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lunes, 4 de abril de 2016

"RANCHO BUFALO",el ESTIGMA del NARCO...cuando "Caro Quintero" hizo de Chihuahua el "mayor productor "de marihuana del mundo


Los ejidos de Búfalo, donde el Ejército destruyó en 1984 los extensos sembradíos de mariguana de Rafael Caro Quintero, nunca se beneficiaron de la intensa producción del estupefaciente. En los vecinos municipios de Jiménez y Camargo los narcos consumían alimentos, cobijas, ropa y servicios para sus autos, pero de la zona agrícola ni siquiera requerían mano de obra: tenían miles de jornaleros retenidos y sin paga. Hoy Búfalo tiene una enorme presa, pero no cultivos… ni calles pavimentadas ni red telefónica.
VALLE DE ALLENDE, Chih.- La colonia Búfalo, que saltó a la fama después del descubrimiento de un campo de cultivo de mariguana de Rafael Caro Quintero, quien esclavizó a miles de campesinos en unas 20 hectáreas, ahora está abandonada.

Sentado en una banca del único parque del poblado, Fernando Sáenz, cercano a los 90 años, lamenta: “Ya no se puede sembrar. ¿Qué siembra uno? No se puede cultivar algodón porque ya no hay despepitadoras, no hay bodegas nacionales a las que se vendía el frijol y el maíz. No hay nada”, dice.
La colonia estaba rodeada de sembradíos de papa, pero ya no existen y las bodegas donde se almacenaba la semilla son ruinas.
En noviembre de 1984 el nombre de Búfalo fue conocido internacionalmente, aunque los pobladores nunca tuvieron un beneficio del “desarrollo” impulsado por el narcotráfico. A los plantíos de mariguana les dieron el nombre de Búfalo por su cercanía con la colonia.
El gobierno informó entonces que se decomisaron alrededor de 10 mil toneladas de la yerba. Con el tiempo, las estimaciones en torno a la cantidad de campesinos que trabajaban en el rancho han oscilado entre 5 mil y 10 mil. Muchos de ellos fueron engañados para ir a ese lugar.
Caro Quintero fue detenido en 1985 y posteriormente sentenciado a 40 años de prisión. Entre los delitos que se le imputaron estaban el de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado; siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de mariguana, así como suministro de cocaína y asociación delictuosa, pero quedó en libertad en 2013.
Hace poco más de un año, el gobernador César Duarte Jáquez inauguró la presa Piedras Azules. Fue un incentivo para que familias adineradas adquirieran los predios de los ejidatarios que se quedaron con las tierras tras el decomiso de la droga y los predios a Caro Quintero.
Pero como nadie apoyó la urbanización ni los cultivos, la mayoría de los propietarios de esos ejidos vendieron sus tierras y ahora alrededor de Búfalo siembran nogales, árboles que requieren mucha agua. “Ahora ni ha llovido”, dice don Fernando.
Las cosechas de los pequeños agricultores decayeron. Éstos tenían esperanza de desarrollar sistemas de riego una vez construida la presa, pero ha sido más complicado de lo que creían.
Algunos hombres sentados bajo un árbol, afuera de una vivienda, dicen espontáneamente que ninguno de ellos trabajó en los plantíos de mariguana. Uno señala que a unos pasos de ahí circulaban los camiones hacia los sembradíos de la yerba, que estaban a unos 15 kilómetros del pueblo.
Todos ríen cuando otro dice que, según la gente, esos camiones transportaban manzanas. Añade que llevaban trabajadores de fuera, que no hubo gente de Búfalo ahí.
La colonia era muy tranquila entonces y nunca obtuvo derrama económica por el rancho, como sucedió en Jiménez. Los pobladores tampoco tenían contacto con los trabajadores ni con sus empleadores, quienes según los mayores de aquí “era gente de Sinaloa”.
Vieron a los campesinos de los cultivos de mariguana cuando salieron corriendo el día que llegaron los militares a decomisar la droga. El resto del tiempo los tuvieron encerrados y vigilados por hombres con escopetas. Tras la desbandada, muchos llegaron a Búfalo para pedir aventón o ayuda para llamar a familiares.
