El subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández está preso por la muerte de un sospechoso al que detuvo en 2011 en Nuevo León. En espera de sentencia, acusa a sus superiores –los generales Cuauhtémoc Antúnez Pérez y Guillermo Galván, así como el presidente al que sirvieron: Felipe Calderón– de colgarse las medallas con sus éxitos y dejarlo expuesto cuando falló en una labor policiaca. En una carta dirigida a distintas autoridades, el oficial indica que no recibió capacitación para labores policiacas y se le ordenó no llevar a un agente del Ministerio Público. Únicamente se le dio la orden terminante: combatir al enemigo.
Hace cinco años, el 14 de febrero de 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó su aparato propagandístico para darle amplia difusión a la captura de uno de los jefes regionales de Los Zetas en Nuevo León. Era parte de la campaña militar del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico y una respuesta del Ejército a los ataques de ese cártel, que incluso había decapitado a nueve soldados.
El reconocimiento por la captura fue para el jefe de la Séptima Zona Militar, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, actual secretario de Seguridad Pública en el gobierno nuevoleonés de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. También, para el entonces comandante de la IV Región Militar, el general de división Noé Sandoval Alcázar, hoy subsecretario de la Defensa Nacional, quien fue condecorado con el Mérito en la Campaña contra el Narcotráfico.
Fue el subteniente de infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández, comandante de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), quien al mando de 21 soldados del 22 Batallón de Infantería y ocho policías estatales detuvo a Juan Carlos Olivera Acosta, El Sonrics, jefe de Los Zetas en la zona citrícola de Nuevo León. Con los datos obtenidos en terreno a partir de denuncias anónimas, el oficial llegó hasta la casa del cabecilla regional en Guadalupe, municipio conurbado de Monterrey.
Lo detuvo afuera de su domicilio. Olivera Acosta no se lo esperaba y había relajado su seguridad. Sin enfrentamiento armado fue apresado junto a otras dos personas, una de las cuales era agente de la policía de ese municipio. Se les aseguraron tres armas largas y una corta, 19 cargadores, 370 cartuchos de diferentes calibres, un vehículo y cuatro equipos de comunicación.
La Sedena no sólo emitió el comunicado de prensa en la Ciudad de México, sino que abrió las puertas de la Séptima Zona Militar para presentar a los detenidos ante la prensa. El Ejército quería destacar la importancia de la detención de Olivera Acosta y lo dio a conocer como el jefe de Los Zetas desde 2010 en los municipios de Santiago, Allende, Montemorelos, General Terán y Linares, en el centro del estado.
En la instalación militar se leyeron públicamente los cargos en su contra: intento de rescate de miembros de su organización en Monterrey, narcomenudeo, secuestros, asesinatos y un ataque a la base militar en Montemorelos. La Sedena dijo que Olivera Acosta había sido reclutado para el cártel por un exmilitar, Octavio Almanza Morales, El Gori 4, quien había sido detenido por el Ejército en Cancún a principios de 2010.
La Sedena quería remarcar que el Ejército detuvo al cabecilla luego de que El Sonrics se le había escapado en enfrentamientos armados al Séptimo Batallón de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México, en el inicio de las operaciones de la Infantería de Marina en tierra, ordenadas por el gobierno de Calderón.
En otro choque armado Olivera Acosta también se le había escapado al 16 Batallón de Infantería, de la Séptima Zona Militar.
El subteniente Tadeo Hernández había cumplido con la exigencia del general Antúnez de aplicar la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012 de la Sedena. Todos los días, a las 07:30 horas, el jefe de la Séptima Zona Militar reunía en su oficina a los comandantes de su base para transmitirles las órdenes de la IV Región Militar: dar resultados conforme la directiva que exigía a todos los comandantes del Ejército actuar contra “el enemigo”, desarrollar “esquemas de combate” y tener “amplia libertad de acción”, “mayor dinamismo” y “amplia iniciativa” para combatir a los narcotraficantes (Proceso 1967).
Como jefe de la unidad operativa que hizo la aprehensión, Tadeo Hernández llevó a los detenidos a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ante el temor de que fueran rescatados, el Ministerio Público federal le pidió al Ejército que se los llevara a sus instalaciones. El oficial recibió la orden de llevarlos a su base, al 22 Batallón de Infantería de la Séptima Zona Militar. Hasta ahí llegaron autoridades civiles y militares a realizar los interrogatorios.
Responsable de recabar la información y efectuar la detención, el subteniente no recibió ningún reconocimiento. Una semana después aplicó de nuevo la directiva contra el narcotráfico elaborada por el Ejército a partir de “la visión” de Calderón. Al frente de la BOM, Tadeo Hernández detuvo en la zona centro de Monterrey a dos hombres sospechosos de pertenecer a Los Zetas.
Ambos estaban en un auto Pontiac negro que tenía reporte de robo con violencia. Según el parte militar, se les encontraron 80 cartuchos, un rifle AR-15 con dos cargadores y 50 cartuchos útiles, 200 dosis de cocaína, 350 dosis de piedra de cocaína y tres celulares con mensajes de halconeo.
Los llevaron a la PGR, pero en el camino a uno de los detenidos le dio un paro cardiaco por los golpes que recibió. Lo llevaron de urgencia a un hospital, donde murió. Tadeo Hernández afirma que el detenido fue golpeado en el pecho cuando él viajaba en la cabina del vehículo militar.
En el operativo no participó ningún Ministerio Público ni la Policía Ministerial, como marca la operación de las BOM. El subteniente aclara que así lo había ordenado el general Antúnez. No obstante, tras el fallecimiento del detenido, el general ordenó al Ministerio Público Militar que le iniciara una averiguación previa a Tadeo Hernández.
Fue el único procesado. De acuerdo con su carta, quienes estuvieron bajo su mando declararon contra él ante la justicia militar por órdenes de Antúnez. El subteniente dice que no fue llamado a declarar y el juez Cuarto Militar en Monterrey pidió 30 años de prisión para él por los cargos de homicidio calificado, tortura y robo con violencia. Tras esa actuación, el juez castrense se declaró incompetente y el caso pasó a la justicia civil, donde el subteniente lleva su defensa y no ha recibido sentencia definitiva, mientras que el otro civil que detuvo en aquella ocasión ya está libre.
Descendiente de militares, Tadeo Hernández tiene 17 años y medio de servicio, de los cuales lleva cinco procesado en prisión. A diferencia de la captura del Sonrics, cuando los generales se llevaron las medallas, en este caso la responsabilidad sólo ha recaído en el oficial.
Impunidad de mandos
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto –comandante en jefe de las Fuerzas Armadas–, al general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda y a la titular de la PGR, Arely Gómez, el subteniente se queja de que los militares de bajo rango fueron utilizados durante el gobierno de Calderón.
“En ese periodo, los militares realizamos un trabajo para el que no fuimos capacitados. Fuimos instruidos para ser soldados, pero nos ordenaron hacer funciones de policías que estábamos lejos de comprender a cabalidad. Hay una gran confusión y ahora somos muchos los militares que estamos señalados como criminales”, dice en su misiva.
Apoyado en las declaraciones públicas del general Cienfuegos en el sentido de que en el Ejército “estamos haciendo una función para la cual no estábamos estrictamente preparados” y que “ninguno de nosotros vino a las Fuerzas Armadas para hacer esto”, Tadeo Hernández afirma que los militares fueron enviados a las calles por el entonces titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, sin más órdenes que la de cumplir la directiva contra el narcotráfico elaborada con la visión de Felipe Calderón.
“Nos dijeron lo que teníamos que hacer, pero en ninguno de los ordenamientos ni en los manuales militares dice cómo tenemos que actuar” contra los narcotraficantes, comenta.
El 23 de abril de 2012, cuando el gobierno de Calderón estaba por terminar, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual sobre el Uso Legítimo de la Fuerza que regula la acción del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Ante la falta de normatividad sobre el alcance de las acciones de autoridades civiles y militares, afirma que con los operativos ordenados por el Ejecutivo federal, el personal militar “ha quedado expuesto” en los cateos, revisiones, intervenciones e investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, pues incluso el Ministerio Público ha evitado hacerse cargo de los detenidos. Más aún cuando los militares a cargo de las detenciones han recibido órdenes de interrogar a los detenidos, algo que corresponde sólo al Ministerio Público.
Sobre los éxitos y fracasos de las operaciones, escribe: “Cuando las misiones planteadas al oficial comandante del Grupo Mixto salen bien, todo el mundo celebra y está presto a cobijar con su parentesco el hecho. Pero cuando sale mal, el acto se queda huérfano y el agente del Ministerio Público sale a cumplir con su deber, que es sancionar a los militares”; pero no actúa contra quien dio las órdenes, sino contra el que realizó la operación.
De igual forma, añade, cuando el operativo tiene resultados positivos, inequívocamente el comandante que dio las órdenes admite que lo hizo personalmente. Pero cuando los resultados son negativos, ese mismo comandante niega que haya dado las instrucciones y responsabiliza a quien estuvo al frente de la acción que terminó en “fracaso o error”.
