Hace un par de meses el semanario Proceso ya había mencionado la inocultable participación militar en los hechos trágicos de Iguala, el 26 y 27 de septiembre del año pasado, cuando 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Ahora, este semanario pudo consultar los mismos documentos que dieron pie a aquellas revelaciones, pero esta vez, sin censura, sin los nombres tachados… Son las declaraciones ministeriales de 36 oficiales y soldados del 27 Batallón de Infantería, que dan nombres, apellidos y rangos de quienes presenciaron lo ocurrido, y que evidencian contradicciones y lagunas que el mismo personal castrense ha tratado de ocultar.
A poco más de 14 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un nueva revisión de los testimonios que 36 oficiales y soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, rindieron ante la Procuraduría General de la República (PGR), revelan severas contradicciones entre mandos y subalternos que dejan serias dudas sobre el papel que jugó el Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado.
Las declaraciones originales, sin censura, obtenidas por Proceso ponen en evidencia los pendientes de la investigación, que está en una nueva etapa ahora en manos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, como parte de los acuerdos firmados entre el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer el destino de los normalistas.
Ya en el reportaje Inocultable, la participación militar, firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso 2027), se daba parcialmente cuenta de las actividades de vigilancia y participación del Ejército en la operación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), tomadas de las versiones públicas de los testimonios, censurados por la PGR y obtenidos gracias a la Ley Federal de Transparencia.
Las declaraciones originales, sin tachar, obtenidas por este semanario abundan en contradicciones y en falta de pericia de los agentes ministeriales de la Federación al interrogar al personal castrense; esto justifica la insistencia del GIEI en aplicar cuestionarios directos al menos a 27 militares.
Las declaraciones de los 36 militares fueron tomadas en Iguala los días 3 y 4 de diciembre del año pasado, 67 y 68 días después de ocurridos los hechos y están incluidas en los tomos 19 y 20 de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014.
En su calidad de comandante del 27 Batallón de Infantería, el coronel José Rodríguez Pérez –relevado en julio pasado– da cuenta de su mando sobre 600 personas, pero a partir de las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014 sólo habría comisionado a menos de 40 efectivos del Servicio de Fuerza de Reacción para dar seguimiento a los ataques armados a los normalistas.
Rodríguez Pérez envió a personal del Servicio de Fuerza de Reacción. Al teniente Roberto Vázquez Hernández le asignó 20 soldados y una camioneta blindada y al capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo “un oficial y doce de tropa”.
El primero acudió al Hospital General a tomar datos de los primeros tres heridos de arma de fuego, y a la carretera a Santa Teresa, donde fueron atacados integrantes del equipo de futbol Avispones, que viajaban en un camión, y tripulantes de dos taxis. En el sitio hubo tres fallecimientos.
A Martínez Crespo se le asignaron patrullajes frente al Palacio de Justicia, al Hospital Cristina y a la calle Juan N. Álvarez (Proceso 2027).
Los ausentes
Rodríguez Pérez se enteró de los movimientos de los normalistas a las 19:30 horas por los informes que le proporcionó personal militar asignado al C-4, el sargento segundo de infantería, Felipe González Cano; el cabo de Infantería Alejandro Soberanes Antonio; soldado de Infantería David Aldegundo González Cabrera; el soldado de Infantería José Manuel Rebolledo de Loya, y el cabo de Infantería Ezequiel Carrera Rifas, todos pertenecientes a los Órganos de Búsqueda de Información. Ninguno de esos militares fue interrogado por los agentes ministeriales.
Otros militares que tampoco han sido interrogados y habrían participado en los operativos de septiembre son los soldados de Infantería, Iván Hernández Rubio y Guillermo Cortés Barrera, así como el soldado de sanidad Juan Javier Cruz Muñoz, quienes –según el comandante– habrían acudido a un curso en Acapulco cuando los agentes ministeriales acudieron a Iguala.
