Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Fue producido en colaboración con Type Investigations. Esta es la cuarta parte de la serie Follow the Money.
En el primer año de la administración Trump, uno de los abogados litigantes más prominentes y extravagantes de Houston ideó una estrategia de litigio inusual con el potencial de recaudar decenas de millones de dólares. Se basó en una serie de escándalos que se desarrollaron en México, una nación independiente que normalmente está fuera del alcance de cualquier autoridad de la corte civil de Estados Unidos.
Tony Buzbee, un infante de marina que habla con dureza y veterano de la primera Guerra del Golfo, es un abogado de alto nivel que vive en el piso 73 de un rascacielos de Houston con una vista panorámica de la ciudad más grande de Texas. Es impetuoso y ambicioso. A través de su práctica de derecho marítimo, tiene experiencia en el manejo de casos internacionales complejos, que pueden involucrar enredos con corporaciones multinacionales con subsidiarias y cuentas extraterritoriales ocultas. También representó a asociaciones pesqueras mexicanas y a miles de otros clientes en demandas estadounidenses contra BP después del desastre de Deepwater Horizon y el derrame masivo de petróleo en 2010. Entonces, cuando el recién elegido gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, un estado rico en petróleo en el Golfo de México, comenzó una campaña para responsabilizar a su predecesor por la supuesta malversación de 3 mil millones de dólares (aproximadamente 60 mil millones de pesos), tenía sentido que se conectara con Buzbee en 2017 sobre activos que podrían haber estado ocultos en Houston.
Este era el plan: el exgobernador Javier Duarte de Ochoa ya estaba detenido por algunos de sus presuntos delitos en México, por lo que Buzbee presentaría demandas en Texas contra propietarios, en su mayoría personas y sociedades de responsabilidad limitada, acusados de lavar dinero para Duarte en Estados Unidos. Según la ley de Texas, las víctimas de robo y fraude pueden demandar para recuperar sus pérdidas. Luego, Buzbee le pediría a un juez que transfiriera los títulos de los bienes inmuebles en cuestión, en su mayoría casas en el área de Houston, al estado de Veracruz. Luego se vendería la propiedad, reembolsando a los contribuyentes de Veracruz. Como abogado litigante experimentado con habilidades de investigación, Buzbee, por supuesto, recibiría una parte por sus servicios, que no reveló, pero que generalmente es entre el 30% y el 40% de la cantidad recuperada. Parecía bastante fácil.
“Simplemente usted muestra que el funcionario tomó el dinero, y ahora hay un activo a nombre de (un pariente) en The Woodlands”, dijo Buzbee en una entrevista en enero de 2021. “Es un caso mucho más simple que tratar de exponer todos los tratos en México que no son de mi incumbencia”.
En 2018, Buzbee presentó siete demandas en los tribunales de distrito del condado de Harris contra una serie de sociedades de responsabilidad limitada y empresarios de Veracruz que vivían en los suburbios de Houston. Esas empresas e individuos poseen docenas de propiedades. Alegó que una casa comprada por la cuñada de Duarte, una membresía de club de golf y al menos docenas de otras propiedades inmobiliarias, incluida una lista que proporcionó de 30 casas, lotes baldíos y un edificio comercial propiedad principalmente de individuos y sus compañías de inversión inmobiliaria, fueron compradas con dinero robado de Veracruz.
Casi al mismo tiempo, la firma de Buzbee presentó una demanda similar en Miami, enfocada en 41 propiedades más. Otros estados y otros abogados se sumaron a la acción. En septiembre de 2021, el gobierno federal de México contrató a un abogado privado para presentar una demanda en un tribunal estatal de Florida contra un exsecretario de Seguridad Pública y cerca de 50 empresarios y empresas con denuncias similares a las que hizo Buzbee en nombre de Veracruz.
Es una estrategia audaz, pero que tradicionalmente ha estado en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la ley federal y el tratado internacional, si México puede demostrar que es víctima de fraude y robo, puede solicitar al gobierno de Estados Unidos que devuelva los fondos incautados en el curso de las investigaciones de cleptocracia del Departamento de Justicia.
Durante años, los funcionarios del Departamento de Justicia han usado su autoridad para ayudar a recuperar miles de millones de dólares que, según dijeron, fueron robados por dictadores y cleptócratas en el extranjero y luego escondidos en Texas y otras partes de Estados Unidos. Si ese dinero se invirtió en EU, o incluso pasó a través del sistema financiero estadounidense en su camino hacia una cuenta bancaria en el extranjero, la ley federal permite a los fiscales presentar lo que se denomina una demanda por confiscación de activos. Los fiscales pueden pedirle a un juez que, a nombre de Estados Unidos, congele cuentas que contengan dinero robado o incautar activos comprados con fondos robados (en otros países). Ni siquiera tienen que presentar cargos penales.
Entre 2012 y 2018, los fiscales federales que trabajaban en el sur y el oeste de Texas presentaron demandas por decomiso de activos contra bienes raíces, aviones, vehículos y cuentas bancarias por valor de decenas de millones de dólares que, según dijeron, fueron comprados con fondos robados por exfuncionarios públicos de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Tabasco y Tamaulipas. Pero no está claro si los funcionarios estadounidenses devolvieron parte del dinero que recuperaron de casos anteriores de lavado de dinero que fue robado a los contribuyentes mexicanos.
Y, sin embargo, los federales parecían haber abandonado estos esfuerzos en 2018 bajo la administración del presidente Donald Trump. Todavía no está claro si las autoridades estadounidenses, ahora bajo la presidencia de Joseph Biden, alguna vez tuvieron la intención de enjuiciar a Duarte, el exgobernador de Veracruz, o incautar activos relacionados con él en Estados Unidos. Después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México en diciembre de 2018, los dos países iniciaron conversaciones sobre cómo desarrollar una estrategia integral para combatir el lavado de dinero. Pero esas discusiones parecen no haber ido a ninguna parte.
“Hay tanta impunidad que algunos funcionarios del gobierno mexicano han comenzado a pensar que aprovecharse de su poder (para lavar dinero) es parte del privilegio de un cargo político”, dijo Rodrigo Montes de Oca, investigador académico del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker, quien participó en conversaciones binacionales sobre recuperación de activos y lleva años estudiando estos temas.
“Y me parece que los bienes raíces son la mejor manera de esconder dinero debajo de las narices de todos, especialmente en Texas”, agregó.
Para Buzbee y otros abogados litigantes que intentaron una estrategia similar, el momento para entablar demandas civiles por lavado de dinero debería haber sido perfecto, dada la falta de más acciones del gobierno de EU para rastrear a los cleptócratas mexicanos en 2018. Sin embargo, incluso cuando Buzbee habló con Texas Observer en enero de 2021, estaba viendo lo difícil que sería navegar por un esfuerzo de reposición internacional.
“Nos dimos cuenta de que esto va a ser mucho más difícil de lo que pensábamos”, dijo Buzbee. “Tienes que probar que el funcionario que vive en esta casa es el único accionista de la empresa propietaria de esta casa. Tenemos que demostrar que a pesar de que ganaba $1,200 al mes, no hay forma de que pudiera haber comprado una casa de $1 millón en EU. Tienes que demostrar que el dinero fue robado. Tienes que conseguir registros bancarios. Obtener registros bancarios es increíblemente difícil. El banco te pelea con uñas y dientes… Lo siguiente que sabes es que tienes ocho casos en apelación”.
Ha sido descrito como el más audaz caso de robo oficial jamás realizado en la historia de México: el saqueo sistemático de hasta 3 mil millones de dólares (60 mil millones de pesos aproximadamente) de las arcas de Veracruz por parte del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, cuyo mandato de 2010 a 2016 en el estado productor de petróleo con una población de más de 8 millones también incluyó un gran aumento en las desapariciones forzadas y una serie de ataques letales contra periodistas.
