A más de 29 meses, 906 dias de que inicio el gobierno “mañoso” de Morena y Américo Villarreal en Tamaulipas, las acciones penales contra presuntos desvíos de recursos públicos durante administraciones anteriores, entre ellas la del panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (2016-2022), siguen sin materializarse en sentencias condenatorias o encarcelamientos, pese al discurso oficial de “cero tolerancia a la impunidad” que se ha convertido en vulgar rosario de promesas de castigo y dispendio de saliva.
Investigaciones y procesos en curso
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) a cargo de Jesus Eduardo Govea,un ex-presidiario del penal de alta seguridad de “Almoloya”, detenido en 2002 por servir al Cartel del Golfo de matamoros, dice que mantiene abiertas 52 carpetas de investigación contra funcionarios de la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca, incluyendo cuatro casos emblemáticos en instituciones educativas:
| Institución | Monto observado | Implicados | Estatus legal |
|---|---|---|---|
| ITACE | $288.7 millones | Luis Fernando Campos, Mayra Armendáriz | Denuncia penal NUC 145/2024 e inhabilitación administrativa[ |
| UTA | $8.6 millones | Isaac Rebaj, Eduardo Nader | Expediente NUC 138/2024 |
| Universidad Politécnica Ribereña | Sin monto especificado | María Elena Reynoso | Investigación en curso |
| Colegio San Juan Siglo XXI | Sin monto especificado | Mauro Rojas, Julio Ortiz | Carpeta NUC 142/2024 |
Hallazgos clave en el ITACE:
- $183 millones sin comprobar en 2019
- Sobregiros de $24.8 millones en nóminas
- Adeudo de $35.4 millones al sistema de pensiones estatal
- Contrataciones irregulares sin documentación
Acciones vs resultados
Aunque se han implementado medidas administrativas como inhabilitaciones por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, las causas penales avanzan con lentitud. De 68 funcionarios citados a declarar en 2022, solo 8 comparecieron, y actualmente existen 22 expedientes de responsabilidades sin resolver.
La contradicción entre el discurso oficial y los resultados se evidencia en:
- Plazos vencidos: Algunas observaciones de la ASF cumplen seis años sin resolverse
- Opacidad institucional: Dependencias estatales declararon “incompetencia” para dar información sobre $8,777 millones observados
- Falta de colaboración: Solo 11.7% de los citados en 2022 acudió a declarar
Mientras el gobierno actual enfatiza su “Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028” con énfasis en transparencia, la justicia penal sigue pendiente. Las únicas acciones concretas hasta marzo de 2025 son inhabilitaciones administrativas y denuncias formales, sin que se judicialicen los casos emblemáticos de corrupción. Esta brecha entre retórica y resultados sustenta la crítica sobre un “combate de saliva” sin consecuencias penales efectivas.
Con informacion: ELEFANTE BLANCO/
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