La mayoría de los colonos emigró a Estados Unidos a partir de 1988 por una prolongada sequía. Cuatro años antes, con el exterminio del “campo de concentración”, como conocían al rancho de Caro Quintero, la actividad ya había comenzado a declinar.
Los terrenos fueron entregados a los campesinos el 21 de febrero de 1987. Ellos los dividieron en dos ejidos: Álamos y ampliación Felipe Ángeles. Hace tres años se concentraban ahí 420 ejidatarios, pero muchos vendieron sus parcelas a familias adineradas porque no podían cultivarlas.
Un exejidatario recuerda que veían pasar los camiones de droga, pero ignoraban que tuvieran secuestrados a los trabajadores: “Dicen que venían engañados. Nosotros jamás vimos a Caro Quintero; sólo lo conocíamos por nombre y hasta le compusieron un corrido”.
Búfalo, atrapada en el tiempo
Ubicada entre las cabeceras municipales de Parral y Jiménez, Búfalo sólo tiene 300 habitantes, sus calles no están pavimentadas y carece de red telefónica.
El profesor Francisco Raúl Huerta Martínez reclama: “Han dicho que Caro Quintero hizo la iglesia y escuelas. Es mentira. El templo de Fátima lo hicieron otras personas. La imagen de la virgen de Fátima la trajeron en 1938 unos españoles de apellido Almolea. De ahí empezó a formarse el pueblo, pero Caro Quintero nunca lo apoyó. Otra cuestión que no nos parece es que digan que hubo opulencia, cuando aquí nunca la vivimos”.
Aclara que las compras millonarias para alimentar y vestir a los trabajadores se hacían en Jiménez y Camargo. “Este pueblo (Búfalo) se mejoró a partir de 1990. Con Caro Quintero no había siquiera trabajadores de aquí. Cuando ocuparon a gente de Búfalo fue para que les dijeran las brechas para salir, pero con nosotros no hubo economía”, insiste Huerta Martínez. Añade que fue seis años después del allanamiento y decomiso cuando se construyó una carretera para llegar al pueblo.
Los pobladores viven de la agricultura o trabajan para familias adineradas de la región, mientras que a los jornaleros de Caro Quintero los traían desde estados como Sinaloa, Sonora y Guerrero; se reconocían porque llevaban huaraches cruzados.
Desde la tienda de abarrotes que da a la plaza se emiten los mensajes a los habitantes con un altavoz, ya sea recados de las escuelas foráneas para los padres de familia o a quienes reciben llamadas telefónicas. Las propietarias de la tienda son hijas de Ismael Moreno, quien era presidente municipal de Búfalo en 1984.
Las hermanas Magda y Camena Moreno eran niñas cuando se desató el escándalo. “Los soldados entraron en camiones por el pueblo. Nosotros pensábamos que era la guerra. Estábamos en la escuela y pasaban muchos soldados por aquí”, dice Camena.
La mañana del 9 de noviembre de 1984 irrumpieron alrededor de 500 militares y un helicóptero sobrevoló como parte de la Operación Pacífico. Cuando terminaron el operativo, los judiciales regresaron al pueblo para cenar.
Las hermanas Moreno recuerdan que un jefe policiaco, Elías Ramírez, llegó en la noche a Búfalo con su gente y obligó a que abrieran el restaurante de la mamá del profesor Huerta. No había suficiente comida, por lo que hizo que abrieran la tienda de abarrotes de los Moreno. No les pagaron.
Aunque en los medios de comunicación se habló del “rancho El Búfalo”, esta denominación se derivó de la cercanía con este poblado. En realidad la siembra de mariguana se realizaba en dos ranchos: El Álamo y Muriel, que luego se convirtieron en los ejidos El Álamo y ampliación Felipe Ángeles.
Jiménez y Camargo, los beneficiados
Los municipios de Camargo y Jiménez constituyen un paso estratégico para el trasiego de droga. Desde los tiempos de Caro Quintero la región fue devastada por la violencia.
Hace casi 32 años, las tropas decomisaron alrededor de mil toneladas de mariguana. Para los habitantes de Jiménez, la cantidad que se dio a conocer se queda corta porque todos los días hacían varios viajes tráileres, diversos vehículos y hasta contenedores de tren cargados de droga.
En 1984 detuvieron a por lo menos 75 personas en el rancho El Reliz, cerca de Jiménez, y otras tantas lograron huir, recuerda en entrevista Carlos Mario Armendáriz, quien entonces era director de El Sol de Parral. También fue desmantelado el rancho de Chilicote, del municipio de Aldama, donde también se decomisaron varias toneladas de mariguana.