Para llevar a cabo esos robos, Duarte y sus aliados supuestamente crearon una red de empresas fantasma para desviar fondos de al menos 10 agencias gubernamentales diferentes, según un informe de investigación publicado por primera vez en 2016 por dos organizaciones mexicanas:
Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Si bien las acusaciones en las demandas de Buzbee se centran en la malversación y el robo de fondos públicos, Veracruz ha sido perseguido durante años por un tipo diferente de corrupción. Los puertos del Golfo del estado —la ciudad de Veracruz alberga el puerto más grande de la costa este de México— son importantes puntos de entrada para la cocaína sudamericana que los cárteles mexicanos de la droga introducen de contrabando en Estados Unidos. A principios de la década de 2000, Los Zetas, un cártel dirigido por ex soldados del Ejército mexicano que inicialmente trabajaron para el Cártel del Golfo en los estados a lo largo de la frontera con Texas, avanzaron hacia el sur, hacia Veracruz. Las bandas criminales como Los Zetas, que desde entonces se han dividido en facciones competidoras, han desarrollado otras fuentes de ingresos, incluido el robo de productos derivados del petróleo, la trata de personas y el fraude en obras públicas.
El estado vio aumentar su tasa de homicidios de nueve homicidios por cada 100 mil habitantes en 2009 a un pico de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2017. Veracruz reportó mil 145 homicidios el año pasado o alrededor de 14.1 por cada 100 mil habitantes. (Texas, en comparación, tiene una tasa de homicidios de 7.6 por cada 100 mil habitantes.) De las casi 5 mil personas desaparecidas en el estado desde 2006, 3 mil 662 seguían desaparecidas hasta febrero, según el gobierno federal mexicano.
Duarte, un exlegislador de Veracruz afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, pidió licencia antes de que terminara su mandato en 2016 y se fugó a raíz de la publicidad nacional sobre su presunta malversación de fondos. Pero, en abril de 2017, Duarte
fue arrestado y luego extraditado a México desde Guatemala, donde se había estado escondiendo en un hotel turístico junto al lago. Bajo una intensa presión pública, el gobierno federal controlado por el PRI y sus sucesores en Veracruz persiguieron al exgobernador. Posteriormente fue condenado por lavado de dinero y asociación ilegal con delincuentes en México y
sentenciado a nueve años de prisión.
Pero queda un misterio mayor: ¿A dónde fueron a parar los miles de millones que Duarte supuestamente robó de la Comisión de Agua de su estado y otras entidades importantes dedicadas a la salud pública y el bienestar social?
En medio de la protesta pública y la atención de la prensa, la Procuraduría General de México congeló cuentas bancarias y confiscó un rancho extenso en una zona boscosa al oeste de la Ciudad de México que estaba llena de arte, incluidas 17 pinturas que se cree que son de los maestros mexicanos David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo y el surrealista español Joan Miró y una caja fuerte llena de dinero en efectivo. También confiscó docenas de otras propiedades, incluidos condominios en el suburbio costero de Boca del Río. Las incautaciones altamente publicitadas fueron anunciadas como una posición histórica contra el lavado de dinero.
La atención de los mexicanos se dirigió rápidamente a Houston, donde el exgobernador Duarte había sido fotografiado codeándose con millonarios mexicanos adinerados en un club de golf en The Woodlands, una comunidad planificada de lujo cerca del Aeropuerto Intercontinental de Houston que se hizo popular entre los empresarios expatriados a mediados de la década del 2000, en una época en que la violencia aumentaba en México y su gobierno desplegaba tropas en algunos estados. A través de amigos, Duarte aparentemente obtuvo una membresía en un club de golf, según la fotografía publicada y los registros judiciales. Los registros de impuestos públicos de 2017 revelaron que la cuñada del gobernador había comprado una minimansión en expansión en el área de Tomball.
Al menos otros dos exfuncionarios del gobierno de Veracruz y otros amigos de Duarte poseían docenas de propiedades adicionales en The Woodlands y en comunidades adyacentes bajo varios nombres corporativos, algunas de las cuales aparentemente fueron compradas en efectivo, según registros judiciales y catastrales. Los detalles pronto aparecieron en todas las principales revistas y periódicos de México y aparecieron en reportajes de la televisión nacional.
El sucesor de Duarte, el gobernador Miguel Ángel Yunes, militante del PRI por muchas décadas antes de afiliarse al Partido Acción Nacional (PAN), comenzó a realizar conferencias de prensa y filmar videos llenos de denuncias sobre las actividades de Duarte en Estados Unidos. Yunes afirmó en repetidas ocasiones que Duarte y su esposa, Karime Macias Tubilla, habían exportado la mayor parte de los fondos robados del estado utilizando múltiples testaferros para comprar propiedades en los suburbios de lujo de Houston, acusaciones que luego se convirtieron en parte de las demandas civiles de Buzbee.
