La elección de 2016, marcada por la guerra sucia y la falta de propuesta ideológica, ha concluido. Y el legado está claro. No hay entidad entre las disputadas que no padezca los estragos de la deuda pública, la violencia y la pobreza. Como papas calientes, una docena de ganadores recibirán en sus manos ese cúmulo de pendientes con la sociedad, en algunos casos histórico, pero en otros, agravado por las administraciones salientes.
Por Alejandra Padilla
Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Los Gobernadores que terminan su administración en 12 estados de la República dejan una deuda que suma 177 mil 753 millones de pesos, más de 36 mil homicidios dolosos, casi 3 mil secuestros y 8 mil extorsiones denunciadas; además, en cada una de las entidades, sólo 20 de cada 100 personas no son pobres ni viven en condiciones de vulnerabilidad. Estas son las condiciones en las que los ganadores de las elecciones del domingo pasado iniciarán su gestión. Algunos recibirán más, otros menos, pero todos deberán asumir el reto que conlleva su triunfo: pobreza, bajos índices de seguridad, altas deudas y desconfianza de la población hacia las autoridades.
VERACRUZ: LA DEUDA MAYOR
El priista Javier Duarte de Ochoa deja en Veracruz la mayor deuda entre los estados que celebraron elecciones: 45 mil 879 millones de pesos. Pero en la entidad porteña el gran pendiente está marcado en el ámbito de la libertad de expresión: en los últimos seis años, 20 periodistas de este estado fueron asesinados sin que en ningún caso se conozca con certeza el motivo.
En este conteo están incluidos la reportera Regina Martínez y el fotoperiodista Rubén Espinosa, de la revista Proceso. Además, la entidad acumuló ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2013 y 2015 por diferentes violaciones a los derechos elementales de sus ciudadanos.
Los periodistas y comunicadores no fueron los únicos afectados durante el último sexenio priista: 56 por ciento de la población en este estado vive por debajo de la línea de bienestar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Desde que Duarte asumió la gubernatura en diciembre de 2010 hasta abril de este año, 543 personas han sido secuestradas, mil 762 extorsiones han sido denunciadas ante la autoridad correspondiente y 4 mil 088 homicidios dolosos han sido perpetrados, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Gobierno de Javier Duarte fue señalado en febrero pasado por la Auditoría Superior de la Federación de haber desviado más de 77 mil millones de pesos, hecho que el priista ha negado con el argumento de que esta acusación responde a intereses electorales y no tiene bases reales en actos de corrupción.
TAMAULIPAS: LA DESCOMPOSTURA
Violencia es el legado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este estado. Egidio Torres Cantú concluye su gubernatura con 981 secuestros, 3 mil 767 homicidios dolosos y 928 extorsiones denunciadas desde el 1 de enero de 2011 hasta abril de 2016, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El estado fronterizo ha registrado retenes militares en carreteras desde 2012, a raíz de la declaración de guerra contra el narcotráfico. Como consecuencia, familias completas han sido víctimas del fuego cruzado entre elementos del Ejército y grupos criminales; incluso han sido registrados casos de civiles confundidos con miembros de cárteles. Pese a ello, a partir de 2013 la CNDH sólo ha emitido tres recomendaciones por violaciones a los derechos humanos durante la administración de Torres Cantú.
La economía de Tamaulipas tampoco será un buen legado para el próximo Gobernador: 40 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y cada habitante tiene una deuda de casi tres mil pesos pues en la entidad este monto asciende a 12 mil 925 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En cuanto a pobreza, en esta entidad 16 por ciento de la población vive con un ingreso ubicado por debajo de la línea de bienestar mínimo, de acuerdo con el Coneval; es decir que por cada 100 tamaulipecos, uno percibe menos de mil 300 pesos como remuneración mensual. En contraste, sólo 26 por ciento de los habitantes de este estado no son pobres ni vulnerables.
QUINTANA ROO: MORIR COMO HOMBRE O MUJER
El estado, hasta ahora gobernado por el priista Roberto Borge Angulo, mantiene una deuda de 22 mil 443 millones de pesos, monto que se ubica en el tercer lugar dentro de los estados en lo que se celebraron elecciones. No obstante, a cada habitante le corresponde una deuda de casi 13 mil pesos.
