La resolución del Caso Ayotzinapa se le está complicando al gobierno de la Cuarta Transformación y, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo que se supondría sería la revelación de una “verdad verdadera” que contrastara con la llamada “verdad histórica”, sobre cómo desaparecieron los 43 normalistas, se volvió una pesadilla que trae confrontado a medio gabinete y crispados a los altos mandos militares.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acabó por inculpar en su investigación a docenas de militares contra quienes se giraron órdenes de aprehensión que acabaron en el cesto de la basura, porque la fiscalía de Alejandro Gertz Manero las desestimó, desacreditando el trabajo de tres años y abriendo una enorme grieta en la confianza pública que será difícil de cerrar.
El rostro del presidente López Obrador luce preocupado, desencajado,
y en sus palabras, se admite una realidad: en el Caso Ayotzinapa hay demasiados intereses en juego.
“Ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, vamos a continuar haciendo justicia… como es natural, hay muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió y que tampoco quieren que se castigue a los responsables”.
Los intereses más afectados son los de aquellos que se ofendieron
cuando la periodista Peniley Ramírez filtró los documentos testados -es decir, sujetos a cumplir la investigación- y en los que se revelaban conversaciones de WhatsApp que no dejan duda de que altos mandos militares, no solo se comunicaban con células de “Guerreros Unidos”, sino que incluso participaron en la orden para desaparecer a algunos de los normalistas.
Y esas investigaciones acabarán por exhibir a otro grupo, la de “Guerreros Olivos”, un puñado de militares, todos con raíces en el estado de Guerrero, que pasaron por el 27 Batallón y el 35 Batallón con sedes en Iguala y Chilpancingo, comenzando por el general Salvador Cienfuegos.
Quien fuera Secretario de la Defensa en los días del Caso Ayotzinapa y que cuenta en su trayectoria su paso como jefe de la Novena Región Militar, con sede en Guerrero, siempre negó la participación de los uniformados verde olivo en la desaparición de los normalistas.
“¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Primero, no teníamos gente; segundo, no teníamos por qué haber intervenido”.
La realidad, empero, se encargó de desmentirlo. Las evidencias apuntan a que los militares no solo conocieron de los hechos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, sino que sostuvieron comunicaciones con quienes secuestraron a los normalistas e incluso habrían participado en la desaparición de algunos de ellos.
Las investigaciones apuntan al General José Rodríguez Pérez, quien al ocurrir los hechos era el Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, hasta cuyos cuarteles habrían sido trasladados algunos cuerpos que ya no volvieron a aparecer.
De acuerdo a las últimas investigaciones, existirían comunicaciones entre un personaje apodado “El Negro”, quien habría aceptado la petición del Coronel -Rodríguez Pérez- de que Guerreros Unidos serían los responsables de la desaparición de los normalistas.
Sin embargo, el subsecretario Alejandro Encinas fue contundente en su reporte al presumir que “seis de los estudiantes que se mantuvieron con vida hasta cuatro días después del 27 de septiembre, habrían sido ultimados y desaparecidos por órdenes de El Coronel”.
Curiosidad o coincidencia, aquel Coronel fue ascendido en 2015 a General Brigadier por el mismo general Cienfuegos, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Es el mismo General Brigadier quien desde el pasado 14 de septiembre fue detenido y enviado a la prisión del Campo Militar Número Uno, acusado de ser uno de los ejes en la desaparición de los normalistas.
Otro caso para “Guerreros Olivos” es el del General Alejandro Saavedra Hernández, quien también fue Comandante de la Novena Región Militar con sede en Guerrero y Comandante de la 35va. Zona Militar con sede en Chilpancingo.
Las investigaciones, dadas a conocer por el subsecretario Encinas, ubican al General Saavedra Hernández como el militar de mayor rango al que se le presume el involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas.
Curiosamente, al igual que sucedió con el general Rodríguez Pérez, el General Saavedra Hernández fue promovido en 2015 a Jefe de Estrategia y Seguridad en Guerrero; un año después a Inspector y Contralor del Ejército y la Fuerza Aérea y en 2017, antes de concluir el sexenio peñista, es instalado como Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa.
Para el General Cienfuegos, su promotor, el General Saavedra Hernández era el favorito para ocupar la Secretaría de la Defensa en el gobierno de la Cuarta Transformación. No pasó el filtro de los estándares presidenciales y debió conformarse con ser el jefe del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Todos ellos -Cienfuegos, Rodríguez Pérez y Saavedra Hernández- tienen un común denominador: fueron jefes militares en Guerrero, conocieron de la integración del llamado Cartel de la Heroína y son señalados como factores de decisión en aquella trágica noche para los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por eso insistimos en que, frente a los señalamientos contra el grupo criminal “Guerreros Unidos”, hay que ponerle lupa a los “Guerreros Olivos”.
El presidente López Obrador está atrapado, hoy, en una descomunal disputa que vuelve a colocar al fiscal Gertz Manero en el epicentro del gran conflicto.
¿Imperará la investigación del subsecretario Alejandro Encinas, incluidas sus hoy desacreditadas órdenes de aprehensión contra altos militares, o el fiscal Gertz Manero será de nuevo un fiel de la balanza para echarle tierra a la presunta “verdad verdadera” del Caso Ayotzinapa, la promesa número uno en campaña del candidato López Obrador?.
