Tres de cada 10 litros de gasolinas que se importan en México son “huachicol fiscal”.
Pemex y las empresas privadas ingresan legalmente cada día unos 700 mil barriles diarios, y las bandas criminales ingresan 300 mil barriles, según Eduardo Chagoyán, director de Fuel Pricing, una consultora experta en el manejo y precios de combustibles.
Una red de empresas, funcionarios y crimen organizado operan para que el combustible ingrese al País como “aditivo” para no pagar impuestos o manipulan los pedimentos de importación para reportar menores cantidades.
“Las ventas registradas de importaciones del sector privado apenas llegan a 200 mil barriles, Pemex importa algo así como 500 mil barriles y otros 300 mil entran por esta vía (contrabando)”, explicó. Fuel Pricing es una plataforma que da seguimiento a la venta de combustibles en todo el País para sugerir a las estaciones de servicio el mejor precio al cual pueden vender el litro de combustible, por lo que todos los días monitorea el mercado de las gasolinas.
La importación del hidrocarburo, explicó Chagoyán en entrevista, se hace de manera ilegal por dos vías: se declara que se trata de otro tipo de producto para evitar el pago del impuesto o bien, se miente sobre la cantidad de barriles adquiridos.
El aseguramiento histórico de 15 millones de litros de combustible en Coahuila que era transportado en 129 ferrotanques, indicó Chagoyán, es sólo una pequeña parte del volumen que entra de contrabando al País.
“Ingresa, como ya lo dijo el Fiscal (Alejandro Gertz), declarado como un aceite, y no como combustible. Y, la otra, es la cantidad. Te digo, allá en Chihuahua bajan los trenes unitarios de Ciudad Juárez y tú checas la Aduana y en los volúmenes, dividido por día, te da que nada más entraron dos o tres vagones, cuando realmente entran trenes completos”, explicó.
La mayor parte de la importación ilegal es en buques que llegan a Tamaulipas y puertos del Pacífico, señaló Chagoyán, y se da ante los ojos de las autoridades, pues los barcos tienen que permanecer varios días anclados para poder descargar el producto en pipas.
Un operativo realizado ayer por fuerzas federales en Mérida, Yucatán, contra bienes ligados al empresario regiomontano José Ángel Dávila Bernal, asesinado en septiembre de 2024, podria revelar los motivos detras de la ejecución de la víctima que salio huyendo de N.L por diversas acusaciones de fraude con automóviles de alta gama.
Detalles del cateo y bienes asegurados:
Lugar y fecha: El cateo se realizó el 8 de julio de 2025 en una residencia ubicada en la calle 38 con 79 del fraccionamiento Temozón Norte, una de las zonas más exclusivas de Mérida. La propiedad, con un valor estimado de más de 22 millones de pesos y equipada con planta de luz propia, fue adquirida en 2023 y pertenece a Maricela Hernández Molina, viuda de Dávila Bernal
Vehículos asegurados: Se decomisaron 14 vehículos, 13 de ellos de alta gama, con un valor conjunto superior a los 100 millones de pesos. Entre los autos incautados destacan:
Seis Ferrari (modelos F8, SF90 Stradale, 812 Superfast, SF90 Spider y dos 296 GTB)
Dos Lamborghini Huracán
Dos McLaren (765LT y 720S)
Un Mercedes Benz AMG GT Black Series
Una Lincoln Navigator
Una Ford Lobo Raptor
Un Nissan Versa modelo 2025.
Otros objetos incautados: Además de los autos, autoridades aseguraron cuatro laptops, dos tabletas, una terminal para tarjetas bancarias, tres memorias USB y al menos 10 teléfonos celulares de alta gama.
Contexto y líneas de investigación:
Perfil del empresario: Dávila Bernal, originario de Santa Catarina, Nuevo León, era conocido en el mundo de la venta de autos exóticos, primero en Monterrey y posteriormente en Mérida, donde instaló la agencia “JAH Motors” frente a la plaza comercial The Harbor.
Investigación por lavado de dinero: Las autoridades investigan si la agencia de autos de lujo operaba como fachada para el lavado de dinero, presuntamente vinculado al narcotráfico. Aunque tras su asesinato la Secretaría de Seguridad Pública local descartó vínculos directos con el crimen organizado, la magnitud del operativo y los bienes asegurados refuerzan las sospechas sobre actividades ilícitas a gran escala.