Durante su mandato de dos años, de 2016 a 2018, Yunes viajó personalmente primero a Houston y, luego, a Londres, luego de que la esposa y los hijos de Duarte se mudaron allí. Durante una visita a Texas, Yunes, un hombre fotogénico de frente alta y el porte confiado de un político de carrera, filmó sus denuncias de lavado de dinero mientras recorría casas y negocios que figuraban en los registros de escrituras del condado de Harris y del condado de Montgomery como pertenecientes a otros ciudadanos privados o corporaciones, no al propio Duarte. Yunes publicó videos en YouTube de lugares que, según él, habían sido comprados por prestanombres para ayudar a ocultar el dinero sucio de Duarte.
“Hoy es un gran día para los veracruzanos, y también para mí”, dijo en
un clip que mostraba una minimansión de ladrillo de dos pisos en una calle sin salida en lo que llamó “Los Woodlands”. “Porque hemos luchado con todo para recuperar propiedades para Veracruz”.
En mayo de 2018, luego de que Buzbee presentara una demanda en Florida en busca de activos adicionales, el propio Yunes hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en la capital veracruzana de Xalapa.
Pero Yunes, cuyo partido perdió la gubernatura a fines de 2018, ha sido criticado por mezclar la política con persecuciones judiciales y por usar métodos éticamente cuestionables para recuperar fondos estatales, incluida una acusación de que intentó extorsionar a una de la familias de Veracruz acusadas de lavado de dinero en demandas de Buzbee en Houston, según registros judiciales.
La decisión de Veracruz y otros funcionarios estatales mexicanos de reclutar a Tony Buzbee para ayudar a recuperar fondos malversados escondidos en Estados Unidos se desvió del camino habitual que usan los funcionarios de gobiernos extranjeros para recuperar el dinero robado. Por lo general, emplean canales diplomáticos, se basan en mecanismos utilizados para detectar empresas deshonestas y cuentas bancarias sospechosas ideadas por el Departamento del Tesoro de EU y, finalmente, buscan la acción de los fiscales del Departamento de Justicia.
Según los documentos obtenidos de un abogado cuyos clientes se encontraban entre los objetivos de las demandas de Buzbee, el fiscal general de México escribió al Departamento de Justicia de EU en noviembre de 2017 para pedirle al gobierno de ese país que confiscara 32 propiedades. Un funcionario estadounidense respondió que una orden de incautación de la propiedad “no cumple con los requisitos legales de EU que permitirían una incautación”. (Un portavoz del Departamento de Justicia no hizo comentarios sobre las cartas para esta historia.)
En lugar de convencer al Departamento de Justicia para que actuara, Yunes y otros funcionarios de Veracruz pasaron por encima tanto de su propio gobierno federal como de las autoridades federales para contratar a un abogado texano para recuperar los bienes que, alegaban, Duarte se había robado.
Los registros judiciales muestran que Buzbee y su equipo tuvieron acceso a la propia investigación criminal de Veracruz. Pero incluso los abogados litigantes adinerados y poderosos como Buzbee carecen del poder y los recursos de un fiscal federal de EU para citar registros o pedir órdenes de allanamiento antes de confiscar activos.
Buzbee también se reunió con Ryan Patrick, quien se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Sur de Texas con sede en Houston bajo la administración Trump. Pero, en una entrevista, Patrick dijo que no podía comentar sobre ningún aspecto de la revisión del gobierno de las acusaciones de lavado de dinero contra Javier Duarte o cualquier otra persona asociada con el exgobernador de Veracruz.
Sin la ayuda del Departamento de Justicia, Buzbee tuvo que usar demandas civiles y pruebas ordenadas por un tribunal para obtener las pruebas necesarias para convencer a un tribunal de que las propiedades estadounidenses se habían comprado con fondos robados y luego pedirles a los jueces que les entregaran activos o cuentas bancarias. Al hacerlo, Buzbee empleó una estrategia de litigio dispersa que esencialmente tiró todo por la borda.
