Un video difundido en la red social Youtube exhibe a miembros del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, y del Ejército Mexicano en una aparente ejecución extrajudicial de civiles.
Saltillo,Coah.-20/Feb/2015 (Proceso) En el video se escuchan detonaciones de armas de fuego y aparecen supuestos miembros del GATE y del Ejército.
Los uniformados emiten las expresiones: “¡Quítamelos de aquel lado para romperles su madre!”, “Todavía está vivo”, “Todavía está vivo uno ahí adentro, jefe”, “Voy a matar a este güey”, “Mátalo”.
En el piso luce tendido un hombre vestido de civil, mientras se escucha a uniformados recibiendo órdenes vía aparatos de radiocomunicación.
De acuerdo con el periódico El Diario de Coahuila, La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila tiene registro de mil cinco quejas contra corporaciones como el Grupo de Armado de Tácticas Especiales (GATE), Grupo Operativo de Reacción Metropolitana (GROM) y Policía Operativa.
Ese mismo periódico cita que el gobierno de Coahuila descalificó la veracidad del video y culpó a “narcoreporteros” de su filtración.
“Todos los videos que se han presentado de los Gates son falsos, ya los analizamos. Hay una campaña de Los Zetas y seguidores contra los grupos tácticos de Coahuila, yo no sé si quieren que regrese el crimen organizado al estado y que no podamos salir a las calles como lo hacíamos antes”, arguyó el secretario de Gobierno estatal, Víctor Zamora Rodríguez.
En 12 programas federales de subsidios al campo se desviaron más de mil 500 millones de pesos a través de padrones con beneficiarios fallecidos, doble entrega de apoyos a las mismas personas, justificaciones de gasto con facturas irregulares, subcontratación de empresas, recursos no comprobados y obras inconclusas.
Mexico,D.F 20/Feb/2015 De acuerdo con la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación, en el programa Procampo, apartado “Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores” que forma parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se detectó la entrega de un millón 41 mil pesos a 362 beneficiarios que fallecieron dos años antes a la fecha de solicitud de apoyo, en los estados Guerrero, Chihuahua, Durango, Chiapas y Tamaulipas.
Aunque el objetivo del programa es entregar entre 2 mil 200 y 130 mil pesos a campesinos que siembran maíz para autoconsumo y viven en localidades de alta y muy alta marginación, se desviaron 424 mil 600 pesos para apoyar a 101 personas que “no se demostró su supervivencia”, lo que significa un “probable daño a la Hacienda Pública”.
La Sagarpa también pagó 4 millones de pesos a una empresa que supuestamente haría el “acompañamiento técnico” a los campesinos beneficiados, sin que la contratación estuviera contemplada en el programa. Dicha empresa reportó gastos por la compra de una camioneta Toyota, tres computadoras, un proyector, entre otros y además, subcontrató a otra compañía para realizar las tareas de capacitación.
Por Procampo, la Auditoría Superior solicitó la recuperación al erario público de 62 millones 268 mil pesos que se ejercieron de manera irregular y promovió ante el Órgano Interno de Control de la Sagarpa una investigación y, en su caso, “el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos”.
El gobierno federal entrega recursos al campo porque aunque México es una de las 10 potencias mundiales en producción de alimentos, la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna de algunos alimentos básicos. De ahí que en 2012 se importó el 79% del consumo doméstico de arroz, 93% de oleaginosas, 58% de trigo y el 82% de maíz amarillo.
El sector es tan desprotegido que pese a la existencia de 5.3 millones de unidades económicas rurales, 3.9 millones de ellas (73.6%) son de subsistencia o con limitada vinculación con el mercado, ya que presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos, según cifras del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.
¿Por qué los recursos no llegan a los campesinos?
La Auditoría Superior de la Federación halló desvíos en los 12 programas de entrega directa de recursos operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), por un monto de mil millones 525 mil pesos, por lo que incumplen con el objetivo de ayudar al campo mexicano.
El Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, tuvo el mayor monto de ejercicio irregular: 369 millones 346 mil pesos.
Entre los desvíos está la entrega de 2 mil 31 apoyos a “representantes de las organizaciones o grupos de productores” por una suma de 80 millones 337 mil pesos, por lo que “no se tiene la certeza que el recurso llegó al beneficiario correspondiente”.
En tanto, el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, que por primera vez fue auditado, recibió 3 mil millones de pesos de presupuesto, pero la Auditoría Superior solicitó la recuperación de 364 millones 757 mil pesos.
Aunque la finalidad de dicho programa es “mejorar el ingreso de los productores” a través de la conversión de áreas de cultivos de muy bajo potencial productivo y apoyos a proyectos bajo el precepto de “prioridad nacional”, no hay certeza de la totalidad de los recursos se hayan aplicado para ello.
