La venta de armas a México por parte de Italia, uno de los grandes exportadores de esa mercancía, no se detuvo ni siquiera con la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (Istat), la norteña provincia de Brescia, donde está la sede central de la multinacional de armas Beretta, duplicó sus exportaciones a México en los primeros nueve meses del año pasado, según el análisis elaborado por Carlo Tombola, director científico del Observatorio Permanente sobre las Armas Ligeras y las Políticas de Seguridad y Defensa (OPAL) de Italia.
Tombola, quien recientemente analizó informes desclasificados relativos a ventas de armas a México de 2006 a 2018 –también publicados por Proceso, en el marco del Proyecto Cartel coordinado por Forbidden Stories, realizado gracias a una colaboración con Stop Us Arms to México (SUAM)–, encontró la información mientras hacía un seguimiento del caso.
“Llevaban meses sin actualizar sus bases de datos cuando finalmente publicaron estas cifras, que no solamente demuestran que estas exportaciones no fueron interrumpidas por la pandemia, sino que aumentaron”, subraya en entrevista Tombola.
De acuerdo con el Istat, de enero a septiembre pasados los productores de Brescia vendieron a México armas por unos 5 millones de euros, equivalentes a 97% de las exportaciones de armamento italiano a México (5.19 millones) y el doble comparado con el mismo periodo de 2019, cuando no se superaron los 2.5 millones de euros. Es decir, el volumen total de las exportaciones italianas de armas a México creció 23%, comparado con los 4.2 millones de euros de mercancías vendidas en ese mismo lapso en 2019.
“Independientemente de la pandemia, que este año sometió varios meses a la población italiana a duras restricciones y cierres, la industria de Brescia parece haber trabajado este año a pleno ritmo e incluso parece haberse aprovechado de la situación, a diferencia de otros vendedores que tuvieron mayores dificultades y que han exportado poco o nada a México”, indica Tombola.
Añade que, si bien el Istat no aclara quién vendió ni quién compró esas armas, en esa zona de Italia sólo hay tres empresas del ramo: dos del grupo Beretta y una que vende réplicas de armas antiguas.
Sólida relación
En las últimas décadas, con el beneplácito del gobierno italiano, los fabricantes de ese país, en particular Beretta, se han afianzado como los principales vendedores de armas a México, se subrayó en el reciente informe Deadly Trade. How European and Israeli arms exports are accelerating violence in México (“Comercio mortal: cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México”), al que contribuyó OPAL junto con SUAM, gracias a información obtenida de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El mismo informe señaló “graves violaciones de los derechos humanos, incluidas un gran número de desapariciones forzadas” cometidas por las policías mexicanas. Sobre esto, de acuerdo con la investigación sobre los datos italianos contenidos en ese documento, un tercio de las armas (108 mil 660) vendidas a las fuerzas mexicanas del orden entre 2006 y 2018 fueron producidas por Beretta.
Dos han sido los canales oficiales de estas ventas: el civil y el militar, el cual, sin embargo, requiere de una autorización específica del Ministerio de Exteriores italiano e impone ciertas precauciones, como no destinar armas clasificadas como militares a personal no militar, recuerda Tombola. Y subraya que estas normas existen para evitar abusos y no para perjudicar el derecho a defenderse de cada país.
Iguala
Pero “en el caso de México, armas italianas de uso militar acabaron en manos de criminales y de cuerpos policiacos no militares, que también han sido acusados de graves violaciones de derechos humanos”, razón “por la que le hemos pedido al gobierno (italiano) endurecer sus controles sobre los usuarios finales de las armas exportadas a México”, señala Tombola.
Sobre este aspecto, la nota en italiano que OPAL redactó para acompañar el informe internacional cita el ejemplo de la Policía Municipal de Iguala, implicada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la cual poseía 73 rifles de asalto SC 70/90 Beretta, fusil que fue vendido a México como arma para militares, enfatiza Tombola.
A su vez, John Lindsay-Poland, director de SUAM, sostiene en un texto enviado a la corresponsal: “Según las facturas de armas vendidas a policías de México, 8 mil 175 armas automáticas Beretta –clasificadas como militares por la ley italiana– fueron comercializadas a policías en 20 entidades entre 2007 y 2017, incluyendo Jalisco (3 mil 132), Sinaloa (2 mil 139), Guerrero (286), Veracruz (197) y Coahuila (326).
