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lunes, 20 de noviembre de 2017

"TRANSA" a la USANZA PRIISTA,PIDEN INVESTIGAR a OSORIO CHONG por CONTRATI$MO" que TAMBIEN PRACTICA CABEZA de VACA...deja, porque los dejan.

En la usanza priista, el año de Hidalgo era famoso porque, al finalizar el sexenio, los funcionarios se valían del Presupuesto para engordar sus patrimonios o favorecer a sus allegados. En el actual gobierno, la tradición ha ido más allá.
Nueve empresas de Hidalgo han sido beneficiadas con contratos millonarios de obra pública entregados por funcionarios cercanos al secretario de Gobernación y ex gobernador hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong. Y tres de esas empresas están vinculadas con el ex procurador Jesús Murillo Karam, también ex mandatario de dicha entidad.

Se trata de las constructoras Alvarga Construcciones, Kouro Desarrollos, Demovial, Construcciones y Terracerías Gocatsa, Piram, Itrio Arquitectos, Gromac Construcciones, Grupo Xamay de Desarrollo y Grupo Constructor Tulancingo. 

Los contratos han sido otorgados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), principalmente su delegación en el estado de Hidalgo.

Ambas dependencias tienen una característica en común: desde enero de 2013 son dirigidas por ex funcionarios del gobierno de Osorio Chong en Hidalgo.

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La CDI es dirigida por Nuvia Mayorga, política hidalguense que durante la gubernatura del actual titular de la Segob se desempeñó como secretaria de Finanzas, en septiembre de 2012 tomó posesión como diputada federal por el principio de representación proporcional y, el 11 de enero de 2013, fue designada por el presidente Enrique Peña Nieto como directora general de la Comisión encargada del desarrollo de infraestructura para la población indígena del país.

El titular del Centro SCT en Hidalgo es Gerardo Salomón Bulos, un funcionario cuya carrera comenzó en el gobierno del priista Manuel Ángel Núñez Soto -en el que se desempeñó como director de Obras Públicas en el municipio de Actopan-, y escaló durante la administración de Osorio Chong.

De acuerdo con su currículum, entre 2005 y 2011 desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes de Hidalgo -director general de Comunicaciones, Director de Conservación de Carreteras y subsecretario-, de la que llegó a convertirse en su titular. El 24 de enero de 2013, fue designado delegado de la SCT en la entidad por el secretario Gerardo Ruiz Esparza.

El Centro SCT de Puebla es otra instancia que ha entregado contratos a estas constructoras. Éste es dirigido por Raúl Salvador Aguirre, ex secretario de Educación de Hidalgo, durante el sexenio de Osorio Chong.
Las consentidas.

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A partir de 2013, estas nueve empresas hidalguenses -que hasta antes del arribo de Nuvia Mayorga y Gerardo Salomón Bulos al gobierno federal participaban sólo en licitaciones locales, ganaban contratos por pequeñas cantidades o no recibían adjudicación alguna- comenzaron a recibir importantes contratos de dependencias federales y a desarrollar obras de infraestructura en diferentes estados del país.

En lo que va de la actual administración federal, han obtenido, en su conjunto, 63 contratos que suman más de 2 mil 560 millones de pesos.

De ellos, 167.6 millones de pesos de pesos fueron adjudicados por la CDI y 2 mil 392 millones por la SCT.
Construcciones y Terracerías Gocatsa
De acuerdo con Compranet, durante el gobierno de Osorio Chong en Hidalgo no recibió contrato alguno; no obstante, tras el arranque del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, esta constructora -cuya representante legal es Graciela Ivey González-, comenzó a ganar adjudicaciones federales.

Entre 2013 y 2017, ha recibido siete contratos de la SCT por más de 201 millones de pesos para realizar obras de construcción y modernización de vialidades en los estados de Hidalgo y Guerrero.

Además, Construcciones y Terracerías Gocatsa ganó siete contratos por más de 83 millones de pesos de la CDI. Esta empresa es la que más contratos tiene de dicha dependencia.

Las adjudicaciones son para la supervisión de obras de ampliación de la red eléctrica en Yucatán; para la ampliación del sistema de agua potable en Hidalgo, y para la supervisión de obras públicas en Querétaro.
Gromac Construcciones

Entre 2005 y 2011, esta constructora participó en licitaciones locales, y obtuvo contratos por 124.7 millones de pesos del gobierno de Hidalgo, pero desde hace cinco años, gana únicamente contratos de licitaciones federales.