Y es que el listado de beneficiarios hasta diciembre de 2013, “no coincide con lo reportado en el estado del ejercicio del presupuesto de ese mismo año”. Tampoco se comprueba el reintegro a la federación por recursos no ejercidos, o beneficiarios que recibieron recursos por el mismo concepto en diferentes estados de la República.
También se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 208 millones 869 mil pesos que corresponden a recursos etiquetados al Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI) del ejercicio fiscal de 2011 que fueron transferidos en 2013 al Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN) en el que “no existían compromisos de pago que hicieran necesaria la transferencia de los recursos”.
Del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura se determinaron recuperaciones por 55 millones 645 mil pesos, toda vez que 20
Proyectos “no contaron con la evidencia de su conclusión o con la comprobación del gasto”. A 10 beneficiarios se les otorgaron apoyos de más por 2 millones 265 mil pesos. Además, en cuatro proyectos apoyados con 5 millones 452 mil pesos “se presentaron facturas expedidas antes de la solicitud del apoyo o por conceptos no autorizados o con facturas de un proveedor que presentó diversas inconsistencias”.
El resto de los desvíos se encontraron en el programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional “MasAgro” (107 millones 559 mil pesos); Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, “COUSSA” (31 millones 270 mil pesos).
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural “PROMAF” (6 millones 125 mil pesos); Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural (50 millones 316 mil pesos).
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido “PROVAR” (170 millones 481 millones de pesos); Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (208 millones 869 mil pesos); Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC (2 millones 140 mil pesos) y Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, para desarrollo de ramas productivas (96 millones 439 mil pesos).
La incautación de municiones traficadas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), creció casi un 600 por ciento en dos años, pues tan sólo en 2014 se decomisaron más de 2 mil 193 cartuchos de armas, así lo reiteró la fundación In Sight Crime, asociación que se dedica al estudio principal de seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.
Mexico,D.F 20/Feb/2015 La organización destacó una petición de información a la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se menciona las estadísticas desde 2007 a la fecha.
“Al dar una mirada a las cifras de los últimos ocho años, se observa que este periodo no es el único en presentar un aumento drástico en los decomisos de municiones. Entre 2008 y 2009, la cantidad de cartuchos incautados aumentó en más de 4000 mil por ciento —pasando de 59 en 2008 a 2 mil 674 en 2009”, indica.
Este centro de investigación, señala que según un reciente informe sobre tráfico de armas presentado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), estima que cada día ingresan 2000 mil armas a México desde Estados Unidos de manera ilegal. El informe señala que el 85 por ciento de las casi 15 millones de armas que había en territorio mexicano en 2012 eran ilegales.
“Dos mil es el número que Calderón solía usar, pero en realidad esta cifra es una proyección porque nadie sabe cuántas armas cruzan la frontera”, dijo Clay Boggs, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés) a InSight Crime.
Incautaciones de armas y capturas en el AICM
De 2006 al primer día de 2015, fueron 9 mil 470 cartuchos de 35 calibres diferentes lo que terminaron en manos de las autoridades
Un total de 125 armas se confiscaron en el periodo que va desde 2006 a enero de 2015; 94 fueron armas cortas, 12 largas y 11 no se especificaron.
La Policía Federal (PF) sólo registró 4 mil 375 cartuchos de armas de fuegos, frente a los 9 mil que arroja la PGR
Para la organización InSight Crime, es difícil determinar si la fluctuación de las incautaciones refleja los patrones del comercio internacional de tráfico de armas de México y las posibles mejoras en la seguridad aeroportuaria, o si simplemente refleja la suerte de las autoridades del aeropuerto en un año determinado.
“A pesar que los estudios demuestran unas leyes más estrictas a la compra de armas en Estados Unidos podrían tener un impacto directo sobre los niveles de violencia en México, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha demostrado ser más vacilante que su predecesor para solicitar leyes más estrictas a Estados Unidos”, expresa.
Por otro lado, agrega que la directora de Desarma México, Miriam Morales Sanhueza, sugirió varias teorías sobre por qué el aeropuerto ha presentado más decomisos en algunos años que en otros —quizá entraron más armas al país en los años en que las tasas de violencia relacionada con el crimen organizado fueron más altas, como en 2009—Sin embargo, las pocas incautaciones que se presentaron en 2012 se pueden deber a que era un año electoral, destaca.
En abril de 2013, a menos de tres meses de la celebración de las elecciones locales en Veracruz, fijadas para el 7 de julio de ese año, el Pacto por México, suscrito por los principales partidos políticos y el gobierno federal, se fracturó.
Mexico,D.F 20/Feb/2015 (Aristegui)Motivo principal: una estructura paraleladel PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.
Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz.
Sin embargo, no pasaron ni dos años, y este personaje está de vuelta.
