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martes, 4 de abril de 2017

"NO ERAN GATILLEROS,ERA un MATRIMONIO INOCENTE" RAFAGUEADO por la MARINA...eso pasa cuando le disparan a quien no les dispara.


Un matrimonio residente de McAllen, que cruzó a Reynosa para surtir la despensa, fue rafagueado por error esta tarde por elementos de la Marina, quedando ambos heridos.

La pareja fue identificada como Alfredo y Alejandra Alemán, quienes iban a bordo de una camioneta plateada Tahoe de cuatro puertas con placas CGM-7741 de Texas.

Según testigos, la pareja circulaba por la avenida El Maestro. Luego de pasar los puentes gemelos, fueron agredidos alrededor de las 15:12 horas por los elementos militares en el cruce de la calle Río Álamo y Rosalinda Guerrero, de la colonia Jardín. 

Marinos abrieron fuego tanto por tierra en patrullas y como por aire desde un helicóptero, hiriendo en una mano al hombre, mientras su esposa quedó con un pie baleado y sin poder caminar.


Las llantas quedaron ponchadas y la camioneta atravesada en el crucero, con los vidrios laterales rotos e impactos de bala en el cristal delantero.


Elementos de Protección Civil de Reynosa arribaron al lugar y trasladaron a los dos heridos a un hospital.

También llegaron al mismo tiempo patrullas del Ejército Mexicano y Eduardo Alemán, hermano de Alfredo, pero los marinos ya se habían retirado. Los soldados cerraron el paso al tráfico. 

Eduardo informó a los reporteros que era una equivocación, que su hermano y su cuñada viven en McAllen y que vienen cada semana a Reynosa a surtir despensa y que no tenían porque dispararles.

Los militares inspeccionaron la camioneta y confirmaron que no portaban armas el matrimonio, solo la cajuela llena de bolsas de despensa.

Agentes de la Policía Ministerial de la PGJE y personal de Periciales acordonaron el área y esperaron a personal de la PGR.

En redes sociales empezaron a reportarse situaciones de riesgo por varios puntos de la ciudad alrededor de las 15:00 horas


El Ayuntamiento encendió en amarillo el Semáforo de Seguridad alertando a conductores a no pasar por el libramiento Reynosa-Monterrey y por la avenida Hidalgo a la altura de Plaza Periférico, por registrarse persecuciones y regadero de ponchallantas.
Fuente.-

"NO RESPETAN el MANUAL de USO de la FUERZA LETAL"...y es OBLIGATORIO.