Compranet indica que, en lo que va de la actual administración federal, ha ganado siete adjudicaciones de la SCT, por más de 89.6 millones de pesos, para la modernización y conservación de vialidades en los estados de Hidalgo y Puebla.

Tres contratos -por 43 millones de pesos- corresponden a Puebla, cuyo Centro SCT es dirigido por Raúl Salvador Aguirre, integrante del grupo de ex funcionarios hidalguenses que el actual titular de la Segob colocó en las diferentes delegaciones estatales de la SCT.

Gromac Construcciones ganó, además, dos contratos por más de 35 millones de la delegación de la CDI en Hidalgo, en ambos casos, para la modernización de caminos rurales de la entidad.
Grupo Xamay de Desarrollo

Esta empresa aumentó el monto de sus contratos de manera significativa. Entre 2005 y 2011, los contratos ganados por Grupo Xamay Desarrollos fueron apenas superiores a los 44 millones de pesos.

A partir de 2013, ha obtenido adjudicaciones de la SCT por más de 100 millones de pesos, lo que significa un aumento de más del 56 por ciento.

Los contratos contemplaban trabajos de modernización y conservación en diversas vialidades de Hidalgo.
Itrio Arquitectos

Es una constructora hidalguense que sólo ganaba contratos del gobierno local; no obstante, tras el arranque de la actual administración federal, comenzó a ganar adjudicaciones de la SCT para la realización de obras de modernización y construcción de vialidades en los estados de Hidalgo y Guerrero.

Además de ampliar sus negocios, Itrio Arquitectos multiplico sus rendimientos.

Entre 2005 y 2011, obtuvo contratos por poco más de 62 millones de pesos, pero a partir de 2013, ha ganado adjudicaciones por más de 225 millones de pesos, lo que representa un aumento del 72 por ciento.

De acuerdo con el padrón de contratistas del estado de Hidalgo, la representante legal de esta constructora es Patricia González Murillo, sobrina del ex titular de la PGR y ex gobernador de dicho estado, Jesús Murillo Karam.

Otro sobrino del ex gobernador hidalguense que reconoce haber sido fundador de esta constructora es Alejandro González Murillo, actual diputado federal por el Partido Encuentro Social, institución política que en julio de 2014 obtuvo su registro como partido político nacional, que tiene su enclave en Hidalgo y que, desde los comicios federales de 2015, es relacionado con Osorio Chong.

En su ficha curricular, González Murillo indica que se desempeñó como director de dicha empresa.
Kouro Desarrollo
Entre 2005 y 2011, recibió 31 millones de pesos del gobierno de Hidalgo, cuando el gobernador era Osorio Chong, y menos de 500 mil pesos de la administración federal.

En contraste, en los últimos cinco años, ha ganado contratos por más de 411 millones de pesos, lo que significa un incremento de más de 92 por ciento en el monto de sus adjudicaciones.

Kouro Desarrollo es otra empresa relacionada con Murillo Karam. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la empresa fue fundada en 2002 y ha sido dirigida por Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador.

Además, desde 2007 la hermana de éste, Sandra Georgette Murillo Ortega, es accionista mayoritaria de la constructora, pues ese año Carlos Castañera Murillo, sobrino de Murillo Karam, le cedió sus acciones.
Alvarga Construcciones

Alvarga Construcciones también está relacionada con el ex procurador Murillo Karam. La misma investigación indica que en 2014, Kouro y Alvarga presentaron el mismo domicilio fiscal -Calle Veta Arias 111, en Pachuca- en diferentes licitaciones.

Además, Miguel Ángel Tello Ludlow, administrador único de Alvarga Construcciones, es socio de Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador en la cadena de restaurantes Café Madero.

El padrón de contratistas del gobierno de Hidalgo indica que también comparten al mismo representante legal. Según el registro, Carlos Eduardo Luna Mora ostenta dicho cargo en ambas constructoras.

Entre 2005 y 2011, Alvarga Construcciones recibió 16 contratos por 527.5 millones de pesos de los gobiernos de Hidalgo y federal.

A partir de 2013, el número de contratos adjudicados a esta constructora se redujo, pero el monto de los mismos aumentó.