Márquez Hernández ahora es el titular de la Sedesol en Veracruz. Apenas el lunes pasado, se sentó atrás del presidente Enrique Peña Nieto, en un acto de la Cruzada contra el Hambre, en San Andrés Tuxtla, ahí donde el mandatario se enredó con la referencias a la cálida acogida de que fue objeto.
Bomba política
17 de abril 2013. En conferencia de prensa, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, presentó un conjunto de grabaciones en las que se escucha a funcionarios y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como a candidatos y representantes del PRI, como parte activa en por lo menos ocho reuniones del llamado “Grupo Boca del Río”.
Las llamadas fueron realizadas entre el domingo 3 de febrero y el domingo 7 de abril del año 2013. En ellas se escuchan cómo organizan y evalúan durante horas las estrategias y procedimientos para la utilización masiva de las estructuras, recursos, padrones de beneficiarios… de los programas sociales del gobierno federal como Oportunidades o el Seguro Popular.
El PAN obtuvo 13 horas de grabaciones de las cuales aproximadamente dos horas y media son con video y el resto solo registran el audio del lugar.
Lo que se escucha dejó al descubierto el uso de recursos gubernamentales puestos al servicio del PRI para las elecciones de Veracruz en julio 2013:
18 de abril 2013. Rosario Robles destituyó a seis funcionarios de la Sedesol, “personas que se desprende directamente estuvieron involucrados en estos hechos”:
*Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de la dependencia.
*Heli César Mendoza y Raúl Molina, jefes de zona.
*Graciela Tejeda, enlace operativo del programa “65 y más”.
*Jesús Balbuena Buenrostro, enlace operativo del programa “Oportunidades”.
*Mariano Molina, supervisor de “Oportunidades”.
En el caso del delegado de la dependencia en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, fue separado “provisionalmente de su cargo, mientras las autoridades competentes realizan la investigación conducente”, dijo Robles:
La investigación que refirió Robles fue a partir de la denuncia presentada en la PGR, por el PAN, el 16 de abril 2013, contra el gobernador Javier Duarte y 57 funcionarios federales y estatales, por uso indebido y desvío de recursos públicos para favorecer a los candidatos del PRI.
Madero reclamó airadamente a Peña lo que había ocurrido. En una carta, el panista le dijo al presidente: “Los compromisos democratizadores y reformadores …del Pacto por México… no se están acatando ni por los funcionarios federales de su gobierno ni por los gobernadores de los estados donde gobierna su partido. Cada día, tenemos más evidencias de que en los 14 estados donde se llevarán a cabo elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a candidatos del PRI. Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, y del gobierno del estado de Veracruz representado por Javier Duarte”.
Una de las exigencias del dirigente de Acción Nacional fue que: 1. Se integre con rapidez y eficiencia la averiguación previa derivada de la denuncia penal que… se presentó en contra de diversos funcionarios federales y estatales, ante la Procuraduría General de la República.
Asimismo, urgió que “se destituya de inmediato a los funcionarios federales directamente involucrados en los hechos denunciados:
a) Paula Hernández Olmos. Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Veracruz
b) Héctor Pablo Ramírez Puga, Director General de Liconsa.
c) Héctor Eduardo Velasco Monroy, Director General de Diconsa.
d) Ranulfo Márquez Hernández. Delegado de Sedesol en el Estado de Veracruz.
e) Alejandro Baquedano Sánchez, Coordinador del Programa Oportunidades en el Estado de Veracruz.
f) Gonzalo Morgado Huesca. Delegado del ISSSTE en la misma entidad.
A la PGR también llegó la denuncia del PRD, pero se interpuso contra Rosario Robles y elgobernador Duarte.
En abril 2013, en Noticias MVS primera emisión, hablaron los líderes del PAN y PRD:
Fractura del Pacto
La madrugada del 23 de abril 2013, la Presidencia de la República emitió un comunicado.
“En días recientes los dirigentes de los partidos políticos nacionales que participan en el Pacto por México han expresado diferencias, que son del conocimiento público”, refirió la comunicación desde Los Pinos.
El presidente Enrique Peña Nieto decidió suspender de manera temporal todas las actividades públicas del Pacto por México, para abrir un espacio al diálogo, que permita superar los “desencuentros”.
El mandatario pospuso en ese momento el acto programado a las 10:00 horas en el Palacio Nacional, en donde se pretendía presentar la reforma financiera.
Lo anterior, luego de que el PAN informó que no estaría presente en los actos del Pacto. El PRD hizo lo mismo. Ambos volvieron a la mesa con el gobierno federal, hasta el 7 de mayo, luego de que se firmó un adéndum al Pacto por México.
El día de la firma, el líder del PRI, César Camacho, pidió no generalizar las denuncias sobre priistas que operan elecciones con recursos públicos y llamó a castigar a quien lo haga. “Quien la haga que la pague”, sentenció.
