El nombre de Enrique Camarena Salazar quedó grabado en la historia de la cooperación bilateral que sostienen México y Estados Unidos desde décadas atrás para frenar uno de los problemas más grandes que los aquejan: el narcotráfico.
Kiki, como era mejor conocido, se desempeñó como un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Jalisco cuya misión, entre múltiples tareas, se centró en investigar las entrañas del Cártel de Guadalajara, una organización internacional de tráfico de drogas.
Las pesquisas que Kiki Camarena realizó y puso al alcance de la DEA llevaron al descubrimiento del Rancho El Búfalo, un predio de más de 500 hectáreas al sur de Chihuahua donde Rafael Caro Quintero contrataba a decenas de jornaleros para la siembra de marihuana. El 6 de noviembre de 1984 el lugar fue asegurado por el Ejército Mexicano.
Aquel millonario golpe concretado en contra del Cártel de Guadalajara le valió al agente antinarcóticos el reconocimiento de sus superiores pero también el odio y resentimiento de los líderes criminales, quienes no tardaron en tomar represalias.
El 7 de febrero de 1985 fue el último día en el que Enrique Camarena Salazar fue visto con vida al igual que el piloto Alfredo Zavala Avelar. Aunque su desaparición fue reportada y se señaló a los líderes del Cártel de Guadalajara como sospechosos, no fue sino hasta a inicios de marzo que ambos cuerpos con huellas de tortura fueron localizados en un paraje de Michoacán.
Aquel trágico episodio desató una serie de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos pero también se convirtió en una advertencia para organizaciones delictivas sobre aquellos integrantes que pudieran estar proporcionando información acerca de sus operaciones ilícitas a agencias de seguridad estadunidenses como la propia DEA o el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
La latente posibilidad de estar frente a un “soplón” de la justicia estadunidense llegó a desatar la paranoia de algunos narcotraficantes que buscaron evitar cualquier tipo de fuga de información a través de violentos episodios que tuvieron como víctimas a ciudadanos estadunidenses que nada tenían que ver con las agencias de seguridad de su país o con la delincuencia organizada, pero que aún así fueron asesinados.
El crimen de La langosta
El calendario se ubicó en diciembre de 1984 cuando el fotógrafo estadunidense Alberto G. Radelat viajó a México. ¿El objetivo? Visitó a su amigo John Clay Walker, quien se presume que se encontraba en el país azteca realizando investigaciones para un libro.
Lo que pretendía ser un viaje de amigos terminó por convertirse en tragedia luego de que el 30 de enero de 1985 los ciudadanos estadunidenses se cruzaron con dos de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos que han operado en México: Rafael Caro Quintero y Joaquín Guzmán Loera.
El encuentro se suscitó en La Langosta, una popular marisquería de la capital de Jalisco que ambos capos en ascenso solían frecuentar. No obstante y con los ojos de las autoridades de Estados Unidos en las operaciones del Cártel de Guadalajara, aquel restaurante terminó por convertirse en una escena del crimen.
Documentos judiciales consultados por la periodista Laura Sánchez Ley para MILENIO dan cuenta de que una vez enfiestados y drogados los narcotraficantes confundieron a los turistas estadunidenses Alberto G. Radelat y John Clay Walker con agentes de la DEA, por lo que ordenaron su asesinato.
Javier Vásquez Velasco, otrora guardaespaldas de capos del Cártel de Guadalajara, fue procesado por dicho crimen luego de que los testimonios de otros dos integrantes de la organización delictiva lo señalaron como parte del grupo de 10 o 15 hombres que cargaron y golpearon a las víctimas dentro del establecimiento.
Uno de los lugartenientes identificado como Héctor Cervantes incluso aseguró que vio a Javier Vásquez Velasco realizar una llamada telefónica mientras alardeaba que había asesinado a los ciudadanos estadunidenses con un picahielo.
Vásquez Velasco ha negado la acusación con el argumento de que durante su juicio en 1990 fue utilizado un testimonio falso, herramienta a la cual su defensa legal se mantiene apegado para intentar que un juez rectifique la sentencia de doble cadena perpetua impuesta a su representado.
El ‘Nini’ vs la DEA
Néstor Isidro Pérez Salas se ganó un peldaño en la lista de los fugitivos más buscados por autoridades estadunidenses al ser identificado no solo como el jefe del aparato de seguridad de Los Chapitos sino también por participar en su lucrativa red internacional de tráfico de fentanilo.