3. Principios aplicables al Uso de la Fuerza.
A. La utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las fuerzas armadas, sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles.
B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
a. Oportunidad: cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de los habitantes.
b. Proporcionalidad: cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que se enfrente; se refiere a la relación entre la amenaza al bien jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los hechos, y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla.
La gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la agresión, la peligrosidad del agresor, sea individual o colectiva, las características de su comportamiento ya conocidas, la posesión o no de armas o instrumentos para agredir y la resistencia u oposición que presenten.
c. Racionalidad: cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas armadas; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder recurrir a otro medio alternativo.
d. Legalidad: cuando su uso es desarrollado con apego a la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos
4. Niveles de resistencia.
A. Resistencia no agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal.
B. Resistencia agresiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal.
C. Resistencia agresiva grave: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a personal de las fuerzas armadas, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado como tal.
5. Niveles del Uso de la Fuerza.
A. Es la gradualidad del uso de la fuerza que previa evaluación de la situación, debe adoptar el personal de las fuerzas armadas de manera proporcional a la conducta de la persona y/o la resistencia que opone, mediante:
a. Disuasión: consiste en la simple presencia física.
Se materializa con la presencia visible de personal de las fuerzas armadas, a petición fundada y motivada de la autoridad civil, donde se ha detectado una situación que afecta la seguridad de la población, que puede derivar en acciones ilícitas generadoras de daños mayores.
Puede estar acompañada por un despliegue de vehículos terrestres, embarcaciones o aeronaves, asimismo, la presencia debe realizarse conforme a un despliegue táctico que responda a la evaluación y control de la situación.
b. Persuasión: las acciones que de manera inofensiva desarrolla el integrante de las fuerzas armadas, mediante contacto visual e instrucciones verbales, para conminar al transgresor de la ley a que desista de su conducta.
c. Fuerza no letal: se emplea para controlar a una persona o personas en los casos de resistencia no agresiva y agresiva.
El uso de instrumentos no letales tendrá como propósito causar el menor daño posible durante el control físico sin convertirlos en letales, ante un uso de fuerza excesiva, irracional y desproporcional a la resistencia del transgresor o agresor.
d. Fuerza letal: consiste en la utilización de medios letales (armas de fuego, contundentes e improvisadas) para proteger la vida propia, de terceros o se vaya a cometer un delito particularmente grave; lo cual puede acontecer, cuando los agresores o transgresores amenacen al personal de las fuerzas armadas o a terceras personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo, embarcación o aeronave en que se transporta u otro objeto que ponga en peligro la vida.
6. En el uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la situación particular que se viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal, en cuyo caso, estos últimos podrán implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que sea necesario, en los términos de las directivas y de este manual.
7. No debe perderse de vista que las situaciones que requieren el empleo de la fuerza son dinámicas, que pueden pasar de un tipo de agresión a otro y por ello, el personal que está dentro de la misma debe tomar decisiones correctas aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.
8. El personal de las fuerzas armadas que deba usar la Fuerza tendrá que evaluar la situación, planificar el nivel que empleará y actuar para controlarla; debe tener presente que toda situación es dinámica, las conductas de quienes infringen la ley pueden ir de una actitud cooperativa a presentar una resistencia grave en breve tiempo, sin que necesariamente tengan que pasar por las etapas de oponer una resistencia agresiva o no agresiva; la autoridad debe estar presente y mantener comunicación con la(s) persona(s) durante todo el acontecimiento; ante una resistencia no agresiva se debe emplear métodos disuasivos mismos que pueden convertirse en métodos persuasivos, empleo de la fuerza no letal y fuerza letal, dependiendo de la evolución de la conducta que se presente en el caso particular (fig. No. 1).

Fuente.-Diario Oficial de la Federacion/Publicado en Mayo 30/2014

ESTUDIO "DELIMITA CULPAS" de GOBERNANTES por la INSEGURIDAD...