Luego siguió el decomiso de la producción de Búfalo. Armendáriz cuenta que llevaron a trabajadores de fuera, principalmente sinaloenses, con el cuento de que trabajarían en la pizca de manzana con muy buen sueldo. Nada les cumplieron. Los mantenían custodiados con hombres armados.
El periodista explica que el país pasaba por una fuerte crisis económica en el sexenio de Miguel de la Madrid, que se agudizó con las secuelas del terremoto de 1985. Los productores sólo tenían acceso a crédito a través de la sucursal de Banrural en Camargo.
“El dueño de un taller mecánico en Jiménez me contó que Caro Quintero llegaba en convoy, en tres o cuatro carros Grand Marquis de su agencia Ford en Guadalajara”, recuerda Armendáriz.
Por una mínima falla en un vehículo, lo dejaba en el taller y pagaba bien en dólares. “Decía: ‘Quiero que dejes de hacer todo para que atiendas sólo a nuestros vehículos’. El mecánico las corregía rápido. Una vez llegaron en uno de los vehículos que venía fallando. Dijo que lo revisara de urgencia porque tenían que salir rápido.
“Llegaron al mediodía. No era gran cosa. Cuando regresaron, Caro Quintero le pidió al mecánico las llaves del carro y le preguntó: ‘¿Abriste algo?’ Le respondió que no. Y luego Caro Quintero abrió la cajuela, que estaba tapizada de dólares. El mecánico le dijo que su trabajo había sido enfrente y no tenía por qué abrir atrás. El capo agarró un fajo de dólares y se los dio.”
Otro negocio que salió ganando fue un “desponchado” en la entrada de Jiménez. “El dueño me contó que un día llegaron unos tipos y le preguntaron cuántos autos atendía. Les respondió que dependía de cuál día, pero a veces era uno y a veces hasta cuatro. Entonces le pidieron que cerrara el negocio al público para que trabajara sólo para ellos. Y así fue; le pagaban bien”.
Las compras para dar de comer a miles de trabajadores dieron ganancias a tiendas de abarrotes y tortillerías. La encargada de una tortillería contó a Carlos Mario Armendáriz que a ella le compraron más máquinas para hacer la cantidad de tortillas que a diario se necesitaban para toda la gente.
“La tienda de ropa del pueblo en Camargo también se vio beneficiada. En una vitrina grande había cobijas cuadradas y la dueña tenía un saco de piel verde. Un día (los hombres que manejaban los sembradíos) llegaron y le compraron todas las cobijas. A uno le gustó el saco verde. Luego regresaron otros que querían sacos, pero ya no había porque lo había traído de Estados Unidos, y le pidieron traer más y de varios colores.  Le pagaron ahí mismo y ella fue por más sacos.”
Agrega que el 9 de noviembre de 1984, cuando los militares destruyeron los sembradíos de Búfalo, varias personas se beneficiaron.
“Cuando llegó el reportero Rafael Salas a cubrir los hechos para El Sol de Parral, había dos militares. Lo detuvieron y él se identificó. Un soldado le ofreció dos cajas de mariguana, una para él y la otra para que la llevara a un domicilio en Jiménez, pero él salió corriendo por el monte.
“La prensa de aquel año consignó que cuando Enrique Camarena, El Kiki, agente estadunidense antidrogas, delató la ubicación de millonarios cultivos de mariguana en la región, los militares mexicanos llegaron para acabar con todo.”
El Heraldo de Chihuahua aseguró que una banda internacional operaba en Florida, Estados Unidos, y trasladó su centro de operaciones al rancho El Búfalo, protegida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
Los campesinos “vivían en un verdadero campo de concentración. Tenemos indicios de que muchos que trataron de huir fueron asesinados por los narcotraficantes”, informó la Procuraduría General de la República en aquel tiempo. Las autoridades alcanzaron a detener a algunos jornaleros, incluidos mujeres y niños, quienes eran obligados a trabajar hasta 20 horas diarias.
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"TUMBA la MARINA 35 ANTENAS de COMUNICACION y CATEA 37 INMUEBLES al TORO y al CDG"...sigue a "SALTO de MATA".