La deuda social que deja el PRI en este estado es de mil 174 homicidios dolosos, 61 secuestros y 954 casos de extorsión. Además, se añadieron feminicidios al finalizar 2015. Estas cifras son las reconocidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en el estado, nueve de cada 10 delitos no son denunciados, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En Quintana Roo, 35 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 358 mil personas, es decir, dos de cada 100 quintanarroenses, no tienen acceso a la alimentación. En este estado, sólo 20 por ciento de las personas no viven en situación de pobreza y no son vulnerables.
Aunque la CNDH ha emitido dos recomendaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde 2013 para la administración de Borge, esta se ha caracterizado por la resistencia a rendir cuentas y la opresión a la libertad de expresión. Durante el año pasado, el estado registró un repunte en la violencia atribuida a grupos del crimen organizado y feminicidios. Estos últimos no han sido reconocidos como tales por el mandatario, a pesar de que en sólo tres semanas durante octubre de 2015, siete mujeres fueron asesinadas en esta entidad.
SINALOA: LOS CONTRASTES
Mario López Valdez, el priista que gobernó impulsado por una coalición del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, deja una de las deudas más bajas entre los doce estados: 7 mil 516 millones de pesos. Pero el contraste está en la población. Un millón 100 mil sinaloenses viven en condiciones de pobreza y 46 por ciento perciben ingresos inferiores a la línea de bienestar, de acuerdo con el Coneval. Es decir, menos de dos mil 600 pesos como remuneración mensual por su trabajo.
En este estado, la cifra de homicidios dolosos durante la administración del Gobernador López Valdez es la segunda más alta entre las entidades que cambiarán de mandatario: asciende a seis mil 891. Los secuestros denunciados suman 137 y las extorsiones, 677. La cifra negra en esta entidad está ubicada en la media nacional, es decir, 90 por ciento.
Durante los últimos seis años, al menos 2 mil 700 personas han sido desplazadas de su hogar debido a la violencia atribuida a grupos del crimen organizado. Además, la CNDH ha emitido cinco recomendaciones por violaciones a los derechos humanos para este estado desde 2013.
PUEBLA: LA MINIGUBERNATURA CON DEUDA
El legado del panista Rafael Moreno Valle será una deuda de 8 mil 608 millones de pesos y un centenar de personas encarceladas por oponerse a su mandato. En cuanto a incidencia delictiva, la extorsión muestra un repunte de 400 por ciento desde que empezó la administración del Gobernador saliente. Estas son las condiciones con las que el nuevo mandatario tendrá que gobernar durante los próximos 22 meses, ya que sólo cubrirá este periodo para homologar el cambio de gubernatura con las elecciones presidenciales de 2018.
Los poblanos tienen una deuda de 955 pesos per cápita, una de las más bajas entre las 12 entidades. Pero 64 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 31 por ciento percibe ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo (menos de mil 300 pesos mensuales), de acuerdo con el Coneval.
Los homicidios dolosos registrados durante la administración de Moreno Valle suman dos mil 659 y los secuestros, 202. Las extorsiones en esta entidad ascienden a mil 225 en los últimos seis años, con una tendencia a la alta desde 2012. En 2011, antes de que el panista asumiera la gubernatura, no había denuncias de extorsiones en la entidad. Durante el primer año de su gestión, fueron reportados tres y para 2013, la cifra llegaba a 454; a partir de entonces, registró decrementos, pero nunca volvieron a denunciarse menos de 50.
Analistas consideran que estas condiciones posicionan a Puebla en un estado de ingobernabilidad, por lo que tanto la sociedad como los inversionistas experimentan desconfianza. En este contexto, la CNDH ha emitido tres recomendaciones por violaciones a los derechos humanos en esta entidad, una de las cuales fue registrada como grave.
OAXACA: DEUDA A LIQUIDAR EN VEINTE AÑOS
Gabino Cué Monteagudo llegó a la gubernatura impulsado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. El Gobernador termina su gestión con una deuda de 13 mil 175 millones de pesos; es decir, 2 mil 500 pesos por habitante.
La deuda adquirida por la administración de Cué podrá ser liquidada en 20 años, de acuerdo con una investigación dada a conocer por el Congreso local en agosto de 2015. Además, el Gobierno estatal fue incapaz de generar empleos formales, por lo que 66 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 40 de cada 100 personas perciben ingresos inferiores a mil 300 pesos mensuales, de acuerdo con cifras del Coneval.
Desde diciembre de 2010, en esta entidad han sido registrados 3 mil 308 homicidios dolosos, 235 secuestros y 652 extorsiones. Sin embargo, la cifra negra en esta entidad asciende a 93 por ciento, de acuerdo con el IGI-MEX. Este es el estado para el que la CNDH ha emitido más recomendaciones, ya que desde 2013, estas suman once.
