El actual sheriff del condado de Webb y su subjefe han comparecido ante la corte federal por su supuesta participación en un plan para defraudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb durante la pandemia de COVID-19, anunció EE. UU. Abogado Nicholas J. Ganjei
Los residentes de Laredo, Martin Cuellar Jr., de 67 años, y Alejandro Gutiérrez, de 47, se han entregado a las autoridades y ahora han hecho sus primeras apariciones ante EE. UU. La jueza Christina Bryan en Houston.
Un gran jurado federal devolvió la acusación de cinco cargos ahora abierta el 19 de noviembre de 2025. Alega que entre 2020 y 2022, Cuellar y Gutiérrez conspiraron con otros para malversar fondos de la WCSO.
Según la acusación, Cuellar, Gutiérrez y el ex subjefe Ricardo Rodríguez utilizaron el personal y los recursos de WCSO para dirigir un negocio de desinfección con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19. Supuestamente abrieron Disinfect Pro Master en abril de 2020 y firmaron acuerdos de servicio con empresas y restaurantes locales a pesar de no tener empleados o suministros propios. La acusación alega que los empleados de WCSO manejaron las operaciones diarias de la compañía desde la oficina del sheriff, donde recogieron horarios y equipos para realizar servicios de desinfección tanto dentro como fuera del horario con el condado.
Los cargos también alegan que Disinfect Pro Master obtuvo un contrato de 500.000 dólares para limpiar las escuelas del Distrito Escolar Independiente de United en Laredo y completar el trabajo utilizando el personal y los recursos de WCSO. Durante más de dos años, el negocio supuestamente operó casi en su totalidad con empleados y suministros del condado, incurriendo en gastos generales mínimos.
Cuellar, Gutiérrez y Rodríguez recibieron cada uno aproximadamente 175.000 dólares, un tercio de las ganancias, según los cargos. Cuellar supuestamente utilizó parte de sus ingresos para comprar una propiedad en Laredo.
Si son condenados, Cuellar y Gutiérrez se enfrentan a hasta 10 años de prisión federal, así como a una posible multa máxima de 250.000 dólares. Cuellar también está acusado de lavado de dinero, lo que conlleva 10 años adicionales de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la cantidad de bienes involucrados en la transacción inmobiliaria.
Rodríguez, de 65 años, Laredo, se declaró culpable anteriormente y está listo para ser sentenciado el 16 de marzo. Actualmente está bajo fianza a la espera de esa audiencia.
FBI – San Antonio y Departamento de Seguridad Nacional – La Oficina del Inspector General llevó a cabo la investigación como parte del Grupo de Trabajo de Corrupción Fronteriza de Laredo. Asistente de EE. UU. Los abogados Heather Winter y Robert Johnson están procesando el caso.
Mientras en México seguimos contando cuántos contratos covid terminaron en bolsillos amigos de Morena y otros partidos que eran gobierno.

Como ocurrió con el que encabezaba en Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022).

De tal suerte que no debe sorprender la corrupcion que no respeta fronteras y que del otro lado del río bravo, el sheriff del condado de web, en Laredo Texas, también haya decidido que la pandemia era una buena oportunidad… pero de negocio propio.

Martín Cuéllar, es hermano del congresista Henry Cuéllar aliado politico de Cabeza de Vaca.
El truco fue simple: registrar una marca bonita —Disinfect Pro Master, digna de infomercial—, firmar contratos por unos 500 mil dólares con escuelas y negocios locales y que el trabajo lo hicieran los mismos policías del sheriff, a veces incluso en horario de servicio. Costos casi cero, ganancias para el trío, y si alguien preguntaba, seguro era “servicio a la comunidad”, de acuerdo con la publicación de KRISTV.
Ahora el sheriff y su mano derecha desfilan por tribunales federales, se declaran muy inocentes y juran que todo es un malentendido administrativo, mientras un exsubjefe ya se declaró culpable como cita publicación oficial del Distrito Sur de Texas.
Así que sí: del otro lado del muro también hace aire, y a veces huele igualito a desinfectante comprado con dinero público.
Con informacion: DISTRITO SUR DE TEXAS/JUSTICE.GOV

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