Personal de la Secretaría de Marina logró el desmantelamiento y aseguramiento de por lo menos 35 antenas y el cateo de 37 inmuebles en los municipios fronterizos de Reynosa y Río Bravo.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informa que personal de la Marina realizó un operativo consistente en desactivar una red de comunicación radiofónica de un grupo delincuencial que opera en esta región.

Expone que el operativo arrojó el desmantelamiento y aseguramiento de 35 antenas, así como el cateo a 37 inmuebles en ambos municipios, que incluyó casas particulares, oficinas privadas y locales de establecimientos comerciales.

Refiere la dependencia estatal que el personal de la Secretaría de Marina contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y Fuerza Tamaulipas, además de la participación de Agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos en la materia.

Agrega que la red de comunicación radiofónica fue instalada por el grupo delincuencial en los municipios de Reynosa y Río Bravo a efecto de coordinar sus acciones criminales que incluyen secuestros, tráfico de armas, narcotráfico y robo de casas y vehículos, entre otros delitos del fuero federal y estatal.

Explica el GCT que el desmantelamiento de los centros retransmisores de radiofrecuencia se hizo con orden y en ningún momento se registraron reacciones violentas por parte del grupo delincuencial responsable de ese equipo clandestino, como tampoco hubo balaceras o bloqueos.

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LA "RUTA CRIMINAL" para OCULTAR el DINERO de CRIMINALES LIGADOS a "PEÑA NIETO"...esconden el "dinero" y esconden el "origen".


En la investigación Panamá Papers, se encontró que Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del Presidente Peña Nieto, movió una fortuna en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda, en cuanto se abrió la investigación por conflicto de intereses en la cual estaba involucrado. Hinojosa Cantú fue presentado ante el gigante en operaciones financieras Mossack Fonseca –especializado en crear empresas fantasma- como uno de los empresarios más prominentes, de alto perfil y con los contactos necesarios para llevarles clientes mexicanos con más de 30 millones de dólares en inversiones.

Unidad de Investigaciones Especiales/Aristegui Noticias*
En el tablero de la política y los negocios, Juan Armando Hinojosa Cantú nunca da manotazos, jamás se lamenta y ejecuta cada movimiento con la frialdad de asesino a sueldo.
Cuando se descubrió que él fue quien construyó una casa de 7 millones de dólares para el Presidente Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, perdió un contrato por 3 mil 750 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad en México, jamás protestó.
Lo suyo no es la estridencia, como lo demostró cuando fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en donde hay en juego una inversión de 169 mil millones de pesos -alrededor de 2 mil 783 millones de dólares-.
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Tras perder estos negocios, los más cuantiosos en su carrera empresarial de 28 años, se abrió la investigación oficial sobre un conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.
Fue entonces cuando Hinojosa Cantú decidió poner a salvo su dinero; usó como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.
Una parte de su fortuna circuló a través de siete países, algunos de ellos identificados como paraísos fiscales, hasta llegar a puerto seguro en Nueva Zelanda, de acuerdo con información interna del proveedor de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca.
Esta información fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con 110 medios alrededor mundo. La revista Proceso y Aristegui Noticias fueron los  únicos medios mexicanos  convocados por ICIJ para esta gran investigación internacional.
El 3 de febrero del 2015, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Su principal tarea –le dijo en ese momento- fue investigarlo por La Casa Blanca en La Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más caros de la capital mexicana.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también formaría parte de la indagatoria por una residencia de descanso en el Club de Golf Malinalco, construida por Hinojosa a través de la firma H&G.
Peña Nieto dejó la investigación en manos de un miembro de su gabinete. Por otra parte, la Constitución establece que al Presidente sólo puede juzgársele por traición a la patria y delitos graves del orden común, entre los que no se encuentra el conflicto de intereses. De cualquier forma, sería intocable*.
Pero Hinojosa Cantú no hizo confianza. La primera asesoría para resguardar su dinero la recibió del despacho D´Orleans Bourbon & Associates .
Este bufete también es conocido por las siglas DBA, con las subsidiarias DBA Capital, de servicios financieros privados, y DBA Consulting, de asesoría en gobierno corporativo y estrategias comerciales. Tiene oficinas por todo el mundo. Algunas de ellas están en Reino Unido, Nueva Zelanda, Panamá y, desde luego, México.
D´Orleans fue el intermediario con Mossack Fonseca, especializado en crear empresas fachada en paraísos fiscales o en países con leyes laxas para inversiones extranjeras.
El abogado Filipe Di Matos fue asignado como asesor del dueño de Grupo Higa. El 15 marzo del 2015 , Hinojosa Cantú donó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, cinco empresas ubicadas en la Isla Nieves y en las Islas Vírgenes Británicas.

