Esa noche, 7 de junio de 2021, Mario Zamora, candidato opositor a la gubernatura de Sinaloa, reconoció que el conteo rápido no le favorecía y soltó una frase que debió desatar un escándalo:
“Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que al parecer estaban buscando, regrésenlos por favor, son hombres y mujeres de bien, que solo estaban tratando de hacer su trabajo”.
Se refería a los más de 200 operadores electorales que aquel fin de semana, en las horas previas a la elección, el Cártel de Sinaloa había secuestrado.
No hay persona en Culiacán que no tenga una anécdota sobre aquella jornada. Los operadores fueron sacados de sus casas o levantados en la calle. Se los llevaron hombres encapuchados con armas largas. Les cubrieron el rostro con cinta canela. A muchos de ellos los tablearon: les preguntaron quiénes eran sus jefes, quienes y dónde vivían los que formaban la estructura electoral, dónde estaba el dinero con el que iban a operar. “Dime nombres o no la cuentas”.
Debió ser un escándalo. Pero no hubo institución que se interesara en el caso, no hubo un solo abogado que quisiera interponer la denuncia. Cuando se reunió con los candidatos que querían impugnar la elección, el gobernador Quirino Ordaz les recomendó dar vuelta a la página.
Un mes después, López Obrador, que había declarado que el día de la elección el crimen organizado “se había portado muy bien”, nombró a Quirino embajador en España. Poco más de un mes después, Santiago Nieto, titular de la UIF declaró que no había encontrado nada irregular en el financiamiento de la campaña del gran triunfador de aquella noche: Rubén Rocha Moya.
A través de sus propios acuerdos, Ordaz había dejado solos a los candidatos de su partido desde mucho antes de que se llevara a cabo la elección. En Sinaloa afirman que sí operó, pero que lo hizo a favor de Morena.
El gobierno de Estados Unidos ha revelado que, como pago de favores y a cambio de sobornos, Rocha Moya entregó las principales posiciones de su gobierno al Cártel de Sinaloa. El grupo criminal tuvo el control completo del estado. La ventanilla de trámites era el secretario general de Gobierno, y hoy senador por Morena, Enrique Inzunza. Era el encargado de acordar y acudir a la mayor parte de las reuniones con “los niños malos”.
Era, además, enemigo a muerte del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén, asesinado en la reunión en la que El Mayo Zambada afirma que iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, y en la que el capo fue sometido y entregado al gobierno de Estados Unidos.
Aquel día el Cártel de Sinaloa se partió, o terminó de partirse, y el pacto que Rocha Moya había hecho cuando el grupo criminal “era uno solo” reventó también.
En los más de 600 días de violencia que han transcurrido desde aquel día, se han cometido alrededor de tres mil homicidios, casi cuatro mil personas han desaparecido, cerca de diez mil vehículos han sido robados, unos cinco mil negocios han cerrado y otros 3,500 han sido asaltados. Hay registro de más de 40 mil delitos, 92% de los cuales siguen impunes.
Nada de esto hizo que se le removiera. Por el contrario, se le apoyó y aplaudió una y otra vez. Sin embargo, el hoy gobernador en desgracia había perdido el control de Sinaloa desde el día en que comenzó la narcoguerra: su secretario de seguridad pública, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, cayó cuando la violencia se salió de control.
Omar García Harfuch impuso un nuevo secretario, Óscar Rentería Schazarino, que ignoró a Rocha Moya y hasta su salida del cargo se reportó directamente con el secretario de seguridad pública federal.
Tras la toma de control de García Harfuch, Rocha Moya perdió paulatinamente las posiciones que sostenían los acuerdos con el crimen: la fiscalía, la secretaría de gobierno, la secretaría de finanzas, etc.
Los Mayos se habían convertido en sus enemigos desde que su líder histórico envió la carta en la que contó la manera en que fue traicionado. Cuando a Rocha Moya le fue imposible sostener los acuerdos, y según declaró el mismo, ya no estaba enterado de nada, también Los Chapitos terminaron rompiendo con él. Eso indican reportes de inteligencia del gobierno federal.
Con todo, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum lo sostuvieron, pese a que lo ocurrido el día que el Cártel de Sinaloa se robó la elección, fue documentado ampliamente (véase el valiente reportaje de Ismael Bojórquez en Ríodoce, publicado horas después de la escandalosa jornada electoral). Un reporte de los hechos en al menos seis estados fue entregado a la OEA y la CIDH.
Pero nada bastó y tuvo que venir un terremoto, la información hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que el gobernador, involucrado hasta el cuello con el Cártel de Sinaloa, fuera finalmente apartado.
Demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos por tapar el sol con un dedo, la historia de la primera vez que el narco operó una elección en Sinaloa, ha quedado exhaustivamente registrada. Prometieron hacer Historia, y cumplieron.
La Historia cuenta ahora que el narco jugó en favor de Morena. Que el narco fue el gran operador electoral de Morena y no solo eso: que de la mano de Morena, y en la administración de Rocha Moya, el narco gobernó Sinaloa.
Con informacion: HECTOR DE MAULEON/ELUNIVERSAL+/
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