Tampoco se tomó el testimonio de Santiago Muñoz Pilo, quien “causó baja del 27 Batallón y de Infantería y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea con fecha 01 de diciembre de 2014”.
En su declaración, el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería sostuvo que a las 10:00 horas del 27 de septiembre de 2014 “personal que se encuentra en el C-4” le informó sobre el hallazgo de un cuerpo en la calle Industria Textil, de la colonia Ciudad Industrial, por lo que envió al teniente de Infantería Jorge Ortiz Canales “a verificar la información”.
El teniente confirmó “que se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino (…) desollado”. Eran los restos del normalista Julio César Mondragón. Según Rodríguez Pérez su subalterno y la tropa reguardaron el cuerpo hasta que llegó personal del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense.
La hora del hallazgo del cuerpo del normalista es una de las contradicciones inquietantes.
De acuerdo con el testimonio de Rodolfo Antonio López Aranda, soldado de Infantería comisionado en el área de transportes del 27 Batallón, el cuerpo se localizó cuatro horas antes, tras recibirse una llamada de emergencia.
López Aranda, quien la noche del 26 de septiembre y hasta las 03:00 horas del 27 fue chofer del teniente Vázquez Hernández en sus recorridos, testifica que tres horas después fue requerido para conducir el vehículo del teniente Ortiz Canales y para que “patrullara” las calles de Iguala a fin de verificar una denuncia sobre la localización de un cuerpo sin vida en las inmediaciones de las instalaciones de Pemex.
López Aranda describe: “Se encontraba sobre el piso un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual se encontraba en una posición viendo hacia arriba (sic); me percaté que al cadáver le habían arrancado la piel del rostro, la lengua se la habían cortado y no tenía ojos; observo que uno de los ojos se encontraba a un lado”.
Tras describir la vestimenta de Julio César, el soldado conductor sostiene que “recibimos la instrucción de peinar la zona para verificar si había indicios”, mientras Ortiz Canales dio aviso a las autoridades.
López Aranda sostiene que llegaron al lugar efectivos de la Policía Estatal y del Servicio Médico Forense y que a las 10:00 horas los militares abandonaron el lugar al que habían dado protección perimetral.
La declaración de López Aranda coincide con el Informe Ayotzinapa, presentado el 6 de septiembre por el GIEI, el cual señala que a las 09:55 horas del 27 de septiembre, personal de la entonces Procuraduría General del Estado llevó a cabo la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver de Mondragón “con visibles muestras de tortura”.
El GIEI incluyó en las acotaciones una descripción de la diligencia que concuerda con lo visto por López Aranda: “Asimismo del lado poniente se observa un globo ocular de un ojo ubicado a treinta y cinco centímetros del cadáver”.
De las declaraciones del entonces comandante del 27 Batallón, como de otros oficiales, se omite el nombre del capitán primero Eliseo Beltrán Noriega, plenamente identificado por personal de tropa como un oficial que tuvo participación los días 26 y 27 de septiembre.
El teniente Vázquez Hernández incurre incluso en encubrimiento. Al ser cuestionado por el agente del Ministerio Público Federal, Luis Armando García Sánchez, sobre la responsabilidad que tuvo Beltrán Noriega, su superior inmediato, en el operativo militar, respondió: “No tuvo participación, pues no se encontraba en el Batallón, sin saber si se encontraba de vacaciones o comisionado en otra plaza”.
El sargento primero de Infantería Carlos Díaz Espinoza, responsable de entradas y salidas del personal, registró a las 00:10 horas del 27 de septiembre la salida de Beltrán Noriega, “con un oficial más, cuatro de tropa y un vehículo orgánico, o sea un vehículo Cheyenne, quien salió con el fin de recabar información en las instalaciones de la Policía Federal, en Iguala”.
El soldado conductor Uri Yashiel Reyes Lazos, quien en otro vehículo acompañó el patrullaje de Vázquez Hernández al Hospital General y después al capitán Martínez Crespo, ubica a Beltrán Noriega alrededor de las 23:00 horas en el área de la Fuerza de Reacción, como el mando que “empieza a organizar y dar órdenes para salir con rumbo a la carretera a Chilpancingo, porque había un autobús estacionado y destrozado”.
