En Culiacán, la estrategia militarizada no pacificó nada: apenas maquilló el desastre mientras la guerra se mudaba de esquina. La emblemática Avenida Álvaro Obregón —antes vitrina de prosperidad— hoy es un catálogo de persianas abajo, letreros de “Se renta” y “En venta”, y silencios incómodos que empiezan a caer desde las ocho de la noche, cuando la ciudad se repliega como si obedeciera un toque de queda no declarado.
La postal es brutal: jeeps artillados patrullan lo que ya no queda, soldados vigilando una economía que se desangra. Porque sí, hay botas en la calle, pero también más de 200 locales cerrados en lo que va del año y cerca de 2 mil 500 negocios que han bajado la cortina desde que la captura de “El Mayo” Zambada desató la guerra interna entre “Chapitos” y “Mayiza”. La militarización, vendida como solución, terminó siendo escenografía: mucho uniforme, poca gobernabilidad.
El argumento oficial —ese de “recuperar territorios”— se estrella contra la realidad: el territorio no se recupera cuando la gente deja de salir, cuando el comercio se vuelve inviable y cuando el miedo dicta horarios. La seguridad no es la ausencia de balas a ciertas horas, sino la presencia constante de vida. Y en Culiacán, la vida económica se está extinguiendo a la vista de todos.
Como si faltara gasolina al incendio, la crisis política terminó de dinamitar la confianza. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, se aparta del cargo bajo la sombra de acusaciones de narcotráfico ventiladas desde tribunales estadounidenses.
No es un detalle menor: es la confirmación de lo que durante años se ha susurrado y negado. La sospecha de un “narco-gobierno” ya no es consigna opositora; es un riesgo financiero reconocido por Standard & Poor’s, que puso a Sinaloa en revisión negativa. Traducido: menos crédito, más incertidumbre, y una economía aún más asfixiada.
El diagnóstico es claro aunque incómodo: cuando el poder político está bajo sospecha y el poder criminal fragmentado entra en guerra, la militarización no corrige la raíz del problema. Apenas contiene, desplaza, administra el caos. Y mientras tanto, el costo lo pagan los comerciantes que no venden, los trabajadores que pierden ingresos y los ciudadanos que reorganizan su vida alrededor del miedo.
Porque la violencia no se fue; se volvió rutina. Siete asesinatos en un día, ataques coordinados en viviendas, balaceras en zonas comerciales. La normalización de lo excepcional. El país de los operativos permanentes donde la excepción se volvió política pública.
Culiacán hoy es la evidencia más incómoda del fracaso: ni la fuerza armada logró pacificar, ni la política logró gobernar, ni la economía resistió el embate. Y entre discursos de “estrategias integrales” y “coordinación institucional”, la ciudad sigue llenándose de letreros de renta… como si también estuviera desalojando la esperanza.
Con informacion: ELNORTE/
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