaciones en cifras exorbitantes (en este caso, más de $1,350 millones de pesos). Sin embargo, los expertos coinciden en que estos golpes rara vez significan un cambio estructural para los cárteles.
2. ¿Qué tanto les duele realmente?
Relevos inmediatos: El Cártel de Sinaloa—como otros actores de alto calibre—mantiene una enorme capacidad logística y financiera. Regularmente tienen laboratorios de respaldo, químicos y operadores “de reemplazo”, lo que dificulta que uno o mas golpes,peror aun, sin detenidos y por mas cuantioso que sea, altere de forma duradera su operación.
Costo de reposición: Fabricar metanfetaminas en volumen industrial tiende a ser mucho menos costoso para los cárteles de lo que indican las cifras oficiales. Estos cálculos suelen estimar el valor de la droga en el mercado final (a menudo en EE.UU.), no el costo real de producción o la afectación neta al negocio.
“Efecto cucaracha”: Al verse presionados en una región, los cárteles tienden a reubicar operaciones (laboratorios móviles o semiclandestinos), dispersando la producción y complicando la labor de las autoridades que no pueden frenar el trasiego, pues este sigue saludable, tanto como las papayas.
3. Violencia constante, incentivos intactos
Aunque el aseguramiento de laboratorios puede frenar temporalmente la salida de drogas sintéticas, no ataca las causas ni los incentivos centrales (corrupción, impunidad, colusión institucional, mercados en auge). Mientras la demanda siga y los márgenes de ganancia sean altos, la violencia suele persistir o incluso aumentar por reacomodos internos.
4. La narrativa oficial vs. lo real
Medios y espectáculo: Muchos de estos operativos (sin detenidos) tienen un fuerte componente mediático para mostrar resultados, especialmente en contextos de crisis de seguridad o presión internacional.
Ausencia de detenidos: El hecho de que no haya capturas en los aseguramientos evidencia lo superficial del golpe: infraestructura se repone, operadores se reemplazan.
5. ¿Qué le afecta de verdad al cártel?
Afectaciones más duras suelen darse cuando se desarticulan redes logísticas (corrupción en puertos, rutas, transportistas) o se detienen a operadores financieros—cosas mucho más complejas.
El desmantelamiento de laboratorios impacta “un lote” de producción, pero no la red global ni la estructura financiera del cártel.
Recomendación para el lector:
Sin escatimar o incluso escamotear el esfuerzo operativo, es fundamental dimensionar el verdadero efecto: “Para un cártel resiliente como el de Sinaloa, la pérdida de seis narcolaboratorios y varias toneladas de producto es, en el mejor de los casos, un obstáculo logístico menor, rápidamente subsanable. La violencia y la operación criminal se sostienen gracias a redes mucho más profundas y flexibles que trascienden a estos golpes puntuales”.
