Nadie puede sorprenderse por las severas críticas vertidas en las páginas del Financial Times, el pasado martes, ilustradas con una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador repartiendo abrazos, sobre una especie de bandera tricolor en el que predomina el rojo sangre, y el blanco está conformado por una madre buscadora con un par de carteles en los que reclama justicia.
Nadie debe sorprenderse tampoco por el mapa en el que definen las zonas controladas por los principales cárteles de la droga y los estados que sufren la guerra entre facciones del crimen organizado.
Titulado “Los cárteles de la droga de México prosperan”, escrito por Michael Stott y Christine Murray, señala que el problema del crimen organizado en México ha empeorado drásticamente durante los cinco años y medio de la presidencia de López Obrador, según expertos en seguridad consultados por el medio inglés, que sentencia: “Y se ha agravado tanto que amenaza el futuro del país.
El reportaje es lapidario: “Los cárteles controlan más territorio que nunca, aproximadamente un tercio del país según una estimación del ejército estadounidense”.
México, agrega el texto, “se está convirtiendo en un Estado fallido”.
Que dijo el Financial Times"
"Cuando un grupo de extraños se presentó sin ser invitados a una fiesta de Navidad en un patio bucólico de la época colonial en Salvatierra, en el centro de México, el año pasado, los juerguistas reunidos les pidieron que se fueran.
Poco después, mientras los jóvenes fiesteros bailaban con música en vivo, los sujetos regresaron con pistoleros armados y la orden: "Mátalos a todos". Usando armas automáticas, los asesinos rociaron a los juerguistas con 195 balas mientras intentaban huir, según los investigadores.
Once cadáveres fueron recuperados del patio manchado de sangre y 14 personas resultaron heridas. Incluso en un país cansado de la violencia extrema, la masacre de los fiesteros desarmados en el estado de Guanajuato tuvo el poder de conmocionar.
A pesar de la indignación nacional, las autoridades tardaron dos meses en arrestar a alguien. Cuando lo hicieron, detuvieron a dos personas acusadas de disparar , pero no a las que ordenaron el asesinato.
El crimen organizado y la violencia no son nuevos en México. El primer cártel de la cocaína del país se formó a principios de la década de 1980. Un cuarto de siglo después, el presidente conservador Felipe Calderón lanzó una "guerra contra las drogas" en toda lugar, sumergiendo al país en un baño de sangre.
Pero el problema del crimen organizado en México ha empeorado drásticamente durante los cinco años y medio de la presidencia populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador, dicen los expertos en seguridad, y se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país.
Las encuestas muestran que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
Durante más de una década, los grupos de drogas dominantes se han estado fragmentando, generando una gran cantidad de pandillas escindidas más pequeñas que luchan por el territorio. Hoy en día, los dos cárteles más grandes y poderosos, el cártel de Sinaloa y el cártel de la Nueva Generación de Jalisco (CJNG), están luchando con rivales más pequeños como los Viagras, las Ardillas y los Ecorpiones.
Muchos de los cárteles se han convertido en nuevos negocios lucrativos. En un informe de 2024, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. llamó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco "organizaciones criminales transnacionales" porque están "involucrados en el tráfico de armas, el lavado de dinero, el contrabando de migrantes, el tráfico sexual, el soborno, la extorsión y una serie de otros delitos".
Los cárteles controlan más territorio que nunca, alrededor de un tercio del país según una estimación del ejército de los Estados Unidos. "Ha habido un deterioro exponencial", dice Manuel Clouthier, un ex diputado estatal y hombre de negocios en el noroeste del estado de Sinaloa, que es el hogar del cártel de la droga del mismo nombre. "México se está convirtiendo en un estado fallido".
A medida que ha crecido el poder económico de los cárteles, también lo ha hecho su alcance internacional. Los dos principales cárteles de México ahora dirigen una red de actividades ilegales que se extienden por toda América del Sur que está desafiando a los gobiernos y alarmando a los ciudadanos.
Las batallas entre los afiliados locales del CJNG y el cártel de Sinaloa han convertido al anteriormente pacífico Ecuador en uno de los países más violentos del mundo.
Los cárteles obtienen productos químicos necesarios para hacer drogas sintéticas como el fentanilo de China y la India y tienen fuertes conexiones con la mafia europea, como la Ndrangheta italiana, dicen los investigadores.
Anne Milgram, jefa de la DEA, dijo a un comité del Senado de los Estados Unidos en febrero del año pasado que "el cártel de Jalisco tiene influencia a través de asociados, facilitadores y corredores en todos los continentes excepto en la Antártida". En los EE. UU., el deterioro de la seguridad de México y el floreciente comercio de drogas se han convertido en un problema electoral, y los republicanos piden una línea más dura.
Algunos en el partido han llegado a pedir a las fuerzas militares estadounidenses que atapenen a los líderes de los cárteles en las operaciones de comando al estilo de Osama bin Laden. Una procesión fúnebre para uno de los jóvenes asesinados en una fiesta de Navidad en Salvatierra, en el centro de México, el año pasado.
Si bien las estadísticas oficiales sobre delitos como el asesinato son cuestionadas por investigadores independientes, los expertos están de acuerdo en que el poder del crimen organizado ahora representa un grave riesgo no solo para la población, sino también para los negocios y la economía.
Es una de las razones, dicen los expertos, por las que el país no está capitalizando plenamente su potencial para alejar la fabricación de China.
Un líder empresarial mexicano, hablando fuera de registro debido a la sensibilidad del tema, dice que la seguridad se ha deteriorado drásticamente bajo López Obrador y que el gobierno ha menoscatado el problema. "Nadie está hablando de tráfico de drogas o robo de combustible", dice.
El presidente ha pintado una imagen de una administración haciendo todo lo que puede para abordar el problema, mientras culpa a sus predecesores por crearlo. Hasta ahora ha evitado pagar un serio precio político por el deterioro. Su índice de aprobación se mantiene en el 65 por ciento, según el agregador de encuestas Oraculus, y apenas ha cambiado en los últimos tres años.
"El [gobierno] ha estado tratando sobre todo de controlar la narrativa", dice Falko Ernst, analista senior de México en Crisis Group. "La política de seguridad se ha reducido a un ejercicio de relaciones públicas con fines electorales".
En realidad, añade, las políticas de López Obrador han permitido a los delincuentes continuar "consiguiendo un punto de apoyo mucho más fuerte, mucho más directo y mucho más agresivo dentro de las instituciones".
Oficialmente, la seguridad es una prioridad para López Obrador. Todos los días de la semana, a las 6 a.m., el presidente preside un gabinete de seguridad con jefes militares y de policía y ministros clave.
Dos veces al mes, su equipo de seguridad presenta un informe de "impunidad cero" con una ventisca de estadísticas que cubren todo, desde arrestos hasta el número exacto de fuerzas de seguridad y vehículos desplegados.
"En ninguna parte del mundo hay un gabinete de seguridad donde el [presidente] encabeza las tareas diarias", dijo Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ministra de seguridad de México, en la sesión informativa de seguridad del 30 de abril.
Desde que asumió el cargo, agregó, el presidente había presidido más de 1.353 reuniones del Consejo de Seguridad y no se había perdido ni una sola.
Al comienzo de su administración, López Obrador estableció una nueva estrategia que llamó "abrazos, no balazos".La idea era abordar las causas fundamentales del crimen, reemplazar la fuerza policial federal con una nueva Guardia Nacional dirigida por los militares y minimizar el derramamiento de sangre evitando la confrontación directa con los cárteles.
En cambio, hizo un llamamiento a los miembros del cártel para que "piensen en sus madres".
López Obrador pretendía su enfoque más pacífico como una alternativa a la "guerra" de Calderón de 2006-2012 y a la estrategia de su predecesor inmediato Enrique Peña Nieto, que no había logrado contener el aumento de las tasas de asesinatos.
Pero el presidente recibió fuertes críticas por saludar personalmente a la madre del jefe del cártel de Sinaloa encarcelado, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en 2020, algo que dijo que era un gesto humanitario hacia una mujer de unos noventa años.
Eduardo Guerrero, experto en seguridad de Lantia Consultores, dice que la política de abrazos, no balazos de López Obrador, "tuvo el efecto... no deseado de expandir la presencia geográfica del crimen organizado a nuevas áreas, precisamente porque el ejército no se enfrentaba a criminales".
#cdmx,#reynosafollow,#matamoros,#nuevolaredo,#cdvictoria,#slp,#culiacan A "QUE TARUGO se le OCURRE ?": "AMERICO TENIA PERMISO PRESIDENCIAL para REUNIRSE con NARCOS INFIEREN DECLARACIONES de AMLO que CHORREAN COMPLICIDAD"...asi desmadraron mas a Tamaulipas.https://t.co/WpDJgIMgzl pic.twitter.com/Waj6iCO4t6
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) April 27, 2024
Los grupos criminales también están interfiriendo más descaradamente en las elecciones. La campaña de este año, que incluye carreras para congresos federales y estatales, gobernaciones y alcaldías, ha sido la más mortífera de la historia. Hasta ahora, 36 candidatos y otras 45 personas vinculadas a las elecciones han sido asesinados, 15 más secuestrados y docenas de otros amenazados, según el grupo de expertos Laboratorio Electoral.
