Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien fuera titular de la desaparecida Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) de la PGR, litiga contra el bloqueo de sus cuentas bancarias dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El 2 de agosto de 2023 Bermúdez se enteró que habían sido inmovilizados los recursos de sus cuatro cuentas bancarias en Banamex y Santander, a las que estaban relacionadas cuatro tarjetas de crédito, una de cheques y una de débito.
De acuerdo con registros judiciales, Bermúdez ya logró que la justicia federal ordenara descongelar casi todas sus cuentas, pero después de un año y medio la UIF mantiene inmovilizada una de ellas, en la que cobraba en forma bimestral su pensión universal de adulto mayor.
Según registros judiciales, la última suspensión le permitió al ex fiscal disponer de su pensión del ISSSTE, pero desde junio de 2024 le bloquearon otra cuenta en la que cobraba la pensión universal de adulto mayor.
Fundamentos mediático-emocionales
Este caso presenta múltiples aristas que podriamos intentar analizar desde tres perspectivas clave:
El relato público de Bermúdez se construye sobre dos ejes:
- Victimización por error administrativo: Insiste en que el bloqueo de sus cuentas bancarias (implementado en agosto de 2023) se basa en su vinculación equivocada con actividades delictivas ocurridas ocho meses después de su renuncia al despacho Molrod, Silber y Asociados en febrero de 2013.
- Apelación emocional: Destaca el impacto económico en su vida cotidiana, particularmente el congelamiento de su pensión universal para adultos mayores, recurso vital para su subsistencia, que lo convierte en único ex funcionario antidrogas con medidas financieras restrictivas que se defiende con esta narrativa.
Desviaciones conductuales y contradicciones institucionales
El caso presenta irregularidades procesales notables:
- Inacción de la FGR: A pesar de la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-NAY/0000019/2019 por lavado de dinero, nunca se aseguraron activos ministerialmente ni se citó a declarar a los implicados.
- Inconsistencias temporales: La UIF aplicó medidas una década después de los hechos investigados (2013-2018) y cuando Bermúdez ya no pertenecía al despacho.
- Trato desigual: Mientras otros ex socios como Héctor Rodríguez Franco ya obtuvieron amparos favorables, su proceso judicial acumula 14 aplazamientos y tres cambios de juzgado.
Contexto estructural
El caso revela patrones preocupantes en el sistema financiero-judicial:
- Mecanismos de bloqueo preventivo: La UIF actuó basada en solicitudes de la FGR sin sustento procesal concluyente.
- Vulnerabilidad de ex funcionarios: La designación en Listas de Personas Bloqueadas muestra posibles usos discrecionales, pese a resoluciones judiciales favorables a otros implicados.
- Disfuncionalidad judicial: El conflicto competencial entre juzgados administrativos y penales retrasó durante 8 meses la resolución del caso, afectando derechos patrimoniales básicos.
Antecedentes institucionales:
1. Cargo antidrogas:
• Titular de la FEADS (2001-2003) bajo el gobierno foxista, época clave en operaciones contra cárteles como el del Golfo.
• Su gestión coincidió con investigaciones contra Adán Medrano Rodríguez (“El Licenciado”), lugarteniente del cártel del Golfo capturado en 2002.
Este entramado evidencia tanto fallas en los mecanismos de supervisión financiera como vacíos en la protección de derechos fundamentales durante procesos investigativos prolongados.
La ausencia de acciones penales concretas contra los implicados, contrastada con medidas administrativas restrictivas mantenidas por años, plantea serios cuestionamientos sobre el equilibrio entre prevención del delito y garantías individuales.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: