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lunes, 1 de junio de 2015

EL "CJNG": la SOMBRA que NADIE VIO...o quiso "ver".


Esa noche el presidente Felipe Calderón iba a inaugurar la nueva sede de las Chivas de Guadalajara, el estadio Omnilife, “el mejor del mundo” para “el mejor equipo del mundo”. Horas antes de que el Boeing 757 del mandatario mexicano aterrizara en el aeropuerto Miguel Hidalgo, 150 elementos de un grupo de elite de la Secretaría de la Defensa Nacional cerraron las calles de la colonia Colinas de San Javier, una de las más ricas de Guadalajara.

No tuvieron contratiempos. En el operativo realizado esa tarde en Zapopan sólo hubo precisión. Los militares cerraron las calles, tomaron una a una las casas vecinas. Luego entraron por Nacho Coronel.
Ignacio Coronel era el hombre de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán: se le consideraba el operador financiero del cártel más poderoso del país, cuya presencia se extendía entonces a lo largo de 20 estados. Coronel era, desde 1990, uno de los narcotraficantes “que pisaban más fuerte” en Jalisco: Guadalajara era como su despacho particular, el sitio desde el que manejaba no sólo cuanto sucedía en el estado, sino en buena parte del corredor del Pacífico.
En los últimos años el capo se movía sin escoltas —cuando más, acompañado por un guardaespaldas—, vestido de manera discreta, casi siempre con ropa casual. Los propietarios de otras residencias de Colinas de San Javier recordaron que habían visto varias veces a ese hombre de 56 años en tiendas y restaurantes VIP de Plaza Andares, el complejo comercial más exclusivo del país.
En tanto otras ciudades y otros estados del país se hallaban bajo el fuego de las guerras del crimen organizado, Coronel paseaba por Guadalajara. Jalisco permanecía en ese tiempo en relativa calma y la leyenda tejida alrededor del capo aseguraba que el responsable de esa calma vivía en Colinas de San Javier —precisamente en la casa que el 29 de julio de 2010 allanó el ejército.
Coronel, alias El Cachas de DiamanteEl IngenieroEl Rey del Ice o El Rey del Cristal, había entrado en Jalisco de la mano del sinaloense Amado Carrillo, líder entonces del Cártel de Juárez. El fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, sostiene que a partir de que la Operación Cóndor sacó a los narcotraficantes de Sinaloa, allá en los años setenta, y los dispersó en distintas ciudades a lo largo del Pacífico, “Sinaloa ha tenido siempre una mano metida en Guadalajara”.
En l990 Ignacio Coronel fue la mano que Amado Carrillo metió en Jalisco. En 1993, sin embargo, el lugarteniente fue abandonado. Ese año en que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo era asesinado en el aeropuerto de Guadalajara, Carrillo le dio la espalda: Coronel fue detenido y pasó un tiempo tras las rejas. Apenas recobró la libertad, cambió de bando. El hombre que lo había ayudado a salir de prisión, Ismael El Mayo Zambada, le abrió las puertas del Cártel de Sinaloa.
Coronel volvió a tejer su red, lentamente, a lo largo de los años. Y lo hizo de manera tan efectiva que sobrevivió a cinco gobernadores: en el bajo mundo del crimen organizado se le llegó a considerar intocable. Le llamaban en broma “San Ignacio Protector”: hastaEl Chapo Guzmán acudía a él en instantes de apremio.
La prensa de aquellos días informa que en los últimos años Coronel había perdido fuerza. La guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón golpeaba seriamente su estructura. La detención de los líderes del Cártel del Milenio, los michoacanos Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo (en octubre de 2009), y Juan Carlos Nava Valencia, alias El Tigre (mayo de 2010), con quienes Coronel se había asociado, le abría un boquete en el control del tráfico de drogas en Jalisco, Nayarit y Michoacán. Sus allegados decían que el capo estaba quebrado: no lograba superar el secuestro y asesinato de su hijo Alejandro, a manos de un comando de Los Zetas que dirigía un sujeto llamado José Luis Estrada, El Pepino.
60 hombres de La Corona —el grupo armado de Coronel— fueron enviados a cobrar la cuenta, y El Pepino acabó calcinado en una camioneta Cheyene. Pese a esto, el narcotraficante no se repuso. Muchas cosas se le comenzaron a salir de control. En los tres meses que le quedaban de vida, estuvo obsesionado en combatir al capo Héctor Beltrán Leyva, a quien señalaba como autor intelectual del secuestro de su hijo. Envió incluso otro comando a la ciudad de Hermosillo, con orden de darle caza. Los hombres de La Corona no hallaron a Beltrán Leyva, pero secuestraron a su esposa y la mantuvieron en cuativerio durante una semana. Esperaban que Beltrán diera señales de vida. No lo hizo. Al final, la mujer fue liberada sana y salva, aunque atada y amordazada, y con varios mensajes pegados al cuerpo. Uno de ellos reclamaba a Beltrán el haberse negado a responder por su esposa. Otro le anunciaba: “Nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y a respetar a la familia, asesino de niños”.
Ignacio Coronel llevaba varias semanas sin salir de su residencia, cuando el ejército llegó por él. Vecinos de Colinas de San Javier oyeron disparos y detonaciones de artefactos explosivos. El parte militar rendido aquella tarde dice que al verse sorprendido Coronel disparó sobre uno de los soldados,“por lo que repelimos la agresión”.
El narcotraficante quedó tendido boca arriba en una de las escalinatas de mármol de la residencia. A centímetros de su mano izquierda estaba una pistola calibre .38 y cerca del pie derecho un fusil AR-15. Había 13 orificios de bala en las paredes y siete charcos de sangre en pisos y alfombras. El capo recibió 12 impactos en el lado izquierdo del cuerpo y sólo uno en el derecho. Se dice que el grupo de elite del ejército le andaba buscando el corazón.
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En septiembre de 2012 la Policía Federal detiene en el Estado de México a Ramiro Pozos González, El Molca. Le aseguran un rifle AK-47 bañado en oro, que le había regalado el líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo. Al ser presentado ante los medios, dirige amplias sonrisas a los reporteros y levanta los pulgares en señal de triunfo. Luego detalla sin inmutarse un amplio repertorio de acciones criminales. El Molca —regordete, de 42 años, originario de Zapopan—  reconoce ser el fundador del grupo conocido como La Resistencia, una escisión del Cártel del Milenio surgida a la muerte de Coronel, la cual intentó apoderarse del sitio que había quedado vacío tras la muerte del narcotraficante.
En un video en el que El Molca es interrogado por agentes federales se detalla que el Cártel del Milenio (uno de los más antiguos del narcotráfico) fue expulsado de Michoacán tanto por golpes propinados por el gobierno, como por la invasión de una organización rival, que en poco tiempo infestó la entidad: Los Zetas. Para sobrevivir, el Cártel del Milenio terminó acercándose al de Sinaloa: Ignacio Coronel les permitió asentarse en Jalisco.
—Entonces se empieza a trabajar fuerte, empezamos a mandar dos o tres toneladas, hasta terminar en 35 o 40 —declara El Molca.
El interrogatorio al que Pozos González es sometido explica en unos trazos la violencia criminal que hoy sacude aquel estado.
—Cuando detienen a mi compadre El Tigre —dice Pozos—, empieza la guerra contra Los Torcidos o Los Cuinis, o Los Menchos… toda esa bola de torcidos.
—¿Es ahí donde viene la ruptura del Cártel del Milenio?… ¿Por qué se da? —le pregunta una voz.
—Porque detienen a El Tigre… y el que va [es decir, al que por jerarquía le corresponde tomar el poder] es el hombre de confianza de El Tigre y El Lobo, que es el Pilo [Elpidio Mojarro Ramírez]… pero Erick Valencia Salazar [uno de los descendientes de la familia fundadora del cártel], quiere poner a Mencho [Nemesio Oseguera Ramos]. Y Menchoquiere quedarse al frente, y nosotros decimos que no porque el único que sabía el manejo exacto de las cosas de El Lobo y El Tigre era Pilo. Y ahí nos dicen que entreguemos a Gerardo Mendoza, El Tecato o El Cochi, y no quisimos. Y Gerardo le mata unas gentes a Mencho en Tecomán y empieza la guerra…
En octubre de 2009, tras un enfrentamiento a tiros en una “narcogranja” de Tlajomulco de Zúñiga, El Lobo Nava Valencia es detenido por el ejército. Siete meses más tarde, su hermano El Tigre cae en poder de las autoridades. Un informe de inteligencia del gobierno de Jalisco relata que poco antes de ser capturados los Nava Valencia habían tenido serias dificultades con Ignacio Coronel. De acuerdo con la declaración de un miembro del cártel, “en una reunión El Lobo Valencia y Nacho Coronel casi llegaron a los golpes y Coronel quedó muy sentido. Quiso deshacerse de El Lobo, pero no se lo autorizaron. Cuando El Lobo fue detenido, gente de su hermano El Tigre quiso llegar con Coronel y tomar la rienda, Coronel les contestó: ‘A partir de esta fecha ustedes son contras’”.
Según el reporte de las autoridades estatales, allegados al Cártel del Milenio aseguraron que tras esa ruptura Coronel se acercó al encargado de la seguridad de El Lobo Valencia y lo convenció de que traicionara a su jefe. Prometió recompensarlo con el puesto ocupado por éste.
El encargado de la seguridad de El Lobo era Nemesio Oseguera Ramos, alias El Mencho. Aunque a la caída de El LoboEl Mencho siguió trabajando al lado de otro miembro de la familia Valencia, Erick Valencia Salazar, alias El 85, otros jefes de peso en el cártel compraron la idea de que El Lobo había sido entregado por su subalterno: bautizaron al grupo de El Mencho como Los Torcidos, es decir, “los traidores”.
Continúa el relato de El Molca:
—Ahí empieza la disputa por el nombre de Milenio, porque ellos querían ser Milenio, y pues nosotros somos Milenio. Empiezan con que ellos eran Milenio y empiezan a detener gente en San Cristóbal; hay más de 40 detenidos que dicen que son Milenio pero es gente de Mencho y del Erick. Y empiezan las masacres, empiezan a levantarnos familiares y amigos que nos conocían y nos salimos de Jalisco y Colima. Ya después viene el apoyo de La Familia Michoacana y se creó un grupo que se llama La Resistencia que está conformado por gente de Los Altos, gente de Colima, gente de Jalisco, de Guadalajara.
