Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, la impunidad es el gran problema de México y mientras no se combata la corrupción política, afirma que seguirán existiendo factureras, empresas fachada, cárteles y otros grupos delictivos protegidos desde el poder.
Durante un foro realizado por EL UNIVERSAL, Nieto Castillo reconoció que existen grupos con vínculos políticos y empresariales que forman parte de la corrupción, como ocurrió —dijo— con el abogado Juan Collado y sus nexos con el PRI.
“La impunidad en todos los casos, desde feminicidios hasta alta corrupción, es el gran problema de este país, mientras no llevemos a los responsables a los tribunales, los modus operandi de las organizaciones delincuenciales van a seguir funcionando.
“Finalmente, a estos grupos se les tiene que atacar por varios flancos: primero, hay que acabar con el sicariato, pero si no se combate la corrupción política que es la que protege a las empresas, a los factureros, a los cárteles, no se va a llegar a ningún lugar”.
Así lo afirmó durante el foro en el que también participó la consejera electoral Carla Humphrey, quien al recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún tiene pendiente el tema Odebrecht, reprochó la “falta de dientes” para sancionar a instituciones que no tienen voluntad política para colaborar con la información que les es requerida, obstáculo que han vivido con la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso de corrupción.
“En el INE tenemos mucho tiempo con la queja por el caso Odebrecht, no hemos podido desahogarla [la pesquisa], porque no recibimos información de la fiscalía; sí es un tema que continuamente tenemos con distintas autoridades, pero en ese tema y dado el expediente de Emilio Lozoya Austin, tendríamos que tener esa información (…) Nos oponen el secreto ministerial que claramente no es oponible ante la autoridad electoral, porque es la única facultada constitucional para fiscalizar partidos y candidaturas”, explicó.
Por ello, en el caso Odebrecht la consejera ha solicitado analizar una ruta jurídica para obligar a la FGR a entregar información del expediente Lozoya Austin.
“[En el INE] existen plazos perentorios de cinco días, pero muchas veces las autoridades no los cumplen y, aunque podemos pedirle al secretario general que sancione, ¿quién va a sancionar al fiscal? Para funcionarios menores sí hay ruta para sancionar, pero a los titulares ya es más complejo y para nosotros es una piedra, un muro importante no poder tener acceso a esta información”, aseveró.
El evento estuvo encabezado por el Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, y el Vicepresidente Ejecutivo y Director General de esta casa editorial, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, acompañados por los columnistas Héctor de Mauleón, Maite Azuela, Salvador García Soto y Layda Negrete, así como personal editorial.
Durante la charla, el titular de la UIF reconoció que la falta de eficacia que se ha señalado en la arena pública sobre la FGR no es responsabilidad absoluta de su titular, Alejandro Gertz Manero, pues recibió una institución con una herencia de corrupción que difícilmente se terminará en los próximos años.
“Desafortunadamente la fiscalía no funciona como uno quisiera, pero no es un tema que se le atribuya por completo a [Alejandro] Gertz [Manero], hay una herencia que viene de antes.
“El negocio de la procuración de justicia es el no ejercicio de la acción penal o el favor político, y ahí está el tema, si queremos mejorar, necesitamos servicios civiles de carrera, que los ministerios públicos ganen más, que tengamos paridad en la integración de los órganos ministeriales, que tengamos despliegues territoriales que permitan suplir las deficiencias de las delegaciones por la corrupción que tienen en el ámbito local”, ahondó.
Añadió que al país no le conviene tener a un fiscal constantemente atacado y tampoco le conviente tener un fiscal confrontado con diversas instituciones.
“No nos sirve como país el que se esté atacando la figura del fiscal, el asunto es que tenemos que medir su efectividad y si en el sistema tradicional teníamos 98% de impunidad, según datos de Raúl Cervantes en el informe que presentó al Senado, los datos actuales de diversos indicadores hablan de que estamos en 94.5% o 95.5% de impunidad, y para la décimotercera economía del mundo sigue siendo inaceptable”, comentó.
Y agregó: “No nos ayuda en nada como país un enfrentamiento entre la UIF y el fiscal, o entre éste y el presidente de la Suprema Corte, o entre el fiscal y el consejero jurídico de la Presidencia, y tampoco nos conviene nada un fiscal que aparece en un tema en contra de una universidad”.