Unos días antes de la fractura, el19 de abril -dos días después de la denuncia de Acción Nacional-, Peña Nieto arropó a Rosario Robles, con una frase: “no te preocupes, hay que aguantar“:
Fernando Yunes Márquez, senador del PAN, le preguntó directamente: “¿por qué se nombró a Ranulfo Márquez como delegado de Sedesol en Veracruz, saber si fue propuesta del gobernador del estado o qué cualidades se vio en dicha persona?”.
Rosario respondió: “Hasta ahorita no hay un solo elemento que impida que un delegado pertenezca a un partido político… todos los delegados que a nosotros nos entregaron la renuncia, pertenecían al Partido Acción Nacional… nadie tiene derecho a desacreditarlos, nadie tiene derecho a ponerlos en juicio, lo que habla es su labor, no su militancia partidaria y mal caeríamos en ese tipo de juicios que no tienen nada que ver”.
“Los delegados los nombré yo en atribución de mis facultades… son nombramientos firmados por mí y los asumo plenamente”, refirió sobre los funcionarios que terminó removiendo, tras conocerse su operación a favor del PRI en Veracruz.
El regreso de Ranulfo
Tras ser removido de su cargo como delegado de la Sedesol, en abril 2013, Ranulfo volvió a ocupar un cargo este 2015, en la misma dependencia, pero ya no en el gobierno federal, sino en el de Veracruz.
El jueves 8 de enero, Javier Duarte tomó protesta a seis nuevos funcionarios, entre ellos Márquez Hernández.
En 2010, Ranulfo era dirigente estatal del PRI. Desde ese puesto, propuso al hoy ex gobernador veracruzano, Fidel Herrera, para ocupar la Presidencia de la República. Además, afirmó que el PRI de Veracruz respaldaría “económica y moralmente” a Fidel, si él decidiera buscar la precandidatura de su partido y “sacar al PAN de Los Pinos”.
El menor fue trasladado al Hospital General Alfredo Pumajero, donde los médicos que lo atendieron le diagnosticaron una “aguda congestión alcohólica”.
Matamoros,20/Feb/2015 .- ElSistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Matamoros, asumió elresguardo de un niño de seis años de edad, que se desmayó minutos antes de ingresar al kínder, debido quese encontraba en estado de ebriedad.
A causa de su desvanecimiento, el menor fue trasladado al Hospital General Alfredo Pumajero, donde los médicos que lo atendieron le diagnosticaron una “aguda congestión alcohólica”.
El niño, que presentaba los efectos de una resaca, por haber ingerido entre 6 y 10 cervezas -según dijeron los doctores-, quedó en manos del DIF municipal.
David Morales Vélez, director del DIF, explicó que por motivos de seguridad el niño quedará bajo resguardo de la casa hogar de esa dependencia.
“Esto puede resultar chistoso para muchos pero para nosotros es preocupante, pues es casi un bebéy por eso nos vamos a hacer cargo de él en la casa hogar”, dijo.
Morales Vélez abundó que el caso ya está en manos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y conforme avance la indagatoria se irán fincando responsabilidades.
La madre del niño, que tiene 24 años de edad, fue entrevistada por el personal del DIF, a quienes dijo que estudia y trabaja en un cibercafe y, debido a la falta de tiempo, encarga a su hijo con los vecinos, quienes continuamente se están embriagando.
Ante ello, el director del DIF señaló que tanto la madre, como los vecinos son investigados por abandono de infantes y perversión de menores.
"Nadie puede argumentar que se trató de un accidente, todos están bajo investigación. El abandono y embriagar o dar a probar cerveza a un menor son delitos y nosotros no lo vamos a tolerar”, señaló.
Pese al escándalo, fuentes del PRI aseguraron que a Díaz Escárrega no se le impidió su participación, ya que es un personaje reconocido en Oaxaca, donde "la gente no ve esas polémicas mediáticas".
México D.F 20/Feb/2015 .- Heliodoro Díaz Escárrega, el priísta oaxaqueño que el pasado mes de diciembre protagonizó un escándalo, tras presumir en Facebook que había regalado un Porsche a su hijo… y después se retractó, diciendo que se trataba de una broma, logró su candidatura para competir por una diputación federal.
Antes de verse en el centro de la polémica, Díaz Escárrega se desempeñaba como coordinador regional de la zona Sur de Infonavit, cargo al que renunció tras la lluvia de criticas que se le vinieron encima por el supuesto regalo navideño que le dio a su vástago -quien es funcionario de Liconsa-, que está valuado en más de 1 millón 500 mil pesos.
El político oaxaqueño se registró en enero pasado como aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la candidatura para diputado federal por la vía de mayoría relativa. Se inscribió para ser electo por medio de convención de delegados.
