Bajo tierra también manda el narco. Ya no le bastan las rutas de coca ni el cobro de piso; ahora excava directamente en las entrañas del país, donde la “minita de oro” no es metáfora: es negocio, concesión, oro puro. En Sinaloa, la realidad se volvió literal cuando un comando armado levantó a diez ingenieros de la empresa canadiense Vizsla Silver. Los sacaron del fraccionamiento “La Clementina” —nombre que suena a novela costumbrista pero terminó en nota roja— y se los llevaron con una eficiencia que haría sonrojar a cualquier gerente de operaciones.
Mientras las autoridades locales y la Fiscalia “inician carpeta de investigación”, los familiares publican fichas y coordinan búsquedas digitales, como si la vida de los desaparecidos dependiera más de la viralidad que del Estado.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México se dijo “profundamente preocupada”, ese ritual semántico de impotencia técnica: no mucho más se puede hacer cuando el patrón del subsuelo es un cartel.
«Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero», expresó esa asociación mediante redes sociales.
Porque el negocio de los metales dejó de ser solo minero, los grupos criminales ya extendieron su reinado al ciclo completo: desde el saqueo del terreno hasta el transporte y la venta. “Todos pagan, y todos es todos”. Las vetas no solo arrojan minerales, sino cuotas, sobornos y miedo: cada gramo extraído bajo el rostro anodino de la industria formal lleva las huellas de una maquinaria paralela —la del narco‑Estado extractivo.
En Concordia, como en Zacatecas o Guerrero, el mapa minero y el mapa del crimen se superponen. Las coronas canadienses se manchan de polvo y sangre mexicana, bajo la mirada pasiva de un gobierno que presume “nearshoring” mientras el crimen hace “reshoring” de su propio capitalismo: la economía del plomo y el oro.
Así, los ingenieros desaparecen, las empresas callan, las autoridades simulan, y los cárteles perfeccionan su modelo vertical. Su nueva mina ya no es del subsuelo: es el país entero.

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