Para entonces, apenas habían transcurrido 42 días de que fue abierta la investigación por conflicto de intereses.
El movimiento con estas empresas lo hicieron desde la Ciudad de México y lo legalizaron como un “donativo” que incluyó cuentas bancarias en Estados Unidos en sucursales del Credit Suisse, del JP Morgan y del USB Hamburg.
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Hinojosa había ganado no menos de 750 millones de dólares en contratos a la par de la carrera política de Enrique Peña Nieto, primero cuando fue gobernador en el Estado de México y continuó cuando llegó a la Presidencia, de acuerdo con una base de datos elaborada por Aristegui Noticias para el reportaje de La Casa Blanca.
El pasado 12 de febrero, el Papa Francisco aterrizó en la ciudad de México para su primera visita pastoral. Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su gabinete organizaron una ceremonia de recepción en el hangar construido por Concretos y Obra Civil de Pacífico, una de las firmas propiedad de Hinojosa por cuyo contrato ganó 977 millones de pesos -12.7 millones de dólares al tipo de cambio correspondiente-. La obra se le asignó de forma directa, sin licitación.
Ese contrato ha sido reservado durante 12 años por razones de seguridad nacional, según una repuesta del Estado Mayor Presidencial ante solicitudes de acceso de información presentadas por Aristegui Noticias.
Hinojosa es el propietario de grupo Higa, conformado por 29 subsidiarias, una de ellas encargada de construir la casa de 7 millones de dólares para Peña Nieto. Sin embargo, no se sabía que tuviera vínculos comerciales con las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves.
Pero más allá de esto, ¿qué ventajas le han ofrecido estos países?
Hinojosa Cantú hizo un segundo movimiento tan rápido como eficaz. Una vez eliminado su rastro de las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, buscó un lugar más seguro.
El país elegido fue Nueva Zelanda. D’Orlenas abrió ahí dos fideicomisos. Un tercero fue tramitado directamente por Mossack Fonseca.
Los primeros quedarían a nombre de su madre, la misma Dora Patricia Cantú Moreno y llevarían por nombre The Huanca Trust y The Khuno Trust. En el último, llamado The Huiracocha Trust, aparecería como propietaria su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.
La madre de Hinojosa Cantú ha manejado una funeraria en Reynosa, Tamaulipas –en la zona fronteriza con Estados Unidos-. De hecho, ese fue el negocio que sostuvo a la familia durante años. Sin embargo, ella no figura como accionista en las subsidiarias de Grupo Higa.
“Apagué el radio y no quise saber más, son calumnias, todo lo que dijeron son calumnias”, dijo a la revista Expansión para un reportaje publicado en agosto del 2015. En ese momento, los fideicomisos a su nombre ya estaban abiertos en Nueva Zelanda.
Pero ella y María Teresa Cubria Cavazos son prestanombres. En esos tres fideicomisos, el principal beneficiario es el propio Hinojosa, luego su esposa María Teresa García y al final sus hijas María Teresa y María Fernanda, según consta en documentos y correos filtrados a través de la investigación Panamá Papers.
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Los cimientos de esta estructura financiera permitieron a Hinojosa Cantú eliminar su rastro en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, sin que ello implicara perder su fortuna.
El reto, en ese momento, fue encontrar un puente seguro para trasladar el dinero desde las cuentas en Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, sin despertar sospechas en el sistema financiero.
Filipe Di Matos -ejecutivo de la firma D’Orleans- buscó apoyo en la empresa panameña OMC Group especializada en servicios corporativos y constitución de compañías alrededor del mundo, pero hubo contratiempos.  Fue entonces cuando tocaron la puerta de Mossack Fonseca.
El 01 de junio del 2015, Filipe di Matos envió un correo a Olga Santini, ejecutiva de Mossack Fonseca en Estados Unidos, para avisarle que uno de sus clientes quería contratarlos para reestructurar sus bienes fuera de su país de origen.
Ahí mismo, describió a Hinojosa como un empresario de “alto perfil” quien necesitaba transferir 100 millones de dólares a fideicomisos en Nueva Zelanda, cantidad que representaba una “pequeña parte” de su portafolio de posibles inversiones.