“Terminas demandando a todas las personas asociadas con el presunto funcionario corrupto, a todas las entidades en las que están involucradas esas personas”, dijo en la entrevista de enero de 2021. “Revisas los registros del secretario de Estado. Terminas encontrando a mucha gente enojada”.
Pero los abogados de algunas personas a las que demandó afirman que la estrategia de Buzbee apuntó erróneamente a varios empresarios de Veracruz en el área de Houston, que ha sido un refugio para las personas que huyen de la violencia de la guerra contra las drogas en México, como culpables por asociación. Dennis Sánchez, un abogado que representa a un cliente que contrademandó al estado de Veracruz, describió la estrategia indiscriminada de Buzbee y del estado como: “Vamos a demandar a todos los mexicanos ricos que podamos encontrar. Esos tipos que hicieron algo mal llegarán a un arreglo”.
Arturo Bermúdez Zurita, exfuncionario de Veracruz, fue una de las muchas personas a las que Buzbee acusó de lavar dinero para Duarte en Texas, según demandas interrelacionadas presentadas en el condado de Harris en 2018.
En México, Bermúdez Zurita, un burócrata de carrera que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Duarte como gobernador, ha sido acusado por las autoridades estatales y por grupos de derechos humanos de estar involucrado en desapariciones forzadas como el “hombre fuerte” de Duarte, según El Universal y otros medios de prensa. Durante el tiempo que ambos ocuparon el cargo, la deuda pública de Veracruz y las tasas de secuestro aumentaron rápidamente. El estado se convirtió en uno de los más peligrosos para los reporteros, según el Comité para la Protección de los Periodistas, que registró 17 asesinatos de periodistas durante el mandato de Duarte.
Durante su tiempo en la oficina pública, Bermúdez Zurita y su esposa Sofía Mendoza Hernández invirtieron en al menos cinco propiedades: casas en suburbios y oficinas en corredores frondosos y arbolados en los condados de Harris y Montgomery. En 2016, Bermúdez Zurita renunció después de que el medio nacional de noticias de México Aristegui Noticias reveló que él y su esposa habían acumulado propiedades en Texas por un valor aproximado de 2.4 millones de dólares, mucho más de lo que podía pagar con su salario del gobierno.
En febrero de 2018, Bermúdez Zurita ocupaba el puesto más alto de un grupo de 31 policías acusados públicamente por un juez mexicano de estar involucrados en la desaparición de 15 personas entre abril y octubre de 2013. En 2017, Bermúdez Zurita también estuvo brevemente encarcelado en México por un cargo penal de abuso de autoridad, pero un juez ordenó su liberación. Negó haber actuado mal en ese momento: Bermúdez Zurita tuiteó que nunca había violado ninguna ley y que “todas mis propiedades son producto de mi trabajo como servidor público, ingresos fuera del gobierno, y créditos”.
Bermúdez no pudo ser contactado para hacer comentarios sobre esta historia, y no está claro dónde vive hoy.
De hecho, cuando Buzbee intentó demandar a la pareja por lavado de dinero en 2018, nunca pudo encontrar y entregar los documentos judiciales a Bermúdez Zurita o a su esposa. Por lo tanto, se desestimó la acción civil iniciada en su contra.
Otro exfuncionario de Veracruz que Buzbee demandó fue José A. Mansur Jr., un expatriado cuya familia aún vive en el área de The Woodlands. Su familia es propietaria de un equipo de beisbol, entre otras inversiones. Los Mansur también tienen una impresionante cartera de bienes raíces en EU, inversiones que comenzaron a hacer antes de que Duarte se convirtiera en gobernador de Veracruz. Como muchos otros mexicanos adinerados, los Mansur compraron propiedades en The Woodlands antes del ascenso al poder de Duarte.
José A. Mansur Jr. regresó a México para servir en la administración de Duarte durante aproximadamente un año como su subsecretario de Finanzas, pero se fue en marzo de 2012. Más tarde dijo en la corte que renunció “debido a las diferencias entre él (sic) y el entonces gobernador Duarte y el secretario de Hacienda de Veracruz”.