La organización que Ignacio Coronel había encabezado, se resquebrajó. Nemesio Oseguera y Erick Valencia fundaron el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Quienes se oponían a que El Mencho asumiera el liderazgo se agruparon en torno de La Resistencia, que encabezaban Ramiro Pozos, Lupe Vega y Elpidio Mojarro. El CJNG permaneció asociado al Cártel de Sinaloa: Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El MayoZambada encomendaron a El Mencho la tarea de reconstruir “el grupo Jalisco”. La Resistencia, por su parte, buscó el apoyo de La Familia Michoacana. Más tarde se asoció con Los Zetas. Los peores horrores en la historia de Jalisco estaban por sobrevenir.
El Molca explica a sus captores:
—Usted sabe que había dos líderes en Michoacán. Estaba El Chango [José de Jesús Méndez] y él fue el que único que nos dio el apoyo, en realidad fue de amigos, hasta con dinero llegó a ayudar. Y pues la idea era recuperar lo de nosotros y pegarle a El Mencho; pero se mete El Loco [Nazario Moreno] y quería que peleáramos con la Policía Federal y que peleáramos con Los Negros [se refiere, por el color de sus uniformes, a la policía estatal] y pues nosotros nunca hemos peleado con la policía, nuestra guerra era con la maña. Y entonces nos salimos de acuerdo y nos pegamos del lado de don Chuy, de El Chango.
El estado se convulsiona en estertores de violencia que dejan a su paso cadáveres espantosamente mutilados. La entidad es atravesada continuamente por convoyes de gente armada. Los grupos criminales controlan la vida en los municipios. En todas partes aparecen cuerpos con mensajes que se intercambian los narcotraficantes: “Jalisco libre de escorias”. Absorto en una guerra que al final del sexenio habrá dejado 120 mil muertos, el gobierno federal no voltea hacia Jalisco. “El mundo estaba pendiente de La Tuta, de El Chapo, de las figuras mediáticas del narcotráfico”, explica el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera. El gobierno del estado tampoco hace mucho. Al gobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013) se le acusa de cerrar los ojos ante los síntomas de la violencia, de tolerar la presencia de Ignacio Coronel en el estado, de permitir —incluso, administrar— la expansión de los grupos criminales.
“Había una falta de presencia por parte del Estado”, reconoce el fiscal Nájera, encargado en el sexenio de González Márquez de la Secretaría de Seguridad Pública.
Nájera exhibe cifras de detenciones, de quema de plantíos, de narcolaboratorios desmantelados. Admite, sin embargo, que las fuerzas de seguridad estatales luchaban “en solitario”. “La policía municipal estaba aislada, expuesta, y a nosotros no nos alcanzaba para cubrir toda la entidad. Por eso era urgente crear una Fuerza Única”.
El 26 de marzo de 2011 policías estatales detienen en El Salto un vehículo sospechoso. Al volante viene una mujer de la policía municipal que exhibe su credencial para evitar que la revisen. Los agentes la notan nerviosa, proceden a la revisión del vehículo. Dentro del coche hay un hombre que esconde en la chamarra una pistola calibre .40, de las denominadas “Mata Policías” —pues perforan los chalecos antibalas. Otros dos pasajeros portan granadas y pistolas. Todos son miembros de La Resistencia. Entre ellos viene David Trujillo, el R-1, encargado de disputar al Cártel Jalisco Nueva Generación la plaza de El Salto.
La mujer policía termina delatando a ocho compañeros de la municipal. Dice que reciben mil pesos a la semana por brindar protección a La Resistencia. Cuando termina el interrogatorio, los estatales saben que los agentes municipales han “puesto” varios “trabajos”, incluida la ejecución de algunos jefes policiacos. Sabe que han ayudado a realizar secuestros y extorsiones. Entre sus obligaciones estaban: desviar la atención de la policía hacia otros sitios para que pasaran libremente “los dueños de la plaza”, servir de escudo a los miembros de La Resistencia que realizaban secuestros, y conducir armas o drogas a bordo de las patrullas.
El dinero venía directamente de Lupe Vega y era recibido y repartido semana a semana por el agente Antonio Sandoval.
El Salto se encuentra a unos kilómetros de la zona metropolitana. ¿Cómo serían las cosas en las regiones más apartadas de Jalisco?
Medio año atrás había causado revuelo entre la sociedad tapatía un video subido al sitio electrónico “El blog del narco”. Dos hombres golpeados, semidesnudos, con las manos amarradas y sentados en sillas de plástico, aparecían en un cuarto pintado de verde. Los rodeaban hombres encapuchados y armados con rifles de asalto. “¿A cuánta gente han matado y descuartizado?”, les preguntaba alguien. Uno de los hombres golpeados respondía: “Yo, Lupe Vega y su gente, matamos al que apareció en El Quince sin orejas y sin ojos…”. El hombre efectuaba luego una larga confesión en la que desfilaban nombres y nombres y más nombres. Los nombres de miembros de La Resistencia. Los nombres de policías estatales y municipales que les daban protección.
La guerra emprendida por los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación dejaría ecos abundantes en la prensa: pequeñas notas dispersas en la sección policiaca que hablaban, en realidad, de “la limpia” que El Mencho y Erick Valencia estaban realizando en el estado. Aquí hay una elegida al azar: el 2 de enero de 2012 vecinos de Tlaquepaque oyeron el ruido de una camioneta y escucharon ladrar a los perros. Al amanecer, encontraron un cuerpo decapitado, envuelto en cinta transparente. La cabeza apareció en una bolsa de plástico. Junto al cuerpo había un mensaje: “Para la resistencia feliz año nuevo, recoge tu basura Lupe Vega”.
El fiscal Nájera asegura que en sus inicios el CJNG operó como brazo armado del Cártel de Sinaloa: “Sinaloa los enviaba a pelear a los sitios en donde estaba sosteniendo sus guerras: a Cancún, a Veracruz, a Tijuana… Eso era parte del acuerdo que hicieron”.
El cártel dirigido por El Chapo Guzmán libraba en ese tiempo una lucha con Los Zetas que dejaba en ruinas y en llamas amplias porciones del país. Los Zetas, ex militares que comandaban el cártel más violento del país, tenían los ojos puestos en Jalisco desde la muerte de Ignacio Coronel.
El 20 de septiembre de 2011 sicarios que viajaban en varias Suburban negras abandonaron dos camionetas de redilas, de las conocidas como estaquitas, frente al centro comercial Las Américas, en la Zona Dorada de Boca del Río, Veracruz. Apilados en las estaquitas había 35 cuerpos. Los cadáveres de 23 hombres y 12 mujeres. Tenían el torso desnudo, estaban maniatados, algunos mutilados. Gobernación informó que según la Plataforma México los 35 fallecidos tenían antecedentes penales por secuestro, extorsión, homicidio o narcomenudeo. Un mando castrense reveló que los autores de la masacre habían estampado su firma en una cartulina: “Cártel Jalisco Nueva Generación”. En la cartulina había un mensaje que los militares no dieron a conocer.
Una semana más tarde, un grupo que se autodenominó “Los Matazetas” difundió en redes sociales un video. En éste, cinco hombres vestidos con playeras, guantes y capuchas negras, que aparecen sentados detrás de una mesa con mantel blanco, botellas de agua y un micrófono, piden disculpas por la violencia que han desatado en el puerto. “La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad [Los Zetas] no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”, dice el más robusto de los conferenciantes. Ese mismo personaje señala que “Los Matazetas” han llegado a Veracruz para terminar con la inseguridad: “Nuestro único interés, como objetivo, son el Cártel de Los Zetas, por lo que respetamos a las fuerzas armadas, comprendemos que no pueden actuar al margen de la ley… y condenamos a los malos servidores que con su apoyo hacen que este flagelo de la sociedad siga haciendo daño”.
El encapuchado afirma que para erradicar a Los Zetas le es necesario luchar en igualdad de condiciones, y para ese efecto pide que los funcionarios y autoridades que los apoyan dejen de hacerlo. “Que la sociedad esté segura que nosotros ‘Los Matazetas’ no extorsionamos, no secuestramos y nunca afectaremos el patrimonio nacional… Somos guerreros anónimos, sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”.
La respuesta del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a la dantesca aparición de los cadáveres de Boca del Río, consiste en lamentar el hecho y “en lamentar más que los ahora muertos se hubieran dedicado a la delincuencia”.
La respuesta de Los Zetas tarda un poco más en llegar, aunque es igualmente macabra.
Muy cerca de la glorieta conocida como los Arcos del Milenio, en la zona céntrica de Guadalajara, 26 cadáveres son abandonados dentro de tres camionetas. Están apilados, semidesnudos, amordazados. Muchos de ellos han muerto por asfixia. Algunos tienen bolsas de plástico en la cabeza. Todos pertenecen al sexo masculino. A todos les han escrito una leyenda en la espalda: “Milenio Zetas”. Un testigo informa que las camionetas —con placas de Jalisco y el Estado de México— fueron abandonadas a las seis de la mañana.
Es la respuesta Zeta a la masacre de Boca del Río.
En Twitter, el gobernador González Márquez se declara “consternado e indignado”. La investigación no conduce a sitio alguno, hasta que el fallido asalto a una vinatería pone en manos de las autoridades a Eleuterio Belmontes, El Tello, líder de una de las tres células que tomaron parte en el multihomicidio. El Tello confiesa que las víctimas fueron “levantadas” en distintos puntos de la ciudad, algunas de ellas al azar, y que él personalmente ahorcó a dos personas. Varios meses más tarde cae el responsable de ordenar y dirigir la venganza, Francisco Daniel Yeme, El Pacorro, quien declara que sus funciones dentro del Cártel del Milenio eran completamente específicas:
—Yo nada más me dedicaba a matar.
(Un reportero le pregunta qué sentiría si a sus hijos les hicieran lo mismo que a las víctimas de los Arcos del Milenio. El Pacorro responde: “Pues si les toca, ya ni modo”.)
Reportes de inteligencia del gobierno estatal señalan que los líderes de La Resistencia intentaron formar “un recalentado” con otras organizaciones criminales. Su propósito era configurar un frente que integrara células del Cártel del Milenio, de La Familia Michoacana y del Cártel del Golfo. Ese cártel regional llevaría las siglas MFG (Milenio, Familia, Golfo). No llegó a concretarse porque lo impidieron “las luchas y la problemática de cada grupo”, y porque el Cártel Jalisco Nueva Generación aprovechó en su beneficio los espacios que le abría el descabezamiento o la desintegración de los otros cárteles.