El reciente estudio de una académica mexicana busca establecer bajo qué circunstancias el electorado mexicano castiga a los políticos por la situación de inseguridad, y ofrece valiosa información sobre un importante obstáculo para el control democrático en el país.
El nuevo artículo de Sandra Ley, "Responsabilidad electoral en medio de la violencia criminal: evidencias de México" (Electoral Accountability in the Midst of Criminal Violence: Evidence from Mexico), parte de una premisa real pero lamentable: que los políticos mexicanos raramente son responsabilizados por el deterioro de la seguridad en sus jurisdicciones. Esto parece ser contrario a la reacción natural de cualquier electorado democrático, especialmente en México, donde los políticos no sólo son incapaces de enfrentar los problemas de seguridad, sino que además son agentes activos de la inseguridad.
Mediante un análisis de las elecciones para gobernadores y alcaldes durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), y utilizando los conteos oficiales sobre la violencia relacionada con el crimen organizado, Ley concluye que los votantes estaban dispuestos a revocar el mandato del partido gobernante sólo si se cumplían dos condiciones: cuando el partido en el poder era el Partido de Acción Nacional (PAN), al cual pertenece el expresidente Calderón, y cuando el aumento en la violencia estaba relacionado con el crimen organizado. Si alguno de esos dos factores estaba ausente, los electores no parecían dispuestos a votar por la revocatoria del mandato de los gobernantes.
Los efectos eran mayores cuando la violencia estaba dirigida a los funcionarios públicos, especialmente durante las campañas electorales. Según Ley, profesora de ciencias políticas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Ciudad de México, "Por cada evento violento perpetrado contra actores políticos durante el proceso electoral en un municipio determinado, la cuota de votos del PAN disminuye un 3,6 por ciento".
Según la autora, esta dinámica se produce porque los votantes intentan encontrar "atajos cognitivos" para determinar a quién culpar. Un problema tan complicado como el crimen organizado tiene múltiples actores relevantes (por ejemplo, el ejército, tres niveles de la policía, tres niveles de políticos electos, el poder judicial y los grupos criminales mismos) y, por supuesto, los votantes buscan determinar quién es el culpable.
El asunto se complica aún más cuando la creciente inseguridad se convierte en una papa caliente política. Los funcionarios municipales buscan el apoyo del nivel estatal cuando no pueden manejar los asuntos, y los funcionarios estatales hacen lo mismo con el gobierno federal, por lo que cada nivel tiene un posible chivo expiatorio para sus propias insuficiencias.
Pero sólo cuando las circunstancias establecen la causalidad más simple —cuando hay una gran cantidad de violencia relacionada con el crimen organizado, y solamente hay un partido al que se puede culpar—, el electorado en su conjunto logra canalizar la responsabilidad hacia los políticos.

Análisis de InSight Crime

De alguna manera, las dos condiciones necesarias para la responsabilidad electoral son totalmente lógicas. A diferencia de la delincuencia común, el crimen organizado suele tener un componente político activo, en el cual los grupos más poderosos encuentran protección. Por lo tanto, es lógico que los votantes se muestren más dispuestos a castigar a los políticos cuando se disparan los niveles de violencia relacionada con el crimen organizado.
En cuanto a la necesidad del alineamiento político como condición previa, Calderón basó su presidencia sobre una plataforma contra el crimen organizado, por lo que no es sorprendente que él y sus compañeros panistas se hayan visto afectados cuando las deficiencias de su estrategia se hicieron evidentes. Según Ley:
En general, los resultados sugieren que cuando un partido intenta “controlar” el crimen pero no logra proveer seguridad, los votantes castigan a sus candidatos en las urnas, incluso más cuando la alineación política facilita la atribución de responsabilidad por los deficientes resultados en materia de seguridad.
El problema es que delimitar la culpa a los políticos del PAN resultaba insuficiente en el período de Calderón. El Partido Revolucionario Institucional, o PRI, tenía más de la mitad de las gobernaciones del país, y la mayor parte de las alcaldías, por lo que conservó una amplia influencia sobre el sistema político del país, a pesar de que se encontraba operando durante una presidencia del PAN. Responsabilizar solamente a los funcionarios del PAN lo que hizo fue darles carta blanca a los funcionarios del PRI, quienes en su conjunto ejercieron tanta o mayor influencia que aquellos sobre la estrategia del sistema político para hacer frente al crimen organizado.
No es casualidad que durante la administración Calderón se hubieran presentado algunos inquietantes casos de funcionarios del PRI que fueron recompensados en las urnas a pesar de que evidenciaron desastres de seguridad. En el año 2011, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue sucedido por otro miembro del PRI —nada menos que su propio hermano— a pesar de que Moreira se había visto involucrado en una amplia investigación por denuncias según las cuales él les permitió a Los Zetas tomar el control el estado.
En 2010, Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, durante el mandato de un alcalde del PRI y un gobernador de Chihuahua igualmente del PRI. Sin embargo, en los comicios en el verano de ese año, los votantes volvieron a elegir eligieron a un alcalde y a un gobernador priistas.
Es posible que los cambios en la dinámica política (quizá no haya otro presidente que apueste su reputación por una estrategia de mano dura en cuestiones de seguridad) y en las reglas políticas (desde 2014 se permite la reelección a nivel municipal) debiliten las conclusiones de Ley. También es posible que los múltiples escándalos que involucran a gobernadores de todos los partidos incremente la disposición de la ciudadanía a considerar el tema más allá de la alineación política.
Pero aún hay poca evidencia de ello. Por el contrario, parece que la llegada de un presidente del PRI fue el impulso final para los candidatos priistas a las gobernaciones de Chihuahua, Durango, Veracruz y Tamaulipas. En cada uno de estos estados, el PRI obtuvo la gobernación durante el mandato de Calderón, a pesar de que se presentó un deterioro sustancial en materia de seguridad, así como permanentes y creíbles denuncias de que había funcionarios del PRI en connivencia con grupos criminales. En cada uno de estos estados, el candidato del PRI para gobernador perdió en 2016, cuando ya Peña Nieto era presidente.
Lamentablemente, la ausencia de rendición de cuentas electorales de manera coherente es una parte importante de la persistencia de la violencia en México. Los incentivos para los políticos, cuya motivación principal es una posible reelección, así como para sus partidos, no están relacionados con su desempeño en materia de seguridad. No parece haber castigo para los gobernadores que venden su estado a un grupo criminal, o que permiten que el jefe de la policía proteja a los criminales.
Mientras eso no cambie, mientras no desaparezcan las condiciones que Ley identifica, es difícil imaginar que los políticos mexicanos se sientan motivados por el interés público en materia de seguridad. 
fuente.-

REYNOSA "BAJO FUEGO ARMADO",MARINOS ABATEN a GATILLEROS en REYNOSA...tiroteos y persecuciones en curso.


Infantes de Marina con apoyo de helicópteros sostenían esta tarde enfrentamientoscon grupos de hombres armados derivando en persecuciones que se extendieron hacia diversos puntos de la ciudad de Reynosa.
En informes preliminares, extraoficialmente se reportan dos civiles armados abatidos en la colonia Rosalinda Guerrero.
Los tiroteos empezaron a ser reportados a las 13:40 horas en el fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas y asimismo reportaron a desconocidos arrojando estrellas metálicas o ponchalantas frente al HEB del Boulevard Hidalgo.
También se registró un bloqueo en el Libramiento Monterrey.
Durante la emergencia que se mantiene en curso en estos momentos, el Ayuntamiento de Reynosa activó en sus páginas de redes sociales de Facebook y Twitter el Semáforo Amarillo: ‘‘Ponchallantas en el Libramiento Monterrey a la altura de TITSA en ambos sentidos y en el Boulevard Hidalgo a la altura de Plaza Real. Se recomienda circular por vías alternas y tomar precauciones’’.
Los incidentes se extendieron a la calle Río Purificación, Boulevard del maestro, colonia Rodríguez y colonia Longoria atrás del HEB Morelos.
(En un momento más información)

 <strong>Reynosa </strong> bajo fuego: chocan marinos y hombres armados; reportan 2 muertos (VIDEOS)
 <strong>Reynosa </strong> bajo fuego: chocan marinos y hombres armados; reportan 2 muertos (VIDEOS)Fuente.-

En las "CUENTAS de la MATAZON" de CRIMINALES,el INDICE de LETALIDAD "CUENTA"...los números fríos de la contienda caliente.