“¿Qué sabía el fabricante de los usuarios finales de esas armas? Los certificados de usuarios finales enviados directamente a Beretta en Italia entre 2009 y 2013 muestran conocimiento de que pistolas, rifles y carabinas se destinaron a policías de Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit y otros estados.”
Las armas de Beretta también han acabado en manos de los sangrientos cárteles mexicanos, según las investigaciones de estos observadores. En concreto, ejemplifica OPAL, “de las 61 mil armas secuestradas por el Ejército Mexicano entre 2010 y 2020, 2 mil 744 eran producidas en Italia, sobre todo pistolas Beretta”.
A Lindsay-Poland tampoco le sorprende que la pandemia no haya detenido ese comercio: “La industria del armamento ha aumentado su producción, y los gobiernos, tanto los que exportan como los que importan, colaboran en esta inversión en la muerte.
“Además de Italia, empresas de armas de Estados Unidos, Austria, Israel, Bélgica, República Checa y Alemania venden decenas de miles de armas a México, mayormente para su uso en una estrategia fallida de fortalecer a militares y policías, sin ninguna rendición de cuentas por su colusión con el crimen organizado, sus violaciones de los derechos humanos y la falta de resultados positivos para la seguridad de México.”
¿Batalla legal?
Para Italia la clave es que “con base en la ley 185 de 1990, las autoridades deberían haber evaluado dos aspectos relevantes: el uso de estas armas en operaciones de orden público contra la población civil y la implicación de policías y militares mexicanos en el narcotráfico, como demuestra el reciente arresto del exsecretario de Defensa, el general Cienfuegos”, insiste Tombola.
Por ello, en las próximas semanas su organización evaluará la posibilidad de emprender acciones legales u otras formas de presión para denunciar la situación.
Italia firmó con varios países europeos el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014 y que prohíbe exportar armamento a gobiernos que pueden usarlo contra su población. “Por ello, también evaluaremos si podemos llevar adelante acciones conjuntas con representantes de cada país exportador”, precisa Tombola.
Según el informe Deadly Trade…, desde 2006 la policía mexicana ha obtenido armas principalmente de Beretta y de Glock (de Austria) y en cantidades menores las ha recibido de Israel, Alemania, la República Checa, Turquía, Bélgica, España, Finlandia y Suiza.
Una eventual batalla legal no se anuncia nada fácil, por lo menos en Italia, donde en anteriores ocasiones los fiscales han afirmado carecer de autoridad para pronunciarse, explican los analistas. Proceso intentó contactar con Beretta, pero hasta el cierre de esta edición la corporación no había respondido.
Una de las promesas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para acabar con la corrupción en las compras que hace el gobierno, había sido prohibir los contratos que se asignan poradjudicación directa. Es decir, sin que haya una convocatoria pública a empresas, para que participen y ofrezcan su mejor precio.
Pero durante este 2020, el gobierno adjudicó sin licitar ocho de cada 10 contratos que firmó, de acuerdo con Compranet, la plataforma de compras públicas del gobierno.
En total, el gobierno federal adjudicó de manera directa113,125 contratos, por un monto total de más de 176,000 millones de pesos en 2020, casi la misma cantidad (180,000 mdp) que elCongresoaprobó para hacer frente a la pandemia por la COVID-19 este 2021.
¿Por qué es importante?
El problema con las adjudicaciones directas es que tienen un mayor potencial de ser discrecionales y se prestan a tener más opacidad en los recursos que se utilizan, como documentó la organización México Evalúa en el informe MeTrop: antídoto vs. la corrupción.
Esta no es una práctica nueva en la administración de López Obrador. En su primer año de gobierno (2019) se adjudicaron el 80% de los contratos, mientras que en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, fue el 75%, como documentamos aquí.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público especifica en su artículo 41 que las dependencias pueden optar por la adjudicación directa, entre otras disposiciones, cuando en el mercado no existan más opciones de compra, es decir, debe ser la excepción y no la regla que deberían seguir las instituciones públicas.
¿Cuáles son las dependencias que más adjudicaron?
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoe Robledo, fue la dependencia que concentró el mayor número de contratos vía adjudicación directa, seguido de Diconsa (la empresa del gobierno encargada del abasto de productos alimenticios) y en tercer lugar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
¿Quiénes ganaron más contratos en 2020?