Una de las demandas de Buzbee de enero de 2018 nombró a Mansur Jr. y tres empresas de Texas administradas por miembros de su familia como presuntos lavadores de dinero, pero, en 2021, un juez desestimó el caso en su contra basándose en una moción que argumentaba que Buzbee “no tenía pruebas” para respaldar sus afirmaciones.
Este año, Mansur interpuso una reconvención contra el estado de Veracruz e hizo serias denuncias sobre Yunes, el gobernador que contrató a Buzbee.
“En junio de 2018, Yunes habló una vez directamente con Mansur y tres veces directamente con el padre de Mansur”, escribió el abogado de Mansur en el expediente judicial. “En esas reuniones, Yunes amenazó con arrestar a Mansur y sus familiares en México y encarcelarlos por cargos que Yunes admitió y sabía que eran falsos. Yunes le dijo a Mansur que si Mansur no hacía que su familia entregara algunas de las propiedades de Woodlands, Mansur y otro miembro de la familia serían arrestados y encarcelados; sin embargo, si esas propiedades fueran transferidas al representante designado de Yunes, entonces Mansur y su familia serían absueltos de todo delito en México, y esta demanda sería desestimada”.
Un juez ordenó un juicio sin jurado este verano para resolver los problemas legales que aún afectan las propiedades familiares. En documentos judiciales, el abogado de Mansur dijo que, como resultado del litigio, su cliente ha tenido problemas para encontrar empleo, las empresas familiares han tenido dificultades para encontrar compradores de bienes raíces y que “a Mansur y a miembros de su familia se les ha pedido que renuncien a ciertos puestos de honor.”
“Lo que es realmente más dañino que cualquier otra cosa es la notoriedad”, dijo el abogado de Mansur, Dennis Sánchez, quien reside en Brownsville. “Tu nombre aparece en el periódico… porque el gobierno mexicano te acusa de lavar fondos obtenidos ilegalmente. Eso arruina tu carrera si estás limpio”.
Sánchez dijo que Mansur es víctima del “enfoque de escopeta” que Buzbee y Veracruz tomaron con las demandas.
De hecho, a partir del 15 de abril de 2022, todos los casos contra las personas acusadas por Buzbee de lavado de dinero para Duarte en el condado de Harris fueron desestimados.
Para entonces, el único reclamo pendiente era contra una pareja: José Antonio Bandín y su esposa Mónica Babayan, quienes también buscan la desestimación de los casos en su contra, alegando que “no hay evidencia” de que ellos o sus empresas estuvieran involucrados en el lavado de dinero para Duarte.
José Antonio Bandín y su esposa Mónica Babayan vivían en Texas y dirigían sus negocios desde un espacio comercial virtual en un edificio de oficinas de ladrillo y vidrio rodeado de pinos en 8350 Ashlane Way en The Woodlands, la dirección de casa de varias empresas virtuales ubicadas en las espaciosas suites.
Según las denuncias y denuncias presentadas por Buzbee, la pareja, originaria de México, conoció al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a través de un miembro de la familia Mansur.
En 2012 y 2013, Bandín y Babayan establecieron más de dos docenas de compañías de responsabilidad limitada o LLC en Texas y compraron propiedades que figuran bajo varios nombres de compañías, según muestran los registros estatales. La mayoría de sus empresas recibieron el nombre de las direcciones de los lugares que poseían, como 18 Shallowford Place, LLC, que lleva el nombre de una casa suburbana de cinco habitaciones que ahora vale más de 800 mil dólares, según los registros fiscales.
En varias de las demandas civiles de Buzbee, la pareja figuraba como parte de una red de cómplices que ayudaron a establecer compañías ficticias y permitieron que el exgobernador lavara millones: “Después de mucho trabajo de investigación, las autoridades de Veracruz revelaron una conspiración global, que abarca varios continentes, pero con sede en Houston. Esta conspiración involucró a cientos de individuos y entidades, todos involucrados en un solo propósito: el robo de fondos que legítimamente pertenecen a Veracruz y su gente”, alegó una de las cuatro demandas de Texas que nombraban a sus LLC o a ellos como individuos.
Ese dinero robado luego se transfirió a compañías ficticias y “se usó para hacer inversiones y comprar casas y autos de lujo en todo Estados Unidos”, alega otra de las demandas contra otro grupo de Texas.