Una forma de medir el uso de fuerza letal por fuerzas de seguridad consiste en establecer la relación entre el número de muertos y heridos de presuntos criminales en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. 
Una forma de hacerlo, atribuida a Paul Chevigny, divide el número de muertos entre el número de heridos para generar un cociente que identifique cuántos muertos por cada herido producen estos enfrentamientos.
El índice se ha utilizado en México por algunos (entre otros Ahmed & Schmitt 2016, Silva, Pérez Correa & Gutiérrez 2012 y 2015) como un indicador de posible abuso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad gubernamentales. Toda vez que el Índice de letalidad forma parte del debate sobre seguridad en México, es importante entender exactamente qué mide, cuáles son sus alcances y sus limitaciones para guiar las inferencias que podemos desprender de él.
Índice agregado
En un evento donde participan fuerzas del orden público y presuntos miembros del crimen organizado, pueden producirse cuatro posibles combinaciones en el resultado del evento en términos de muertos y heridos.
Estas cuatro casillas deberían aparecer reflejadas en una medición completa sobre la acción de las fuerzas del orden público, sin embargo, no ocurre así en el Índice de letalidad. 
Para entender lo que mide el índice de letalidad, pongamos un ejemplo muy sencillo donde ilustramos cada uno de estos cuatro casos, y calculamos el índice de letalidad que comúnmente se utiliza.   

En este caso, el Índice de letalidad es simplemente la división del total de muertos (19) entre el total de heridos (11) que resulta en un índice de 1.7. Como es mayor que 1, indica que hay más muertos que heridos. La interpretación que se le ha dado hasta ahora señala que es una prueba del abuso de la fuerza letal en los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, como queda claro en el ejemplo, el índice agregado no utiliza información de los casos donde no hay muertos ni heridos, e ignora la ausencia de heridos donde sólo hay muertos, y la ausencia de muertos donde sólo hay heridos.
Entonces, ¿qué mide realmente el Índice de letalidad agregado? Refleja la relación entre totales (de muertos y de heridos). Por esa misma razón no refleja plenamente lo que sucede en cada evento, porque altera la relación entre muertos y heridos que ocurre a ese nivel. En consecuencia, “infla” la relación real entre muertos y heridos.
¿Qué implica eso? Supongamos que durante seis meses todas las confrontaciones terminan en cero muertos y cero heridos entre presuntos miembros del crimen organizado. En el séptimo mes, hay tres eventos donde hay muertos o heridos y uno de ellos con un numero desproporcionado de muertos. El índice agregado reflejaría solamente estos últimos tres casos, e ignoraría los seis meses previos.
Suponiendo sin conceder que la Base CIDE-PPD contiene la información que se argumenta en su documentación, podemos utilizarla también para ilustrar las implicaciones de estas limitantes. Si utilizáramos la metodología del Índice de letalidad en el universo que proveen esos datos, tendríamos que ignorar 57 por ciento  de los eventos donde no hay ni muertos ni heridos. Del 43 por ciento de la información restante, tendríamos que utilizar selectivamente la información: 1) el número de muertos y heridos en los eventos con muertos y heridos, 2) sólo el número de muertos en los casos con muertos sin heridos, 3) solo el número de heridos en los casos con heridos y sin muertos. (Evidentemente, los números seria distintos segmentando por cada fuerza federal involucrada.)
Índice por evento
Una posible solución para incorporar de alguna forma la información sobre la relación entre muertos y heridos de presuntos miembros del crimen organizado, sería calcular el índice de letalidad para cada evento y generar un promedio que reflejara mejor esta información. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos calcular el índice en cada uno de nuestros casos hipotéticos y promediarlos.