“Sinaloa enviaba a su brazo armado a combatir a los sitios en los que estaba debilitado —explica el fiscal Nájera—. Llegaban grupos, enviados desde Jalisco, que podían ser de 200 o 300 sicarios. Ellos llegaban a algún estado, ‘limpiaban’ a los grupos rivales, y se quedaban en aquel estado, sin que nadie les pidiera cuentas. De ese modo inició la expansión del cártel”.
Erick Valencia Salazar, El 85, a quien se atribuye la orden que provocó la matanza de Boca del Río, fue capturado por el ejército en marzo de 2012, en el transcurso de un operativo que derivó en balaceras y persecuciones a lo largo de varias calles de la zona metropolitana. La jornada de violencia incluyó bloqueos en varios municipios, así como quema de autos, tráileres y autobuses de transporte público (26 en total).
El 85 resultó herido en una mano por la detonación de una granada que intentó lanzar poco antes de ser capturado. Su nombre no era conocido por las autoridades. Sólo aparecía una vez en los registros oficiales: la averiguación previa contra el empresario chino Zhenli Ye Gon, a quien le fueron asegurados 205.6 millones de pesos en un domicilio de las Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal. Su detención dejó en manos de Nemesio Oseguera Ramos, El Mencho, el control absoluto del CJNG.
Una ficha del gobierno estatal afirma que Oseguera Ramos había conocido a fondo la operación del Cártel del Milenio y por tanto sabía “cómo operar, cómo hacer enlaces y establecer controles”. La ficha agrega que El Mencho ejerció, desde el primer día, “un liderazgo extremadamente violento”. La fiscalía tiene indicios de que la gente de Ignacio Coronel “intentó enviar a alguien más a controlar Jalisco”. Pero Oseguera Ramos no lo permitió.
“Se cuenta que desde Sinaloa le enviaron a los ‘Ántrax’ y a otra gente de La Corona para que lo enfrentaran y aseguraran el control del cártel sobre las operaciones. Pero Oseguera acabó con ellos: los ‘Ántrax’ fueron barridos y muchos de La Corona siguen escondidos: hasta cambiaron de nombres para no ser ubicados” —relata el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga.
En las declaraciones que rindió a las autoridades, el líder de La Resistencia sostiene que “los sinaloas se encabronaron porque Mencho se acabó a la gente de Jalisco”.
—Secuestró y robó a toda “la maña” —dijo El Molca—. A todos los que se movían. Si tenías un varo te lo quitaba… te robaba y si ibas a jalar ibas a jalar para él o te ibas liso. Acabaron con la gente de Jalisco y empezaron a levantar “sinaloas”. Y los “sinaloas” le brincan y empezaron a poner mantas y a matarse gente ahí.
En poco tiempo Oseguera Ramos aniquiló a La Resistencia, se apoderó a sangre y fuego del corredor Guadalajara-Colima, tomó control del puerto de Manzanillo, e impuso la presencia del CJNG en ocho estados (Colima, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Guanajuato y el Estado de México). La caída de los grandes capos de otras organizaciones —El ChapoLa TutaEl Z-40— le facilitaron mucho aquel trabajo. Según una ficha de la fiscalía general del estado, su organización constituye hoy “el cártel con mayor control territorial en la venta y distribución de droga”.
Oseguera entregó el manejo de la estructura financiera del CJNG a sus dos cuñados, conocidos como Los Cuinis, y encargados del lavado de dinero. Sus nombres son Abigael y José Luis González Valencia (el primero fue detenido el 28 de febrero en Puerto Vallarta). A través de una vasta cadena de prestanombres, Los Cuinis invirtieron en bares, discotecas, hoteles, restaurantes, farmacias, inmobiliarias y casas de cambio. En Jalisco hay quien asegura que son ellos los verdaderos jefes del cártel y que Oseguera Ramos sólo es “el que jala el gatillo”. Para las autoridades, se trata en realidad de una organización que copió de los sinaloenses “la creación de jerarquías basadas en el parentesco”.
El gobierno de Jalisco considera al CJNG como “la organización con mayor manejo de dinero líquido”. El grupo liderado por El Mencho “abandonó el mercado de drogas en Estados Unidos y reorientó sus exportaciones de cocaína y metanfetamina al Lejano Oriente, África y Europa”, según se lee en los reportes de inteligencia.
En momentos en que las grandes organizaciones criminales eran descabezadas por la guerra contra el narco, y quedaban fragmentadas en pequeñas células, Oseguera Ramos se dedicó a reclutar a los grupos criminales que iban quedando “huérfanos” —Zetas, Templarios, La Familia Michoacana…—. De ese modo configuró, según la DEA, “el cártel que ha logrado esparcirse con mayor rapidez y ha llegado a alcanzar los niveles que tuvo el Cártel de Sinaloa [en los años de gloria de El Chapo]”.
Una semana después de que el nuevo gobernador de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval, tomara posesión del cargo, Oseguera Ramos hizo asesinar al recién nombrado secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos. La versión de uno de los sicarios que participó en el atentado señala que El Mencho descubrió que el secretario lavaba dinero para los Templarios: “Si lo dejamos… los Templarios van a entrar a trabajar a nuestra casa como si nada”.
Desde que Gallegos cayó atravesado por las balas el 9 de marzo de 2013, en Jalisco han asesinado a un centenar de servidores públicos: prácticamente, uno cada semana. La fiscalía sostiene que el CJNG atenta contra los funcionarios que impiden sus actividades. Desde ese último año, en la entidad se han incrementado los “levantones”, así como el hallazgo de fosas clandestinas. Jalisco ocupa actualmente el segundo lugar nacional en desaparición de personas y localización de tumbas ilegales. Sólo en noviembre y diciembre de 2013 fueron halladas 30 fosas clandestinas con más de 70 cuerpos. Para marzo del año siguiente el descubrimiento de nuevas fosas había arrojado 48 cuerpos más.
En Lagos de Moreno desparecieron, una madrugada, siete jóvenes. El líder de una célula del CJNG los acusó de haber dado “cristalazo” a una de sus camionetas, para robarse una mochila. Fueron conducidos a una granja. Ahí se les asesinó. No se volvió a saber de ellos hasta que dos sujetos detenidos con armas largas a bordo de una Coronado confesaron que sabían el paradero de los desaparecidos: los habían disuelto en ácido “allá por la Comanja de Corona”, un pequeño municipio de la región de Los Altos. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se trasladó al predio y recogió uñas y pequeños huesos con los que se obtuvieron los perfiles genéticos que permitieron la identificación de las víctimas.
Del 1 de marzo de 2013 al 30 de septiembre de 2014, en Jalisco se practicaron casi dos mil autopsias por homicidio. Una nota de prensa reveló hace poco que a la llegada de Sandoval a la gubernatura se rindió un informe a la Procuraduría General de la República sobre la situación criminal que privaba en el estado. No se obtuvo respuesta del ex procurador Jesús Murillo Karam.
La fiscalía asegura que alertó a la federación sobre el decomiso de arsenales de alto poder en manos de sicarios del cártel. Tampoco hubo respuesta. El gobierno de Sandoval, por su parte, es acusado de haber permitido que la violencia criminal se extendiera en el estado: al igual que a su antecesor, se le tacha de cruzarse de brazos, mientras espera que el gobierno federal vaya a salvarlo.
En todo caso, al presentar en noviembre pasado el Decálogo por la paz, la unidad y la justicia en México, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a darle prioridad —con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas— al estado de Jalisco. Los meses transcurrieron.
Medio año más tarde, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron un convoy de soldados en Guachinango. La balacera culminó con el incendio de un camión. Cuatro jóvenes militares murieron calcinados.
La investigación puso a las autoridades sobre la pista de un hombre apodado El Gringo, líder del CJNG en Tlajomulco, Cocula, Zacoalco, Tapalpa y Atemajac. El Gringo, Heriberto Acevedo, había comprado la protección del jefe de la policía de Cocula. Los reportes indicaban que se movía con soltura en esa zona del estado. Un retén de la Fuerza Única intentó detenerlo en Zacoalco de Torres el pasado mes de marzo. El Gringo respondió a tiros. “Murió disparando un arma calibre .50”, afirma un testigo.
Oseguera exigió a sus hombres que se tomaran represalias. En cosa de días, el cártel emboscó un convoy en la carretera Las Palmas-Mascota (15 elementos de la Fuerza Única calcinados) y asesinó a tiros al director de la policía de Zacoalco. Esas muertes no fueron suficientes para El Mencho. Decidido a dar un escarmiento ejemplar (El Gringoocupaba un lugar central en la cúpula del cártel), ordenó el asesinato del comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio. Un hombre que fue detenido luego del atentado relató que Oseguera había preguntado a sus lugartenientes:
—¿Quién se avienta el tiro?
La orden de asesinar a Solorio fue enviada a Guadalajara. La responsabilidad de ejecutarla recayó en un sujeto apodado El Rayo (Luis Enrique Sierra Machuca). Un reporte indica que desde las seis de la tarde del 30 de marzo de este año un grupo de sicarios patrulló el poblado de Río Blanco intentando detectar la camioneta del comisionado. Cuando el vehículo fue finalmente ubicado, muy cerca de la medianoche, los sicarios atravesaron un tráiler y dos camionetas en la calle Independencia, a la entrada de una curva pronunciada.
Solorio y sus escoltas cayeron en la emboscada. Hubo un minuto de tiros y granadas. La unidad blindada del comisionado presentó más de 300 impactos. Los escoltas del funcionario fingieron huir, e intempestivamente volvieron a entrar en la zona de fuego. Los sicarios no esperaban la respuesta. Descontrolados, escaparon bajo una lluvia de balas: en el lugar de los hechos habían dejado abandonado un lanzacohetes.
Faltaban dos meses para que el Cártel Jalisco Nueva Generación frustrara un supuesto operativo federal que pretendía detener a El Mencho: dos meses para que el cártel exhibiera en cadena nacional la fuerza que unos y otros le dejaron adquirir: colapsar la entidad, derribar un helicóptero, realizar 29 narcobloqueos, poner en “código rojo” a 25 municipios, colocarse en el foco de atención de un país que no logra comprender a qué hora, de qué modo surgió “el nuevo cártel más poderoso”. 
***Héctor de Mauleón
Escritor y periodista. Su más reciente libro es La ciudad que nos inventa (Cal y arena, 2015).
Fuente.-