Para el verano de 2018, Babayan y Bandín habían dejado atrás su imperio inmobiliario de Texas y se mudaron abruptamente a Valencia, España, una soleada ciudad costera que, al igual que Veracruz, es conocida por sus naranjas. Los jueces estadounidenses normalmente no ordenan declaraciones en países extranjeros. Pero, con base en las sentencias de un juez de Texas, en agosto de 2018 uno de los socios de Buzbee, Christopher J. Leavitt, viajó al Hotel Blu Radisson Prado de Madrid para reunirse con la pareja y uno de sus abogados, Jas Brar, también de Houston. Después de que las presentaciones de cortesía fueran grabadas en una cinta de video, Leavitt le preguntó a Bandín: “Señor, vamos a tomar esta declaración en España porque usted ha sido acusado en México, ¿correcto?”.
La respuesta de Bandín fue escueta: “Me niego a responder esa pregunta bajo el consejo de mi abogado, y acepto la Quinta Enmienda para proteger mis derechos”.
En otras preguntas, Leavitt pintó una imagen de la pareja como protagonistas importantes que ayudaron a crear compañías ficticias para Duarte tanto en México como en Texas que luego recibieron dinero sucio a través de facturas falsas enviadas a funcionarios del estado de Veracruz.
Bandín siguió dando la misma respuesta común: “Me niego a responder esa pregunta bajo el consejo de mi abogado, y acepto la Quinta Enmienda para proteger mis derechos”.
Leavitt obtuvo la misma respuesta cuando preguntó si la pareja se había reunido con Yunes en una habitación de hotel en México, negoció un acuerdo de culpabilidad y luego acordó devolver los fondos antes de mudarse a Valencia.
La pareja todavía vive en Valencia, pero como el litigio se prolongó durante cuatro años, sus propiedades en los condados de Harris y Montgomery, casas y oficinas que hoy valen millones de dólares, han sido prácticamente congeladas. En 2020, la pareja le hizo una oferta a Buzbee para resolver el caso, según muestran los registros judiciales. Pero para entonces, Buzbee había perdido el contacto con sus clientes en Veracruz y las negociaciones se estancaron, según muestran los registros judiciales.
A pesar de los reclamos y documentos incluidos en las demandas civiles contra la pareja, el abogado Murray Fogler, socio de Brar en su bufete de abogados de Houston, dijo que sus clientes no enfrentan cargos relacionados con el lavado de dinero ni en Estados Unidos ni en México: “No tenemos conocimiento de que se hayan presentado cargos en ningún lugar contra mis clientes”.
A fines de abril, parecía probable que la demanda de Buzbee contra ellos en el condado de Harris fuera desestimada. Los esfuerzos por recuperar dinero en nombre del estado de Veracruz en Texas se estaban desmoronando.
Como resultado de las reformas electorales del estado, el mandato de Yunes como gobernador de Veracruz duró solo dos años. Su hijo se postuló para sucederlo por un periodo completo de seis años, pero perdió en julio de 2018 ante un miembro del partido fundado por el actual presidente de México, López Obrador. El nuevo gobernador inicialmente prometió continuar con las demandas en Estados Unidos, pero, en 2021 y 2022, Buzbee le había pedido a un juez en los casos restantes de Houston que lo dejara retirarse como abogado, citando falta de comunicación y “diferencias fundamentales” con el gobierno de Veracruz.
Después de su entrevista de enero de 2021 con el Observer, Buzbee pidió tiempo para responder preguntas adicionales y brindar información sobre el trabajo que había realizado en nombre de Veracruz y otros estados mexicanos. Ni él ni Leavitt respondieron a los correos electrónicos o llamadas telefónicas de seguimiento más adelante en 2021 o en 2022.
Los registros judiciales muestran que ya no representa a Veracruz en los casos que aún están pendientes en el condado de Harris. También se han desestimado las demandas contra casi todos los demandados que Buzbee nombró en su demanda de Miami en nombre de Veracruz.