Los abogados omitieron el tema de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y sólo se refirieron a él como uno de los empresarios “más prominentes”, pero con mala publicidad motivada por su “alto perfil”, según consta en los correos electrónicos.
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El 08 de junio, unos días después de ese correo, la Secretaría de la Función Pública pidió a Peña Nieto responder un cuestionario sobre su relación con Hinojosa y, casi simultáneamente, solicitó al secretario de Hacienda, Videgaray, entregar sus documentos sobre la residencia de descanso en Malinalco.
Por separado, decenas de funcionarios fueron llamados a comparecer sobre la fallida licitación del tren de alta velocidad que había ganado Constructora Teya perteneciente a Grupo Higa.
Peña Nieto dejó que su esposa, Angélica Rivera, respondiera sobre La Casa Blanca. Videgaray envió su contrato con la firma H&G –de Grupo Higa- y los comprobantes de pago. Esta inmobiliaria, registrada a nombre de Hinojosa, le vendió esa casa en 7 millones de pesos –alrededor de 700 mil dólares al tipo de cambio vigente en el año 2012- sin obtener un solo peso como ganancia.
Videgaray era el coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto durante la cual empresas de Hinojosa fueron contratadas para la renta de helicópteros (Eolo Plus) y para fabricar objetos de plástico (PACSA).
A lo largo de junio de 2015 hubo un intenso intercambio de correos entre las oficinas de Mossack Fonseca. En alguno de ellos, se pidió investigar en bases de datos propias si Hinojosa y su esposa eran personas políticamente expuestas, lo que se conoce en el ambiente financiero como PEP (por sus siglas en inglés).
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El despacho D´Orleans colaboró con una carta en la cual describieron al dueño de Grupo Higa como un empresario de “alto perfil”.
En esta misma carta, el despacho D’Orleans mintió sobre el origen de los recursos de Hinojosa en Perú, al dar por hecho que gozaban de un contrato exclusivo para tratar a pacientes renales por 30 años en ocho departamentos, “un negocio valorado en 355 millones de dólares”.
No obstante, el seguro social de ese país llamado EsSalud informó que la propuesta de IGSA fue rechazada desde el año 2011, según información obtenida por IDL Reporteros, de Perú, para esta investigación periodística.
Es cierto que la filial de Higa tiene contratos para atender a pacientes con enfermedades renales, pero no el que citan en esa carta enviada a Mossack Fonseca.
El resultado fue que al dueño de Higa no lo catalogaron como una persona políticamente expuesta.
Mossack Fonseca tomó esta decisión justo cuando se desarrollaba la investigación oficial por conflicto de intereses, en la cual él era uno de los principales involucrados. Tampoco prestó atención a las repercusiones internacionales del reportaje La casa Blanca de Peña Nieto.
De haberse catalogado como persona políticamente expuesta, la transferencia del dinero Estados Unidos-Nueva Zelanda cuando menos se hubiera retrasado, porque las compañías hubieran tenido que investigar a fondo el origen del dinero.
Según la legislación de Nueva Zelanda, una PEP es un jefe de Estado, Presidente o funcionario de alto nivel de cualquier país. Pero también entran en esta categoría los familiares y los empresarios que se benefician de hacer negocios con estos personajes.
La Unión Europa ha hecho las siguientes recomendaciones para amortiguar el lavado de dinero y las operaciones de dudosa procedencia:
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Mossack Fonseca transfirió el caso a sus oficinas en Holanda en donde diseñarían una estrategia que atendiera las necesidades, urgentes, de este cliente.
Entre el 02 y 12 de julio del 2015, Hinojosa Cantú fue notificado oficialmente que estaba bajo investigación por conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.
Aunque él no fue llamado a comparecer, su representante legal Arturo Reyes Gómez, fue emplazado por la Secretaría de la Función Pública para que entregara los archivos sobre La Casa Blanca así como de la residencia de descanso en Malinalco y de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, entre otros.
El 13 de julio del 2015, apenas un día después de que Reyes Gómez compareció por escrito para la investigación oficial, el despacho  D´Orleans envió un correo al ejecutivo de Mossack Fonseca Daniel León pidiendole apresurar la transferencia y concretar los trámites para los fideicomisos toda vez que “ya se encontraban bajo mucha presión”.