71 casos de CORRUPCION" de 41 GOBERNADORES deja 16 INVESTIGADOS y solo 4 CASTIGADOS...asi o mas "IMPUNE".


Uno de los factores que los especialistas consideran a la hora de tratar de determinar qué tan arraigado el tema de la corrupción se encuentra en un país es la impunidad y la efectividad del sistema judicial para procesar a los funcionarios públicos, especialmente quienes ocupan cargos de mayor jerarquía, que han cometido un delito vinculado con el uso ilegal y/o desvío de recursos públicos.
Mexico,D.F 01/Jun/2015 El Instituto Mexicano de la Competitividad, en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apoyaron una extensa investigación realizada por María Amparo Casar, cuyo resultado es el libro Anatomía de la corrupción, del cual un segmento se orientó a analizar la impunidad de la corrupción cometida por servidores públicos.
“Las denuncias, averiguaciones y consignaciones en relación a los presuntos actos de corrupción protagonizados por los gobernadores y exhibidos por el periodismo de investigación constituye otro conjunto de datos que resulta útil para mostrar lo inservible de las instituciones anticorrupción y la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos en esta materia”, dice el exhaustivo análisis, apoyado en resultados de encuesta e indicadores de corrupción de organismos e instituciones internacionales como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, que acaba de ser publicado el 20 de mayo pasado.
Una investigación llevada a cabo por el investigador Pablo Montes, citada por María Amparo Casar, analiza qué ha pasado con los gobernadores de México y Estados Unidos que han sido acusados de cometer actos de corrupción.
Los resultados no sorprenden, pero sí muestran las enormes diferencias que existen entre ambos países en  este aspecto: entre 2000 y 2013 se denunciaron 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores en México.  Sólo 16 fueron investigados y únicamente cuatro gobernadores fueron procesados y encontrados culpables.
En cambio, en Estados Unidos las cifras fueron las siguientes: nueve gobernadores fueron investigados, nueve fueron procesados y los nueve fueron detenidos e ingresaron a prisión.
Fuente.-