Pese al escándalo, fuentes del PRI aseguraron que a Díaz Escárregano se le impidió su participación, ya que es un personaje reconocido en Oaxaca, donde "la gente no ve esas polémicas mediáticas".
Así, Díaz Escárrega fue confirmado hoy como candidato a diputado federal para competir por el distrito VI de Tlaxiaco, Oaxaca.
La empresa considerada “favorita” del gobierno de Felipe Calderón regresa a las primera planas después de que el Senado de la República, votó un punto de acuerdo para solicitar información sobre las obras en las que participó en los últimos dos sexenios. Tradeco, la empresa que despertó todo tipo de sospechas por “inflar costos” y entregar obras aun sin concluir, tuvo a su cargo la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire, contrato que después le fue revocado, y que fueron inauguradas hace unos días por el presidente de la república durante los festejos por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.
México D.F 20/Feb/2015.- Una de las primeras acciones del general Salvador Cienfuegos Zepeda poco después de que asumió el cargo de secretario de la Defensa Nacional, fue ordenar una revisión a los proyectos pendientes de obra pública en la dependencia. La lupa se enfocó sobre los trabajos de lo que serían las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la ampliación de la Base Aérea Militar en Zapopan, Jalisco. Era una obra cuyo contrato fue otorgado por adjudicación directa durante el sexenio de Felipe Calderón a la firma “Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”, propiedad del grupo Tradeco, la empresa considerada “privilegiada” en adjudicaciones de obra pública durante la pasada administración.
La obra que inauguró hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto, durante los festejos por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, tuvo varios “contratiempos” y tuvo que ser revocada a Tradeco a finales del año 2013, después de que se detectaron “serias irregularidades”. “El proyecto consistió en contratar los servicios de diseño, ingeniería, construcción y equipamiento para la modernización del Colegio del Aire y Base Aérea Militar No. 5 (Zapopan, Jal.), incluyendo la demolición de las actuales instalaciones y edificación de nuevas instalaciones para los citados organismos, en base a un programa arquitectónico que debió proponer la empresa contratada, manteniendo en todo momento la esencia y majestuosidad de lo que representa el Colegio del Aire como institución educativa militar en México y de la Base Aérea Militar No. 5 como instalación estratégica aérea”, respondió la secretaría de la Defensa Nacional al cuestionamiento hecho vía el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) sobre en qué consistió el proyecto.
La dependencia informó que el monto de la inversión para la construcción, infraestructura y equipamiento de ambas obras, fue de cuatro mil novecientos tres millones, trescientos setenta y dos mil veintisiete pesos ($4,903’372.027.00). De acuerdo a los datos entregados a finales del 2013, el proyecto había sido rescindido y estaba en proceso de finiquito con la empresa. Diferentes fuentes de la Defensa Nacional, consultadas durante varios meses del 2014, coincidieron en señalar que hubo incumplimiento de la filial de Tradeco en lo estipulado por el contrato. No cubrió los tiempos de entrega y hubo sobrecostos que no se justificaban, indicó uno de los jefes militares que siguió de cerca el desarrollo. Al final tuvo que ser la dirección de ingenieros militares la que entrara a concluir los trabajos.
Esta obra también contemplaba el equipamiento básico y especializado que requerían las instalaciones para la impartición de clases y actividades administrativas, “así como equipos especiales que desempeñarían una función específica y para la que se requería de un entrenamiento o capacitación para su uso”. En el documento entregado vía solicitud de acceso a la información, la Sedena indicó que los trabajos de mantenimiento y conservación incluirían “todas aquellas actividades rutinarias, periódicas así como preventivas, correctivas, y de reposición que permitieran mantener en condiciones óptimas de operación todas las áreas de infraestructura, así como el equipamiento instalado y deberían realizarse conforme a la normatividad aplicable en la materia”.
La adjudicación directa de esta obra no fue la única realizada por la dirección general de administración de la secretaría de la Defensa Nacional, cuando era encabezada por el general de división Augusto Moisés García Ochoa, actual comandante de la segunda región militar con sede en Mexicali y jurisdicción en la península de Baja California y el estado de Sonora.
De acuerdo a otra solicitud de información hecha a la secretaría de la Defensa sobre el número de contratos de obra pública realizados vía licitación, y el total de obras adjudicadas de manera directa durante el gobierno de Felipe Calderón, la dependencia respondió que no hubo licitaciones. Todo lo que se construyó fueron cuatro obras las cuales se adjudicaron de manera directa, tres de ellas a Tradeco, la consentida del gobierno pasado. El primer contrato fue el de la “ampliación de la capacidad de entrenamiento de vuelo de la Base Aérea Militar No. 5”, adjudicada a Tradeco Infraestructura del que se gastaron 699 millones 929 mil 119 pesos. El segundo fue un “contrato mixto” para la construcción del Parque Eólico de la Sedena en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, también entregado a Tradeco, el cual costó 495 millones, 169 mil 760 pesos. El tercero se trató del proyecto integral para la modernización de las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, otorgado a Tradeco, el cual tuvo un costo de mil 200 millones de pesos. Y el cuarto abarcó el proyecto para la ampliación del estacionamiento anexo al edificio de la secretaría de la Defensa Nacional, el cual costó 203 millones de pesos, adjudicado a la empresa Coemsa Inmobiliaria SA de CV.
