La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que reconocer lo que ya corría como pólvora en los pasillos y en redes: sí, hubo fiesta, hubo alcohol y hubo escándalo en el sacrosanto Centro de Capacitación “La Muralla”, en San Juan del Río, Querétaro.
El parte oficial —porque no puede faltar— dice que “algunos cursantes de una capacitación no pertenecientes a la FGR regresaron en aparente estado de ebriedad y mostraron conductas inapropiadas”. Traducción libre: se empedaron y se metieron donde no debían, concretamente al área de dormitorios de mujeres.
De acuerdo con la FGR, fue el Servicio de Protección Federal quien tuvo que intervenir “para contener la situación” y mandar a los alegres participantes de vuelta a su habitación. En plural, porque hubo al menos dos incidentes por separado. El lenguaje burocrático hace maravillas para no decir lo obvio: crisis de disciplina, cero control interno, y un código de ética que quedó hecho trizas entre los vasos vacíos.
La Fiscalía, indignada de sí misma, asegura que reprocha “cualquier conducta ajena al Código de Ética” y que impondrá las medidas disciplinarias correspondientes. Pero curiosamente el comunicado subraya que los involucrados no son de la FGR, como si en ese afán de deslinde institucional bastara con no llevar gafete para evitar responsabilidades.
Y mientras tanto, en redes, versiones más mundanas apuntan a que también hubo presencia de agentes de la SSPC, algo que el boletín oficial prefirió omitir. Quizá porque reconocerlo haría evidente que hasta en la resaca hay jerarquías.
En resumen: un entrenamiento con tintes de parranda, un operativo para calmar borrachos, y una Fiscalía que finge sorpresa ante lo que parece rutina. “La Muralla” debía formar cuadros disciplinados; terminó exhibiendo otra grieta en la estructura de quiénes presumen guardar la ley.
Con informacion: ELNORTE/
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