Sus personeros eran Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF y hoy jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECM); y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Las acusaciones son parte de la investigación J/108/2024, iniciada por una denuncia anónima recibida el pasado martes por el CJF, contra los principales colaboradores de Zaldívar en su gestión de 2019 a 2022.
Si bien es señalado como la cabeza principal de este "sistema de corrupción", Zaldívar es el único que por el momento no es indagado, ya que el CJF no tiene atribuciones para sancionarlo, razón por la que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la denuncia por lo hechos que en lo particular le imputan.
Conforme a la denuncia, el ministro y sus principales colaboradores vulneraron la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, para satisfacer los intereses de terceros o los del propio Zaldívar, quien estaba "confabulado" con Julio Scherer Ibarra, ex consejero Jurídico de la Presidencia.
"Exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente "Rivera Gaxiola y Asociados" o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo", refiere.
Para coaccionar a los impartidores de justicia, emplearon la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, hoy Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
El papel que jugaban estos organismos de la Judicatura era amedrentar a los juzgadores con declararlos responsables de responsabilidades administrativas, en quejas que estaban en curso o que eran inventadas.
Un total de 70 jueces, magistrados y secretarios de acuerdos fueron objetos de estas presiones o amenazas para que resolvieran los procedimientos conforme lo indicaba la superioridad. Muchos no se doblaron, otros intercambiaron favores por sentencias, señala el documento.
Alpízar
Carlos Antonio Alpízar Salazar fue de los pocos funcionarios que se presentaron en una conferencia matutina con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo integrante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es colaborador de Luisa María Alcalde en la Segob.
En el supuesto "sistema de corrupción" que indaga el CJF, Alpízar es señalado como el operador más importante de Arturo Zaldívar para obligar a los juzgadores a dictar fallos en favor de la FGR y del Gobierno Federal.
En la investigación J/108/2024, abierta el pasado martes por el CJF, se indaga al funcionario por enriquecimiento ilícito, corrupción o extorsión, desvío de recursos públicos para beneficio propio, violencia sexual y de género y acoso contra jueces y magistrados.
"Se puso a las órdenes del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias", dice la denuncia que ahora indaga el CJF.
Alpízar ofrecía a los impartidores de justicia beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, para que dictaran sus sentencias en favor del gobierno.
Cuando los ofrecimientos no funcionaban, recurría a la extorsión y las amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones del cargo, refiere el documento consultado.
En cuanto a los casos concretos, se le atribuye haber presionado a los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, en los amparos contra la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica.
En el caso del Aeropuerto de Santa Lucia y la cancelación del de Texcoco, Zaldívar y Alpízar supuestamente contactaron vía telefónica a los Magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo -ya fallecido- y Amparo Hernández Chong, para amenazarlos con su readscripción, el inicio de procedimientos, readscripciones y sus inhabilitaciones.
La denuncia refiere que Alpízar también coaccionó al juez Adrián Fernando Novelo Pérez para que negara las suspensiones de las obras del Tren Maya, en favor del Gobierno Federal.
En asuntos penales, se señala la intervención del operador de Zaldívar para presionar a la magistrada Cristina Porras y la juez Sandra Robledo Magaña, para dictar fallos contra Emilio Lozoya.
También habría amenazado al juez Adrián Rivera y el magistrado José Nieves Luna Castro, para emitir fallos en favor de la FGR en el Caso Telra-Infonavit, uno de los casos más relevantes del sexenio y en el que el gobierno pretendía que le repararan un daño de 5 mil millones de pesos.
Las consecuencias de no acatar las órdenes las vivió el juez José Luis Horta Herrera, quien en 2019 resolvió no vincular a proceso a un militar, pese a las instrucciones de Alpízar. A Horta le iniciaron un procedimiento disciplinario que concluyó con su destitución.
Otras conductas indebidas que le señalan es usar como choferes, mucamas y personal de servicio doméstico a miembros del equipo de seguridad del CJF, así como abusar del uso de vehículos blindados y escoltas para él y su familia.
Incluso, lo acusan de usar los insumos de la Judicatura para eventos privados, pues se llevó a su casa televisores, computadoras e impresoras, dice la acusación.
Netzaí
Algo parecido a Alpízar se le señala a Netzaí Sandoval Ballesteros en el IFDP, aunque en su caso las supuestas presiones no las ejercía sobre los jueces sino con los defensores públicos federales, según dice la denuncia.
Además, le imputan la venta de plazas, el cobro de cuotas, bonos y aguinaldos a varios de los funcionarios que contrató en el instituto.