Según la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, el artículo 77 señala que corresponde a la dirección de ingenieros militares “la planeación, ejecución y adaptación de obras de infraestructura de la secretaría de la Defensa Nacional”. La misma ley no contempla en su artículo 86, donde se desglosan las atribuciones de la dirección de administración, que sea ésta área la que actúe como contratista para la construcción de obras en instalaciones castrenses. En los cuatro contratos de obras por adjudicación directa, según la respuesta vía IFAI de la secretaría de la Defensa, fue el área que encabezó el general García Ochoa la que participó como contratista.
Estas atribuciones que en principio corresponderían a la dirección de ingenieros, generaron suspicacias en el medio militar sobre el papel que tuvo la dirección de administración el sexenio pasado cuando entregó contratos multimillonarios sin licitar al Grupo Tradeco. La empresa todavía anuncia en su página de Internetwww.tradeco.com varios proyectos en los que participó para la secretaría de la Defensa y que no fueron incluidos en la respuesta a la solicitud de información. Entre ellos está la edificación de infraestructura para la Base Aérea Militar No. 11 en Santa Gertrudis, Chihuahua y construcciones en la Base Aérea Militar No. 2 en Ixtepec, Oaxaca.
Tradeco en la mira
La empresa constructora considerada “la favorita” del calderonismo, volvió a ser noticia hace unas semanas después de que la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, presentara el 21 de enero un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública toda la información respecto a las obras y los contratos que se adjudicaron a la compañía en los dos sexenios que encabezó el PAN, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. La petición se amplió a la secretaría de Comunicaciones y Transportes pero no se dijo si hubo algo similar con la secretaría de la Defensa Nacional, donde le rescindieron el contrato de la obra que inauguró Peña Nieto durante el festejo del día de la Fuerza Aérea.
Columnistas de la prensa capitalina escribieron que la investigación del PRI en la cámara alta, surgió a raíz de la andanada mediática que exhibió en México y el extranjero el conflicto de interés de la actual administración priista por los contratos de obra pública entregados a la constructora Higa. El punto de acuerdo que se presentó en la comisión permanente fue firmado por la bancada del PRI encabezados por su líder, Emilio Gamboa.
El documento refería que en la prensa se ha documentado desde el sexenio pasado, cómo Tradeco fue beneficiada por medio de la asignación de una serie de contratos de obra pública donde hubo irregularidades. Tradeco Infraestructura, es una empresa que creó Federico Martínez Salas, quien fue funcionario de Pemex hace algunos años, y la cual es encabezada ahora por su hijo Federico Martínez Urmeneta.
El punto de acuerdo decía en uno de sus párrafos: “Hay evidencia que construyó carreteras con fallas, abandonó obras antes de concluirlas o se elevaron los costos de los proyectos que tenía adjudicados. (…) El puente Baluarte, reconocido por el libro Guinness de los Récords del Mundo, como el puente atirantado más alto del mundo, también fue identificado como una de los más grandes monumentos a la opacidad, la corrupción y la impunidad”. Esta obra formó parte de la construcción de la súper carretera Durango Mazatlán, a la cual la Auditoria Superior de la Federación realizó varias observaciones debido a que en un principio el presupuesto se fijó en 8 mil 889 millones de pesos, los cuales se incrementaron hasta los 22 mil millones.
Para nadie fue secreto, y la misma secretaría de la Defensa Nacional lo reconoció en su respuesta a la solicitud de acceso a la información sobre la obra pública del sexenio pasado, que Tradeco logró la mayoría de sus contratos vía adjudicación directa. El punto de acuerdo resaltaba que entre los años 2003 a 2012 el monto por los contratos adjudicados ascendió a 15 mil 143 millones de pesos, con una característica: el sobrecosto y el retraso en la entrega de las obras.
En un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se reveló que, actualmente, el Ejército mantiene 12 operaciones estratégicas contra el narcotráfico y el crimen organizado, para apoyar en labores de seguridad de 11 estados que solicitaron presencia militar.
Mexico,D.F 20/Feb/2015 La Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, es una de las más importante en dicha operación, pues aquí se han asegurado cerca de 4 mil 916 armas fuego, se han liberado 980 víctimas de secuestro y se han detenido a 2 mil 807 presuntos criminales.Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Morelos, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, son los estados que solicitaron el apoyo de la SEDENA. Por esta razón, mantienen acuerdos de cooperación para “resguardar” la seguridad de estas entidades.
