La organización Causa en Común señala que Nuevo León es uno de los estados con mayor cantidad de elementos reprobados en el área de reinserción y prevención social, lo que permite constantes peleas con saldo mortal en los penales, como la del miércoles.
Nuevo León tiene 63 por ciento de sus mandos de prevención y readaptación reprobados en el examen de control y confianza, reveló María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
“En Nuevo León, el problema que trae, y me parece increíble que lo siga trayendo. Mientras en la mayoría de los certificados de seguridad pública, procuración de justicia, y policías municipales van más o menos bien, y te puedo decir que muy pocos policías están o reprobados o con certificados pendientes, tenemos que en reinserción y prevención social, aún después del grave problema que tuvieron en la cárcel de Topo Chico, traen el 38 por ciento de mandos no aprobados en las cárceles y el 25 por ciento de los mandos pendientes de certificado”, estimó María Elena Morera.
“Eso quiere decir que si lo sumas, 63 por ciento de los mandos que están en prevención y reinserción social están fuera de la norma. Estás diciendo que dos de cada tres”, aseguró.
La activista llamó al gobierno de Jaime Rodríguez a que haga algo al respecto, ya que con esas cifras es imposible no presentar más disturbios como los que han habido en el penal del Topo Chico.
El miércoles se registró una riña en este reclusorio con un saldo de 3 reos muertos y 14 heridos. Apenas en febrero en este mismo penal murieron 49 internos durante una pelea.
Morera insistió en que el problema se centra en los mandos que cuidan a los reos en esta entidad.
“Imagínate si no van a volver a tener otro problema en otra de sus cárceles. Cuando ves, por ejemplo, en seguridad pública, traes no aprobados a 2 por ciento y pendientes de certificado a 3 por ciento. Pero es gravísimo lo que traen en las cárceles porque con todo y el problema nadie se ha dedicado a solucionar esto”, aseveró la activista.
Falta de coordinación
María Elena Morera señaló a la administración de Jaime Rodríguez “El Bronco” de eliminar algunos programas y renovar al personal en materia de seguridad que habían surgido de un esfuerzo ciudadano y de la sociedad civil organizada, ante la ola de inseguridad por la que atravesó Nuevo León en la administración pasada.
“Nuevo León fue un estado que el sexenio pasado llegó a una de las crisis de inseguridad máximas que ha tenido el estado, y los empresarios y la sociedad civil estuvieron a punto de tumbar al gobernador (Rodrigo Medina).
“Y en esa crisis, y al final la negociación política, decidieron que se quedara y el gobernador decidió quedarse y poner todo su empeño en el tema de seguridad, hubo un gran liderazgo del gobernador, gran liderazgo de los empresarios, metieron mucho dinero, y además liderazgo de la sociedad civil, y así le dieron la vuelta al problema de inseguridad y además formaron las instituciones, que estaban completamente destrozadas”, comentó la presidenta de Causa en Común.
Lamentó que la falta de certificaciones del personal penitenciario se da sobre todo en esa entidad.
“Ese problema es principalmente en Nuevo León. Así de grave, sólo Nuevo León.
“Y desgraciadamente pues entra ‘El Bronco’ con muchas cosas buenas que tiene, pero (tiene) deficiencias que no supo asumir y pedir realmente el apoyo de quien sabe de los temas y en Nuevo León hay muchos expertos”, aseguró.
María Elena Morera calculó que en el país la mitad de los policías de los tres ámbitos de gobierno carecen de evaluación de control de confianza o la renovación de esta prueba.
“Podemos tener certeza que la mitad de los policías tienen pasados sus controles de confianza y la mitad no. Varía dependiendo del área, hay procuradurías que están muy mal en su certificación y hay en otros estados que son su Secretaría de Seguridad Pública y en otros estados que son los Centros de Readaptación Social. Realmente hay un desorden enorme en las instituciones”, criticó Morera.
No es novedad que Jaime Rodríguez Calderón invente que tiene el control gubernamental de las prisiones ni que genere números fantásticos acerca de la seguridad en que vivimos los nuevoleoneses, superior a la del pasado, dice. No es novedad porque lo mismo hacían Rodrigo y Nati y Canales y Benjamín y Jorge Treviño y Alfonso Martínez Domínguez y otros antes que ellos.
Pero el Penal del Topo Chico ha estado siempre bajo control de sus distinguidos inquilinos, ya lo estaba cuando en un motín de añejo recuerdo fue ejecutado allí el director Alfonso Domene en 1980. Los gobiernícolas de entonces defendían una elusiva teoría anticonspiración que sostenía el control oficial del reclusorio, lo que no salvó a Domene.
Igual el Gobierno actual fabuleó su control penitenciario en febrero, después de que les mataron a 49 presos, y eso porque los amotinados no quisieron matar más, pues nadie los hubiera parado. El rey y sus hombres de la ley contaron, hasta que se les secó la lengua que sacaron, que tenían el control total del Topo Club.
Y ya encarrerado por la oligofrenia triunfalista de época de tiempo electoral, el tiempo de Rodríguez Calderón, el rey en persona accedió graciosamente y con cortejo al Penal, a riesgo de encontrar allí conocidos incómodos, para que todos constatasen el control que ejercen él y los suyos sobre el viejo Penal.
Hasta se aventó la puntada el inocente de anunciar su programa personal de apoyo psicológico, moral, material y hasta ocupacional, como está de moda actualmente, para los becarios del Penal del Topo y sus familiares. ¡Bendito sea Dios y benditos sean sus profetas en busca de candidatura priista independiente!
Y anda tú, que los envidiosos maloras, también en campaña, le funden el fusible al Gober unos poquísimos días después con un ameno motín nocturno en el Old Topo Chico Charming Club, salpicado con varias ejecuciones, entre ellas la de un capo cartelero quien, él sí, se había apoderado del control del reclusorio, que la pandilla desplazada le disputó matándolo para recuperar el control.
Pero los amotinados asesinos recuperaron el control para ellos, no para los fabulistas del Gobierno estatal, a los que dejaron chiflando en la loma y a cargo del otro control, el del pago de los gastos del bonito programa familiar integrador de apoyo psicológico, moral, material y ocupacional, que el Gobierno estatal independiente les preparó a los reclusos, quizás en recompensa anticipada por librar a Jaime y su Gobierno de "El Maruchan".
Los amotinados recuperaron el control de la antigua penitenciaría, como seguramente lo veremos pronto con otro show, mientras el Gobierno priista independiente nomás vio pasar la estafeta de manos ajenas malvadas a otras más ajenas y malvadas. Pero eso no les importó al rey y a los suyos, que luego luego humedecieron la lengua y la soltaron para presumirle al mundo el fabuloso control que tienen de los penales de Nuevo León.
Claro que el Gobierno estatal no tiene control de las prisiones. Nunca lo ha tenido ni lo tendrá. Desde los tiempos del cártel individual de Filomeno Villanueva, un célebre delincuente que, él solo y su pistola, controlaba la vieja Peni en los 60 y mantenía corrompida toda la estructura penal de Nuevo León, hasta la modernidad delictiva del Cártel del Noreste, cuya referencia le llena la boca al Gobernador, no hay control gubernamental ni estatal ni federal de las prisiones, las de aquí y las de allá.
Eso ha quedado demostrado de sobra con las aventuras, ésas también fabulosas, del "Chapo del Ocho", nuestro gángster ya próximamente estrella del cine y la TV, y con la ejecución de "El Maruchan", con la que los bandidos le tortearon la cara, figuradamente, a la otra estrella cinematográfica, el fabulista Jaime Rodríguez Calderón.
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