Nieto Castillo destacó que en casos como el de Lozoya o Alonso Ancira sí es deseable una actitud diferente por parte de la FGR.
“No es que se haya actuado de manera ilegal, en el caso de Lozoya, yo nunca diría eso, lo que sí es que el Código Nacional de Procedimientos Penales es flexible y, por tanto, el Ministerio Público [MP] pudo haber imputado delincuencia organizada y lavado de dinero para solicitar prisión preventiva oficiosa o con los delitos que trae ahorita pudo solicitar prisión preventiva justificada por el simple hecho de que la persona se encontraba prófuga de la justicia”, consideró.
En el caso Ancira, ante la posibilidad de que haya salido del país, indicó que el MP debe solicitar la reactivación de la orden de aprehensión en su contra y que incluso la UIF está analizando si la solicitará.
Destacó que por el caso Agro Nitrogenados las cuentas de Ancira Elizondo continúan congeladas y únicamente se liberaron las de Altos Hornos de México, S. A. de C. V. (AHMSA), para pagar a acreedores, trabajadores, accionistas y otros.
Sin embargo, la UIF sólo denunció la transferencia de 3.8 millones de dólares de AHMSA a filiales de Odebrecht y de ahí a Tochos Holding, en la cuenta que beneficia a Lozoya, con lo que adquirió la casa de Lomas de Bezares, pero toda la actividad financiera de Ancira Elizondo seguirá bajo la lupa de la unidad.
“Lozoya solicitó a la FGR un acuerdo reparatorio en el que se comprometía a devolver la casa de Lomas de Bezares para que se extinguiera la acción penal, pero nosotros nos opusimos y el juez nos dio la razón, porque este inmueble es importante, pero los 3.8 millones de pesos no son lo único que se le imputa a Lozoya Austin en este caso”, precisó.
El funcionario aprovechó para hacer un recuento sobre las denuncias en las que está involucrado Lozoya Austin y las que inició el exdirector de Petróleos Mexicanos contra Santiago Nieto.
“Cuando yo salí de la FEPADE [nombre anterior de la fiscalía electoral, hoy FEDE], había una averiguación previa y seis carpetas de investigación sobre este sujeto. La averiguación previa y cinco carpetas ya están en no ejercicio de la acción penal y no pueden revivirse. Hay una carpeta en SEIDF [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales] en la que Lozoya Austin me acusó sobre filtraciones por el caso Odebrecht, pero no se ha resuelto, en ésta recientemente solicitaron información a la FEDE para tener copia de la carpeta de investigación que yo abrí sobre ese caso, que contiene datos de Brasil, Suiza, Estados Unidos y Barbados, lo que tenían en ese momento”, detalló.
“También hay una carpeta en mi contra en la visitaduría por estos mismos hechos, pero ya determinaron el no ejercicio de acción penal y, en teoría, no debería haber contradicción del MP”.
Desde la UIF, Lozoya ha sido denunciado ya en siete ocasiones, dos de ellas por Odebrecht y Agro Nitrogenados, que lo mantienen vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; otras tienen que ver con la empresa Yacani, por lavado de dinero nacional e internacional; desvío de 3 mil millones de pesos de Pemex a Odebrecht y de Odebrecht a empresas fachada; un caso por La Estafa maestra en Pemex y las irregularidades en Tochos Holding.
Para Nieto Castillo la denuncia que presentó Lozoya en agosto de 2020 en contra de 70 personas por supuestos actos de corrupción no debió ser tomada como tal, sino como una confesión de hechos, debido a que en ésta el exdirector de Pemex reconoció que participó de las conductas que supuestamente denunció.
“De lo que hemos podido revisar en el sistema financiero, de lo que se imputa a José Antonio Meade, no encontramos que se acredite nada de lo que Lozoya le imputa; tampoco a Miguel Barbosa, porque su hermano ya era funcionario público con varios años de antigüedad en Pemex, por lo tanto, es falso que Lozoya Austin le haya dado algún espacio; de Lourdes Mendoza ella misma ha planteado un tema de tiempos que no cuadra y sobre Ricardo Anaya la magnitud de lo que plantea Lozoya no corresponde”.