La empresa con mayor número de contratos adjudicados es Servicios de Farmacia Prefarma S.A. de C.V. (de la farmacéutica Pisa), así como la Farmacéutica Maypo, a pesar de que ambas fueron vetadas por el gobierno de López Obrador por, supuestamente, acaparar los contratos en salud durante el gobierno de Peña Nieto.
Compras COVID-19
Del total de los contratos que el gobierno hizo (por todos los tipos de procedimiento de compras) y que en total fueron 143,818, el 43% lo hicieron las dependencias de salud.
Este año, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones para que las compras de medicamentos que se hagan en el extranjero por la pandemia sean sin licitación de por medio y sean vigiladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El problema es que otra vez estaríamos cayendo en la opacidad y falta de rendición de cuentas con este tipo de compras, como nos alertó Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, especializada en el análisis de compras públicas y corrupción.
Si el gobierno de López Obrador busca terminar con las corrupción en las compras, tendrá que vigilar que las dependencias públicas dejen de recurrir a estas prácticas.
Imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo una mujer identificada como Emma Roberts decidió colgarse de los colmillos de un elefante para practicar CrossFit.
El terrible hecho, que ya ha sido catalogado como maltrato y crueldad por miles de cibernautas, ocurrió en el santuario de animales sudafricano “Adventures with Elephants”.
De acuerdo con testimonios difundidos en Twitter, la realizadora de la irresponsable acción estaba de visita en el parque ubicado en el distrito de Mabula.
En ese momento a ella le pareció buena idea sujetarse de loscolmillos de un elefantepara practicar CrossFit. Esto sucedió mientras sus acompañantes la captaban en fotos y videos.
La indignación por el acto contra el elefante se desató en redes sociales
Emma Roberts consideró su actuar como algo digno de compartir en Instagram, por ello sus seguidores pudieron darse cuenta de lo que la mujer fitness hizo en “Adventures with Elephants”.
Tras hacer público el momento a través de sus “stories”, comenzó una ola de repudio y de comentarios negativos sobre lo acontecido.
Sin embargo, pese al escarnio, ella no consideró que colgarse de los colmillos de un elefante para practicar CrossFit sea maltrato y se limitó a decir que lo considero “un momento increíble” con el paquidermo.
“Golpear a los elefantes es cruel, montarlos no es lo ideal, mantenerlos en entornos horribles y matarlos por su marfil es cruel. Proporcionarles un hogar en su entorno natural y educar a las personas sobre lo inteligentes y maravillosos que son no es crueldad”, insistió.
Pese a esta declaración, Emma Roberts tuvo que cerrar su cuenta personal de Instagram porque los ataques en su contra no cesaron.
A mediados de octubre pasado, una madre confesó haberle dado veneno a su hijo de un año y tres meses. Tras ser cuestionada por la policía, la joven de 16 años dijo que lo hizo porque llevaban tres días sin comer. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos luego de que vecinos hicieran una llamada de auxilio al 911.
El homicidio de Jesús no es el único que ha ocurrido en México durante la pandemia. La prensa ha registrado que al menos 54 niñas y niños han sido asesinados por algún familiar.
De acuerdo a un análisis de los registros de prensa realizado por EMEEQUIS, esto supone un aumento del 26% de los homicidios respecto a 2019, año en que se localizaron 43 crímenes contra menores de 15 años.
Así es posible encontrar casos como el del padre que asesinó a cuchilladas a su pequeña de un año y dos meses en Sonora, aquel del padrastro que mató a palazos a una pequeña de cuatro años en el Estado de México, el del tío que le disparó a su sobrina de 10 años en Puebla y el del adolescente que acuchilló a sus dos primos en la Ciudad de México.
Estas historias apenas dan luz sobre un grave problema de salud pública: el maltrato infantil que, como lo reveló esta revista digital en su investigación#MatarAUnHijo, es la causa detrás de que cada dos días un niño sea asesinado a manos de un familiar, en sus hogares o directamente por maltrato.
Pese a esto, el gobierno mexicano se ha rehusado a reconocer que los hogares son los lugares más inseguros para niñas y niños, un viejo problema que no ha sido atendido ni con ampliación de presupuesto ni con políticas públicas de prevención y atención que, con el tiempo, se ha acrecentado con la Covid-19.
