La nueva escalada de violencia que registró Culiacán el jueves 27 de marzo replantea la interrogación de qué están haciendo los tres órdenes de gobierno para ponerle fin a la delincuencia de alto impacto, la cual entre más días pasan actúa con mayor deterioro de las posibilidades lícitas con que cuenta Sinaloa para el desarrollo en ambientes de paz y Estado de derecho.
Los sicarios del narcotráfico continúan con vía libre al desplazarse con sus arsenales en varias colonias urbanas y comunidades rurales al mismo tiempo, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado reduce la emisión de información que permita a los ciudadanos pacíficos tomar decisiones oportuna para protegerse.
El recuento de hechos sobre la confrontación al interior del cártel de Sinaloa remarcó la percepción de ausencia de autoridad al agregar ayer siete homocidios dolosos en Culiacán, dos personas heridas, el aseguramiento de un vehículo con explosivos, ademas de que en el municipio de Concordia fueron localizados dos asesinados.
La crisis de la seguridad pública no cede y al parecer la estrategia federal y estatal retornó a la fase de minimizar los hechos, normalizar la incidencia de crímenes y retirar la presencia en Sinaloa del titular de la SSyPC, Omar García Harfuch, de quien la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que permanecería aquí hasta pacificar el estado.
¿Qué es lo que sigue en la acción militar y policial para contener a los grupos enfrentados en la principal organización del narcotráfico?
¿Cómo se le dan garantías a los sinaloenses de que ya pueden regresar a los espacios públicos y restablecer actividades productivas sin correr riesgos?
¿La violencia llegó para quedarse en Sinaloa como permanece durante años en otras regiones del país?
Las respuestas no llegan y aparece puntual la conjetura de la rendición del Estado frente a la capacidad del crimen para someterlo a fuerza sangre y plomo.
Con informacion: REVISTA ESPEJO/
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