ENTERATE:...en MEXICO es mas "PROBABLE" que te EXONEREN a que te "CASTIGUEN".


El ex gobernador y ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira fue exonerado de las acusaciones de lavado de dinero por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, la absolución del político no es la primera que causa polémica en México.

  • La mayoría de las investigaciones por peculado contra políticos de alto nivel suelen caerse “por falta de pruebas” en los meses y en los años siguientes de iniciadas la indagatorias. En La Silla Rota te presentamos nueve exoneraciones que causaron revuelo e indignación. 

Arturo Montiel Rojas
Tras una investigación de ocho meses, en diciembre de 2006 la Fiscalía Especial exoneró al ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, tras no encontrar elementos para ejercitar acción penal contra el ex funcionario.

Ulises Ruiz Ortiz
El ex gobernador de Oaxaca fue exonerado tres veces en 2010: en mayo el congreso estatal determinó que no cometió delito alguno por asistir a inaugurar obras previo a las elecciones  de diputados federales cuando existía veda; en agosto con el voto a favor de la mayoría del PRI en el congreso local, Ulises Ruiz Ortiz fue exonerado de enfrentar un juicio político por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el movimiento político-social de 2006; en ese mismo mes el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO) exoneró al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al PRI de violar la ley electoral con la promoción de obras públicas.

Mario Marín
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó en noviembre de 2007 que no hay evidencia suficiente que demuestre que 29 funcionarios de Puebla, incluido el gobernador Mario Mario Marín, violaron las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho que denunció redes de pedofilia y prostitución.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
En agosto de 2014 el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó la resolución que absuelve a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de la acusación de haber usado recursos públicos para la contratación de edecanes a las que luego se le pedían servicios sexuales. En marzo de 2015 el PRI resolvió no expulsarlo de sus filas tras la acusación de tener una presunta red sexual a su servicio.

Humberto Moreira
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila informó que el ex gobernador de Coahuila había sido exonerado de las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y recurso de procedencia ilícita por la Procuraduría General de la República (PGR), pero investigará al empresario Rolando González Treviño por presuntas operaciones ilegales.

Narciso Agúndez Montaño
En 2012 inició un proceso por presunto peculado contra ek ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, y el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez, pero en noviembre de 2014 recibieron de un juez federal sus cartas de libertad absolutoria.

Andrés Granier Melo
El ex gobernador de Tabasco, fue exonerado en marzo del delito uso de recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero- por un monto de 35 millones de pesos.

Raúl Salinas de Gortari
El hermano del ex presidente Carlos Salinas, fue absuelto por un tribunal de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en diciembre de 2014, él estuvo una década en prisión por el asesinato en 1994 de José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado y entonces número dos del PRI.

René Bejarano
En abril de 2007 la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal concluyó que el ex diputado local no utilizó el dinero que recibió de Carlos Ahumada para financiar las campañas electorales del PRD en 2003.

Fuente.-La Silla Rota.

EL "FBI" y POLICIA de E.U "CATEAN CASINOS ILEGALES" en el SUR de TEXAS....todos al mismo tiempo.


Cientos de agentes de la ley locales ,estatales y federales descendieron en Falfurrias ,una pequeña ciudad de Texas y rápidamente se trasladaron a lo largo de la avenida principal para incursionar en cerca de una docena de casinos clandestinos.

En edificios antiguos algunos de los cuales lucian abandonados a excepción de la gran cantidad de vehículos estacionados afuera fueron utilizados como salones de juego que llevan a cabo decenas de máquinas  que atrae a cientos de visitantes por día. Mientras que las máquinas de juegos de azar son legales y sometidos a imposición en Texas, la ley estatal establece que es ilegal para la empresa al pago de premios en efectivo o para repartir premios por encima de un determinado valor.