En los últimos cinco años, ha ganado sólo cuatro contratos, que suman 574 millones de pesos para el desarrollo de obras de infraestructura en los estados de Colima, Guanajuato, Chiapas y San Luis Potosí.
Grupo Constructor Tulancingo
Pasó de ser una constructora absolutamente local a ganar contratos de dependencias federales.

Entre 2005 y 2011, obtuvo adjudicaciones por poco más de 257 millones de pesos del gobierno de Hidalgo; mientras que en los últimos cinco años, ha obtenido adjudicaciones de la SCT por más de 269 millones de pesos.

Grupo Constructor Tulancingo es propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, empresario hidalguense que en 2015 fue señalado como dueño de la casa que el secretario de Gobernación reconoció habitar.

De acuerdo con el reportaje El gusto de vivir en las Lomas, publicado por la revista Proceso en abril de ese año, la casa ubicada en Bosque de Manzanos 333 que la familia de Osorio Chong ocupó entre 2011 y 2014, era propiedad de Sosa Velasco, al igual que el inmueble de Paseo de las Palmas al que se mudaron.

La investigación indica que, en mayo de 2014, la esposa del secretario de Gobernación, Laura Vargas Carrillo, intentó comprar la casa a la empresa MNM MKDO Inmobiliario, cuyo dueño y representante también es el empresario hidalguense; no obstante, en una carta al semanario, Osorio Chong negó que ésta fuera propiedad de él o de su esposa, aunque reconoció que vivía en él desde julio de 2014.

Si bien MNM MKDO no tiene contratos registrados en Compranet, sí aparecen otras dos empresas propiedad de Sosa Velasco: Grupo Constructor Tulancingo SA de CV y Sky Universal SA de CV.

De acuerdo con el registro, durante la administración de Osorio Chong ambas empresas obtuvieron más de 592 millones de pesos en contratos otorgados por el gobierno de Hidalgo: 335.8 millones adjudicados a Sky Universal y 257 millones a Grupo Constructor Tulancingo.

A partir de 2013, Grupo Constructor Tulancingo ha obtenido contratos de la SCT por más de 269 millones de pesos.

Sky Construcciones ha ganado licitaciones por 516.6 millones de pesos, aunque en este caso, las dependencias que han adjudicado los contratos son Caminos y Puentes Federales y la Comisión Nacional del Agua.
Otras beneficiadas
Otras empresas hidalguenses que siguen siendo las que más facturan a la SCT a pesar de que el monto de sus contratos es menor al de hace algunos años son Demovial y Piram.

Entre 2005 y 2011, Demovial obtuvo contratos por 25 millones de pesos del gobierno de Osorio Chong y 861 millones de pesos de la SCT.

En lo que va de la actual administración federal ha facturado más de 293.6 millones de pesos de Comunicaciones y Transportes.

Si bien esta cifra es mucho menor a la obtenida en años pasado, Demovial se ubica como la tercera empresa hidalguense que más recursos obtiene de la SCT.

Piram obtuvo contratos del gobierno de Hidalgo por 92 millones de pesos y por 359 millones de la SCT entre 2005 y 2011; todos fueron adjudicados para el desarrollo de obras de infraestructura en dicho estado.

En los últimos cinco años, dicha constructora ha ganado adjudicaciones por más de 226.8 millones de pesos de la SCT y por más de 49 millones de la CDI, cifra que, aunque es menor a la obtenida anteriormente, la ubica como la quinta empresa que más factura a Comunicaciones y Transportes.
'Modus operandi'

La adjudicación de contratos a estas constructoras se ha llevado a cabo mediante un esquema que permite evitar la asignación de obras mediante adjudicación directa, un mecanismo que, por sí mismo, genera suspicacias: convocan a licitaciones públicas en las que participan hasta una veintena de empresas; sin embargo, sólo unas cuantas son consideradas solventes, entre éstas las presentadas por dichas empresas.

Dos ejemplos: en la licitación LO-009000997-N20-2013 para la modernización a 4 carriles del proyecto carretero México-Pachuca-Villa de Tezontepec, en Hidalgo, participaron 27 empresas, de ellas sólo cinco propuestas fueron consideradas "solventes": las presentadas por Grupo Constructor Diamante, Piram, Adrián Monter Lugo, Demovial y Grupo Constructor Tulancingo. El contrato por cerca de 42 millones de pesos fue adjudicado a este último.