Otro campo de batalla clave son las estadísticas oficiales. El mandato de seis años de López Obrador será el más violento de México en términos de asesinatos totales, con más de 188, mil muertos hasta ahora.
Pero el presidente ha aderrado cifras que muestran una pequeña reducción en los homicidios en los últimos tres años desde un nivel récord en 2020.
Los expertos señalan que las cifras de asesinato no incluyen el número récord de personas reportadas como desaparecidas, casi 115.000 el año pasado, 43.000 de las cuales desaparecieron durante la presidencia de López Obrador.
También señalan que la proporción de "crímenes contra la vida" reportados como homicidio involuntario u "otros crímenes" ha ido aumentando a medida que caen los asesinatos, lo que sugiere que los homicidios están siendo reclasificados.
Al comienzo de la presidencia de López Obrador en 2018, el 57 por ciento de las muertes violentas de México fueron marcadas como homicidios.
En los primeros cuatro meses de 2023, los asesinatos habían caído al 46 por ciento del total, según el análisis de los datos de Nexos. "Las cifras no son totalmente fiables. Nadie audita las cifras", dice Edna Jaime, decana de la escuela de ciencias sociales y del gobierno del Tecnológico de Monterrey. "Las administraciones anteriores trataron de mejorar la calidad de la información... todo lo que fue abandonado en esta administración".
La policía y los médicos que realizan autopsias a veces están bajo presión, dicen los críticos, para evitar denunciar la causa de la muerte en los certificados como asesinato. "Si no es un homicidio, es menos papeleo", dice Ernst de Crisis Group.
"Básicamente, como, 10 agujeros de bala y va a ser 'insuficiencia cardíaca'".
Al mismo tiempo, la policía municipal de muchas partes de México está en nómina o obligada a trabajar para los cárteles, dicen los expertos en seguridad.
Dentro de una modesta casa alquilada a lo largo de un camino de tierra en los suburbios de la ciudad del noroeste de Culiacán, Reynalda Pulido tiene un muro de carteles de personas desaparecidas, incluida una de Neto, su hijo de 16 años.
Neto fue detenido por una patrulla de policía en diciembre de 2020, dice, mientras estaba haciendo cola para las tortillas. Más tarde, su familia descubrió que un niño de la misma edad había sido llevado a un centro de detención cercano, pero la policía se negó a dejar que lo viera. Al día siguiente, el niño desapareció.
Pulido ha estado haciendo campaña para encontrar a Neto y a cientos de otras personas que han desaparecido en Culiacán, una de las fortalezas del cártel de la droga de Sinaloa.
Mientras buscaba cuerpos, ha sido amenazada docenas de veces, dice, incluso por la policía. Uno de sus sobrinos, Julio, fue asesinado un año después de la desaparición de Neto, mientras que otro, César, desapareció un año después. "Desafortunadamente, los veo como daños colaterales", dice Pulido.
Durante su búsqueda, ha encontrado 28 cuerpos y 22 víctimas secuestradas vivas, algunas gravemente golpeadas. "En cada cuerpo que encuentro, veo las manos de mi hijo", dice, con la voz rompiéndose. "Todos los días me levanto y rezo: "Dios me dé sabiduría, dame sabiduría para ayudar a estas familias".
Porque todos los días alguien viene a pedirnos ayuda". En junio pasado, el presidente decidió que se necesitaba un nuevo censo de personas desaparecidas porque los números estaban desactualizados.
Dos meses más tarde, Karla Quintana, jefa de la comisión estatal para las personas desaparecidas, renunció diciendo que el gobierno había presionado a la comisión para que redio con las cifras. "Su intención es muy clara y es lamentable", dijo en ese momento. "Es para reducir el número de personas desaparecidas".
Hace dos meses, el gobierno anunció un nuevo y más bajo número oficial de 99.729 desaparecidos, diciendo que se habían encontrado miles.
La sucesora elegida por López Obrador, la candidata del partido gobernante Morena, Claudia Sheinbaum, experimentó los problemas de seguridad de México de primera mano el mes pasado cuando un grupo de hombres encapuchados detuvo su convoy en el municipio de Motozintla, en el sur del estado de Chiapas. Los hombres, que estaban desarmados, le exigieron que no olvidara la zona cuando estuviera en el poder.