En los procesos penales abiertos por esas fallidas incursiones “los comandantes se escudan en que no existen órdenes por escrito para los actos motivos de la acusación penal, a pesar de saber que ningún mando da esas órdenes por escrito”, dice el subteniente.
El soldado señala que si no obedece, es acusado de insubordinación o faltas a la disciplina. Para no ser sometido a la justicia militar, sólo le queda acatar la orden recibida en la forma en que el comandante la emitió, añade.
En julio de 2015, un año después de la matanza de 22 civiles a manos de efectivos del 102 Batallón de Infantería en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida ya en el gobierno de Peña Nieto, el Centro Pro de Derechos Humanos documentó con información del propio Ejército que los militares tenían órdenes de “abatir” y realizar “las acciones para reducir la violencia… en horas de oscuridad sobre objetivos específicos”.
El subteniente asegura que a pesar de ese tipo de órdenes, los comandantes militares de alta jerarquía emiten una orden por escrito para pedir que se respeten los derechos humanos de los civiles. “¿Cómo se van a respetar los derechos de los civiles con semejantes órdenes?”, se pregunta.
Asegura que cuando Calderón, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dispuso que las tropas salieran a las calles a hacer funciones de policía, fue “una orden que efectivamente se cumplió”. Pero “los más afectados fueron las bajas colaterales, es decir civiles inocentes, y los militares de baja graduación que estuvieron en primera fila en el cumplimiento de esa orden”.
Arbitrariedades
Ante lo que considera como “franca guerra” en que los embarcó Calderón, Tadeo Hernández afirma que los mandos de las instituciones armadas nunca tuvieron en cuenta que las organizaciones criminales los “superaban en mucho” en el número de delincuentes y armamento, además de que soslayaron su fuerza económica. Pero sobre todo “dejaron de instruir a la tropa en las elementales disposiciones legales para el uso de la fuerza”.
Explica que en cumplimiento de la orden superior se implantaron los retenes carreteros, portuarios, aeroportuarios y fronterizos, tarea que se asignó a pelotones integrados, cuando mucho, por algún oficial (teniente o capitán) egresado del Colegio Militar.
“En su mayoría han sido los soldados, cabos o sargentos, quienes en general apenas lograron terminar la primaria o la secundaria. También se dispusieron patrullas en caminos, pueblos y ciudades, con el mismo personal castrense y mismo grado de estudios. Quienes estuvimos al frente cumpliendo las órdenes somos los que ahora estamos pagando las consecuencias”, dice el oficial, egresado del Colegio Militar en 1996.
“Trabajamos en condiciones jurídicas nulas, sólo con la orden presidencial consentida por los militares de alta graduación, quienes en la mayoría de los casos ordenaron y, en otros, dirigieron personalmente las acciones”, dice en su carta el oficial del Ejército.
Dirige su queja en particular contra Calderón, el general retirado Galván y el general Antúnez, a cargo ahora de la seguridad pública de Nuevo León y señalado de omisión en la riña que dejó 49 muertos en el penal de Topo Chico, en Monterrey, el pasado 10 de febrero (Proceso 2051).
Del general Antúnez dice que su orden era no operar en el municipio San Pedro Garza García, donde se refugiaban líderes de la organización de los hermanos Beltrán Leyva:
“Había órdenes tajantes de que el personal militar no entrara a ese municipio. Si una patrulla militar entraba al municipio, de inmediato recibía la orden verbal, no por escrito, de retirarse y que se fueran a otras colonias, como La Independencia, Niño Artillero o Industrial y otras zonas populares.”
Antúnez Pérez, quien además ha estado destacado en Coahuila y Guerrero, ya estaba al frente de la Séptima Zona Militar cuando efectivos a su cargo asesinaron a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con información obtenida a través de Méxicoleaks, él mismo reportó el hecho como un enfrentamiento a la Sedena en la Ciudad de México (Proceso 2033).
En cuanto al general Galván, dice, dejó que la justicia militar actuara en contra del personal subordinado para eximir a los mandos: “Les regaló grados y los dejó hacer y deshacer a su antojo. Nunca vio qué clase de personal de justicia militar tenía. Cuando algo salía bien, los mandos se lucían, pero cuando no, recurrían a las arbitrariedades de la justicia militar”.
Y señala que, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Calderón dio la orden de actuar. “Nosotros, como soldados, históricamente hemos sido preparados para actuar hasta las últimas consecuencias. Para nosotros no hay medias tintas”. La directiva de su gobierno contra el narcotráfico era muy clara para actuar contra un enemigo, asegura, “y así fueron las órdenes que nos dieron los mandos”.
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