En Coahuila, donde la memoria política suele ser corta pero los expedientes largos, Morena y el PT decidieron apostar por la amnesia selectiva: registraron para la reelección al diputado local Antonio “Tony” Flores Guerra, personaje mejor conocido por dos credenciales públicas: una orden de aprehensión en Texas por abuso sexual (vigente desde abril de 2010) y una afición nada discreta por los lujos, cortesía del erario indirecto.
Sí, ese mismo “Lord Lamborghini” que en 2024 paseó un deportivo color guinda de 7.5 millones de pesos por las calles de Múzquiz, como si la austeridad republicana fuera un chiste interno. El mismo que hoy pretende repetir en el Distrito 06, bajo las siglas de quienes dicen combatir los excesos… mientras postulan a quien los presume.
De contratos públicos a fama viral
La fortuna del diputado no brotó de la nada ni de la inspiración empresarial. Entre 2020 y 2024, sus empresas fueron beneficiadas con contratos de la CFE —entonces dirigida por Manuel Bartlett— por más de 6 mil millones de pesos para la compra de carbón. Un negocio redondo: energía pública, ganancias privadas y opacidad estructural.
El resultado: un político regional con músculo económico, visibilidad mediática y un gusto particular por convertir el poder en exhibición.
Acusaciones que no prescriben en lo público
La bomba que incomoda la campaña y que le podria terminar en una solicitud de extradición ,no vino de la oposición tradicional, sino de Mónica Escalera (MC), quien hizo pública la orden de aprehensión en Texas. No es un señalamiento menor ni reciente: data de 2010 y, aunque no ha impedido su carrera política en México, sí plantea preguntas elementales sobre filtros, complicidades y estándares éticos.
Escalera no es una crítica neutral: en 2024 fue brutalmente agredida en Múzquiz, ataque del que responsabilizó directamente a Tony Flores y a su hermana, la exalcaldesa Tania Flores. Es decir, el conflicto no es solo político; también es personal y violento.
Campaña exprés, memoria selectiva
Como si nada de esto pesara, “Tony” tiene programado arrancar campaña a las 23:30 en la plaza principal de Múzquiz, minutos antes del banderazo oficial. El timing es perfecto: suficiente ruido, poca reflexión.
Mientras tanto, el Instituto Electoral de Coahuila validará candidaturas en un contexto donde la legalidad formal suele ir varios pasos detrás de la legitimidad pública.
El contexto: una elección con cuentas pendientes
La elección del 7 de junio no ocurre en el vacío. Tras el fracaso de Morena-PT en 2023 para arrebatar la gubernatura al PRI, ahora buscan disputar el Congreso local, todavía bajo control del tricolor y sus aliados. En ese tablero, postular a un candidato con señalamientos graves no parece un error: parece una apuesta calculada donde el costo reputacional se considera menor que el beneficio electoral.
El Partido Verde, por cierto, decidió competir solo. Quizá por estrategia… o por no cargar con ciertas maletas.
El resumen incómodo
- Diputado en funciones que busca reelegirse.
- Orden de aprehensión en Texas por abuso sexual desde 2010.
- Señalamientos de violencia política y personal en su entorno local.
- Fortuna ligada a contratos públicos por más de 6 mil millones con la CFE.
- Símbolo ambulante de la contradicción entre discurso de austeridad y práctica de lujo.
En Coahuila, la boleta no solo mide preferencias electorales: también revela hasta qué punto el sistema político está dispuesto a normalizar lo que en cualquier democracia funcional sería, por lo menos, un escándalo inhabilitante.
Con informacion: ELNORTE/
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