El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha realizado señalamientos de corrupción sobre el empresario en el pasado: “Hinojosa Cantú entregó una residencia de lujo a Enrique Peña Nieto, también resultó beneficiado porque le entregaron obras públicas”[1], dijo en 2014.
CORRUPCION VERDE O ROJA ES CORRUPCION:
Los contratos para IGSA no son lo únicos que Sedena no reportó en Compranet. Tampoco lo hizo con 71 contratos para 527 partidas que realizó entre marzo y agosto de 2020, como se informa en ComprasCOVIDmx, proyecto realizado entre PODER y Serendipia. 51 de esos contratos, dados con importes cerrados, suman 700,268,810.89 pesos y fueron entregados a 33 proveedores. Mientras que los otros 19 fueron dados de forma abierta, es decir con importes mínimos y máximos, por lo que no se conoce cuánto fue el dinero que realmente se pagó por esos bienes y servicios. La suma de los importes mínimos de esos 19 contratos llega a los 64,020,307.67 pesos, y la suma de los importes máximos corresponde a 141,061,439.45 pesos.
Debido a que no fueron reportados como se estipula en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), es imposible determinar desde la plataforma la existencia o no de irregularidades[2].
Sedena no reporta millones en gastos para covid
Para atender la emergencia por covid-19, SEDENA contrató a IGSA a través de IGSA Medical Services e IGSA, S.A. de C.V., en cuatro contratos (DN-10 SAE-008/INSABI/A/2020, DN-10 SAE-009/INSABI/A/2020, DN-10 SAE-021/INSABI/A/2020 y DN-10 SAE-028/INSABI/A/2020) para la “Adquisición de Equipamiento industrial para adecuar unidades de terapia intensiva”, que suman 147,326,162.65 pesos. Así, IGSA es la que ocupa el primer lugar por monto entre los contratos no reportados por Sedena en Compranet. Los contratos a favor de IGSA emergen de la partida presupuestal 6, que según se explica el Diario Oficial de la Federación (DOF), debe ser utilizado para obra pública.
Dentro de estos mismos contratos, se encuentra el de Centrum Promotora Internacional por 48,575,808.94 pesos para ofrecer el “servicio de laboratorios de sanidad para la atención de la emergencia sanitaria por covid y la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio”, según se puede leer en el documento DN-10 SASM-055/INSABI/A/2020 en manos de este medio de comunicación.
El contrato a Centrum Promotora Internacional también resulta conflictivo, debido a que la empresa fue señalada en agosto de 2020 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas. El órgano regulador reportó que la empresa se encontraba entre un grupo de farmacéuticas que se habían coludido en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio para manipular los resultados[3].
El pleno de Cofece reportó en aquella ocasión que 11 empresas y 14 personas físicas se coordinaron en la presentación o abstención de posturas en diversas licitaciones convocadas por instituciones públicas en perjuicio del erario y de los derechohabientes.
Debido a lo anterior, Cofece impuso multas por 626,457,000 pesos a Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón). La multa se queda corta si se considera lo que Centrum ha recibido a través de 673 contratos con el gobierno federal entre 2002 y 2020: 15,639,283,533.71 pesos. Fácilmente la firma podría solventar sola y con dinero de contratos públicos dicha multa.
El contrato celebrado entre Sedena y Centrum resalta del resto debido a que el dinero emerge de la partida presupuestal 381, siendo ésta específicamente para gastos en ceremonias o gastos inherentes a la investidura presidencial según lo reporta el Diario Oficial de la Federación 24-7-2013[4].
En general existen discordancias en el origen de la partida por la cual se realizaron los contratos a farmacéuticas por emergencia sanitaria siendo las partidas 1, 2 y 6 las más frecuentes. También así con los antecedentes de las empresas a las que Sedena entregó los contratos que no reportó en Compranet.
Ni Sedena ni IGSA respondieron a nuestra solicitud de entrevista antes del cierre de este reportaje.