El Nini -como es mejor conocido en el hampa del país- fue acusado junto a tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y poco más de una veintena de sus colaboradores ante el Distrito Sur de Nueva York por delitos que van desde la conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas y explosivos, homicidio e, incluso, lavado de dinero.
Pese al amplio historial que tenía detrás, no fue sino hasta su extradición a Estados Unidos en mayo de 2024 cuando trascendió que El Nini también fue identificado como el presunto responsable del secuestro y asesinato de ocho hombres cuyos cuerpos fueron localizados en caminos de terracería de Tamazula, Durango en octubre de 2023.
"PEREZ SALAS, en colaboración con otras personas, secuestró y procuró el secuestro del CS, Germán Alexis Beltrán Gutiérrez, Jesús Alberto Chaidez Beltrán, Alberto León Mendoza, Joel Alejandro León Valenzuela, Alexis Alberto Meza León, Abel Ruiz Beltrán, Kevin Aly Sarmiento Zavala, Víctima-2, Víctima-3 y Víctima-4 [...] en represalia por el suministro de información por parte del CS a la DEA sobre las actividades de narcotráfico de PÉREZ SALAS y sus asociados, y PÉREZ SALAS y sus co-conspiradores utilizaron teléfonos celulares para comunicarse en apoyo de los secuestros", se lee en la página 13 de la acusación presentada en contra de El Nini ante el Distrito Sur de Nueva York.
Los únicos sobrevivientes de aquel atroz episodio coordinado por Néstor Isidro Pérez Salas fueron las víctimas de identidad reservada. La suerte fue diferente para el resto de hombres plagiados pero en especial para Jesús Alberto Chaidez Beltrán, quien tenía tan solo 13 años de edad al momento del crimen y para Alexis Alberto Meza Léon, a quien de forma extraoficial se ha identificado como el informante de la DEA.
“En o alrededor de octubre de 2023, PÉREZ SALAS y otros sicarios que actuaban bajo su dirección secuestraron a una fuente confidencial de la DEA y a otras 10 víctimas en México, incluido un ciudadano estadounidense, que PÉREZ SALAS creía que trabajaban para la fuente confidencial o estaban relacionados con ella”, desglosó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa publicado en mayo de 2024.
‘El Chueco’ y el profesor Patrick Braxton
El 20 de junio de 2022 el poblado de Cerocahui en Urique, Chihuahua se convirtió en epicentro de uno de los crímenes que más ha indignado a la opinión pública en los últimos años: el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales.
Las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) rápidamente apuntaron a un líder criminal de la región como el presunto responsable del crimen. Su nombre era José Noriel Portillo Gil, mejor conocido en la Sierra Tarahumara como El Chueco.
La indignación se acrecentó luego de que trascendió que, además del asesinato de los sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, Portillo Gil ya contaba previamente con dos órdenes de aprehensión, además de haber sido identificado por las autoridades como un jefe de plaza de Los Salazar, un brazo armado que opera en Chihuahua y Sonora para la facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de El Chapo.
Entre los crímenes por los que se giró una de las órdenes de aprehensión en contra de El Chueco destacó el asesinato de Patrick Braxton, un profesor estadunidense al que el líder criminal confundió con un agente encubierto de la DEA.
Información difundida por el gobierno de Chihuahua señala que Patrick Braxton Andrew fue reportado como desaparecido a finales de octubre de 2018. Su cuerpo fue localizado el 28 de ese mismo mes en un lugar conocido como La Playita en Urique.
"No se distingue el valor de la vida entre las personas, pero es claro que cuando se atenta contra personas inocentes, que nada tienen que ver con los grupos delincuenciales, o las disputas entre bandas criminales, esos casos de personas buenas, deben ser vistas como una prioridad y jamás deben quedar impunes. Y así lo haremos en el caso de Patrick", se pronunció el gobernador Javier Corral Jurado sobre el homicidio del estadunidense.
José Noriel Portillo Gil jamás fue procesado judicialmente ni por el asesinato de Patrick Braxton ni por el de los sacerdotes jesuitas o por alguno otro crimen de su amplio historial delictivo. El líder criminal fue localizado sin vida en un camino de Choix, Sinaloa con múltiples impactos de bala en marzo de 2023, según confirmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque existen múltiples historias de ciudadanos estadunidenses que han perdido la vida en México, es el temor que miembros de la delincuencia organizada tienen a que información sobre sus lucrativos negocios llegue a autoridades de Estados Unidos la que ha llevado a trágicos finales a personas cuyo único error fue estar en el lugar y tiempo equivocado.
