La violencia generada por la disputa entre grupos criminales en el sur de Apatzingán y la incapacidad manifiéstalos del gobierno en sus tres niveles “sin nivel”,ya provocaron el desplazamiento de al menos 15 familias, dijoayer el Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña y lo dijo “sin vergüenza y sin ruborizarse”.
La situación, que ha generado alarma entre los habitantes de la región, se desencadenó por enfrentamientos entre dos células criminales que buscan controlar el territorio, según dijo el funcionario inutil en una entrevista colectiva tras un acto protocolario en Morelia.
“El fin de semana, lo que nos reportan las autoridades municipales y personal de la 43 Zona Militar es que alrededor de 15 a 16 familias tuvieron que salir de esta zona de El Alcalde y esta región del sur de Apatzingán, por los enfrentamientos que ha habido entre dos células criminales que han estado queriendo posicionarse o controlar el territorio”.
Este desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, evidencia múltiples obligaciones incumplidas por los tres niveles de gobierno, en un contexto donde la violencia criminal ha superado los mecanismos institucionales de protección. A continuación, se detallan las responsabilidades omitidas:
1. Gobierno local (municipal)
- Falta de atención humanitaria inmediata: Aunque el DIF municipal brindó apoyo a 11 personas, 60-100 desplazados de Puertecitos (marzo 2025) quedaron sin asistencia oficial, obligando a la población a refugiarse en parroquias o casas particulares.
- Descoordinación institucional: La regidora de Apatzingán denunció que las autoridades municipales derivaron la responsabilidad a Sedena, alegando incompetencia para atender la crisis.
- Inacción ante saqueos: No se implementaron medidas para proteger viviendas y negocios saqueados por grupos criminales tras el desplazamiento, violando el derecho a la propiedad.
2. Gobierno estatal (Michoacán)
- Subregistro de víctimas: Mientras el Secretario de Gobierno reportó 15 familias desplazadas (60 personas), organizaciones civiles estiman 500 afectados solo en Apatzingán, con comunidades como Guanajuatillo y El Mezquital sitiadas.
- Retraso en respuesta humanitaria: La Secretaría del Migrante no atendió solicitudes de auxilio durante semanas, pese a alertas del Observatorio de Seguridad Humana (OSHRA).
- Ausencia de ley estatal: Aunque desde 2022 existen mesas de trabajo con ACNUR para crear una normativa específica, Michoacán sigue sin legislación en desplazamiento forzado, a diferencia de Chiapas o Guerrero.
3. Gobierno federal
- Falta de legislación nacional: México carece de una ley general que sistematice la protección integral (derechos a vivienda, salud, educación) para desplazados, incumpliendo recomendaciones internacionales.
- Militarización como única estrategia: Se priorizó el despliegue de la 43ª Zona Militar sobre soluciones civiles, ignorando que el 40% de los desplazados son menores de edad según Unicef.
- Investigaciones insuficientes: No hay avances en esclarecer los crímenes que originan el desplazamiento, como enfrentamientos entre el CJNG y células rivales, pese a la instalación de minas antipersona (tipificadas como crimen de lesa humanidad).
Responsabilidades compartidas
- Protección de derechos fundamentales: Ningún nivel garantizó plenamente el acceso a salud, educación o seguridad, violentando los Principios Rectores de la ONU que México ha suscrito.
- Coordinación interinstitucional: Las bases de operaciones interinstitucionales anunciadas en marzo de 2025 no han logrado articular acciones entre dependencias, replicando el “ecosistema de impunidad” denunciado por la CNDH.
Este incumplimiento sistémico refleja la brecha entre el marco jurídico internacional y la realidad en zonas como Tierra Caliente, donde la ausencia de políticas públicas integrales perpetúa la crisis humanitaria.
Con informacion: ELNORTE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: