El Gobierno federal sabía desde 2019 que la Familia Michoacana controla Texcaltitlán, Estado de México (Edomex). En 2020 las autoridades del Estado reconocieron por escrito que este grupo delictivo manda en 32 municipios de la zona sur.
Profesor de El Colegio de México, donde coordina el Seminario sobre Violencia y Paz. Profesor visitante de la Universidad de Harvard. Autor de docenas de libros y artículos académicos. Escribe en medios impresos desde 1971. Panelista de Primer Plano (Canal 11). Ha presidido y participado en diferentes organismos civiles.
El 11 de diciembre pasado Carlos Loret de Mola utilizó uno de los documentos hackeados a la Sedena para demostrar la debilidad extrema de la Policía Municipal de Texcaltitlán. Una colega académica me facilitó una copia de ese estudio. Es de agosto de 2019 y en sus 71 páginas detalla la presencia criminal en el Edomex.
Cuando describen lo que sucede en Texcaltitlán y la región que lo rodea, los militares aceptan que el principal problema es la "presencia de la organización Familia Michoacana".
"Ellos cobran cuota a los ejidales que trabajan en minas", extorsionan a "los aserraderos y los negocios en Texcaltitlán" y cuando "se niegan a pagar, los secuestran o los ejecutan".
La misma académica me permitió revisar tres estudios de 2020 elaborados por la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Dos son de enero y febrero y tienen 35 páginas donde se detallan los nombres, apodos, caras, direcciones, número de CURP, teléfonos, parejas sentimentales, fotos de sus vehículos, casas y armamentos de los jefes, subjefes, comandantes y sicarios del grupo delictivo.
El tercer documento es un "Panorama Delictivo" de julio de 2020 elaborado por la Fiscalía estatal. Sus 42 páginas están repletas de información.
En su página 31 viene un mapa del Edomex donde deslumbra el manchón de rojo sangre que utilizan apropiadamente para resaltar los 32 municipios del sur de la entidad controlados por la Familia Michoacana. Se dedican -precisan- a la "trata de personas con fines de explotación laboral", a la "explotación ilegal de minas" y al "acaparamiento de mercado", lo que provoca el "encarecimiento de bienes y servicios". También siembran "marihuana y amapola" que trafican y venden, elaboran "drogas sintéticas", secuestran, extorsionan, lavan dinero y matan.
En síntesis, los gobernantes federales de Morena y los estatales del PRI siempre han sabido lo que pasa en esa región, pero han sido incapaces de armar una estrategia para frenar el incontenible avance de la "maña".
El miércoles 13 de diciembre, la periodista sonorense Reyna Haydee Ramírez tomó el caso de la rebelión de los pobladores de Texcaltitlán para acorralar al Presidente durante 49 minutos de la mañanera. En la versión estenográfica se constata la oquedad de frases repetidas en miles de ocasiones. La prosa, arcaica y desgastada, se hace trizas cuando choca con la crudeza de los informes oficiales y con las preguntas lanzadas por la integrante de la Alianza de Medios MX.
La cronista le suelta: "¿Usted tiene conocimiento de que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia?"... "No, no", interrumpe el gobernante. La norteña agrega: son "como autoridades judiciales"... "No, no, fíjate que no, y a mí la gente me dice todo, pero ésas son invenciones", responde López Obrador. La reportera cierra su alegato con un lacónico: "No son invenciones, Presidente".
En efecto, no lo son: en agosto de 2019 la Sedena reconoció en el documento citado que los criminales "controlan el impuesto y la justicia criminal en la zona".
Raúl Zepeda Gil, quien estudió en El Colegio de México y actualmente enseña en la Universidad de Oxford, es oriundo de esa región sobre la cual ha investigado y escrito. Me confirma por correo electrónico que las autoridades y la sociedad "sabían que los criminales operaban en todo el sur del Edomex".
En su tesis de maestría, "Violencia en Tierra Caliente", Zepeda Gil documenta las estrategias seguidas por los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El primero construyó un cuartel en Tejupilco en 2010; el segundo inauguró en 2013 una Base de Operaciones Mixtas en Luvianos. Ni los edificios ni los uniformados supieron cómo frenar la expansión criminal.
Los cuarteles tienen sentido cuando forman parte de una estrategia integral de largo plazo que involucra a Gobierno y sociedad. Como no la hay, el Presidente imita a sus dos predecesores y, para demostrar que se "está ocupando", construirá en Texcaltitlán ¡otro cuartel! Buena parte de los pobladores dan su opinión abandonando el poblado.
Estado ausente y crimen presente.
***Colaboró Jorge Araujo.