Sin embargo, a nivel de evento, el índice no puede calcularse en los eventos donde no hay muertos ni heridos, ni en el caso donde hay muertos sin heridos porque la división está indefinida. Por esa razón, el índice sólo podría calcularse en los casos donde hay muertos y heridos (7/5=1.4) y donde hay heridos sin muertos (que siempre será 0), cuyo promedio es 0.7. Siendo menor que 1, indicaría más heridos que muertos en promedio. La interpretación tradicional no sustentaría la tesis del “abuso” de la fuerza letal en los cuerpos de seguridad.
¿Qué mide realmente este promedio de índices individuales? Refleja la relación entre de muertos y heridos solamente en el subgrupo de eventos donde hay muertos y heridos simultáneamente, y descarta los otros tres posibles resultados de confrontaciones. 
Llevando de nuevo el caso a la Base CIDE-PPD, el índice por evento podría calcularse solamente en 16 por ciento del total de los eventos, por lo que el promedio ignoraría 84 por ciento de los eventos.
Dando un paso más en el ejemplo con la Base CIDE-PPD -y respondiendo a una de las críticas hechas por este Programa a los autores de este análisis-, presentamos aquí de nuevo el índice agregado y el promedio para los casos en los que expresamente se identifica la participación del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Las diferencias son evidentes, y las inferencias que se desprenderían de cada uno, potencialmente opuestas.
Como se define tradicionalmente, el Índice de letalidad tiene limitantes muy evidentes por la información que no incorpora. Cambiar de un índice agregado a un índice por eventos tampoco soluciona el problema. Dado que sólo incorpora parte de la información disponible, tiende a estar sesgado y a generar inferencias incorrectas (o, al menos incompletas). En pocas palabras, algo mide el Índice de letalidad, pero sería difícil argumentar que refleja fielmente la relación entre muertos y heridos en confrontaciones, que típicamente se argumenta como medida del uso de fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad.
Queda claro que necesitamos una mejor métrica para medir lo que deberíamos analizar al debatir la seguridad en México así como para evaluar el papel de las corporaciones involucradas en esta función. O, al menos, calibrar las inferencias a la información que efectivamente captura el índice.
Sin embargo…
Nada de esto evade un punto central que nosotros planteamos al igual que, entre otros, García Ponce y Lajous en estas misma páginas: el índice de letalidad no registra el número total de participantes en cada evento (presuntos criminales que se dieron a la fuga y los detenidos). Si buscamos medir abuso en el uso de la fuerza letal, las implicaciones serían muy distintas si afirmamos que “las fuerzas de seguridad mataron a cinco e hirieron a cuatro de 300 presuntos criminales” en comparación con decir que “las fuerzas de seguridad mataron a cinco e hirieron a cuatro de nueve presuntos criminales”. Desafortunadamente, con el Índice de letalidad – al igual que con la información disponible hasta el momento – no podemos hacer esas precisiones que serían cruciales para entender el uso de la fuerza letal en las fuerzas de seguridad.
El segundo tema, para fines de rigor en la inferencia estadística, es que los enfrentamientos no son generalmente eventos aleatorios. Si bien existen casos donde fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado se enfrentan cuando se encuentran por casualidad, también es cierto que en un buen número de casos los enfrentamientos responden a patrullajes y persecuciones de la autoridad, o a emboscadas y ataques directos a las fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado.
Estos últimos dos puntos sirven para subrayar que en el debate sobre la seguridad en México es crucial entender qué tan lejos podemos llevar las inferencias para reconocer los alcances y imitaciones de las métricas que se emplean, como es el caso de la letalidad. Es cierto que aún no tenemos un índice mejor, pero para ello es necesario tener un debate informado, transparente, y donde estén públicamente disponibles todos los materiales para que cualquiera pueda replicar los análisis o validarlos.
Fuente.- Marco A. Morales es doctor en Ciencia Política por NYU. Virgilio Muñoz es maestro en Seguridad Nacional por el CESNAV.

VIDEO: EXHIBEN a SICARIO MORIBUNDO "LLORON" del CARTEL del GOLFO y "POLICIAS BURLONES" de TAMAULIPAS...en la única Ley,la del ojo por ojo que los exhibe a todos.


Una serie de feroces enfrentamientos En esta ciudad fronteriza con Texas, el fin de semana dejó un resultado de cuatro hombres armados del cártel muertos y el arresto de otros dos, mientras agentes de la policía estatal de Tamaulipas pudieron incautar más de una tonelada de marihuana.