Mientras tanto, Duarte permanece en prisión en México y las autoridades mexicanas continúan presentando cargos penales contra su esposa, Karime Macías Tubilla, quien fue arrestada en 2019 en el Reino Unido. Este año, un juez de primera instancia británico falló a favor de su extradición con base en evidencia de que Macías Tubillia ayudó a su esposo a saquear dinero del DIF de Veracruz durante el tiempo que su esposo era gobernador, y que ella se desempeñó en un papel de liderazgo en gran parte honorífico en el DIF. Esa entidad es “responsable de brindar ayuda humanitaria a los miembros más pobres y vulnerables de la comunidad veracruzana.”
El 17 de febrero de 2022, una fiscalía británica anunció que “presunto estafador podría ser la primera persona extraditada a México desde el Reino Unido tras un fallo judicial gracias al trabajo colaborativo entre los equipos legales de los dos países”. El ministro del Interior del Reino Unido determinará el próximo paso.
Mientras tanto, ha habido más malas noticias sobre los propios intentos de México de recuperar el dinero lavado internamente por Duarte y otros asociados. El gobierno federal ha mantenido el control del rancho en el Valle del Bravo de México que incautaron, aunque Duarte negó ser el dueño, pero un juez mexicano ordenó al gobierno que devolviera otras 40 propiedades incautadas porque la condena por lavado de dinero de Duarte no estaba vinculada específicamente a esos otros bienes inmuebles valiosos.
La implosión de las demandas civiles en Estados Unidos significa que los veracruzanos han perdido otra oportunidad de recuperar los miles de millones de dólares robados durante la administración Duarte.
Demandas similares también se han estancado.
En 2019, el bufete de abogados de Washington, DC, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, presentó demandas en los condados de Cameron e Hidalgo en nombre del estado de Tamaulipas, y en Miami en nombre del estado de Quintana Roo. Las demandas, que hacían alegaciones similares a las que hizo Buzbee en nombre de Veracruz, han sido desestimadas.
Otra demanda que Buzbee presentó en 2020 en El Paso a nombre del estado de Chihuahua en un intento de recuperar fondos presuntamente lavados por su exgobernador, César Duarte Jáquez, está en suspenso mientras un tribunal de apelaciones decide una cuestión jurisdiccional. Fiscales estadounidenses habían pedido a un juez que extraditara a Duarte Jáquez (sin relación de parentesco con Javier Duarte de Veracruz) a México para enfrentar cargos de corrupción. Pero Estados Unidos no ha acusado a Duarte Jáquez ni ha incautado propiedades que el gobierno de Chihuahua dice que compró en Texas, Nuevo México y Florida.
La demanda de Florida de 2021 presentada en nombre del gobierno federal mexicano es el único caso de lavado de dinero que parece estar avanzando. En ese caso, un abogado particular presentó una demanda en una corte estatal de Florida contra el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, quien está acusado de lavar más de 250 millones de dólares en fondos públicos robados.
El Departamento de Justicia está procesando por separado a García Luna por cargos de narcotráfico.
Incluso, en 2021 y 2022, cuando Buzbee comenzó a solicitar salir del litigio que involucraba a Veracruz, nunca se retractó de las afirmaciones de que Javier Duarte había llevado a cabo una estafa de 3 mil millones de dólares, que la “conspiración global” para ocultar el dinero robado había estado “centrada aquí en Houston, Texas”, y que el dinero robado por Duarte pertenece legítimamente al pueblo del estado de Veracruz”, muestran los registros judiciales.
Pero en abril de 2022, cuando pidió en una audiencia que le permitieran retirarse como representante legal de Veracruz en su último caso importante en el condado de Harris. Buzbee admitió que no había estado en contacto con su cliente durante más de un año, según muestran los registros judiciales. No está claro si Buzbee, trabajando durante cuatro años en esta búsqueda legal, ganó o perdió dinero, ya que no toda la información sobre sus esfuerzos es pública. En otra demanda de Veracruz citó “diferencias fundamentales que existen entre el abogado y el demandante. Estas diferencias fundamentales están protegidas por el privilegio abogado-cliente. En este momento, no hay un abogado para ser sustituido”.
***Jason Buch es un reportero de investigación independiente con sede en Austin.
Lemus acaba de publicar un libro sobre Alejandro Gertz Manero, El fiscal imperial (Harper Collins, 2022), en que busca ahondar en la figura del jefe de la FGR.