GOBIERNO MINIMIZA LA VIOLENCIA
A los tres meses de haber llegado la pandemia de forma oficial al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el peligro para mujeres y niños, principales víctimas de violencia intrafamiliar, en el contexto del aislamiento ordenado por las autoridades como la principal medida de mitigación del virus SARS-CoV-2.
El primer mandatario negó que la pandemia y esta medida hayan traído un incremento en la violencia dentro de los hogares. “La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto. Si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo no aplica del todo”, dijo sobre el tema.
Además, López Obrador minimizó el aumento de llamadas de auxilio al 911 por violencia dentro del hogar, que se estaba presentando desde entonces, diciendo que el 90% de esos pedidos de auxilio eran falsos.
Sin embargo, entre enero y noviembre de este año ha habido un aumento del 4.4% de presuntos delitos de violencia familiar respecto al mismo periodo de 2019. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado hubo 194 mil 189 carpetas de investigación, mientras que en lo que va del año se han contabilizado 202 mil 640.
Al analizar los datos de llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar, es posible observar que hay 637 mil 298 pedidos de auxilio hasta el 30 de noviembre, las cuales tuvieron su mayor pico en marzo, justo cuando se decreta la cuarentena en el país.
Las llamadas al 911 tuvieron su pico en marzo, cuando comenzó la cuarentena.
PADRES, MADRES Y PADRASTROS SIGUEN MATANDO
De acuerdo con el análisis de notas de prensa, los principales agresores de niñas, niños y adolescentes son sus madres (15), padrastros (14) y padres (9).
Sin embargo los familiares más allegados no son los únicos que han aparecido como agresores, se han detectado al menos cinco casos en los que las víctimas murieron a manos de sus tíos, cinco de sus abuelos, dos de sus primos, dos de sus hermanos... En una ocasión se reportó la colusión de padre, madre y padrastro y en otra el menor murió dentro de su hogar sin que se haya podido identificar el parentesco del agresor.
La mayoría de las y los niños que han muerto a manos de un familiar este 2020 tienen como causa de muerte principal los golpes –a veces en combinaciones terroríficas: golpes y violación, golpes y desnutrición severa–. Después están aquellos que han sido asesinados con un arma blanca, ahorcados o asfixiados; por un disparo de arma de fuego, como consecuencia de una violación, por envenenamiento, atropellados o arrojados desde las alturas y, en algunos casos, la causa de muerte no ha quedado especificada.
Como ya lo habíamos expuesto en #MatarAUnHijo, el maltrato infantil no tiene género. Niñas (26) y niños (28) son asesinados casi a la par, salvo por algunos matices en la causa de muerte: por ejemplo, las niñas son más propensas a ser agredidas sexualmente.
La edad sigue siendo un factor de riesgo, entre más pequeños, más vulnerables al homicidio a manos de un familiar. De acuerdo con estos registros, el 61% de las víctimas tenía menos de seis años, algunos incluso meses de nacidos, como el caso del joven de 17 años que violó a su bebé de 11 meses para después golpearla y causarle la muerte en Coyotepec, Estado de México.
O el de la madre que ahorcó a su bebé en Oaxaca, o el de aquel padre que molía a golpes constantemente a su hijo de 8 meses, hasta que un día el pequeño ya no reaccionó.
ORGANIZACIONES PIDEN ATENDER LA CRISIS DE VIOLENCIA
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que la pandemia de Covid-19 tiene impactos a corto, mediano y largo plazo en la niñez, uno de ellos es el aumento de las violencias en su contra.
El organismo internacional indicó que la emergencia sanitaria ha elevado los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, el desempleo en las familias, los cuales, en suma con las restricciones de movimiento, contribuyen al incremento en los niveles de violencia doméstica, dejando a las y los niños en una situación de mayor vulnerabilidad, porque no tienen acceso a ayuda fuera del hogar.
En contraste a lo que dice el presidente de la República, este organismo reconoce que el hogar es el lugar más peligroso para una mujer y sus hijos, por lo que, cuando las mujeres son víctimas de violencia en sus casas, invariablemente se extiende a los más pequeños, ya sea emocionalmente, o bien, física, psicológica o sexual.