El espectáculo masivo de la fuerza era parte de la Operación Lil Vegas, que como su nombre indica dirigido a los muchos establecimiento de juego que en los meses anteriores han aparecido a lo largo de la principal avenida de Falfurrias .

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas hablaron con Breitbart Texas en la escena del ataque afirmando que la policía estaba en la zona para llevar a cabo una serie de órdenes de allanamiento. Los funcionarios no confirmaron los detalles adicionales de la operación, pero afirmó que la redada se llevó a cabo por el FBI, el Servicio Secreto, Investigaciones de Seguridad Nacional, DPS, los Rangers de Texas, Texas Parques y Vida Silvestre, la Oficina del Sheriff del Condado de Brooks y Policía Falfurrias.



Foto.-Los agentes federales continúan su incursión de un casino subterráneo en Falfurrias, Texas.

Como se informó anteriormente Breitbart Texas, casinos clandestinos se han extendido como la pólvora en todo el sur de Texas en particular a lo largo de la frontera de Texas, donde las empresas actúan como un imán para la actividad criminal y son objetivos habituales de robo a mano armada. A veces las salas de juego han sido utilizadas por los cárteles de la droga mexicanos en ambos lados de la frontera para el blanqueo de dinero, informó anteriormente Breitbart Texas.

Los casinos clandestinos empezaron a aparecer a mediados y finales de 2000 en el condado de Cameron, sin embargo en los últimos años la Oficina del Condado de Cameron DA inició la Operación Obispo con el fin de acabar con esos establecimientos. El impulso por la policía en el condado de Cameron movió los establecimientos de juego en el condado de Brooks, donde los dueños de los casinos clandestinos aprovecharon la presencia disminuida de aplicación de la ley.

También han aparecido en el condado de Starr y en algunas ciudades en el oeste Condado de Hidalgo, donde los funcionarios tampoco ignoran el problema o han empujado para que los salones de juego legal en su ciudad en particular.

Los agentes federales buscar lo que parecía ser un almacén abandonado, que terminó siendo otro casino subterráneo

El ataque sorprendió Merced Gutiérrez, una mujer jubilada de mediana edad que había viajado desde la ciudad fronteriza de Edinburg a Falfurrias con el fin de pasar un domingo por la tarde a jugar "maquinitas" o ocho revestimientos con sus amigos. Gutiérrez accedió a hablar con Breitbart de Texas sobre la incursión, pero no quiso mostrar su rostro, sus amigos se negó a hablar.

"Sí, hemos venido aquí, nunca pensamos que hubiera algo de malo en eso", dijo Gutiérrez. "No estamos haciendo daño a nadie. Acabamos aquí para jugar; Ahora sólo estoy avergonzado ".

Gutiérrez había estado dentro de uno de los casinos clandestinos que intentan su suerte cuando los agentes entraron diciendo a todos a permanecer donde estaban, ya que aseguraron el lugar y luego la llevó afuera.

"Me pidieron algunas preguntas acerca de la frecuencia con la que vine aquí y si yo sabía que algunas personas  se han ejecutado en este lugar", dijo Gutiérrez. "Luego me dijeron que no vuelvas porque la próxima vez que obtendría una multa y podría ser arrestado."

Fuente.-BREITBART


...y la "DEA" SOSPECHA de CANDIDATO "PANISTA".


La agencia antidrogas de EU aún investiga al aspirante Carlos Mendoza Davis, por supuestos nexos con Abelino Montoya.
A seis días de que se lleven a cabo las elecciones en Baja California Sur, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), continúa investigando si el candidato del PAN a la gubernatura del estado, Carlos Mendoza Davis, tiene nexos con Abelino Montoya Saracho, a quien se le ha vinculado con el cártel de Los Arellano Félix.
Desde noviembre de 2014, cuando fue detenido en San Diego, California, a Abelino Montoya se le ha vinculado con Mendoza Davis debido a que está casado con Valeria Guadalupe Velázquez Dipp, hermana de Gabriela Velázquez Dipp, esposa del senador con licencia.
Durante la detención de Montoya Saracho se aseguró una bodega de su propiedad, ubicada en esa ciudad, en la que se encontraron poco más de seis toneladas de mariguana, así como a otros narcotraficantes mexicanos y norteamericanos, a quienes se les vincula con el cártel de los Arellano Félix, organización delictiva que continúa operando en la zona fronteriza de ambos países teniendo como principal centro de operaciones la ciudad de Tijuana. 
La investigación realizada por la DEA en coordinación con otras instancias gubernamentales de los Estados Unidos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sigue abierta hasta el momento.
En la línea de investigación sobre las actividades de Abelino Montoya en Baja California Sur se indaga si este presunto delincuente aportó recursos económicos y materiales a la campaña de Carlos Mendoza Davis para la senaduría en 2012, así como la probable implicación del legislador albiazul en negocios de su concuño.
Por lo anterior, priístas de Baja California Sur han señalado que las “malas compañías” del candidato azul van a inclinar la balanza en la jornada electoral, toda vez que en los últimos días circula la versión de que Mendoza Davis tiene contacto con Montoya Saracho, pese a que el albiazul se deslindó del detenido el año pasado. 
Es “guerra sucia”, dice panista. Al respecto, Mendoza Davis dijo que se trata de “una guerra sucia” con evidentes fines electorales.
El candidato del PAN señaló que no hará pronunciamiento sobre acusaciones sin sustento “ni materiales de origen ilegal, cuya veracidad de los mismos es incierta”.
Reprobó la “guerra sucia” y refrendó su compromiso de desarrollar una campaña de propuestas.
“La diferencia de 16 puntos que nos dan las recientes encuestas nacionales generará mayor desesperación en el PRI, por lo que la ‘guerra sucia’ se intensificará”, adelantó.
En noviembre, Mendoza Davis en carta a medios de comunicación aceptó el parentesco y la detención de su concuño, sin embargo se deslindó de él y asentó que el caso era “sumamente doloroso” para su familia, pero que “cada quien debe hacerse responsable de sus actos”.
“Nadie puede responder por las decisiones de otro. Refrendo mi compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia”, declaró entonces.
De acuerdo con un audio que aparece en la página Mendoza Leaks, en donde se escucha hablar al senador Ernesto Cordero con el abanderado blanquiazul, el ex secretario de Hacienda le comenta que debe tener ánimo porque no es el “Abarca del PAN, estás a años luz. No tiene nada que ver”, a lo que Mendoza Davis responde: “Hay que sacar la cara, y las cosas como son. Esto va a ir creciendo y hay que hacerse güey”. 
En este sentido, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Baja California Sur, Marcelo Torres Cofiño, anotó que como bien lo ha señalado el propio Carlos Mendoza, es falso que tenga vínculos con la delincuencia organizada, sobre todo cuando se utilizan fragmentos de llamadas en donde sólo se editan las mismas. 
“Lo que vemos es que son síntomas de desesperación por parte del candidato del PRI a la gubernatura (Ricardo Barroso), quien se ha valido de las calumnias, descalificación y argumentos falsos. Sabemos que así son las campañas lamentablemente, por eso es que Carlos Mendoza se ha dedicado a hacer una campaña de frente a los sudcalifornianos. Carlos Mendoza y ningún candidato del PAN han hecho campaña negra porque sabemos que no contribuye a una democracia abierta y limpia”, afirmó. 
El también vicecoordinador de los diputados albiazules comentó que en la campaña de Mendoza Davis no hay dinero ilícito —“de ninguna manera”—, por lo que es muy lamentable que se afirme este tipo de dichos, pues quien sí declaró de manera abierta y de su “ronco pecho” que los recursos de su campaña han sido financiados por la delincuencia organizada es el candidato del PRI, Ricardo Barroso, “esa es la realidad”, aunque después haya querido deslindarse y mencionado que había sido un error. 
“Yo lo que creo es que el subconsciente lo traicionó y tuvo un destello de honestidad, por lo que declaró de frente a los sudcalifornianos la procedencia de los recursos de su campaña. Pero en el caso de Mendoza Davis, es una campaña limpia, apegada a la ley, se han respetado los topes, se ha administrado bien los recursos”, dijo.
Agregó que se puede confiar en que los recursos para la campaña elector del panista son “totalmente lícitos” y perfectamente ajustados a derecho y no hay temor de que algún peso provenga de cualquier otro fondo que no sea apegado a la ley.
Fuente.-