Un año más tarde, la SCT repitió el mecanismo: emitió la convocatoria de la licitación LO-009000999-N176-2014 para la construcción del Distribuidor Vial El Minero en la carretera México-Pachuca-Actopan, también en Hidalgo.

En el concurso participaron una decena de constructoras, pero la SCT consideró solvente sólo la propuesta de Itrio, por lo que el contrato por más de 74 millones de pesos le fue adjudicado.

Otro esquema utilizado para beneficiar a estas constructoras es la invitación a cuando menos tres empresas. Así, al menos dos de los invitados a participar en las licitaciones son integrantes de este grupo de empresas hidalguenses.

La licitación LO-00900097-N28-2013 para la instalación de alumbrado público, guarniciones y trabajos faltantes sobra la carretera estatal Progreso-El Tephé, en los municipios de Progreso de Obregón, Chilcuautla e Ixmiquilpan, en Hidalgo, se resolvió mediante este procedimiento.

En el proceso participaron H&P Constructora, Electromecánica Morec, Construcciones y Excavaciones Ensástiga y Piram. El contrato por más de 9.5 millones de pesos fue adjudicado a ésta última.

La licitación LO-009000997-N001-2015 para la realización de trabajos de conservación periódica del tramo Venta de Carpio Pitula de la carretera Venta de Carpio-Tulancingo, en Hidalgo, también fue resuelta mediante invitación a cuando menos tres personas.

En ella participaron Persa Construcciones y de nuevo Construcciones y Excavaciones Ensástiga y Piram. El contrato por 7.8 millones de pesos fue adjudicado a Piram.


De acuerdo con Compranet, de los 64 contratos por más de 2 mil 560 millones de pesos adjudicados entre 2013 y el primer semestre de 2017 a las nueves constructoras "consentidas" de Osorio Chong, 50 fueron asignados por licitación pública y las 14 restantes por invitación.

fuente.-

ASESINAN DIRECTIVO de TELEVISA para ROBARLE BICICLETA en EDOMEX...el presidente "sensible y atento" condeno el homicidio.

Adolfo Lagos Espinosa, vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa y director de Izzi, fue asesinado ayer durante un asalto en el Estado de México.

El directivo fue baleado por delincuentes que le robaron su bicicleta en un camino aledaño a la carretera México-Pirámides, a la altura de Teotihuacán.

El ejecutivo fue trasladado en estado grave al hospital de especialidades Villa de las Flores, en Coacalco, donde falleció. Hasta los primeros minutos de hoy no había detenidos por estos hechos.

En febrero del 2013, Lagos se incorporó a Televisa como vicepresidente.

Antes, fue vicepresidente ejecutivo senior y jefe de la división de Banca de Mayoreo Global de Banco Santander, desde España. También fue director general adjunto de Bancomer con Ricardo Guajardo.

Lagos era sobrino de Manuel Espinosa Yglesias y amigo de Guillermo Ortiz, ex Gobernador del Banxico.

El Presidente Enrique Peña condenó en Twitter el asesinato y dijo que la PGR coadyuvará con el Estado de México en la investigación.

El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, expresó en esa red su repudio por el homicidio y exigió acciones contra la ola de inseguridad.

fuente.-



domingo, 19 de noviembre de 2017

ALCALDE PANISTA de LAREDO ENTREGA MILLONARIA$ OBRA$ a SUS "CUATE$ y CUATE$" de CABEZA de VACA...lo dicho,el enroque fue de hampones.

El Presidente Municipal Enrique Rivas Cuellar otorgó una obra pública de más de 43 millones de pesos por medio de una licitación a la empresa constructora de Reynosa, Humayna Construcciones S.A de C.V, perteneciente a la familia de su amigo y ex compañero diputado de la LXII Legislatura, Humberto Prieto Herrera. 

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Ambos fueron miembros del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional (PAN), cuando el Alcalde de Nuevo Laredo fungía como diputado local durante el periodo legislativo 2013-2016. 

En el concurso de licitación para la construcción del paso vehicular en el Segundo Anillo Periférico y el bulevar Dr. Carlos Canseco en el fraccionamiento El Progreso, hubo seis propuestas de constructoras tamaulipecas, dos fueron rechazadas, incluida la más económica, y descartaron a tres empresas de esta frontera. 