CHIHUAHUA: LA OPACIDAD
El priista César Horacio Duarte Jáquez deja a Chihuahua con una deuda histórica de 42 mil 762 millones de pesos, la cual ha crecido a una tasa anual de 10 por ciento desde que el Gobernador asumió su cargo. Esta cifra es cinco veces mayor al ritmo de crecimiento de la economía, el cual, desde 2010, se ha ubicado en 2.47 por ciento.
Aunque a cada habitante le corresponde una deuda de 11 mil pesos, Duarte Jáquez no ha transparentado la información sobre el ejercicio o no ejercicio de los recursos estatales. Mientras tanto, 34 por ciento de los chihuahenses vive en condiciones de pobreza, y casi la mitad percibe remuneraciones mensuales inferiores a 2 mil 600 pesos, de acuerdo con el Coneval.
Desde diciembre de 2010, cuando Duarte Jáquez asumió la gubernatura, en Chihuahua han tenido lugar 9 mil 818 homicidios dolosos, la cifra más alta entre las doce entidades que celebraron elecciones ayer. Los secuestros suman 221 y las extorsiones, 641. La cifra negra de esta entidad se mantiene por debajo de la media nacional: en 90 por ciento.
El estado es considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como uno de los cinco en los que se cometen más violaciones a los derechos humanos. El Gobernador saliente y su administración han recibido cuatro recomendaciones de la CNDH en los últimos tres años.
HIDALGO: LA INSULTANTE MISERIA
Hidalgo no ha conocido la alternancia, los gobiernos estatales siempre han emanado del Partido Revolucionario Institucional. Francisco Olvera Ruiz, el priista que dejará la gubernatura del estado, acumuló una deuda de 6 mil 245 millones de pesos durante los últimos seis años. A cada habitante de la entidad le corresponden 2 mil pesos de esta. Sin embargo, la pobreza e inseguridad son los temas pendientes que deja esta administración.
Un millón y medio de personas en esta entidad viven en condición de pobreza, mismas que reciben remuneraciones mensuales inferiores a 2 mil 600 pesos. En contraste, sólo 14 por ciento de los hidalguenses no son vulnerables ni viven con carencias de ningún tipo, de acuerdo con el Coneval.
En materia de seguridad, desde 2010 en este estado fueron denunciados 648 homicidios dolosos, 99 secuestros y 424 extorsiones. La cifra real podría ser ocho veces mayor, ya que en este estado, 87 por ciento de los crímenes no son presentados ante la autoridad correspondiente, de acuerdo con el índice desarrollado por la UDLAP. Esto tiene como resultado que ocho de cada 10 delitos permanezcan en la impunidad.
El índice de feminicidios también ha ido a la alza. La Procuraduría General de Justicia de la entidad reportó que de 2013 a 2015 se han presentado 33 casos de asesinatos relacionados con violencia de género en el estado. En el municipio de Tula, registraron seis homicidios en 2012 y en el 2011 otros siete más, entre las mujeres de 23 y 40 años.
Desde 2007, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 12 recomendaciones por casos de tortura, ninguna de las cuales fue aceptada por la Secretaría de Seguridad de Hidalgo. Esta entidad estatal incluso reservó el cargo de uno de los funcionarios involucrados en estos casos.
DURANGO: EL CRIMEN RAMPANTE
Aunque el priista Jorge Herrera Calera intentó mantener un bajo perfil durante su administración, la violencia atribuida al crimen organizado y los actos de corrupción le impidieron lograrlo. Además, el actual Gobernador le dejará a cada duranguense una deuda de 3 mil pesos, pues en total esta asciende a 7 mil 497 millones de pesos.
En Durango, 43 por ciento de las personas viven en condiciones de pobreza y 363 mil perciben ingresos menores a mil 300 pesos mensuales, por lo que no tienen asegurado el acceso a la alimentación, servicios básicos en su vivienda ni seguridad social, de acuerdo con el Coneval.
Herrera Caldera deja, además, dos mil 713 homicidios dolosos, 188 secuestros y 427 extorsiones denunciados desde septiembre de 2010. No obstante, la cifra negra de delitos en el estado es de 94 por ciento, de acuerdo con el IGI-MEX 2016. Además, 90 por ciento de los ciudadanos consideran que la corrupción en el estado es muy frecuente.