CANDIDATOS "BUSCAN FUERO"...y tienen "PENDIENTES" con la JUSTICIA"


Una investigación de Animal Político, en conjunto con la base de datos jurídicos Búho Legal, revela casos de aspirantes a diputados que tienen pendientes judiciales y que han solicitado la protección de la justicia a través de un amparo.
  • Nueve candidatos que aspiran a una diputación -y al fuero que viene con el “paquete”-, tienen pendientes ante la justicia.
En ese caso están un perredista de Puebla acusado de tentativa de homicidio contra su esposa. Un panista -también de Puebla- inhabilitado para ejercer cargos públicos en lo local, y una candidata de Nueva Alianza en el DF que se ha escondido ante una orden de arresto por un adeudo hipotecario. Esos son sólo algunos de los casos que Animal Políticoencontró tras investigar por un mes los pendientes de los candidatos con la justicia federal por posibles delitos penales.
Desde este lunes 1 de junio y hasta el miércoles 3, publicaremos tres casos cada día. Éstos son los primeros.
Carlos Talavera Pérez. // Imagen: Animal Político
Imagen: Animal Político
Carlos Talavera Pérez.
MC Noe Penaloza
Imagen: Animal Político.
Noe Peñaloza.
NA Lilia Garcia
Imagen: Animal Político.
Lilia García Arenas:

 ¿Cómo llegamos a estos nueve casos?

¿Los candidatos a diputados se han enfrentado a la ley alguna vez? ¿Por qué motivos? Con esa pregunta de investigación, Animal Político indagó el pasado legal de los 9 mil 036 aspirantes a una diputación federal por mayoría relativa y plurinominales, así como sus suplentes.
Como los acuerdos legales de las 4 mil 222 instancias judiciales que hay en México (locales y federales) no están concentrados en una sola base de datos para su fácil consulta, Animal Político recurrió a una empresa que conjunta toda esa información en un solo lugar. Dicha empresa fue Búho Legal, que ofrece a terceros el servicio de búsquedas jurídicas previo pago.
Ante el interés público del proyecto, los representantes de Búho Legal dieron acceso gratuito aAnimal Político a toda la base de datos, A su vez, la redacción de este portal entregó a finales de abril la base de datos que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE) con los nombres de los candidatos a diputados federales.
A inicios de mayo, los programadores de Búho Legal automatizaron un cruce de datos entre todos los nombres de los candidatos y sus suplentes, y todas las instancias legales. En esos días se corrieron aproximadamente 38 millones 149 mil 992 búsquedas.
En los resultados obtenidos aparecían candidatos a diputados en calidad de demandados, demandantes o terceros involucrados, los cuales sumaban 720 casos, por lo que hubo que depurar la información. Para ello, Animal Político se asesoró con abogados que recomendaron acotar los criterios para dar con información de interés público. La recomendación fue la siguiente:
1. Buscar candidatos que hubiesen tramitado un amparo para protegerse de la acción de alguna Procuraduría; lo cual implicaría la posible comisión de un delito penal. 
2. Buscar candidatos que hubiesen tramitado algún amparo para protegerse de la Secretaría de Hacienda, lo cual implicaría un posible delito fiscal. (No obstante, no se detectaron casos bajo este criterio).
Otro motivo para ceñirse a esos criterios fue que el número de expediente de cada caso (que se obtuvo a través de Búho Legal), se puede puede cotejar en el sitio web de la Dirección General de Estadística del Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí se puede verificar a detalle el estado que guardan los amparos.
Ya con esa información, los reporteros pudieron investigar los expedientes que aún están abiertos. Cuando se trata de un asunto civil o mercantil en el que no se hayan tramitado amparos, el estado de los expedientes no se puede conocer con la misma facilidad, por lo que esas dos materias quedaron fuera de los criterios.
Tras la búsqueda en la Judicatura se obtuvieron 96 resultados que fueron investigados. Los reporteros de Animal Político determinaron que, de esos casos, nueve son de candidatos con pendientes legales de relevancia y que, por tanto, el fuero que les daría una diputación les permitiría evadirlos. 
En todas las notas que surgieron de esta investigación, los reporteros consultaron a los candidatos para conocer su postura ante sus pendientes con la justicia; sin embargo, hubo quienes prefirieron el silencio. Algunos son casos que ya se conocen como el de Hipólito Mora y sus pendientes legales como autodefensa, pero también hay otros de los que hay poca información pública sobre los motivos que los llevaron a ampararse.
Entre hoy y hasta el miércoles —justo antes de la veda electoral— se publicarán los casos de estos nueve políticos que estarán en una boleta electoral el próximo domingo y que, a la par, figuran en un expediente judicial.
Fuente.-

La "EXTORSION EXITOSA a PEÑA NIETO"...el GOBIERNO "RECULA" y NEGOCIA en lo "OSCURITO".


Las elecciones del próximo domingo han quebrado al gobierno del presidente Enrique Peña Nito antes aún de que se celebren. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública aceptó la extorsión de la Coordinadora Nacional (CNTE), la disidencia magisterial, de que o suspendían la evaluación de los maestros, o sabotearían las elecciones en 22 estados. 