En este mensaje, pidieron “tener todo listo entre hoy y mañana”, ya que Hinojosa representa una oportunidad única para hacerse no sólo de un cliente con alto perfil, sino también como parte de una estrategia de negocios ya que los pondría en contacto con “muchos UHNWI” en México.

En el ambiente financiero, la clave UHNWI (Ultra High Net Worth Individual), se utiliza para referirse a una persona con activos de inversión de por lo menos 30 millones de dólares. En esta categoría están los empresarios más ricos del mundo.
Pero eso no fue todo. Además, anuncian que si concretan todo de inmediato, Hinojosa tenía la intención de constituir dos nuevos fideicomisos “antes del periodo de vacaciones”, es decir, antes de agosto del 2015.
Dos días después, efectivamente, todo estaba listo. La oficina de Mossack Fonseca en Holanda usó uno de sus instrumentos para encubrir a sus clientes, un fideicomiso llamado Orion Trust, para crear a su vez dos compañías fachada: Khuno Investments –registrada en Londres- y Stichting Khuno Management –asentada en Ámsterdam-, según consta en el intercambio de información entre ejecutivos de Mossack Fonseca y el bufete D´Orleans.
Estas dos últimas firmas en Londres y Ámsterdam aparecerían como las administradoras de los fideicomisos en Nueva Zelanda en donde la identidad de los verdaderos dueños sería confidencial, aun cuando se tratara de prestanombres.
En ese mismo julio del 2015, Mossack Fonseca intentó verificar de nuevo la trayectoria empresarial de Hinojosa Cantú, pero sus abogados lo impidieron.
En un correo, explicaron que no podían enviar copias de todo el pasaporte porque su cliente prefería mantener confidencialidad sobre las fechas, las ciudades y los países visitados.
El 21 de agosto del 2015, el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade informó que el Presidente Peña Nieto no incurrió en un conflicto de intereses por el caso de la Casa Blanca. Según la versión oficial, la residencia perteneció a Angélica Rivera y, sobre todo, no encontraron evidencias que estuviera vinculada a la entrega de obras públicas a favor de Grupo Higa.
La exoneración a Peña Nieto facilitó las cosas. El 30 de septiembre del mismo año, Daniel León –ejecutivo de Mossack Fonseca encargado del caso en Holanda- informó a Filipe di Marco –abogado de D´Orleans- sobre el hallazgo de información adversa relacionada con Hinojosa respecto a vínculos con el Presidente de México. Y preguntó: “¿Existe alguna relación entre ambos, incluyendo lo económico? ¿Por qué han surgido estas denuncias?   Necesitamos tener suficiente información que nos permita descartar esta posibilidad.
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Estas inquietudes fueron planteadas tres meses después del primer contacto que tuvieron con el dueño de Grupo Higa y cuando la investigación oficial ya estaba cerrada.
El mismo día, el abogado Di Marco respondió que esa información adversa apareció sólo en periódicos, muchos de ellos propiedad de rivales en negocios “como el caso del New York Times de Carlos Slim”. Su cliente –explicó- ya fue exonerado.
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El 9 de noviembre del 2015, Lissa Crook, representante de la firma Benthey –socia en Nueva Zelanda que dio validez a los fideicomisos- preguntó nuevamente a Mossack Fonseca si estaban plenamente satisfechos con la investigación sobre Hinojosa Cantú y el origen de su dinero.
Daniel León responde que sí. Y afirma que las operaciones han sido por alrededor de 50 millones de dólares.
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Débora Montesinos, la directora del departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca, intervino para advertir que, definitivamente, Hinojosa Cantú, no era peligroso.
Aún así, todavía quedaban tramites por desahogar. Como el dinero provendría de cuentas en Estados Unidos, las aparentes dueñas de los fideicomisos, Dora Patricia Cantú y María Teresa Cubria Cavazos, debieron firman una declaración de conformidad de impuestos para extranjeros.
En esas declaraciones se incluye que tanto ellas como sus beneficiaros –en esta caso Hinojosa- están conscientes de su obligación de informar y pagar impuestos en sus país de residencia. También incluyeron un documento en el que afirman no tener obligaciones con el sistema de impuestos de Estados Unidos.


Las referencias crediticias que también necesitaban ambas para trámites en Nueva Zelanda, fueron extendidas por la firma XRV Management, ubicada en las Islas Caimán, conocidas internacionalmente como paraíso fiscal.

Sobre Dora Patricia (la esposa) dicen que la han asesorado durante los últimos 3 años, es decir, desde 2012. Y en torno a María Teresa Cubría (la suegra) desde dos años, es decir, desde 2013.