No obstante, las entidades con alto índice de muertes, desapariciones y secuestros, son precisamente las anteriores. Situación que no ha sido controlada siquiera por la presencia de las fuerzas castrenses, sino que por el contrario ha ido en aumento.
A pesar de ello, la SEDENA insiste en que su “actuación en la materia es solamente a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles encargadas de esta actividad y sin sustituirlas en sus funciones”.
Esta dependencia también indicó que las 12 operaciones están orientadas a reducir la ola de violencia, con lo cual se resguardan instalaciones estratégicas, se realizan tareas de erradicación e intercepción de cargamentos de droga; en conjunto, se busca la aplicación correspondiente de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Asimismo, apunta que también se encargan de apoyar en la seguridad pública de las entidades que lo solicitan; sin embargo, constitucionalmente, el Ejército no está facultado para operar en esta materia, sino en hechos exclusivos de Seguridad Nacional, como en el caso de amenazas externas a la paz nacional.
En México, se viven entonces, medidas excepcionales pues el Ejército opera libremente a lo largo del todo el país, sin que la violencia disminuya; además, la estrategia de los elementos castrenses ha consistido en combatir a civiles -como en Tlatlaya-, y no a ejércitos.
Una semana después de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó Matamoros y dio un espaldarazo a la estrategia federal anticrimen, la violencia en esa ciudad fronteriza se recrudeció y el nuevo plan de reforzamiento simple y sencillamente no "funciono".
Matamoros,20/Feb/2015 Desde la noche del miércoles y hasta la tarde de ayer, Matamoros, sus accesos carreteros y ejidos fueron sacudidos por balaceras, bloqueos, granadazos y vehículos incendiados de grupos criminales que se disputan la región.
Aunque las autoridades no dieron un informe, testigos denunciaron vía redes sociales al menos cuatro muertos, entre ellos un civil inocente.
Estos fallecidos se suman a los 31 que oficialmente se reportan desde principios de mes por la ola violenta que ocurre pese a que la estrategia federal anticrimen se aplica desde mayo del año pasado.
La nueva jornada violenta inició la noche del miércoles, cuando se reportó el estallido de una granada en una guardería vacía al sur de la ciudad.
Durante la madrugada y primeras horas de ayer se dieron enfrentamientos entre hombres armados en la ciudad, donde habría fallecido un inocente, y en poblados rurales, donde se reportaron camionetas baleadas e incendiadas.
Además, la carretera libre a Reynosa sufrió ayer bloqueos y se hallaron tres cuerpos mutilados en el municipio.
Autoridades civiles y militares develaron hoy una escultura elaborada con armas de fuego que fueron entregadas por la población durante el programa de donación de armas y artefactos explosivos a cambio de despensas.
Mexico,D.F 20/Feb/2015 “Esta es muestra de la supremacía de la autoridad por encima de la violencia”, señaló el gobernador César Duarte al inaugurar la obra junto con el comandante de la Quinta Zona militar, general de brigada DEM, Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez.
La obra es un Escudo Nacional, elaborado por personal militar con una inversión cercana a los 900 mil pesos.
Tiene un diámetro de 2.90 metros y un peso aproximado de 397 kilogramos, en la que se utilizaron alrededor de 500 armas de fuego, entre ellas 350 revólveres de diversos calibres, 33 pistolas tipo escuadra y 26 cargadores
La inauguración se dio en el marco del 102 Aniversario conmemorativo del Día del Ejército Mexicano.
El gobernador chihuahuense y el comandante de la Quinta Zona Militar cortaron el listón inaugural del Escudo Nacional, flanqueado por dos esculturas de Quetzalcóatl, elaborados por personal militar con armas de fuego recabadas.
El comandante de la Quinta Zona Militar solicitó al gobierno del estado el apoyo para seguir fomentando en los diversos municipios, la Campaña de Donación de Armas de Fuego, mediante el establecimiento de módulos por parte de las autoridades.
Resaltó que las autoridades aportan cierta cantidad en vales de despensa para ser entregadas a la población que acude de forma voluntaria a donar las armas, sin que se lleve a cabo ninguna pregunta, verificación o investigación.
En esta obra, señaló, se aprecia el talento y la voluntad de los artesanos, personal militar de tropa, que día a día trabajaron para hacer posible este nuevo elemento de embellecimiento de las instalaciones.
Un bebé de ocho meses de gestación falleció luego de que personal de seguridad privada de la tienda departamental Liverpool no permitió el ingreso de paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil, y de Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Mexico,D.F 19/Feb/2015 Los hechos ocurrieron la noche del martes pasado. Protección Civil municipal recibió el reporte y acudió a la tienda, pero personal de seguridad privada les impidieron el paso por órdenes de la gerencia, informó a medios locales el titular de la dependencia, Luis Enrique López Anaya.