Ejecución y hermetismo: El operativo fue ejecutado por elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la SSPC, bajo un fuerte hermetismo y tras detectar movimientos inusuales en la residencia.
Situación familiar: De manera extraoficial, trascendió que el hijo del empresario, Ángel Dávila Hernández, habría sido detenido, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente ni aparece en el Registro Nacional de Detenciones.
El dia de la ejecucion:
“…Dávila Bernal fue asesinado por tres sujetos, cerca de las 22:25 horas del sábado 14 de septiembre de 2024.
Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la Plaza Comercial Royal Campocielo, cuando salía del restaurante Barra Kulichi, a la salida del fraccionamiento Las Americas.
Tras recibir tres impactos de bala, el sujeto fue trasladadado al Hospital El Faro por sus familiares, sin embargo, falleció por las graves heridas.
Testigos presenciales manifestaron a la policía que los agresores huyeron en un auto Toyota, color blanco. La Policía activó un código rojo y realizó al menos dos detenciones, frente a la Plaza de Toros y cerca del Aeropuerto.
El sujeto habría defraudado a numerosas personas en el sureste y centro del país, incluyendo a influencers y empresarios. Se recuerda el caso del yucateco Miguel Pastor Campos Salazar a quien vendió un Lamborghini con factura falsa.
De acuerdo con juzgados y abogados, Dávila enfrentaba varias denuncias por fraudes cometidos en Querétaro, Tabasco, Monterrey, Yucatán, Cancún, Morelos, Ciudad de México y Texas.
También se recuerda que el 28 de octubre de 2022, Dávila protagonizó un altercado en el Country Club, donde uno de sus clientes lo confrontó durante una reunión.
El 7 de agosto de 2024 su hermana Mariana denunció en redes sociales que José Ángel se negaba a pagarle dos millones de pesos, un préstamo que le dio como parte de una herencia que había dejado su padre.
Dávila y su esposa, Marisela Hernández Molina, llegaron a Mérida huyendo de Monterrey, Nuevo León, donde ya tenían varias denuncias por fraude….”
Muchos autos y nada de vida
La espectacularidad del operativo y el desfile de autos de lujo asegurados en la mansión de Temozón Norte dejan una imagen poderosa: la acumulación de bienes materiales como símbolo de éxito, pero también como reflejo de una vida marcada por el vértigo y la fragilidad.
En el trasfondo de esta historia, resalta la paradoja del empresario José Ángel Dávila Bernal: rodeado de Ferraris, Lamborghinis y McLarens, pero víctima de una violencia que no distingue fortunas ni blindajes. La ostentación de riqueza, lejos de garantizar seguridad o plenitud, puede convertirse en un imán para riesgos y tragedias.
La reflexión es inevitable: ¿de qué sirve poseer tantos autos, propiedades y lujos, si la vida —lo más valioso— puede perderse en un instante? El caso de Dávila Bernal es un recordatorio de que el exceso material, cuando se desliga de valores y sentido, termina siendo un espejismo. Muchos autos, poca vida: una advertencia sobre los peligros de confundir el tener con el ser, y sobre la fragilidad de la existencia cuando el horizonte se reduce a la acumulación y el poder.
La extorsión es un delito que por sus características, contextos de impunidad, desconfianza en las autoridades y miedo tiene 100 por ciento de efectividad, afirmó Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
“Un delito que no se combate, crece; es un delito que tiene 100 por ciento de éxito y casi 100 por ciento de impunidad“, dijo en entrevista.
Pese a que reconoció que en 2014 hubo una estrategia de seguridad para hacerle frente, mediante la creación de unidades especializadas, fue insuficiente; sin embargo, apuntó, es parte de lo que se intenta recuperar ahora, cuando los delincuentes necesitan recursos para subsistir y han encontrado en la extorsión una vía redituable.
Rivas señaló que desde los distintos contextos en los que ocurre la extorsión, el escenario es favorable y se apoya de la complicidad de autoridades.
“En 2013 señalamos que desde los penales se llegaban a hacer hasta 250 llamadas de extorsión al día. Tienen todo el día sin hacer nada y además la complicidad de las autoridades, entonces no pasa nada, haces una y la que sigue”, ejemplificó.
Indicó que el miedo es otro factor, pues cuando las víctimas son engañadas no se detienen a pensar si la información es real.
“Te dicen, somos del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel de Sinaloa o de Los Rojos y no te pones a ver si será o no. Donde se da la oportunidad del temor es donde los delincuentes actúan en contra de la ciudadanía”, dijo.
Con 100 por ciento de cifra negra en extorsión, Rivas explicó que una de las motivaciones para no denunciar es la colusión entre delincuentes y las fiscalías en el caso de las extorsiones que ocurren de forma presencial.
Recordó que de acuerdo con la encuesta de victimización del Inegi de 2023, se reportó que de casi cinco millones de extorsiones, sólo 0.02 por ciento de los casos obtuvieron algún tipo de sanción.
La reciente admisión de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa de que no pueden evitar que los internos de los penales envíen mensajes de texto con celulares ilícitos es una declaración que, más que preocupar, provoca una mezcla de incredulidad y humor negro. Es como si el Estado, con toda su parafernalia tecnológica y discursos de control, se rindiera ante la astucia de un simple mensaje de texto: el SMS, ese dinosaurio de la comunicación, resulta ser el talón de Aquiles de la seguridad penitenciaria sinaloense.
Puntos clave de la declaración
Reconocimiento explícito de incapacidad: Admiten que los inhibidores solo bloquean llamadas, no mensajes de texto. Es decir, pueden silenciar la voz, pero no los pulgares.
La tecnología “avanza”… pero solo para los presos: Mientras el Estado se queda rezagado, los internos actualizan su “infraestructura” y hasta tienen antenas e internet.
Negación de redes de extorsión: A pesar de la evidencia, se insiste en que no hay una red de extorsión, como si los mensajes fueran solo saludos cordiales o memes carcelarios.
Entre la resignación y la burla: ¿El Estado superado por los SMS?
¿Será que el próximo paso será pedirle a los reos que, por favor, no manden mensajes? ¿O instalar buzones de sugerencias para mejorar la señal? Resulta casi poético que, en la era de la inteligencia artificial y la vigilancia digital, el Estado mexicano confiese que un SMS lo rebasa.
La resignación oficial ante la “avanzada” tecnología carcelaria es una declaración tácita de derrota. Si el crimen se moderniza y la autoridad se excusa, ¿quién gobierna realmente los penales? Quizá la próxima rueda de prensa anuncie la creación de un “Departamento de Mensajería Penitenciaria”, para al menos leer los mensajes antes de que salgan.
En resumen: si la seguridad pública depende de la obsolescencia de los mensajes de texto, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si el Estado está jugando con celulares de juguete mientras los presos usan smartphones de última generación.
En México hay más de 128 mil personas desparecidas y no localizadas, muchas de ellas por desaparición forzada, así lo dio a conocer Amnistía Internacional a través de un informe donde destaca de manera importante Tamaulipas,como segundo lugar de la barbarie sin freno.
Amnistía Internacional reveló que estas desapariciones se han registrado principalmente en dos momentos: de 1965 a 1990tiempo de la guerra sucia; y la segunda de 2006 a 2012, fecha en que el entonces presidente Felipe Calderón llevó a cabo la llamada“guerra contra el narcotráfico”.
El documento establece que tan solo el 88% de estas 128 mil personas desaparecidas y no localizadas se han reportado del 2006 a la fecha.
Responsables de las desapariciones
Los responsables de estas desapariciones son principalmente funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno; así como integrantes de la delincuencia organizada.
En la inauguración de una planta generadora de electricidad, en San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, en este sexenio, la CFE construiría 60 de esas plantas generadoras. Un sueño guajiro, si se considera que las plantas generadoras que prometió su antecesor Andrés Manuel López Obrador apenas están entrando a operar, como la que se inauguró el pasado viernes. Pero la mayoría están todavía en proceso o terminadas, aunque sin dar servicio porque no pueden surtirles de gas.
Parecería que la mafia del “huachi-diésel”, la de aquellos funcionarios de la CFE comandados por Manuel Bartlett que hacen negocios con diésel importado ilegalmente, sin pagar impuestos, se aferran a su esquema de corrupción a costa de recetar apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esto se va a poner oscuro, muy oscuro, conforme avance el caluroso verano.