Fue Humayna Construcciones la que obtuvo el contrato a favor el 4 de noviembre del 2016, donde el gerente administrativo es Humberto Prieto Herrera, y el propietario es su padre José del Carmen Prieto Valenzuela, quien fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en Reynosa en la administración 2005-2007, cuando el ahora gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, era alcalde. 



El 18 de octubre del 2016, el gobierno municipal de Nuevo Laredo publicó en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas las bases de la licitación LO-828027994-E92016, donde respondieron a la convocatoria las seis constructoras de Nuevo Laredo, Tampico y la de Reynosa. 

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La empresa Técnicas Especializadas en Construcción S.A de C.V., de Tampico, fue la empresa que tenía el presupuesto más económico, ya que la obra era de 32 millones de pesos, pero fue desechada por presentar información incompleta que imposibilitaba la manera de determinar su solvencia económica, al igual que la constructora neolaredense Beyl Construcciones S.A de C.V. aunque era la más costosa.

De las otras cuatro constructoras que participaron Humayna Construcciones fue la más económica, seguida de Naves Industriales de Nuevo Laredo por 4.7 millones de pesos más que la empresa de Reynosa, las más costosas fueron la Constructora y Urbanizadora Atilano por más de 51 millones de pesos, y la Constructora Río Bravo de Nuevo Laredo por más de 55 millones de pesos. 

El contrato se determinó otorgar a Humayna Construcciones, según porque reúne las condiciones legales, técnicas, y económicas resultando la propuesta técnica y económica más conveniente para el gobierno. 

Por medio de la solicitud de transparencia SCT-01691/2017, el periódico El Mañana obtuvo acceso al reporte oficial de la licitación en el que marca los reglamentos y procesos del concurso, y en lista a los servidores públicos elegidos por Rivas Cuéllar, los cuales fueron los encargados de dar fallo a la constructora de Reynosa. 

Entre los funcionarios públicos que asignaron la obra aparecen: Rubén Ramos, secretario de Obras Públicas; el contralor José Ramón Ibarra; el primer síndico, Adolfo Mondragón, y tres funcionarios municipales de Obras Públicas. 

Los días jueves y viernes, este matutino buscó al Secretario de Obras Públicas para que informara sobre el avance de la obra y explicara el método de elección de la constructora, pero no dio respuesta para una entrevista. 

OBRA COSTOSA Y RETRASADA 

Esta es la segunda obra más costosa en lo que va de la administración de Rivas Cuéllar; inició el 19 de noviembre del 2016, y su fecha de finalización era el 17 de mayo del 2017, teniendo ya un atraso de seis meses. 

Con esta obra el gobierno municipal pretende bajar los niveles de accidentes viales de este crucero, y beneficiar el tránsito vial del sector poniente de la ciudad. 

PRESUMEN AMISTAD 

Desde el 2013, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar presumía su amistad con el ex diputado federal, Humberto Prieto Herrera, en las redes sociales, al publicar fotos donde acudían a los mismos eventos políticos. 

Humberto Prieto Herrera es originario de Hermosillo, Sonora, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), y fue diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 

Para confirmar que Prieto Herrera tiene vínculo con Humayna Construcciones, esta casa editora se comunicó vía telefónica con la empresa en Reynosa, y al atender la llamada la recepcionista no sabía qué puesto desempeña el ex legislador en la empresa de su padre, ya que respondió confundida si era socio o hijo de los dueños de la constructora. 

“Es socio, pero no es personal de la constructora, pero él casi no viene para acá, ¡ah!, me dice el contador que no es socio, me dicen que es hijo de los dueños de la constructora, me dice el contador”, respondió la recepcionista vía telefónica. 

En el portal del Sistema de Información Legislativa, en el currículum del ex diputado federal se indica que se desempeña como gerente administrativo de Humayna Construcciones. 

EL DATO 

EMPRESAS DECLARADAS SOLVENTES 

Humayna Construcciones S.A de C.V.

Reynosa 

$43,021,564.60 

Naves Industriales de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. 

Nuevo Laredo 

$47,791,853.60 

Constructora y Urbanizadora Atilano, S.A. de C.V. 

Nuevo Laredo 

$51,622,630.14 

Constructora Río Bravo de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. 

Nuevo Laredo 

$55,757,095.49

Fuente.-

EN MEXICO "NI SE PROCESA,NI SE CASTIGA" SOLDADOS ACUSADOS de ABUSOS,REITERA INFORME...impunidad es norma en casi todos los casos.