Los cárteles de la droga rivales están luchando por el territorio en Chiapas, pero López Obrador desestimó la intercepción como "escenadificada" por los medios de comunicación críticos con el gobierno y Sheinbaum ha aludido a algo similar, diciendo que el encuentro fue "extraño". Si es elegida, Sheinbaum continuaría ampliamente con la estrategia de López Obrador de evitar la confrontación directa con los cárteles, al tiempo que incorporaba elementos de la estrategia que empleó como alcaldesa de la Ciudad de México, ejecutando programas para los jóvenes para mantenerlos fuera de las calles y aumentando la capacidad de investigación.
Ella continuará con la política de López Obrador de confiar en una Guardia Nacional administrada por el ejército. "Cada año vamos a reducir la delincuencia", dice. "No podemos dar porcentajes durante los próximos seis años... [pero] estamos seguros de que esta estrategia va a funcionar".
Muchos analistas no están convencidos, señalando que la formación académica y la educación de Sheinbaum en un suburbio de clase media de la Ciudad de México no la han preparado para lidiar con las brutales guerras de los cárteles. "Todavía tiene que demostrar que entiende lo frágil que es la situación", dice Salvador Camarena, columnista del periódico El Financiero. "Sus recorridos por el país han estado dentro de una burbuja [de seguridad]. No creo que le hayan permitido entrar en la complejidad de lo que enfrentan los mexicanos".
Sheinbaum rechaza las críticas, diciendo al Financial Times que las guerras pasadas contra las drogas libradas en México "simifican una licencia para que las fuerzas armadas y otras fuerzas de la ley y el orden en nuestro país maten, y no creemos en una licencia para matar, creemos en la justicia".
Xóchitl Gálvez, la principal candidato de la oposición en las elecciones del próximo mes, ha citado la estimación militar estadounidense de que alrededor de un tercio del territorio de México está bajo el control del crimen organizado y se ha comprometido a enfrentarse a los cárteles de frente. "Hay áreas del país donde solo los delincuentes pueden entrar y eso tiene que parar", dijo a los periodistas.
Los dos candidatos se enfrentaron por la seguridad en un debate el 19 de mayo. Sheinbaum criticó la guerra contra las drogas como "una de las decisiones más terribles" en la historia reciente de México y defendió el historial de seguridad de su mentor, mientras que Gálvez dijo que la estrategia del gobierno era "dar el país al crimen organizado". Veo que muchas empresas comienzan a pensar dos veces antes de invertir aquí... hay riesgos muy, muy grandes en la seguridad
Los líderes empresariales también están cada vez más preocupados por el crimen organizado y los costos adicionales que impone.
Más de la mitad de los empleadores encuestados por la asociación Coparmex el año pasado dijeron que habían sido víctimas de un delito.
Entre 2021 y 2023, el robo de vehículos de carga asegurados ha crecido un 46 por ciento, según Amis, la asociación mexicana de aseguradoras. Para muchas empresas, la seguridad adicional que se necesita es simplemente un costo adicional de hacer negocios. Pero para algunos grupos extranjeros que están considerando la inversión, es un inconveniente demasiado grande.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en México encontró en una encuesta reciente que el 13 por ciento de sus empresas miembros estaban gastando más del 8 por ciento de todo su presupuesto en seguridad. Los altos ejecutivos no están dispuestos a hablar sobre el empeoramiento de la seguridad en público, por temor a una reacción violenta por parte del gobierno. Pero un gran banquero, que habló bajo condición de anonimato, dice que le preocupa que la situación se esté volviendo "insostenible". "Muchas personas piensan: 'Solo déjalos operar, es parte de la economía'", dice. "Pero veo que muchas empresas comienzan a pensar dos veces antes de invertir aquí... hay riesgos muy, muy grandes en la seguridad".
La situación en algunas áreas es tan mala que los ciudadanos han tomado el asunto en sus propias manos. En enero, un video compartido en las redes sociales mostraba a un grupo de mujeres enmascaradas del grupo étnico Wixárika en el estado de Jalisco apelando directamente a uno de los jefes de los cárteles más poderosos del país, el líder de CJNG "El Mencho", para obtener protección, en lugar de ir a la policía. En el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, devastado por la lucha, cuatro obispos católicos se sentaron con los líderes del cártel de la droga en febrero sin que el gobierno negociara una talla de territorio con el objetivo de reducir la violencia.
Salvador Rangel, un obispo emérito, dijo a los medios locales que la iglesia actuó porque "el gobierno estatal no quiere encontrar una solución". Teniendo en cuenta lo mala que se ha vuelto la situación, muchos se preguntan si el próximo líder de México será capaz de marcar una gran diferencia.
El próximo presidente "tendrá que empezar desde cero", dice Guillermo Valdés, el ex jefe de la agencia de inteligencia Cisen de Calderón. "Los criminales son más poderosos, hay más violencia, hay más control político del territorio y de las autoridades... la tarea será tremenda".