El testimonio de Beltrán Noriega es otro de los faltantes en el expediente.
Vigilancia distante
De la declaración del entonces comandante Rodríguez Pérez llama la atención la omisión del trabajo de inteligencia realizado por el soldado Eduardo Mota Esquivel, “operador del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos”, quien tampoco aparece en los registros de entradas y salidas del sargento Díaz Espinoza.
Por el testimonio de Mota Esquivel y el de su superior, el teniente de Infantería Joel Gálvez Santos, se reconoce la presencia militar cuando policías municipales atacaron a los estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 y los detuvieron.
De acuerdo con la declaración ministerial, el soldado llegó a las 22:30 horas en su motocicleta particular a la zona de conflicto, frente al Palacio de Justicia, donde observó que el autobús estaba “rodeado de elementos de la policía municipal de Iguala quienes iban en cinco camionetas tipo pick up (…) quienes trataban de bajar a las personas que venían en el autobús, pero como las personas que venían a bordo estaban muy agresivas no podían bajarlos”.
Guardando distancia de los hechos, según se lo recomendó su superior vía celular, Mota atestiguó que los jóvenes arrojaban piedras a los policías desde dentro del autobús, y que en apoyo arribaron más policías en tres camionetas oficiales más, quienes “llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas lacrimógenas por las ventanillas del autobús. Después de eso empezaron a bajarse personas jóvenes”.
Una vez fuera del vehículo, vio que los policías esposaban a los normalistas “con las manos hacia atrás y en forma agresiva los tendían en el piso boca abajo, siendo esto un número aproximado de 10 estudiantes, y como recibí la instrucción de que no me arriesgara mucho, opté por retirarme del lugar”.
Todo lo anterior fue comunicado a Gálvez Santos, a quien Mota le entregó también “como cuatro o cinco fotografías” tomadas con su teléfono celular.
Una vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, Mota fue comisionado para acompañar al capitán Martínez Crespo en sus recorridos por la ciudad. Fue testigo de la irrupción de los militares en el hospital Cristina, a donde llegó uno de los estudiantes heridos en el ataque de la calle Juan N. Álvarez, Édgar Andrés Vargas, acompañado de una veintena de sus compañeros y un profesor.
En su testimonio, Mota dice que tomó “tres fotos” del estudiante herido y se las entregó a su superior.
Del material gráfico sólo se conocen imágenes tomadas en la sala de espera del hospital, incluidas en la declaración de Rodríguez Pérez y divulgadas por la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del diario Milenio, en su edición del pasado 25 de febrero.
El trabajo de vigilancia de Mota fue encomendado por Gálvez Santos una vez que supo, por el sargento González Cano, que entre las 21:30 y las 22:00 horas “personal de la Policía Municipal de Iguala y normalistas tenían confrontamiento; los normalistas les estaban tirando piedras a los policías”.
Gálvez asegura en su declaración haber recibido nueve llamadas del C-4 con información sobre los acontecimientos violentos, entre las 19:30 del 26 de septiembre y “entre las 10:00 y 12:00 horas” del día siguiente, datos que replicó en todo momento al comandante del 27 Batallón y al “cuartel general de la 35 Zona Militar”, que en ese momento comandaba el general Alejandro Saavedra Hernández.
El Gabinete Nacional de Seguridad designó a Saavedra coordinador de la nueva estrategia de seguridad en Guerrero, tras la toma de posesión del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Algunos agentes ministeriales preguntaron al personal militar si habían recibido órdenes de no ayudar a los estudiantes. La mayoría respondió que no recibió ninguna indicación, y otros, como el soldado Roberto de los Santos Eduviges, respondió. “No tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento, si hubiera tenido el conocimiento les hubiera brindado el apoyo, bajo las órdenes de mi comandante del Batallón”.
Fuente.-
