Enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades son algunos de los delitos cometidos por el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, derivados de su participación como accionario del Banco Progreso de Chihuahua, a través del contrato de un fideicomiso adquirido junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, por 65 millones de pesos. Cantidad que no ha sido acreditada por Duarte Jáquez como producto de alguna actividad empresarial relevante previa a su cargo como gobernador.
Chihuahua.-26/Feb/2015 Denuncia penal presentada el 23 de septiembre de 2014 por el activista y escritor Jaime García Chávez, ahora respaldada por legisladores del los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN). A la misma se suma la demanda interpuesta –una semana después– por los diputados federales Rocío Reza Gallegos y Carlos Angulo Parra por el endeudamiento del estado en los que destacan los mismos delitos: ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y encubrimiento.
A raíz de estas denuncias se conformó el Movimiento Chihuahuense “Unión Ciudadana”, que agrupa a personas de diferentes profesiones e ideologías políticas como contrapeso a la figura del gobernador de afiliación priísta César Duarte, quien se ha caracterizado por los excesos de poder y derroche de recursos públicos para su beneficio personal, señaló Roberto Ramos originario de Chihuahua y con residencia en la Ciudad de México.
En un acto celebrado ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se constituyó el “Capítulo Ciudad de México” del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, con el que “en la capital del país los chihuahuenses volvemos a poner el pie para llamar a la insurgencia con deber cívico, pacífico, para enfrentar a los corruptos”, señaló el senador Javier Corral Jurado.
Corral Jurado indicó que “México vive envuelto en la nube negra de una corrupción institucionalizada, una corrupción que parte desde el presidente de la República, que corroe a todo el sistema político mexicano hasta el más modesto de los cargos públicos en los tres niveles (de gobierno), en los distintos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial)”.
En esta lógica, la denuncia penal que enfrenta César Duarte en la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido opacada por “una campaña de distracción”, aunada a la cooptación de los medios locales por parte del gobierno del estado.
Javier Corral denunció que las movilizaciones de Unión Ciudadana han sido boicoteadas mediante “operativos telefónicos previos a los eventos en donde se dice que se posponen”, así como con la cancelación de fechas contratadas en auditorios o recintos, prácticas que a las que se suma el intento de censura por parte de diversos medios en sus spots publicitarios.
Asimismo, evidenció que para la Gran Concentración este 28 de febrero a las 16.30 horas en la Plaza Hidalgo de la Ciudad de Chihuahua el gobierno de Duarte ha planeado el acarreo de un grupo de personas para evitar el mitin en su contra.
Por su parte la diputada Rocío Reza informó que junto con su homónima Luisa María Alcalde respalda el punto de acuerdo para que la PGR, Hacienda (SHCP), la Comisión Bancaria y de Valores y el Banco de México “den celeridad a las denuncias interpuestas por Jaime García Chávez relacionadas con el Banco Progreso y la denuncia interpuesta por ella y el legislador Carlos Angulo por el desvío de recurso en obra pública”.
Toda vez que “en tres años de gobierno se realizó obra por 17 mil millones de pesos y hay financiamientos por 24 millones de pesos, y la denuncia muy concreta es qué pasa con el resto del dinero y está dirigida hacia el gobernador, hacia el secretario de Finanzas, Jaime Herrera, y contra quien resulte responsable”, explicó Reza Gallegos.
En el mismo Punto de Acuerdo, se exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se valore la legalidad del registro de Carlos Hermosillo como candidato del PRI a diputado federal por el noveno distrito de Chihuahua. Hasta el momento llevan reunidas 83 firmas de diputados panistas y 18 de Movimiento ciudadano y Morena, informó Reza Gallegos.
Los asistentes y oradores, entre ellos los diputados Carlos Angulo y Ernesto Ruffo, destacaron la importancia de la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción para sancionar y evitar actos de corrupción de funcionarios públicos y particulares, el cual fue discutido ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales de Diputados y este jueves será votada en el pleno de la Cámara de diputados.
Fuente.-Rev.3.0
