Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana.
La votación se dio justo después de que Blanco tomó la palabra en tribuna, por invitación de su compañera de bancada, Adriana Belinda Quiroz, integrante de la Sección Instructora y una de las tres diputadas que avaló en ese órgano el dictamen que determinaba improcedente la solicitud de desafuero del ex futbolista.
Únicamente las bancadas de PAN y de Movimiento Ciudadano votaron de forma unánime en contra, mientras que todos los legisladores presentes del PRI votaron a favor de desechar el caso.
Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaron divididos.
Grave y lo que sigue de grave
La decisión de la Cámara de Diputados mexicana de proteger a Cuauhtémoc Blanco –gobernador de Morelos y exfutbolista– ante una acusación de tentativa de violación evidencia graves fallas institucionales. Estos son los puntos críticos:
1. Impunidad política institucionalizada
Al rechazar el desafuero con 291 votos (PRI unánime, Morena dividido), el Legislativo priorizó la lealtad partidista sobre la rendición de cuentas. El mensaje es claro: la inmunidad protege a figuras poderosas, no al ciudadano. Esto socava el principio de igualdad ante la ley, especialmente cuando el propio Blanco usó la tribuna para declararse inocente, violando el reglamento.
2. Violencia de género normalizada
El espectáculo legislativo incluyó detalles escandalosos:
- Diputados de Morena protegieron físicamente a Blanco cuando diputadas intentaron confrontarlo.
- El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), permitió que Blanco cerrara el debate, ignorando solicitudes de dar voz a las mujeres.
- La diputada Margarita García (PT) denunció “actos de machismo y misoginia” en la conducción de la sesión.
3. Fractura en la narrativa progresista
Morena, partido que impulsó la “paridad de género”, mostró divisiones:
- La vicecoordinadora Gabriela Jiménez se abstuvo pese a anunciar voto en contra.
- Diputadas como Magda Erika Salgado (Morena) calificaron el hecho de “bochornoso”, evidenciando contradicciones entre el discurso oficial y las prácticas reales.
4. Erosión de la credibilidad institucional
La activista Yndira Sandoval resumió el descontento social: “Los agresores se cuidan lo mismo que los edificios (…) No llegamos todas”. La confrontación en pasillos con la diputada Cindy Winkler (PVEM), a pesar de su voto en contra, muestra cómo el caso polarizó incluso a aliadas del movimiento feminista.
Este episodio no solo protege a un individuo: normaliza un sistema donde el poder político opera como escudo contra acusaciones graves, especialmente cuando involucran violencia de género. La fractura en votaciones partidistas (Morena y PVEM divididos, PRI unánime a favor) revela que la protección de derechos humanos sigue supeditada a cálculos electorales.
Con informacion: ELNORTE/
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