Para muestra, ahí tienen el caso de la cuestionada empresa Mejicali Turbine, creada apenas en 2023, y que entró a operar un plan de emergencia para surtir de energía eléctrica a la península de Yucatán. Ese plan debió entrar en operación el 14 de mayo para suplir la pifia de que las dos nuevas plantas generadoras en la península de Yucatán no puedan ser inauguradas porque “se les olvidó” los ductos de suministro del gas con el que debían operar. Se le pasó a la CFE tender los ductos. Fabricaron dos autos y se les olvidó ponerles tanques de gasolina.
Hasta el día de hoy, Mejicali Turbine no ha suministrado un solo kilowatt y descaradamente incumplió con su contrato de 300 millones de dólares, sin consecuencia alguna. Sorprende, por supuesto, que a esta empresa de muy reciente creación, sin historial técnico para operar un plan de emergencia de esa magnitud, se le haya asignado ese contrato tan estratégico. Pero más sorprende que una empresa presuntamente de clase mundial, como se presume la CFE, no haya hecho nada para subsanar la falla de Mejicali Turbine y tener listo un Plan C para que se normalice el suministro en las penínsulas y se terminen los apagones.
Cualquier empresa del calibre de CFE, ante una contingencia de incumplimiento de esta magnitud, ya habría reasignado el contrato o habría inhabilitado a Mejicali Turbine por flagrante incumplimiento. Pero no hay ningún castigo.
Por el contrario, la CFE sigue facilitando las cosas para que Mejicali Turbine eventualmente, algún día, cumpla la obligación contractual que tenía que hacer desde el pasado 14 de Mayo. Van 45 días de retrasos. Y esos favores sólo pueden ser operados por los dueños del huachi-diésel, quienes presumen más poder que la directora Emilia Esther Calleja, que la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar o incluso que la misma presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué está esperando Mejicali Turbine después de su incumplimiento? ¿Que les amplíen y mejoren las condiciones de su contrato? ¿Que no les penalicen ni les apliquen las fianzas por incumplimiento? ¿Que se le haga algún addendum al contrato para aumentar el precio del servicio? ¿Que premien a la empresa que claramente ya incumplió con más contratos, renovaciones y extensiones?
La pregunta de fondo es ¿quién o quiénes están detrás del padrinazgo de Mejicali Turbine, que se comprometió a comprarle el diésel para operar sus turbinas a un solo proveedor que se le asignó, cuando no existe quién pueda vender esas cantidades de combustible, ni Pemex? ¿De dónde, entonces?
Ahí está el negocio y no lo quieren perder. ¿Manuel Bartlett? ¿Alguno de los amigos cercanos al Clan López Beltrán? No hay otra explicación frente a tanta evidencia de corrupción y tolerancia al incumplimiento. Detrás de todo están los que hoy deben de ser conocidos como “Los Dueños de los Apagones”.
Sobre su impunidad descansa hoy el suministro fallido de energía eléctrica en las penínsulas. En la de Yucatán y en la de Baja California, con derivaciones en Quintana Roo y Campeche.
Pero engañan a la presidenta -o ella se deja engañar- anunciando que en su sexenio se van a construir 60 plantas generadoras. Si actualmente existen 159 creadas en 84 años, ¿alguien de verdad cree que exista la posibilidad de que en sólo cinco años que restan del sexenio vayan a elevar la generación eléctrica un 40 por ciento?
Si hoy no pueden meter en orden un contrato estratégico para tapar la pifia de no tener gas para cuatro plantas generadoras ya terminadas -2,500 millones de dólares parados- y la empresa a la que se le asignó el programa de emergencia -Mejicali Turbine- con 300 millones de dólares extras no es sancionada por incumplimiento y tampoco se presenta sobre la mesa un Plan C para evitar la catástrofe eléctrica que se viene sobre Mérida, Mexicali, Quintana Roo y Campeche, ¿cómo esperan construir 60 nuevas plantas generadoras? Demagogia, engaños y corrupción. Y esta marca impune de la Cuarta Transformación será la chispa que dejará a oscuras muchos rincones de México en los próximos tres candentes meses. Al diablo con el bienestar.
Por lo pronto, ayer domingo, la CFE ya se está curando en salud y está anunciando un apagón en Yucatán para el 14 de julio. Al diablo con el bienestar. Vayan comprando veladoras y abanicos de cartón, como aquellos que usaban las abuelas y que tenían sobre la cartulina la imagen bendita de Pedro Infante.