Los enfrentamientos armados sucedieron el domingo en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, ubicada inmediatamente al sur de Roma, Texas. El área es conocida como un corredor de contrabando de droga usado por el Cártel del Golfo, puesto que la región carece de ninguna barrera física – siendo las aguas poco profundas del Río Grande el único obstáculo para introducir grandes cargas de marihuana a Texas.
Según la información proporcionada a Breitbart Texas por el gobierno de Tamaulipas, el primer enfrentamiento armado sucedió poco después de la 1 p.m. cuando un convoy de agentes de la policía de Tamaulipas en una camioneta blanca comenzó a disparar contra ellos. Los policías respondieron el ataque y persiguieron a los hombres armados. Durante la persecución una camioneta de la policía volcó. Eventualmente las autoridades pudieron parar la camioneta blanca y herir mortalmente a los hombres armados.
Un video filtrado aparentemente filmado por uno de los policías muestra el momento en que un pistolero del cártel con varios disparos en su torso y piernas comienza a llorar. 
Los oficiales de la policía pueden ser escuchados burlándose de él diciendo y usando palabras explícitas para decirle que él quería ser un mafioso y esas fueron las consecuencias. El video también reveló que la camioneta blanca de la persecución llevaba un arsenal dentro.
Breitbart Texas logró saber que el hombre convaleciente murió finalmente de las múltiples heridas de bala que obtuvo en el enfrentamiento armado.
Un segundo enfrentamiento sucedió poco después de que las autoridades mataron a otros tres hombres armados y se apoderaron de 137 paquetes de marihuana. Las drogas tienen un peso aproximado de más de una tonelada.

TAMBIEN PUEDES VER:

Fuente: Breitbart Texas 

Con NUEVO SISTEMA de JUSTICIA PENAL "DEBEMOS EVITAR MATAR SICARIOS",DICE SARGENTO...y en entrevista cuenta sus andanzas.


Gonzalo es un sargento primero asignado en la XII Región Militar y a sus 36 años de edad su prometedora carrera en el Ejército se estancó por el tiempo que dedicó luchando durante la última década contra al menos diez células criminales de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, y ejerciendo funciones de policía en las calles de esos estados a falta de elementos confiables.
A su reciente paso por Michoacán, el último lugar donde fue asignado a tareas de prevención al delito, Gonzalo –cuyo nombre real es reservado- lamenta que la salida del Ejército a las calles represente un obstáculo más para quienes ingresan a la milicia con la aspiración de ascender en el organigrama.
“Ya no es como antes, antes teníamos tiempo de servir a la patria y prepararnos al mismo tiempo para los procesos internos, para subir de rango”, menciona en entrevista para La Silla Rota.
El militar originario de la Ciudad de México, pero radicado en Michoacán desde niño, ingresó al Ejército cuando tenía 18 años y muy pronto su pasión por las fuerzas armadas, su entrenamiento y su capacidad de liderazgo lo llevaron a pasar de soldado a cabo y luego a ascender a sargento segundo y sargento primero.
Gonzalo, un hombre moreno de 1.75 de estatura, reconoce que los soldados que salieron a las calles en la llamada Operación Conjunta Michoacán –la cual desplegó el presidente Felipe Calderón con la participación de policías federales y militares-, en pocos meses agotaba al personal ante el estrés que generaba sufrir emboscadas o ataques desde cerros o en brechas.
“Cuando estaba el presidente Calderón nos enviaron a las calles, empezamos a ser como los policías municipales, nos agotaban las jornadas pero sabíamos que en cualquier momento podría haber enfrentamientos. Teníamos que estar alertas siempre”, señaló.
Tras más de diez años de que el Ejército asumió la seguridad en diversas regiones de Michoacán, el soldado entrevistado afirma que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ahora limita a las fuerzas armadas, hasta el punto en que en un enfrentamiento se tiene que disparar de forma precisa para evitar matar a sicarios que, en la mayoría de los casos, portan armamento de guerra como lanzagranadas y rifles de grueso calibre.
“Ahora tenemos que cuidar muchas cosas por el Nuevo Sistema de Justicia, esperemos unos dos años a que concluya el actual gobierno federal para ver qué decisión sobre nosotros toma el nuevo presidente. El ejército ahora está limitado para actuar”, menciona con cierta cautela.
En la última década, Gonzalo ha participado en operaciones contra grupos criminales y cárteles como el del Golfo, Sinaloa, Los Zetas, Los Valencia, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los H-3, Los Viagras y La Nueva Familia Michoacana, entre otros. Sus tareas además han incluido estar en las calles supliendo las labores de policías estatales y municipales, ante la baja de corporaciones por pérdida de confianza.
Le llueven denuncias al Ejército
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán reporta que en este 2016 suman seis quejas contra el Ejército en Michoacán, mientras que en 2015 se registraron 12 y en 2014 fueron 33. Sin embargo, el organismo cuenta con 154 expedientes abiertos contra la milicia en 2013, 244 en 2012 y 349 en el 2011... justo los primeros años después de anunciarse el Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón, que pretendía acabar con los cárteles de la droga.
En 2010 se registraron 168 quejas contra el Ejército, mientras que en 2009 fueron 406 y en 2008 hubo 318. En 2007 la cifra se ubicó en 127.
De acuerdo con la CEDH, los principales motivos de queja son presuntas detenciones ilegales, cateos y visitas domiciliarias sin órdenes legales, empleo arbitrario de la fuerza pública y abuso de autoridad.
Cabe mencionar que las mil 817 quejas captadas en la última década por la CEDH en contra del Ejército, fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que continúa con las investigaciones.
Fuente.-LaSillaRota