Un nuevo informe reitera que, a pesar de las reformas, México no investiga ni procesa a los soldados acusados de abusos, una muestra de las consecuencias muchas veces negativas que tiene para los derechos humanos la militarización de la lucha contra el crimen.
Según un informe publicado el 7 de noviembre por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una reforma legal de 2014, que transfirió los casos de abuso militar a las autoridades civiles quitando esa tarea a los tribunales militares no ha mejorado la imputabilidad de las fuerzas armadas.
La impunidad es la norma en casi todos los casos de presuntos abusos militares del ejército, según los hallazgos del informe. Entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República de México abrió 505 investigaciones penales por presuntos delitos cometidos por soldados contra la población civil. Sin embargo, el sistema de justicia civil solo ha conseguido 16 condenas, que representan un índice de resoluciones de 3,2 por ciento.
 Cortesía de WOLA
(Crédito: WOLA)
Una razón importante para la baja tasa de resoluciones es la capacidad de las autoridades militares de obstrucción o dilatación de las investigaciones civiles, por ejemplo, reteniendo, falsificando o saboteando evidencias y declaraciones.
La autora principal del estudio, Ximena Suárez-Enríquez, comentó a InSight Crime que una participación más fuerte de las autoridades civiles en el proceso de investigación sería una posible solución a este problema.
"Como mínimo, los civiles deben tener control sobre la recolección de evidencia, la cadena de custodia en escenas de crímenes y la toma de declaraciones, pues las acciones del ejército en el pasado han demostrado que son formas como los militares obstruyen y afectan las investigaciones civiles".
Además de los obstáculos que pone en práctica el ejército, el estudio halló que la falta de voluntad política por parte de la Procuraduría General también ha puesto trabas a las investigaciones y procesos judiciales de soldados acusados de delitos.
"La falta de independencia de la Procuraduría General es un factor clave que influye en la manera como se investiga o no se investiga y como se procesan los casos", declaró Suárez-Enríquez a InSight Crime. "La presión política puede ejercer influencia en los procesos judiciales en México, y hay mucha presión para que no se investigue en lo que respecta a los casos donde hay personal de la milicia implicado".
Para mejorar la capacidad de las autoridades civiles de llevar ante la justicia a los miembros del ejército, el estudio recomienda invertir en creación de capacidad para las autoridades civiles, así como crear un mecanismo para monitorear la implementación de la reforma de 2014, entre otros.

Análisis de InSight Crime

El último informe de WOLA es una muestra de las consecuencias negativas para los derechos humanos que se han asociado con las estrategias de militarización de la lucha contra el crimen en toda Latinoamérica, y en particular en México. Estas políticas no solo han fallado en su mayoría en términos prácticos, sino que también han sido una "fórmula para los abusos contra los derechos" a manos del ejército. De hecho, 2017 se encamina a ser el año más violento que se haya presenciado en la historia reciente de México.
Cortesía WOLA
 (Crédito: WOLA)
En medio de la escalada de violencia, siguen apareciendo noticias de abusos de derechos perpetrados por el ejército, tan extremos como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, debido en gran parte a la impunidad casi total de los delitos en México.
"El gobierno mexicano debe mostrar resultados en casos paradigmáticos, como la masacre de Tlatlaya", apuntó Suárez-Enríquez, en referencia a la matanza en 2014 de 22 presuntos sospechosos de crímenes por miembros del ejército. El año pasado, un tribunal militar absolvió a todos menos uno de los soldados implicados.
"La investigación, procesamiento y sanción efectivos de los responsables, incluso en unos cuantos casos enviaría un mensaje contundente sobre el compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para las víctimas", añadió Suárez-Enríquez.
En un mensaje de correo electrónico a InSight Crime, la asociada sénior de WOLA para México Maureen Meyer formuló sus inquietudes sobre las propuestas de intensificar la participación militar en la lucha contra el crimen.
"Intensificar la militarización de la seguridad pública en México, sin mayores controles sobre las acciones de los soldados solo conducirá a más abusos", señaló Meyer. "Mientras el gobierno mexicano siga examinando propuestas legislativas para acrecentar la participación militar, debe aceptar el costo humano que tiene desplegar soldados con débiles mecanismos de vigilancia sobre su comportamiento y el de sus superiores".
fuente.-