En este sentido, por medio de su guía Protección de la Niñez ante la Violencia, UNICEF insta al gobierno mexicano a atender la violencia que deriva del aislamiento, ofreciendo a la población apoyo para la atención de estos casos, así como pensar a mediano y largo plazo, fortaleciendo el tejido social y promoviendo comunidades libres de violencia.
Pese a este llamado, que se suma a los que ya han realizado organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), entre otras, el gobierno mexicano ha apostado por una reducción al presupuesto destinado a la atención de la infancia en el país, que impacta directamente en educación, salud y desarrollo social.
Programas como el de estancias infantiles han quedado sin efecto –poniendo una carga extra a las familias–. Se había previsto la eliminación de Escuelas de Tiempo Completo en el Proyecto de Presupuesto 2021, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública echó para atrás este plan.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en una nota del 29 de octubre de 2020, evidenció que el presupuesto para 2021 que está encaminado a la atención de niñas y niños tuvo un aumento de apenas .1% respecto al de 2020, pese a los retos que se enfrentarán el próximo año. En suma, reveló que este aumento es en realidad un espejismo, pues comparándolo con el presupuesto de 2018, en realidad, la infancia pierde.
Para el próximo año se prevé un presupuesto de 791 mil 631 millones de pesos repartido entre diversas dependencias, principalmente entre la SEP, gobiernos estatales, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE.
Sin embargo, para la Secretaría de Gobernación, de la cual se desprende el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encargado de vigilar la protección de los derechos de este sector, tiene apenas 62 millones de pesos para operar. Un gasto 36% inferior a lo que recibió el año pasado.
Mientras el presupuesto llega a cuenta gotas, las políticas públicas son inexistentes y la pandemia de Covid-19 ha puesto en último lugar el regreso a clases. La violencia contra niñas y niños crece, propiciando que padres, madres y padrastros sigan matando a sus hijos, como en el caso de Jesús, el bebé que fue envenenado en la colonia Agua Azul, del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
En los últimos dos años se han abierto más 3,400 juicios contra militares de las Fuerzas Armadas. Se les acusa dedelitos como deserción, desobediencia, fraude, malversación de bienes y abuso de autoridad, de acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos vía transparencia.
Y en ese mismo periodo (2019-2020), también se han girado 645 sentencias por estos delitos, más de la mitad (56%) en contra de soldados, seguido de 23.5% en contra de cabos y 8% en contra de sargentos, es decir, casi 90% de las sentencias han sido en contra de los rangos más bajos del Ejército, según la información de la Sedena. No hay ninguna sentencia en contra de Generales y sólo tres en contra de coroneles.
Mientras que en 71% de los juicios contra soldados o cabos se da por deserción e insumisión, a los mandos altos se les juzga por abuso de autoridad, fraude y malversación de bienes.
Hasta noviembre de este año, hay en total 479 personas militares en las tres prisiones del Ejército que hay en el país (Ciudad de México; Mazatlán, Sinaloa, y Zapopan, Jalisco), de acuerdo con la información obtenida vía transparencia por parte de la Sedena:
¿Y cómo funciona la justicia militar?
A diferencia de cómo son juzgadas las personas civiles –a través del sistema de justicia tradicional y el Código Penal Federal– las personas militares tienen su propio mecanismo, el cual se rige a través de un Código de Justicia Militar.
Hasta 2016, los militares tenían sus propios Consejos de Guerra, conformados (como su nombre lo indica) por un grupo de militares de guerra, quienes eran los que, a través de una audiencia oral, determinaban si el militar era culpable o inocente.
Pero estos Consejos de Guerra desaparecieron cuando el Congreso aprobó una reforma hace cuatro años al Código de Justicia Militar, que dio paso a la creación de una Fiscalía General de Justicia Militar, a los Ministerios Públicos Militares y tribunales militares. Esto, a fin de que se adaptaran al nuevo Sistema de Justicia Penal y con ello, se tuvieran procesos similares a los que llevan las personas civiles, nos explica César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar.
¿Y quiénes juzgan? Los jueces tienen grado de Tenientes y los fiscales de Jefes Mayores (generales y coroneles), con estudios en Derecho y maestría en Derecho Penal.
Si bien en el Ejército no hay universidad de Derecho, los militares o civiles estudian y se dan de alta en el Servicio de Justicia Militar.