La suspendió el viernes y la tormenta comenzó. Vergonzosamente, ante la crítica, el comunicado desapareció de la página en internet de la dependencia, pero no la decisión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que oficializó pusilánimamente la contrarreforma educativa.     
Las palabras del presidente de que la Reforma Educativa, “largamente esperada”, era el pie de toda su transformación de México, suenan como broma. La reforma, eminentemente administrativa, sirvió de justificación para quitarle el control de las plazas –instrumento de manipulación y poder- a su sempiterna líder y aliada política de Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, a quien, para hacer más patente la seriedad sobre la reforma en la que se embarcaban, metieron a la cárcel, donde aún se encuentra pese a que el caso, en términos judiciales, se cayó hace tiempo. Los nuevos aliados que encontró el equipo del presidente para caminar hacia la consolidación de la reforma, fueron los peores socios que podía haber encontrado, los líderes de la CNTE.     
Si Gordillo y su equipo mostraban resistencias a la Reforma, y proponían que para llegar a ella se tenía que seguir un proceso inverso para la construcción de condiciones, la disidencia magisterial, querubines del peñismo, respondió con movilizaciones y violencia. El responsable de la negociación con la Coordinadora magisterial, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, hizo lo mismo que en el estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto: sacó la chequera, le regaló más de 10 mil millones de pesos a la disidencia magisterial, y les ayudó a transformar su grupo de cuatro estados, a un movimiento implantado en 22. Ingenuo e ignorante de las dinámicas y tejidos en la disidencia magisterial, pensó que el dinero político solucionaría todo. Toluca, definitivamente, no es México.     
El primero de mayo pasado, los líderes de la CNTE le entregaron un pliego de demandas donde pedían la derogación de la Reforma, que no hubiera evaluación docente y que se otorgaran plazas automáticas a los normalistas. La sola reunión con Miranda, ante la conocida proclividad del subsecretario para darle a la disidencia magisterial lo que quiere, motivó que organizaciones sociales presentaran demandas de amparo contra las autoridades para evitar que cedieran. La dirección política magisterial, como lo hacen siempre, elevó la presión.     
El jueves pasado anunció un paro de labores este lunes en protesta por la evaluación y el inicio de acciones concertadas en 22 estados –aquellos donde Miranda les ayudó a construir bases- para impedir las elecciones del próximo domingo. Como siempre dicen, tomarían carreteras, casetas, edificios públicos, realizarían marchas y armarían plantones. El viernes, la extorsión ganó. La Secretaría de Educación Pública informó a través de su portal de internet: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.     Esas 33 palabras fueron dinamita, y motivaron una severa respuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo autónomo del Estado Mexicano, que es el único responsable de hacer ese trabajo. En un comunicado este sábado, el INEE exigió –ese es el verbo que utilizó- al gobierno dejar sin efecto la “suspensión definitiva” de las fechas de evaluación, y afirmó que la decisión atentaba contra el artículo 3º Constitucional y sus leyes reglamentarias, así como contra los lineamientos para regular los procesos de evaluación. “No tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión a la que alude”, agregó el INEE. “La medida es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional”. Formalismos aparte, la decisión no fue tomada por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, quien a lo largo de toda la negociación con la CNTE sólo ha sido la marioneta que pone la cara ante la opinión pública. El secretario de Educación para asuntos políticos, es Miranda. Las decisiones fundamentales de la SEP no las toma Chuayffet, sino Miranda bajo el mando de Los Pinos.     Esa realidad, sin embargo, no le quita responsabilidad al secretario. La decisión que él suscribe, como establece el INEE, viola tratados y convenios internacionales del Estado Mexicano, afecta el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016, y vulnera la legalidad de la Reforma Educativa. Para un experto constitucionalista como él, es una vergüenza que acepte de funcionarios menores en rango, instrucciones que lo dejan expuesto como un mal abogado y un peor funcionario.     
Pero la dignidad no es una característica de la burocracia mexicana. No va a renunciar, como tampoco habrá castigo para el subsecretario Miranda o para quienes arriba de él, provocaron la claudicación del presidente en su Reforma Educativa. En este gobierno, las exigencias de los menos son superiores a los derechos de las mayorías. Son las amenazas, los gritos y la violencia, la divisa de cambio. Siempre se aducen razones de gobernabilidad para ceder y conceder. La claudicación, como método de pacificación, es un error. Sistemáticamente, su alianza perversa con la CNTE lo ha demostrado.    

Fuente.-@Rivapa


La "CONEXION OCOTLAN-TANHUATO"...


El 19 de marzo de 2015, elementos de la División de Gendarmería Nacional de la Policía Federal son acribillados en Ocotlán, Jalisco, por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, al que la DEA considera el más violento de México.

La versión oficial indica que aquella noche —son las 21:15—, mientras un convoy federal compuesto por siete unidades patrulla la colonia Mascota, el tripulante de un vehículo blanco, estacionado sobre la calle Manuel Martínez, empuña un arma de alto poder y abre fuego sobre los gendarmes. En cosa de minutos se acercan al lugar 10 vehículos tripulados por sicarios que accionan armas de alto calibre.
En el tiroteo —a los federales les disparan desde los vehículos, pero también desde algunos inmuebles— mueren cinco elementos de la Gendarmería y tres presuntos delincuentes que portan fornituras con cartuchos y equipo táctico. Mueren también tres ciudadanos que se encuentran entre el fuego cruzado: a uno de ellos, dice una versión, un sicario le dispara en el tórax para robarle la motoneta.
Ocurre una persecución que deja 29 autos dañados y 31 propiedades afectadas. La autoridad asegurará en el lugar de los hechos armas de diversos calibres y granadas de fragmentación.
El 22 de marzo el gobierno anuncia que la Policía Federal instalará un cerco de seguridad en Ocotlán y la colindancia con Michoacán, y se quedará para apoyar al Ejército y a las autoridades estatales y municipales, “a través de recorridos, puestos de revisión y un engrose en las filas en las fuerzas de seguridad”. El propósito es “seguir e inhabilitar a grupos del crimen organizado”.
Dos meses más tarde, el 22 de mayo, la Policía Federal detecta a 59 kilómetros de Ocotlán un vehículo tripulado por hombres armados. Tras un breve tiroteo, los presuntos sicarios se refugian en el rancho El Sol, de 112 hectáreas, en donde se verifica una refriega de tres horas de duración, que culmina con la aparición de un helicóptero Black Hawk artillado: el aparato barre la bodega en la que los presuntos sicarios se han refugiado. Hay 43 muertos. De éstos, sólo uno pertenece al bando federal. El resto corresponde a los supuestos delincuentes.
La prensa no tarda en descubrir que 28 de los 42 abatidos eran de Ocotlán. Se extiende la versión de que se ha tratado de un cobro de facturas por los federales muertos. El comisionado general, Enrique Galindo, anuncia que hay líneas de investigación para determinar si alguno de los caídos participó “en la agresión de marzo pasado en la que fueron asesinados cinco elementos de la gendarmería en Ocotlán”.
Documentos sobre la estructura del CJNG a los que el columnista tuvo acceso, y que fueron realizados tanto por el gobierno de Jalisco como por la Comisión Nacional de Seguridad, señalan que dicha organización opera a través de células: tiene 28 en el estado; algunas funcionan en la zona metropolitana y el resto se hallan repartidas en 12 regiones que comprenden incluso algunos territorios de los estados vecinos: Michoacán y Guanajuato.
Cada célula tiene un líder y varios jefes de zona. El líder de la Región Centro, por ejemplo, es un sujeto conocido como Dani Quintero. A él le responden ocho jefes de zona.
Los miembros de una célula tienen prohibido ingresar en territorios controlados por otras. Los miembros del CJNG saben que entrar sin autorización a una región que no es la suya puede costarles la vida. Esta división territorial le ha dejado saber muchas veces a las autoridades qué líderes y qué jefes de zona pueden ser responsables de asesinatos o ejecuciones ocurridos en alguna región. En Jalisco, esas regiones son: Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sur, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Norte, Sierra Occidental, Valles y Centro.
Los documentos consultados señalan que, por corresponder a la región Ciénega, Ocotlán y Tanhuato estarían en manos del mismo grupo: la célula comandada por Javier Guerrero Covarrubias, El Javiercillo, jefe de plaza en Ocotlán. De acuerdo con esos documentos, Guerrero Covarrubias opera también en el norte de Michoacán y el oriente de Guanajuato. “Se mueve en un convoy de entre tres y seis vehículos, y tripula una Ford Raptor de color blanco y negro. No se hace nada sin la autorización de él”, se lee en un informe.
¿Qué significa? Que entre Ocotlán y Tanhuato hay al menos otra conexión. No sólo porque la mitad de los abatidos en Tanhuato fueran oriundos de Ocotlán, sino porque ambos territorios están en poder de la misma célula: la que emboscó a la Gendarmería y la que fue acribillada en el rancho del Sol.
Eso lo sabe el gobierno federal. O debería, porque está en sus propios informes.

Fuente.-