El Gobernador que sale lidió con dos años de la guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la continuación de la estrategia, de acuerdo con expertos. En consecuencia, las carreteras del estado han registrado enfrentamientos de grupos criminales con elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional que han dejado a los habitantes en el fuego cruzado.
AGUASCALIENTES: LA PÉRDIDA DEL BIENESTAR
La deuda que deja el priista Carlos Lozano de la Torre asciende a 3 mil 94 millones de pesos, por lo que a cada habitante le corresponden 3 mil pesos. No obstante, el pendiente más relevante de la actual administración con los ciudadanos es la corrupción.
En cuanto a bienestar social, Lozano de la Torre no entregará un Aguascalientes sano: 35 de la población vive con situación de pobreza y 556 mil personas perciben ingresos inferiores a 2 mil 600 pesos mensuales por su trabajo, lo que los hace vulnerables a no tener acceso a servicios de salud y seguridad social, de acuerdo con el Coneval.
Desde 2011, esta entidad ha registrado las cifras más bajas de incidencias delictiva entre los estados que eligieron Gobernador el pasado 5 de junio. Los homicidios dolosos en cinco años suman 289, los secuestros, 16 y las extorsiones, 350. Sin embargo, la UDLAP advierte que la cifra negra en Aguascalientes puede llegar hasta 92 por ciento; es decir, que 9.2 de cada 10 delitos no sean denunciados.
Pero este es el menor de los problemas. El actual Gobernador priista prometió combatir la corrupción heredada de su predecesor, Luis Armando Reynoso Femat. Sin embargo, Lozano también ha sido señalado por nepotismo y corrupción. Su sobrino ejerce las finanzas del estado sin haber sido nombrado formalmente. Por esta razón, Lozano deja en Aguascalientes un legado de desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.
ZACATECAS: LA SOSPECHOSA OBRA PÚBLICA
Miguel Alonso Reyes, el priista que entregará el estado al nuevo Gobernador, acumuló durante su administración una deuda de 7 mil 609 millones de pesos. Este monto, dividido entre los habitantes de la entidad, resulta en un déficit de casi 5 mil pesos por cada uno de ellos y desde que el actual Gobernador asumió el cargo, este monto ha aumentado en 900 por ciento, ya que hace seis años era de 650 millones de pesos.
Desde que asumió la gubernatura en septiembre de 2010, Alonso Reyes ha acumulado mil homicidios dolosos, 120 secuestros y 368 extorsiones en el estado, con una cifra negra de 94.8 por ciento, la más alta entre las entidades que celebraron elecciones el pasado 5 de junio.
Más de la mitad de la población en Zacatecas vive en condiciones de pobreza, una cifra equivalente a 819 mil personas; además, 418 mil perciben un salario menor a mil 300 pesos mensuales y sólo 16 por ciento de la población estatal no es pobre ni vulnerable, de acuerdo con el Coneval.
La herencia priista de Alonso Reyes incluye, además, obras públicas construidas en un contexto de sospechas de corrupción, entre las que se encuentran intervenciones en monumentos históricos, calles y plazas.
TLAXCALA: EL OCULTAMIENTO DE LO QUE SE DEBE
Mariano González Zarur asumió el cargo de Gobernador en enero de 2011. Desde entonces, el priista no ha presentado un monto sobre la deuda pública del estado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, las cifras de sus finanzas públicas no están claras y, de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en transparencia, es difícil obtener datos económicos y financieros de esta entidad.
Los datos que sí es posible obtener son los referentes a incidencia delictiva. En los últimos cinco años, la entidad acumuló 343 homicidios dolosos, 24 secuestros y 16 extorsiones denunciadas. La suma de estas cifras da como resultado la menor incidencia delictiva entre los estados que tendrán un nuevo Gobernador. La cifra negra en la entidad se ubica apenas un punto porcentual por arriba de la media nacional: en 92 por ciento.
También es posible obtener datos sobre pobreza. En Tlaxcala, 58.9 por ciento de la población vive con alguna carencia y 66 por ciento de los habitantes perciben ingresos menores a dos mil 600 pesos mensuales, de acuerdo con el Coneval.
La trata de personas es uno de los problemas más graves en la entidad. A pesar que Mariano González Zarur ha minimizado el problema de la trata de personas, de este lugar han salido las más poderosas familias de proxenetas o “padrotes” y según el Gobierno de Estados Unidos, es el mayor foco de trata en Norteamérica.
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