¿Y para qué tener un Código de Justicia Militar?
Las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema para perseguir los delitos de orden militar. Por ejemplo, uno de los delitos más comunes entre los militares es la deserción del Ejército.
Si un soldado que está en funciones no se reporta durante tres días consecutivos, se abre una investigación en su contra. Si no justifica su ausencia y si el Ministerio Público lo encuentra culpable, puede girar una condena de dos y hasta seis meses de prisión, como dice el Código de Justicia Militar.
Aunque para que se inicie una carpeta de investigación por deserción puede pasar hasta un año, según nos explica Gutiérrez Priego, quien ha acompañado la defensa de estos casos.
“Los militares se van porque muchos no se acomodan a la disciplina militar. Hay restricciones severas, exigencias, los horarios, el maltrato de sus superiores, hay muchas cosas en riesgo y eso puede llevar a cualquiera a irse pero también sus ausencias pueden estar justificadas por problemas personales”, nos dice Carmelo Terán Montero, general en retiro.
Otro de los delitos que los pueden llevar a la cárcel es si pierden su arma o las municiones a su cargo (sin importar su calibre). En este caso la pena en la cárcel es de tres meses; pero si extravían su bandera o estandarte, pueden ir a la cárcel hasta por dos años.
Pero nada se compara con la pena más alta: aquellos militares que se incorporan a la delincuencia organizada, pues en estos casos pueden pagar hasta 60 años de cárcel, según el Código de Justicia Militar.
¿Y cómo son juzgados?
La mayoría de los delitos del orden militar son denunciados por los propios militares, a través de declaraciones, por lo que es muy difícil que presenten pruebas, a menos que hayan sido detenidos en flagrancia, es decir, en el acto. Esto hace que haya un rezago en las investigaciones, nos explica Gutiérrez.
Los delitos se integran como carpetas de investigación en los ministerios públicos y son procesados por la Fiscalía General de Justicia Militar. La última palabra la tiene el Tribunal Superior Militar, encargado de girar las sentencias de los delitos.
Aunque tengan su propio Código de Justicia Militar, si el delito que cometen es de orden federal (trata de personas, secuestro, robo de hidrocarburos) sí pueden ser juzgados por un juez federal y no militar. El problema es que cuando llegan a los tribunales, estos tienen que volver a llamar a declarar a los testigos originales para escuchar las declaraciones. Esto puede llevar años, nos explica el abogado.
De los 479 militares en prisión, 359 están procesados o sentenciados por delitos de fuero federal.
El caso Cienfuegos
En octubre de este año, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue arrestado en Los Ángeles, California, bajo los cargos de lavado de dinero y de fabricar, importar y distribuir drogas en Estados Unidos. Sin embargo, casi un mes después, el Departamento de Justicia de aquel país pidió retirar los cargos para que su caso continúe en México.
La Sedena está obligada a iniciar una carpeta de investigación, a través de la Fiscalía General de Justicia Militar, como lo establece el artículo 60 del Código de Justicia Militar. Pero hasta ahora no ha sucedido, pues los mandos altos están protegidos por la ley y el Ejecutivo, nos dice el abogado.
¿Y si cometen delitos contra civiles?
Rosendo Radilla, un líder social guerrerense, fue detenido en 1976 ilegalmente en un retén militar de la Sedena. Cuando Rosendo les preguntó de qué se le acusaba, los militares le respondieron “de componer corridos a Lucio Cabañas”, de acuerdo con lo documentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Rosendo fue trasladado al entonces Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez. Hasta el día de hoy, su paradero es inciertos. Rosendo Radilla fue víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército.
Esta sentencia fue pilar para la reforma del Código de Justicia Militar en 2014, pues tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron acotar el fuero militar, es decir, que cuando haya casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles, sean juzgados por tribunales civiles.
Aunque hay similitudes entre los procesos de justicia militar y civil, estos juicios aún son privados y no podemos conocer cómo es que fueron juzgados, pues al tener su propio sistema y códigos, las sentencias y resoluciones no son públicas, así que aún hay un largo camino para saber en qué casos fallaron los militares.
La coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrático (PRD) fue presentada el domingo 3 de enero en Hermosillo, Sonora.
“A las tres fuerzas políticas los une la necesidad de salvar a México y Sonora sin distinción de colores partidistas, en donde el centro de todas las acciones lo será indudablemente la persona humana”, comunicó la alianza.