Consultado sobre la investigación periodística internacional Panama Papers, Carlos
Sousa director de Relaciones Públicas en Mossack Fonseca expuso que su trabajo es simplemente ayudar a la creación de compañías y que, antes de apoyar a cualquier cliente, realizan un “rígido proceso de verificación” que incluso excede “todas las reglas relevantes, regulaciones y estándares locales” a los que todo están supeditados.
Y añadió por escrito:
“Sin embargo, llenar el papeleo legal para ayudar a formar una compañía es una cosa muy distinta a establecer un vínculo de negocio o a dirigir las compañías que se formaron.

“Nosotros solamente formamos compañías, lo cual casi todos reconocemos que es importante y algo crítico para asegurar que la economía global funcione eficientemente. Al proveer esos servicios seguimos tanto la letra como el espíritu de la ley porque en 40 años de operación no hemos sido acusados de ninguna conducta criminal. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos, a pesar de los recientes y deliberados intentos de algunos por malinterpretarlo”.

“Finalmente, está bien establecido que varios países (por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos) tienen leyes sobre fideicomisos que permiten a una persona o empresa representar a una tercera parte en alcances fiduciarios, lo cual es 100% legal y tiene un propósito importante en el comercio global”.

En los archivos y documentos usados para esta investigación, no consta si el dueño de grupo Higa reportó este dinero y  las transferencias ante el Sistema de Administración Tributaria.  Sin embargo, él  recibió un correo sobre este reportaje a través del ICIJ semanas antes de la publicación, pero hasta el momento no hay respuesta.

Mientras tanto, los fideicomisos en Nueva Zelanda siguen operando y Grupo Higa continúa allegándose de contratos con el Gobierno de Peña Nieto.

Desde enero del 2015 a la fecha en que se publicó esta investigación, sumaron 6 millones de pesos más –alrededor de 353 mil dólares- por la transportación aérea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por la construcción de instalaciones militares en Chiapas.
Fuente.-

TAMBIEN "RAMIRO GARZA CANTU" IMPLICADO en la "RED de TRANSAS GLOBAL que ESCONDE DINERO"....la fortuna en "ascenso",la virtud en descenso.

Fuente.-Twitter

Una investigación internacional sobre creación de empresas y manejo de fortunas en paraísos fiscales que involucra a Jefes de Estado, políticos, futbolistas y actores salpicó en México a funcionarios y empresarios, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa.


Hinojosa, constructor de la "Casa Blanca" de la Primera Dama, Angélica Rivera, ha sido señalado como empresario favorito del Presidente Enrique Peña. 

Grupo Higa encabeza el consorcio que ganó en Nuevo León el polémico proyecto Monterrey VI.

El caso forma parte de la investigación periodística denominada "Los Papeles de Panamá", que surgió tras analizar más de 11 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca. 

Una fuente anónima entregó la información al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y que a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con más de 100 medios en el mundo.

En la investigación se involucra a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, así como futbolistas, empresarios y actores.

El caso revela que Hinojosa habría ocultado 100 millones de dólares de su fortuna a través de una compleja red financiera diseñada, según revela la investigación de Aristegui Noticias, que participó en "Los Papeles de Panamá".

Detalla que el dinero de Hinojosa fue movido vía transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por la firma y se documentó que usó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubría Cavazos.

Hinojosa comenzó a mover los 100 millones de dólares en marzo del 2015, un mes y una semana después de que la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación oficial por conflicto de interés por la "Casa Blanca".

En "Los Papeles de Panamá" aparecen otros mexicanos como el tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, dueño de Grupo R y contratista de Pemex, así como el propietario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, y su principal socio, Martín Díaz Álvarez.

Además, se menciona a los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, con residencia en Querétaro y propietarios del Casino Big Bola y ex dueños de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), investigado por ordeña a Pemex.

También se señala al presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego; a Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

Y revisará el SAT a implicados

El Servicio de Administración Tributaria abrirá una revisión, en los casos en que sea procedente, a los contribuyentes mexicanos mencionados en la investigación periodística "Los Papeles de Panamá", sobre la contratación de empresas "offshore" en paraísos fiscales.

En un comunicado, el SAT destacó ayer que la información publicada se confrontará con la información institucional existente, a fin de valorar si hay elementos que evidencien actos de evasión fiscal para, en su caso, iniciar las investigaciones.

Añadió que, de ser necesario, se consultarán los acuerdos de intercambio de información que México tiene con otros países para tener más elementos.


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