El funcionario explicó que la mujer presentaba abundante sangrado y que las medidas restrictivas implementadas por la tienda pusieron también en riesgo su vida. Aunque señaló que no existen elementos para asegurar que el bebé falleció por la falta de atención oportuna.
Por su parte, el Secretario de Gobierno estatal, Jorge López Portillo Tostado, informó que la empresa será multada con 30 mil pesos, por haber impedido el paso a las unidades médicas para que atendieran la emergencia, mientras que la investigación del caso será realizada por la Procuraduría General de Justicia del estado.
“La referencia la hizo la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan del Río, que fue quien tomó conocimiento de los tiempos. El municipio tiene cierta capacidad de intervención, efectivamente se aplica una multa de 30 mil pesos, pero en virtud de que hubo un fallecimiento, la Procuraduría toma conocimiento del caso, y habiendo denuncia, se actuará en consecuencia”.
Si la investigación arroja que la tienda es culpable, la sanción será mayor y correrá por parte del estado.
“En virtud de que hay la presunción de que la propia empresa cerró el local, e impidió el paso de algunos servicios de emergencia […] la sanción va a ser estatal en caso de comprobarse”.
En tanto, Liverpool aseguró que personal médico de una compañía privada auxilió a la mujer de 26 años que se encontraba en el baño de la tienda departamental.
Dijo que los paramédicos de la empresa privada, en una ambulancia Beyen, ingresaron al lugar, pero cuando llegaron el bebé ya había fallecido, por lo que se dedicaron a atender a la mujer, quien fue trasladada a un hospital.
Posteriormente llegaron las unidades de emergencia del municipio y se les impidió la entrada a la tienda bajo el argumento de que seguridad privada ya había resguardado todo el establecimiento.
Finalmente López Portillo indicó que el Ministerio Público de la entidad determinará si la muerte del bebé fue por aborto o por la falta de atención médica oportuna.
MUJER ASESINADA EN LIVERPOOL DEL DF
Este caso se suma al ocurrido el 15 de noviembre del año pasado cuando una mujer fue asesinada en Liverpool del Centro Comercial Perisur, en el Distrito Federal. Su nombre era Angélica Trinidad Romero Severiano.
Los familiares acudieron directamente a la tienda departamental en donde se les dijo Romero Severiano había muerto por atragantamiento y un paro cardiaco, de acuerdo al dictamen elaborado por el doctor Mariano Espinosa Morales, quien fue contratado por la empresa.
El cuerpo de la joven presentaba muestras de golpes, principalmente en la cabeza, “sin embargo los directivos de la tienda, lejos de llamar a las autoridades iniciaron una serie de turbias maniobras para tratar de deslindarse del crimen”. Omar Robles, primo de la empleada asesinada, narró que “la empresa contrató a un médico particular para que expidiera un certificado de defunción, consignando como causa de muerte un infarto fulminante. Además, dio fé de que el lugar de su muerte fue su domicilio particular, no la tienda; después solicitaron a funerales Gris con ubicación en la delegación Tlalpan, que retiraran el cuerpo y lo cremaran”.
Desde la primera semana de diciembre, usuarios de Internet difundieron que la tienda intentó “tapar” el homicidio de la mujer de 24 años. Inclusive se publicó la fotografía de la supuesta acta de defunción.
Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), informó en conferencia de prensa sobre la detención del presunto homicida de la trabajadora de limpieza de la tienda.
El Procurador señaló al auxiliar de mantenimiento de la tienda departamental Marco Antonio Ochoa Almazán, quien presuntamente sostenía una relación sentimental con la víctima. El presunto responsable del asesinato fue arrestado en la colonia El Mirador, en la delegación Tlalpan.
El funcionario dijo que los empleados de la tienda, incluido el gerente, también eran investigados.
Ante los escasos resultados, el Coordinador Estatal Antisecuestro José Said Ramírez David fue destituido y en su lugar asumió Willy Zúñiga Castillo.
Tamaulipas,MX.-19/Feb/2015 El cambio de mandos fue anunciado por Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado, en la reunión privada del Grupo de Coordinación Tamaulipas, que se realizó en las instalaciones de la Octava Zona Militar.
Tras la ceremonia del Día del Soldado, los mandos del Grupo de Coordinación Tamaulipas se reunieron con el Gobernador, quien presentó al nuevo zar antisecuestros.
En un comunicado oficial del Gobierno del Estado se informó que los mandos y el Gobernador inaugurarán tres unidades estatales para combatir el secuestro.
Ramírez, ex fiscal federal de la PGR, había sido nombrado en el cargo apenas el 11 de marzo del 2014.
Recientemente en Matamoros tras una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, empresarios del estado manifestaron su inconformidad por el discurso triunfalista ante la inseguridad y violencia que vive la entidad.