De acuerdo con el documento, Sandoval presionaba a los defensores y asesores jurídicos para que actuaran conforme a sus intereses en los procesos penales y uno de esos asuntos fue el Caso Wallace.
En dicho proceso, según la denuncia, Sandoval dijo que la línea era conseguir "a costa de lo que sea" la libertad de los presuntos plagiarios y para ello ordenó a los defensores una estrategia legal en la que los acusados alegarían haber sido víctimas de tortura.
Por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, entonces secretario Técnico de Combate a la Tortura del IFDP, exigió a la defensora pública María Dolores Vera implementar esa estrategia, pero ella se negó. Como consecuencia, le levantaron actas administrativas y, para cesarla, le revivieron un proceso de 2005 en el que le imputaron una inadecuada defensa.
Otra línea de investigación es el supuesto enriquecimiento ilícito, pues la denuncia menciona que el hermano de Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública, tiene un penthouse en Santa Fe.
También le acusan de uso indebido del cargo y de las instalaciones del IFDP, porque presuntamente mandó a construir un roofgarden de lujo en una terraza, usando como mano de obra al personal de servicios y mantenimiento del organismo a su cargo.
"Se quedaba con el presupuesto de las fiestas de fin de año y obligaba que los trabajadores pagaran las fiestas", agrega.
El hoy secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Lenia Batres, supuestamente también ordenó a los defensores a promover amparos notoriamente improcedentes con la finalidad de "inflar" su estadística.
"Contrató defensores que no cumplían con el perfil, titular del IFDP contrató a Raúl Amador Quezada, Miguel Ángel Ortega Sánchez, Alma Berenice, Ángela Vera Valdés y María Elena Albores Cordero, que compraron su plaza", dice la denuncia.
"Había una cuota establecida para poder tener una plaza, a veces se pedía una cantidad del sueldo, otras fuertes cantidades de dinero por adelantado, y algunos tenían que entregar bonos y aguinaldos".
El documento indica que, en tiempos de Sandoval, había un convenio del IFDP con el fuero común para representar a sus procesados, pero esos servicios legales no eran gratuitos.
Bonilla
A Edgar Manuel Bonilla del Ángel lo investigan por hechos de corrupción porque, cuando fue su director, aparentemente usó el IFECM para designar síndicos en los concursos mercantiles para que dichos procesos se inclinaran en un sentido u otro.
La incidencia en estos litigios la ejecutaba mediante "promociones insidiosas" e infundiendo "terror" a las partes para lograr convenios que le beneficiaran.
"Presionaron a las empresas que tenía contratos con Pemex para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores", señala la denuncia.
"Cuando la empresa no aceptaba, el Instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa "rebelde", aprovechando sus contactos con instituciones bancarias -como la novia del director que es alta funcionaria de CIBanco- para lograr su cometido".
El documento agrega que Bonilla presionaba a los jueces para que prolongaran el dictado de sus resoluciones o bien se inclinaran a resolver siempre en favor de "intereses corruptos".
Los señalamientos
De acuerdo con la investigación J/108/2024 del CJF, estos son los señalamientos a los jueces y magistrados que fueron denunciados por aceptar las presiones del ex ministro Arturo Zaldívar para dictar sus resoluciones:
-Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Dictó ilegalmente la prisión preventiva a Rosario Robles, sin tener facultades, pues era administrador del Centro de Justicia del Reclusorio Sur y sus funciones eran administrativas, no jurisdiccionales, además de que tenía un conflicto de intereses dada por ser sobrino de Dolores Padierna, integrante de Morena. Dictó la no vinculación a proceso a los abogados que fueron imputados como intermediarios de Julio Scherer.
- Juez de control Iván Aarón Zeferín Hernández. Participó en asuntos como Cruz Azul, la familia Jenkins, el Caso Telra-Infonavit, la Estafa Maestra, "actuando siempre conforme a indicaciones". Giró orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en el que se violó el fuero.
- Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. Resolvió los asuntos de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Genaro García Luna y Segalmex "atendiendo a las instrucciones" de Zaldívar y "como recompensa, se le puso en la lista del presidente para ser magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa".
- Magistrado Fernando Córdova del Valle. Descongeló las cuentas bancarias de Sandra Ávila "La Reina del Pacífico", resolvió como se le indicó los casos Gómez Mont y Segalmex. En Facebook presumía viajes, propiedades, vehículos de lujo Tesla, BMW, Mercedes Benz. Como beneficio lo colocaron en la terna para ser consejero de la Judicatura en 2021.
