La mas reciente editorial de Ernestina Godoy , fiscal de la Republica (FGR) ,no es un diagnóstico del sistema de procuración de justicia; es, más bien, un ejercicio de blindaje discursivo. Bajo una retórica cargada de solemnidad —“momento histórico”, “visión de Estado”, “justicia social”— se despliega un lenguaje que no informa ni rinde cuentas, sino que encapsula la realidad en una narrativa autocontenida donde la institución se declara a sí misma legítima.
El primer indicio de sesgo aparece en la apropiación del concepto de “derecho” como eje de transformación. No se trata aquí del derecho como límite al poder, sino del derecho como instrumento del poder. La fiscal invoca la ley no como contrapeso, sino como legitimador de una agenda política que se presenta como incuestionable: soberanía, bienestar, interés general.
El problema es evidente: cuando el Estado se erige como intérprete exclusivo de esos valores, la legalidad deja de ser garantía y se convierte en coartada.
La pieza insiste en que la FGR “no da respuestas políticas”. Sin embargo, todo el texto es, en sí mismo, una respuesta política. La negación funciona como mecanismo clásico de propaganda: afirmar la neutralidad para desactivar el escrutinio.
En un país donde los casos emblemáticos —corrupción de alto nivel, vínculos entre autoridades y crimen organizado, militarización de la seguridad— arrastran años sin resolverse o se judicializan selectivamente, la supuesta asepsia institucional no es un hecho verificable, sino una declaración performativa.
El concepto de “legitimidad” se repite como mantra, pero nunca se somete a prueba empírica. Se nos dice que la legitimidad “se construye todos los días”, sin mencionar indicadores concretos: tasas de judicialización, sentencias condenatorias, independencia pericial, o control judicial de las actuaciones ministeriales. La omisión no es menor. En ausencia de métricas, la legitimidad deja de ser un resultado y se vuelve una narrativa autorreferencial.
Más aún, la promesa de “cero impunidad” es presentada como horizonte técnico —mejores investigaciones, carpetas sólidas, análisis de redes— cuando en realidad es un eslogan político. En México, la impunidad no es un fallo metodológico, sino estructural: redes de protección política, captura institucional, incentivos perversos en ministerios públicos y fiscalías. Sin abordar estos factores, la “cero impunidad” no es política pública, es branding.
El texto también recurre a una estrategia de desplazamiento: reconoce la exigencia social de verdad y justicia, pero la reconfigura como un problema de percepción (“coyuntura promovida para la opinión pública”) en lugar de admitir déficits reales. Así, la crítica ciudadana se diluye en una insinuación de presión mediática, mientras la institución se coloca como víctima de expectativas externas, no como responsable de resultados.
Particularmente reveladora es la afirmación de que “no habrá persecución política contra nadie, pero tampoco habrá impunidad”. La frase busca ocupar ambos extremos del espectro moral sin resolver la tensión entre ellos.
En contextos donde la selectividad penal ha sido documentada —casos que avanzan con celeridad frente a otros que se congelan— esta declaración funciona más como escudo retórico que como garantía institucional.
Finalmente, la editorial apela a la soberanía como argumento de cierre. Este recurso, recurrente en discursos oficiales, opera como una “capa que todo tapa”: invocar la nación para desactivar críticas concretas. Bajo ese paraguas, cualquier cuestionamiento puede ser reinterpretado como ataque externo o deslealtad interna, desplazando el foco desde la rendición de cuentas hacia la defensa simbólica del Estado.
En síntesis, el texto de la fiscal no describe un sistema que rinde cuentas, sino uno que se narra a sí mismo como virtuoso. La distancia entre discurso y realidad no se resuelve con declaraciones de principios, sino con evidencia verificable: investigaciones independientes, procesos transparentes y resultados medibles. Mientras eso no ocurra, la “legitimidad” seguirá siendo una construcción retórica y la “cero impunidad”, una promesa que encubre —más que combate— la persistencia de la impunidad.
Con informacion: ELUNIVERSAL+/ERNESTNA GODOY
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