Los beneficios transexenales de IGSA
Grupo IGSA es un conglomerado de estructura compleja y atiborrado de razones sociales. Por una parte, la empresa IGSA Solutions S.A. de C.V.[5], fundada en 2004, se especializa en energía y construcción. Mientras que su aliada IGSA Medical Services, S.A. de C.V., constituida en abril de 2010, se promueve como líder en la industria médica[6].
Ambas firmas comparten dirección en Paseo de la Reforma 2977, Ciudad de México, junto con otra razón social denominada: “IGSA S.A. de C.V.”, fundada en abril de 2015[7], según se puede leer en los contratos con Sedena, obtenidos vía transparencia. Todas estas marcas fueron registradas frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) por el abogado Luis Enrique Torres Olvera, quien se autoidentifica como el director jurídico en IGSA[8]. En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en línea no aparecen las actas constitutivas de ninguna de las tres empresas.
En el momento en que las autoridades instruyeron la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), la licitación le fue entregada a la empresa Constructora GIHZ, S.A. de C.V., misma firma que estaría constituida por otras dos empresas: Constructora Teya e IGSA Solutions[9].
En el acta constitutiva de Constructora GIHZ se reveló que detrás de la firma IGSA se encontraba (el hoy difunto) Juan Armando Hinojosa García, hijo de Juan Armando Hinojosa Cantú, como propietario.
TODOS EMPUERCADOS:
Entre 2007 y 2011 IGSA Solutions, S.A. de C.V. tuvo 31 contratos con el gobierno federal, 21 de los cuales fueron otorgados en adjudicación directa, por 76,352,829.64 pesos. Ninguno de los contratos fue con SEDENA, según datos de Compranet en QuiénEsQuién.Wiki. Mientras que IGSA Medical Services obtuvo 25 contratos por 823,415,005.49 pesos entre 2013 y 2020, e IGSA, S.A. de C.V., 27 contratos por 19,694,457.80 pesos entre 2014 y 2020. Es decir, el grupo de los Hinojosa pasó de la presidencia de Enrique Peña Nieto al obradorismo sin complicaciones.
El oscuro historial del hombre con corbata
Juan Armando Hinojosa García contrajo nupcias con Rosa Herrera Borunda (conocida como la princesa jarocha), hija del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, acusado por la DEA como presunto colaborador del cártel de los Zetas[10]. Esta relación detonó múltiples investigaciones en México.
Según apuntan los reportes, Grupo Higa, empresa del padre de Hinojosa García dedicada a la construcción, fue una de las firmas que más ganó contratos en el sexenio de Peña Nieto para participar principalmente en la realización de diferentes proyectos de obra pública, como la construcción del hospital de Zumpango, así como diversos en proyectos carreteros.
Algunas investigaciones apuntaron que el éxito de las empresas de los Hinojosa provenía de la relación del hijo de Cantú con la hija del exgobernador priista en Veracurz y del otorgamiento de aeronaves durante la campaña presidencial del PRI para Enrique Peña Nieto (EPN)[11].
Al poco tiempo de la gestión de Peña Nieto, se reveló que la empresa del padre, Grupo Higa, había vendido y financiado en 2012 una casa para el entonces secretario de hacienda, Luis Videgaray por un valor de 7.5 millones de pesos; y que la misma empresa habría gestionado la compra de la famosa “Casa Blanca” de Angélica Rivera , ahora exesposa de EPN[12].
La relación entre el poderoso contratista y el priista EPN llegaría a su fin cuando el exgobernador de Veracruz fue denunciado por lavado de dinero y las pesquisas sobre el caso perjudicarían al Gobierno Federal[13]. Hoy, ya con el obradorismo en la Silla del Águila, el polémico empresario vuelve a recibir contratos millonarios de forma opaca.
Con información de: Queletzú Aspra y edición de Eduard Martín-Borregón./
