“BLOQUEA SENADO de MORENA por SEGUNDA VEZ la PROPUESTA de INDAGAR en COMISIONES el RANCHO IZAGUIRRE del CJNG en JALISCO”… y se preparan para darlo como caso cerrado.

La bancada de Morena en el Senado volvio a bloquear por segunda vez la creación de una comisión independiente para investigar los crímenes del Rancho Izaguirre en Jalisco, un sitio vinculado a reclutamiento forzado, torturas y asesinatos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Primer intento de bloqueo

La semana pasada, senadores de Morena, PT y PVEM abandonaron el pleno para evitar la votación de un punto de acuerdo presentado por el PAN y el PRI que buscaba crear una comisión especial. Esta táctica —conocida como “reventar la sesión”— impidió deliberar sobre la propuesta, que exigía esclarecer los hallazgos de restos humanos y más de 60 campos de exterminio identificados en México[5].

Segundo rechazo formal

El 25 de marzo, una nueva iniciativa del PRI para formar la comisión fue rechazada con 67 votos en contra (de Morena, PT y PVEM) frente a 27 a favor de la oposición[5]. El coordinador priista, Manuel Añorve, denunció que el gobierno federal intenta “desviar la atención” al negar que el lugar sea un “campo de exterminio”, término usado por colectivos de búsqueda y organismos de derechos humanos.

Contexto político

• Postura oficial: El gobierno federal insiste en llamar al sitio “centro de adiestramiento” en lugar de “campo de exterminio”, pese a evidencias de que el CJNG asesinaba a quienes resistían el entrenamiento.
• Narrativa de Morena: Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha minimizado los hallazgos, cuestionando si los 200 zapatos hallados pertenecen a desaparecidos y sugiriendo que el caso es una “campaña de la derecha” para desprestigiar al gobierno.
• Cambios en dinámica legislativa: Fernández Noroña modificó el calendario de sesiones, limitando reuniones de comisiones durante los plenos, lo que —según críticos— obstaculiza el trabajo legislativo.

Implicaciones

El bloqueo sistemático refleja una estrategia para evitar escrutinios sobre la crisis de desapariciones forzadas (más de 124,000 casos registrados, particularmente en Jalisco, bastión del CJNG y en segundo lugar Tamaulipas.

Mientras familiares de víctimas exigen justicia, la mayoría oficialista prioriza controlar la narrativa sobre seguridad, en un año electoral clave.

Con informacion: ELNORTE/