“SINALOA SINALIVIO CONFIESA SIN RUBOR que los PRESOS TAMBIEN la SUPERAN y NO PUEDE HACER NADA para BLOQUEARLES los MENSAJES de TEXTO”…pero no puede hacer nada en nada.

La reciente admisión de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa de que no pueden evitar que los internos de los penales envíen mensajes de texto con celulares ilícitos es una declaración que, más que preocupar, provoca una mezcla de incredulidad y humor negro. Es como si el Estado, con toda su parafernalia tecnológica y discursos de control, se rindiera ante la astucia de un simple mensaje de texto: el SMS, ese dinosaurio de la comunicación, resulta ser el talón de Aquiles de la seguridad penitenciaria sinaloense.

Puntos clave de la declaración

• Reconocimiento explícito de incapacidad: Admiten que los inhibidores solo bloquean llamadas, no mensajes de texto. Es decir, pueden silenciar la voz, pero no los pulgares.
• La tecnología “avanza”… pero solo para los presos: Mientras el Estado se queda rezagado, los internos actualizan su “infraestructura” y hasta tienen antenas e internet.
• Negación de redes de extorsión: A pesar de la evidencia, se insiste en que no hay una red de extorsión, como si los mensajes fueran solo saludos cordiales o memes carcelarios.

Entre la resignación y la burla: ¿El Estado superado por los SMS?

¿Será que el próximo paso será pedirle a los reos que, por favor, no manden mensajes? ¿O instalar buzones de sugerencias para mejorar la señal? Resulta casi poético que, en la era de la inteligencia artificial y la vigilancia digital, el Estado mexicano confiese que un SMS lo rebasa.

La resignación oficial ante la “avanzada” tecnología carcelaria es una declaración tácita de derrota. Si el crimen se moderniza y la autoridad se excusa, ¿quién gobierna realmente los penales? Quizá la próxima rueda de prensa anuncie la creación de un “Departamento de Mensajería Penitenciaria”, para al menos leer los mensajes antes de que salgan.

En resumen: si la seguridad pública depende de la obsolescencia de los mensajes de texto, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si el Estado está jugando con celulares de juguete mientras los presos usan smartphones de última generación.

Con informacion: Noroeste/