México vuelve a amanecer con otro episodio de “eso no pasó, pero sí pasó”. Según The Wall Street Journal, el FBI detuvo en secreto en territorio mexicano al canadiense Ryan Wedding, alias “El Chapo de Canadá”, en una operación que los funcionarios en Mexico,Omar García Harfuch y la Presidenta Sheinbaum se apresuraron a negar al describir que fue una “entrega voluntaria” en la embajada estadounidense.
El episodio, según fuentes de ambos gobiernos, forma parte de un mapa más amplio de objetivos que el FBI ya tiene en la mira en territorio mexicano, con miras a futuras operaciones conjuntas.
Lo incómodo y que el ex-presidente Andres Manuel Lopez «Hablador’ en calidad de «aliado del crimen organizado a cambio de votos», le dio categoría de legal por supuesto, es que la ley mexicana prohíbe la presencia física de agentes extranjeros en operativos o detenciones.
La idea central de AMLO que ahora tiene en aprietos legales a Sheinbaum era acabar con el espíritu de colaboración con disposiciónes retrogradas situadas ahora en zona de riesgo legal bajo la actual Ley de Seguridad Nacional, buscando cerrar todo los caminos de colaboración con EE.UU ,y que deberia ser nuevamente reformada, pues su articulado expone a funcionarios o policias en conductas que se presume delictivas, si ayudan o colaboran con EE.UU. El articulado relevante incluye:
- Art. 69 y 70: Toda colaboración con agentes extranjeros en materia de seguridad debe ser autorizada y supervisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Marina, debiendo notificarse y coordinarse oficialmente.
- Art. 71: Los agentes extranjeros (incluido personal del FBI, DEA, etc.) solo pueden intercambiar información en estrictos términos de la acreditación otorgada, prohibiéndose gestiones directas ante autoridades mexicanas sin el conducto de la SRE; toda reunión debe contar con presencia de la propia SRE.
- Art. 73 y 74: Cualquier incumplimiento por parte de agentes mexicanos o extranjeros, así como la promoción de delitos por parte de agentes extranjeros (cohecho, privaciones de libertad, etc.), puede conllevar responsabilidad penal y administrativa para los funcionarios mexicanos que permitan actividades fuera del marco fijado por ley.
Aunque en los hechos, como se esta advirtiendo, en este pais la Ley de Seguridad Nacional contiene disposiciones muy parecidas a los avisos en los cigarros: todos saben que ahí está la advertencia, pero solo la Presidenta la esta tomando en serio.
Y es que,mientras la presidenta Claudia Sheinbaum esquivaba la contradicción entre ambas versiones —la suya de entrega voluntaria y la del FBI, que admite haber intervenido directamente—, en Washington Donald Trump afilaba su discurso, presionando para “actuar directamente contra los cárteles”. Y justo a tiempo, la nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 de EE.UU. anuncia que el país podrá realizar acciones unilaterales contra narcoterroristas en cualquier punto del continente. Traducción libre: “si ustedes no pueden o no quieren, nosotros lo haremos”.
Ryan Wedding, el exatleta olímpico que se creyó empresario y terminó en la lista de los diez más buscados, jura no haberse entregado. Su abogado lo dice sin rodeos: fue arrestado, no se entregó. Pero para las autoridades mexicanas, admitirlo sería reconocer que el operativo del FBI no fue “cooperación”, sino una incursión encubierta en un territorio soberano.
Así que mientras el gobierno mexicano insiste en que aquí no hay agentes extranjeros armados, el FBI rastrea sus próximos objetivos en suelo nacional, con o sin comunicado conjunto. México, en tanto, sigue interpretando con su soberanía mal entendida, el papel de portero que sonríe mientras le cambian la cerradura desde fuera.
Con informacion: THE WALL STREET JOURNAL/
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