En Tamaulipas, los expedientes cambian de escritorio y los protagonistas cambian de silla; quien sigue sin obtener una respuesta es Pilar Garrido.
La vida da vueltas. La justicia tamaulipeca, además, cambia de abogado, de fiscal y de versión. Jesús Eduardo Govea Orozco, hoy fiscal general del estado bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, encabezaba en 2019,segun la hemeroteca de Los Ángeles Times, la defensa de Jorge Fernández González, condenado entonces a 47 años de prisión por el feminicidio de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans.
No es una asociación sacada del sombrero: lo consignó información de EFE publicada por Los Ángeles Times ,mismo prestigiado medio de difusión que también implico al gobernador Américo Villarreal investigado por EE.UU por nexos con carteles.
El pasado 28 de octubre de 2026 se ordenó la libertad de aquel cliente. Su antiguo defensor ,quien tambien estuvo en prision,pero en una de alta seguridad en Almoloya, ahora está al frente de la institución encargada de perseguir delitos y de investigar esa muerte aún sin esclarecer.
De acuerdo con un reportaje de Fátima Monterrosa para N+, reproducido Govea estuvo recluido en 2022 siete meses en el penal federal ahora del altiplano , después de que se le atribuyera participación en la sustitución de un detenido identificado como integrante del Cártel del Golfo ligado a Osiel Cardenas y obtuvo la libertad bajo reserva de ley como advierte comunicado de la entonces PGR que incluso materia de informe Ejecutivo de la dependencia, como se advierte en la pagina 22.
El antecedente debe contarse con precisión: describe una acusación y un encarcelamiento, no acredita por sí mismo una culpabilidad mediante sentencia firme. El rigor no estorba a la crítica; evita que esta termine haciendo las mismas marranadas que denuncia.
De buscar la libertad a encabezar la acusación
En 2019, Govea no hablaba con la voz del fiscal. Hablaba con la del defensor que pretendía derribar una condena.
La información de EFE retomada por L.A Times lo identificó como el abogado que encabezaba la defensa de Fernández y promovía la apelación contra los 47 años de prisión. Su objetivo era explícito: revertir el fallo para que su cliente pudiera recuperar la libertad. Entonces buscaba agotar las instancias de Tamaulipas antes de acudir al amparo federal. No era un espectador del expediente: estaba dentro, litigándolo.
En septiembre de 2021 seguía apareciendo como defensor. Otra información de EFE, también publicada por Los Ángeles Times, recogió sus explicaciones sobre un amparo que dejó sin efecto la sentencia y ordenó emitir una nueva resolución. La nota describió cuestionamientos a los razonamientos con los que se había establecido la responsabilidad de Fernández, incluidas omisiones, inconsistencias y pruebas consideradas no contundentes. También precisó algo que conviene no mandar al cesto: aquel amparo no implicaba, por sí mismo, absolución ni libertad.
Causa y efecto, no sospecha y sentencia
Aquí cabe hablar de causalidad, pero sin convertirla en una coartada para adivinar conspiraciones.
Una defensa impugna; un tribunal revisa; una sentencia pierde sustento; se ordena otra resolución. Esa es una cadena procesal que puede documentarse.
El botín político no sustituye las razones judiciales
La condena se dictó durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. La liberación reportada llega bajo el gobierno de Américo Villarreal.
Martín Lozano Méndez aparece como otro abogado relacionado con la defensa de Fernández y con asuntos jurídicos del actual gobernador. Ese entramado ofrece material para la disputa política; no demuestra, por sí solo, un arreglo judicial, pero lo presume con argumentos.
Porque una resolución puede ser jurídicamente correcta y políticamente rentable. El problema comienza cuando alguien pretende usar la rentabilidad como prueba de corrección, o la cercanía política como prueba automática de corrupción.
Ni mantener preso a alguien para salvarle la cara a una administración, ni liberarlo para adornarle el escaparate a otra. Lo exigible es bastante menos vistoso y mucho más incómodo: razones verificables, actuaciones revisables y responsabilidades concretas.
Pilar no puede convertirse en el pie de página
En medio de este cambio de sillas queda María del Pilar Garrido Santamans, desaparecida en julio de 2017 y encontrada muerta días después. Su asesinato dio origen al proceso contra Fernández; las revisiones judiciales posteriores cuestionaron la condena, pero no borraron el crimen.
Si la condena no se sostenía, correspondía corregirla. Si hubo irregularidades, corresponde esclarecerlas. Y si la liberación reportada modifica el rumbo del caso, la Fiscalía debe explicar qué sigue respecto del asesinato, sin esconder a la víctima detrás de la fotografía del funcionario o del triunfo del abogado.
Ahí está la vuelta más áspera: el hombre que antes pedía libertad para Fernández encabeza ahora la institución a la que corresponde dar respuestas sobre el crimen que originó aquel expediente.
Porque una puerta de prisión puede abrirse por buenas razones. Lo que no puede cerrarse, con el mismo movimiento, es la pregunta por quién asesinó a Pilar.
La vida puede cambiarles el lugar a los protagonistas. Lo que no debería permitir la justicia es que, entre tanta vuelta, desaparezca la obligación de rendir cuentas.
Con información: LOS ANGELES TIMES/ LOS ANGELES TIMES/
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