Quien no tenga el estómago suficientemente duro, no vea “Tierra de Cárteles”, el documental cuyas 50 copias –el doble de las que normalmente se le dedican a una obra en esta categoría-, empezaron a proyectarse en cines mexicanos este fin de semana. Pero quien quiera ver la crisis del estado de Derecho en México, esta es la mejor introducción a la tragedia mexicana. “Tierra de Cárteles” es la abolición de las leyes en una parte del territorio nacional, la claudicación del Estado ante los criminales, y la utilización de delincuentes para combatir la delincuencia.
Ética, política e históricamente, esto es inaceptable. “Cuando tu gobierno no puede proveer la seguridad básica ante los criminales asesinos organizados, ¿es aceptable tomar la ley en tus manos para proteger a tu familia, tu tierra y tu país?”, comienza la presentación del documental en la página del Sundance Film Festival, una institución fundada y presidida por Robert Redford, única en el mundo para el cine alternativo. “Esa es la pregunta en el fondo de Tierra de Cárteles, un viaje poderoso y visceral de dos movimientos vigilantes actuales”.
El documental, por el cual fue premiado este año su director Matthew Heineman, y cuya productora ejecutiva es Kathryn Bigelow, la directora de The Hurt Locker (“Vivir al Límite”), una película que narra un día en la vida de un escuadrón anti explosivos durante la guerra en Irak, por el cual ganó el Oscar de la Academia, describe las razones y tribulaciones de dos grupos que tomaron la justicia en sus manos, enfocado en sus dos líderes, Tim Foley, de Arizona Border Recon, y José Manuel Mireles, fundador de los grupos de autodefensa civil en Tepalcatepec, Michoacán. “Es una reflexión escalofriante –describe su promocional- sobre el rompimiento del orden y la frontera donde la vida vence a la ley”.
Esa frontera, sin embargo, se mide por diferentes raseros. La Segunda Enmienda de Estados Unidos permite a los ciudadanos tener armas para defenderse. En México, la ley no permite tener armas sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, y menos aún de uso reglamentario del Ejército. En Estados Unidos, el grupo vigilante, con un discurso de odio hacia los inmigrantes, detiene y entrega indocumentados –criminales o no- a la Policía Fronteriza, para que los deporte. En México, los grupos de autodefensa capturan y matan a presuntos criminales, secuestran a inocentes a quienes golpean y hacen juicios sumarios, con el apoyo de la Policía Federal que también viola las garantías y los derechos de los presuntos culpables. Tan delincuentes los federales mexicanos como los grupos a los que arropó, la estrategia contraproducente contra Los Caballeros Templarios del gobierno federal.
En este espacio apareció la primera crítica a esa estrategia en febrero de 2013 (“Paramilitares autorizados”), días después de que la Secretaría de Gobernación dio la bienvenida a esos grupos, que remataba: “Si hoy, por ingenuidad o incompetencia, crean y estimulan grupos paramilitares avalados por el gobierno federal, las consecuencias que de ello resulten serán responsabilidad única del gobierno federal”. Veintiocho meses después, las consecuencias son responsabilidad del gobierno federal. “Tierra de Cárteles” demuestra visual, documental y cinematográficamente, la claudicación del gobierno a proveer la seguridad –razón primaria en la fundación de los Estados modernos-, y de cómo, institucionalmente, autorizó a que michoacanos desesperados lucharan hombro con hombro junto a criminales, y se alzaran contra bandas rivales para hacer el trabajo sucio al gobierno. Fue guerra sucia pública, manejada públicamente como una lucha de buenos contra malos. Se podía violar la ley si se trataba de aniquilar a Los Caballeros Templarios, y gozar de un salvoconducto gubernamental, aún en los excesos.
Esa parte documentada en “Tierra de Cárteles”, que omite la primera gran consecuencia de ello: en enero de 2014, Michoacán estaba al borde de la guerra civil; esa estrategia había resultado un fracaso. Para enfrentar a un ejército de sicarios se formó otro ejército de sicarios y autodefensas que tomaron la ley y el negocio en sus propias manos. A mediados de ese mes, el gobierno nombró a Alfredo Castillo comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, y lo convirtió en un procónsul. Llegó la fuerza federal y se inyectaron recursos en zonas específicas. El gobierno desarrolló una estrategia de guerra de baja intensidad donde fundaron aldeas estratégicas que evocaban Vietnam y Guatemala.
“Tierra de Cárteles” muestra cómo esa estrategia -no mostrada explícitamente-también fracasó. Las autodefensas fueron incorporadas a la institucionalidad, al crearse la Fuerza Rural. Este grupo provocó un choque entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno civil, por el control y la administración de la nueva guardia michoacana. Los militares querían absorberla como parte de sus históricos cuerpos rurales, pero al final, Castillo se impuso. Serían civiles, vinculados a la Policía Federal.
El resultado lo esboza el documental. La Fuerza Rural es un nuevo cártel de drogas en Michoacán, con armas y uniformes legales, legitimados por el gobierno federal. Ha bajado la violencia, en efecto, y se vive mejor en Michoacán que en los años recientes. Es el fenómeno repite el patrón cuando un cártel derrota a sus enemigos y se queda con la plaza. Eso ya lo sabemos y ya lo vivimos, como tantas cosas que de no haberse cometido tantos errores, no habrían sido fuente de inspiración para “Tierra de Cárteles”.
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