Representantes de los tres partidos entregaron el documento ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) donde quedó registrado oficialmente la coalición nombrada “Va Por Sonora” que participará en las elecciones del 2021.
“Nos permitimos presentar el original del convenio de Coalición Parcial para la elección de diputados y Coalición Parcial para la elección de ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021” explica el documento.
La alianza une fuerzas en 15 distritos locales y 53 planillas de Ayuntamientos del estado. En los próximos días también registraran el convenio para la gubernatura y el resto de los municipios y distritos locales.
La alianza parcial de Morena-PT en Tamaulipas busca postular al ex pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Ismael "Rocket" Valdez, a la Alcaldía victorense en los comicios del próximo 6 de junio.
Desde el año pasado el ex jugador de las Grandes Ligas comenzó un fuerte activismo político para promover su candidatura en distintos sectores de la sociedad y en las colonias.
A nivel nacional se registra una tendencia entre los partidos políticos de postular a figuras del deporte para competir en las elecciones.
"(Su candidatura) la vemos con altas posibilidades, verdad, no podemos hablar de precandidaturas, pero si es un perfil ciudadano, que está siendo propuesto para evaluarlo y que sea nuestro candidato", dijo el Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Arsenio Ortega.
El petista indicó que hay otros aspirantes a la postulación, y que en caso de que se encuentren en igualdad de condiciones, en cuanto a su posicionamiento, por medio de una encuesta elegirán al candidato que represente a la alianza.
"Si, hay varios, verdad, nosotros lo que vamos hacer este pues primero analizar el perfil de cada quien y en caso de resultar empate la situación, nos iríamos a una encuesta que es lo más probable que suceda en este caso", subrayó.
Nacido el 21 de agosto de 1973 en esta capital, antes de intentar su incursión en la política, se identificó con el movimiento religioso evangélico.
Entre los aspirantes a la candidatura de Morena-PT, se encuentran el ex priista, Eduardo Gattas y el ex panista y actual Síndico del Cabildo de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán.
Gattas fue candidato a diputado local perdedor del PRI en los comicios del 2016, y en los de 2018, perdió la Alcaldía postulado por Morena.
"Todo mi respeto para Ismael y creo legitima su aspiración, pero, en estos momentos somos la mejor opción de acuerdo a todas las encuestas y creo que Ismael le sumaría al proyecto en una diputación federal o local", externó.
En tanto, Torre, sobrino del ex Gobernador Egidio Torre, otro de los prospectos a la designación, el 16 de julio del año pasado renunció al PAN y se sumó a Morena para ir por la nominación.
Los dos políticos, igual que el ex lanzador de los Dodger's, buscan ganar la designación que hará la alianza para competir por la Alcaldía victorense.
En los últimos días del 2020, cuando se estaba por anunciar que Indira Vizcaíno era la candidata de Morena en Colima, Andrés Manuel López Obrador pidió demorar un día la noticia para poder conversar a solas con su histórico colaborador, César Yáñez, cuya hermana aspiraba a esa nominación.
Era preciso un operativo cicatriz: Yáñez, además de ser absolutamente periférico en el Gobierno, tenía la meta de que o su hermana, o su esposa, Dulce María Silva, fueran candidatas o en Colima o en Tlaxcala. No sucedió ninguna de las dos. El presidente habló a solas con Yáñez pero algo no funcionó: hace una semana su hermana Claudia dejó Morena.
Por estas horas, según pudo conocer LPO, Claudia Yáñez está muy cerca de ser candidata a gobernadora en Colima por el partido Fuerza por México, que encabeza el senador Pedro Haces.
El sindicalista replica el juego favorito de su líder Ricardo Monreal: juntar a todos los heridos, los que no fueron elegidos por López Obrador.
Es un asunto de cierta densidad, porque Claudia le estaría avisando a sus allegados que hará una campaña frontal contra Morena y contra Vizcaíno, a quien en la intimidad acusa de vínculos tenebrosos en la entidad del pacífico.
Colima sigue siendo un tema complejo en Palacio Nacional. El presidente intentó en múltiples ocasiones que Mario Delgado fuera el candidato a gobernador de la 4T pero este siempre se negó, convencido de que su entidad natal era un destino menor para su figura.