EL "5INCO de VICTORIA",OTRO PERIODICO TIMORATO con el CRIMEN y ARRASTRADO con el GOBIERNO de "CABEZA"...si el pretexto es el temor,que se alquilen en otra cosa.







El periódico el "Cinco" de ciudad victoria se sigue consolidando como un periódico "arrastrado y timorato" ,arrastrado porque ha sido vulgar "sicario de la pluma" de las administraciones gubernamentales en Tamaulipas cuyos servicios cesan al mismo tiempo que la "paga",timoratos porque ciudad victoria esta sumida en la peor crisis de violencia y no son capaces de consignar la mas mínima expresion que "incomode' a los señores del crimen que diariamente roban,extorsionan y ejecutan,solapando ademas la inacción gubernamental en detrimento del ciudadano y el derecho a estar bien informado.

Cd.Victoria,Tam.-04/Mar/2017 Y hoy como suele hacerlo el en su edición digital el citado medio acostumbrado a informar a "medias" cita la parálisis del transporte ocurrida ayer en la capital donde mas de 200 unidades, entre ‘micros’ y taxis  dejaron de prestar servicio como exigencia para incrementar el costo del pasaje,pero deliberadamente omite "información" que da cuenta de la queja que también  hicieron patente los choferes al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca visible en muchas de las unidades que advertían la leyenda "SR.GOBERNADOR BASTA DE PAGOS de PISO" en clara alusión al expolio que viven por parte de criminales,como lo viven diariamente la gran mayoría de ciudadanos no solo en victoria,sino en todo Tamaulipas tal y como si lo consigna hoy el periódico "El Norte" de Monterrey en imagenes evidentes.

NOTA RELACIONADA:



El periódico el "Cinco" cuyo editor y propietario es Adalberto Garza Dragustinovis resulta ser otro vulgar medio para la extorsion ajeno a los valores esenciales que distinguen al periodismo responsable  y veraz pues regular y cotidianamente solo ha servido de comparsa a los gobiernos en turno en Tamaulipas para socavar la información y agredir adversarios políticos a la "carta",ejerciendo un "periodismo mafioso" para mafiosos donde la prebenda y la canóngia son el pago recurrente del silencio que son capaces de romper cuando la paga también se "rompe".

Con información de:EL 5inco de Ciudad Victoria.