En Salamanca las balas no distinguieron a la hora de la masacre, pero las licencias sí. Once muertos en una cancha de fútbol, víctimas de un fuego cruzado entre carteles que juran proteger sus “territorios”, aunque lo único seguro en esa ecuación es la impunidad con la que operan. Cinco de los asesinados, según la propia Secretaría de Seguridad federal, trabajaban para una “empresa de seguridad privada vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Dicho de otro modo: el gobierno certificó como negocio legal lo que en realidad es una franquicia armada del crimen organizado.
La escena, grotesca y ya rutinaria, resume el modelo mexicano de seguridad: donde el Estado tropieza con su propio enemigo y le extiende un permiso, un registro, un contrato.
En Guanajuato —como en Tamaulipas o Veracruz— los carteles se disfrazan de escoltas, guardias o custodios, mientras la autoridad se lava las manos con papeles membretados y sellos oficiales. La guerra contra el narco terminó hace tiempo, pero el negocio de la “seguridad privada” sigue creciendo… incluso entre quienes fabrican la violencia que después prometen contener.
Así, el ataque en el campo de fútbol no solo fue otra matanza: fue una radiografía del absurdo. Las armas —esas que según los comunicados iban dirigidas a rivales— terminaron masacrando a civiles, a migrantes de visita, a jóvenes que jugaban un partido.
Pero el dato que debería incendiar los titulares está en otro lado: el Estado otorgando licencias de seguridad a los mismos grupos que siembran el terror. Es el colmo burocrático de la guerra fallida: cada cártel tiene su propia “empresa registrada”, y cada masacre, su propio comunicado de rutina.
En Tamaulipas, por ejemplo, lugarteniente del Cártel del Golfo sorprendido en imagenes cenando y abrazando al gobernador de Morena Americo Villarreal ,tambien replica el mismo modelo con compañías fachada que ofrecen “protección privada” mientras operan como brazos paramilitares, según diversas investigaciones locales. Lo de Guanajuato no es excepción, es regla: privatizar la seguridad hasta el punto de que la delincuencia ya no le roba al Estado, sino que factura con él.
A principios del mes de diciembre, el diario español,El Pais,puso a descubierto que militares y ex-militares confabulados con empresas de seguridad ligadas a Raul Rocha,empresario ligado a Miss Universo vinculado a Morena,era el «conseguidor» de armas y licencias de portacion via la DEFENSA para empresas de seguridad privada que se las rentaban a Carteles,entre ellos el del «Golfo» y C.JNG.
«….Las empresas de seguridad del caso Miss Universo muestran las bambalinas del negocio, en este caso su parte oscura, presuntamente ilegal. En las llamadas transcritas en la investigación, de finales de 2024 y principios de 2025, Reyes y Alberts hablan habitualmente de armas que tienen que recoger en un sitio o mandarlas a otro; de hombres que necesitan para una u otra empresa, de algún conseguidor que fabrica cartuchos, de cuánto cobran por rentar armas y licencias… A veces, también, uno u otro hablan con terceros, parte de su cadena del tráfico de amas, para comentar uno u otro aspecto del negocio. Así, por ejemplo, un tal “Omar” le pregunta en enero a Reyes que a “cuánto sale a licencia ahí con ustedes”. Reyes le responde que la portación sale en 11.000 pesos al mes. Omar contesta que está caro y Reyes, hombre de negocios, dice que le puede ofrecer, “380, tenemos subametralladoras y [armas] cortas.
Las llamadas así son habituales. El 9 de enero, un hombre no identificado llama a Alberts y le pregunta que “en cuánto salen seis armas para escolta”. Alberts responde que “del depósito del arma son 23 varos por cada una, de trámite 9.000 por arma y la mensualidad de 9.500”. Su interlocutor pregunta que de qué tipo son las armas y Alberts contesta que “Glocks, Ceskas, Beretta, Tanfoglio, Mexica y Mendoza”. Ocho días más tarde, otro hombre llama a Alberts y le dice que “trae pendiente lo de las armas de Juárez”. Alberts contesta “que eso le urge”, y el otro confirma que “también le urge coronar eso la siguiente semana”.
La parte de la cadena que negocia licencias y demás con autoridades se refleja igualmente en las conversaciones del grupo. El 21 de enero, una persona no identificada “sale de una reunión con la Secretaría de la Defensa para destrabar algun problema con las licencias de armas. Esta persona le dice a Alberts por teléfono que sí, que los van a ayudar. Alberts le pide que les diga que a las 15.00 tendrá feria [dinero] porque pasará con los abogados y que a las 16.00 se lo manda con Basurto”, su escolta. La persona le dice que sí, “y que hay que estar preparados porque luego, luego hay que pagar la multa y lo de ellos”, en referencia a un posible soborno. Alberts pregunta que cuánto tiempo más sería hasta que el problema se destrabe. La otra persona contesta que de ocho a 15 días, “para que tengan el paro bien hecho”. Y Alberts concluye que ‘sí, y ya que nos suelten armas otra vez”.
Una de las personas importantes para la trama en este aspecto es el “capitán Julián Cortés”, que a veces llaman solo Capi, o capi Julián. Un día de enero, por ejemplo, Reyes y Alberts están hablando de un envío de armas que tiene que llegar de Tijuana. Alberts dice que “llegan 16 armas hoy en la noche“. Reyes no le dice nada de eso, pero contesta que el “capitán Julián le va a dar dos [armas], si saca cuip de Valvon o de Seter”. Con cuip, Reyes se refiere a Clave Única de Identificación Permanente, un número asignado por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Valvon y Seter son empresas de la trama. Alberts le pregunta que para quién son, y Reyes responde que “son para su cuate que tiene la tienda de ropa ahí en Pachuca”.
Antes, en diciembre, los dos líderes de la trama comentan que un empresario del gremio, mencionado decenas de veces en la indagatoria, pero que de momento no ha sido acusado, y el capitán Julián “son quienes venden las armas”. En otra llamada de diciembre, Capi instruye a Alberts sobre cómo abrir más puertas en la Secretaría de la Defensa: “Normalmente, a la gente de SEDENA en diciembre les mandan presentes de todos los clientes, y que aprovechan para tender redes”. Todo lo dicho se dice con absoluta tranquilidad, partiendo de la lógica que planteaba el mismo Reyes: el que trae los huevos ahora es él. A veces llega a sorprender la cantidad de información que dicen sin problema alguno por teléfono.
Aunque la situación parece siempre controlada, a veces muestran cierto temor a que alguna situación se descontrole, o a las consecuencias de alguna venta de armas o licencias. El día de Reyes de 2024, Reyes llama a Alberts y le pregunta si sabe “que el Pakistaní trae puras armas del Cartel del Golfo”. El otro no sabe de qué le habla. Reyes se exaspera: “¡Tú lo armaste! (…) Son los que andan con el Cape”, y le dice que busque en internet “CAPE 25 CARTEL DEL GOLFO”. El problema, al parecer, es que un colaborador, al que llaman Loco y fabrica cartuchos de fusil R-15, anda preocupado por un posible decomiso a este grupo. “Los pararon a todos de culo allá, wey”, le dice Reyes a Alberts, sobre los decomisos a este grupo, en Tamaulipas. Reyes continúa: “Y pasaron pinches portaciones de ustedes, wey”. Alberts empieza a entender. “Pero, ¿de Seter o Seiza?”, pregunta, sobre si el origen de las armas es una de sus empresas u otra. Reyes le confirma que es de Seter.»….EL PAIS
Investigación de Latinus exhibio el mismo entramado que consta en 332 paginas de la pesquisa federal:
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