Ovidio Guzmán no es uno de los principales operadores del cártel, pero sí es clave en las negociaciones con funcionarios, con algunos grupos proveedores de insumos y para atemperar las relaciones internas, por su personalidad tranquila y prudente. Pero adicionalmente se convirtió en el símbolo que permitiría recuperar la confianza de Estados Unidos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el Ejército mexicano que hace casi 39 meses lo liberó.
Además de la información compartida por los agentes estadounidenses, revelaron fuentes consultadas, otro movimiento fue decisivo para lograr la detención: el cambio del comandante de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, Héctor Ávila Alcocer, por el general Alfredo Salgado Vargas. Sobre el equipo del primero, existen sospechas de colusión con los grupos criminales.
Se trató de una operación quirúrgica que mostró un giro en la estrategia de seguridad del gabinete federal, justo en un momento en que las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano sobre la estrategia de seguridad.
Sobre la operación y el apoyo de inteligencia que habrían prestado los agentes estadounidenses para ubicar y detener a quien ellos ubican como uno de los principales responsables del tráfico del fentanilo, que ha generado una ‘pandemia’ de muertes por sobredosis, el gobierno de Estados Unidos optó por mantener el sigilo y vigilar la evolución de los hechos ocurridos desde la madrugada de este jueves.
“No puedo comentar nada sobre le tema. He visto los reportes, pero dejo a las autoridades mexicanas que den los detalles”, señaló Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de ese país al señalar que el gobierno de Joe Biden mantiene el seguimiento a los “reportes de tiroteos y bloques” en la ciudad de Culiacán, los cuales implicaron la alerta para sus connacionales a través de su embajada en México.
Esta captura, de acuerdo a la información recabada por este periódico, no cambia la estructura del cártel, el más poderoso del mundo, porque los hermanos Iván y Alfredo Guzmán integran el verdadero eje de las decisiones y operaciones del grupo criminal. Su medio hermano Ovidio simplemente se hizo más visible para las autoridades.
Sin embargo, lo que sí cambió desde este jueves 5 de enero, consideraron las fuentes, es la forma de relacionarse con el gobierno, para algunos ocurrió la ruptura.
Aire y tierra
En la madrugada de este jueves, antes de las 4 de la mañana de la Ciudad de México, los militares llegaron a la sindicatura Jesús María, donde se crio y habitaba Guzmán López, una comunidad rural perteneciente al municipio de Culiacán.
Los elementos del Ejército, reportaron a ejecentral las fuentes, llegaron caminando y poco después se escucharon los helicópteros que los apoyaban. Listos para la confrontación, al ser cuerpos de élite, comenzaron a disparar para someter a su objetivo. Sabían el lugar preciso.
Este jueves no pudieron hacer su trabajo de alerta los llamados “punteros”, que no es lo mismo que los “halcones”, porque a diferencia de éstos, los primeros están en puntos de vigilancia y se encargan de ir abriendo el camino a las caravanas que custodian a los líderes del cártel, pasan información y no portan armas. De acuerdo a la información recabada por ejecentral antes del llamado Culiacanazo de 2019, había 200 de ellos, después crecieron en toda la ciudad entre 450 y 500, de acuerdo a los cálculos de las autoridades.
Esos punteros debieron avisar y seguir a los militares, pero fue silenciosa y sorpresiva la operación. Pero también habrían sido infiltrados dentro de la propia sindicatura, de acuerdo a los primeros datos. Cuando llegó al lugar el operativo, Ovidio Guzmán salió huyendo, siguió la ruta de escape que ya conocía y su propio grupo de seguridad había planificado, pero lo que no se dio cuenta, es que los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército ya conocían el camino y lo detuvieron en su huida.
Comenzó el enfrentamiento, pero por la sorpresa y el refuerzo por aire de los elementos federales, los sometieron a Ovidio Guzmán y a sus elementos de su seguridad. De inmediato lo sacaron de la zona y lo llevaron al aeropuerto, donde verificaron su estado de salud y lo sacaron del estado, cuando apenas comenzaron las reacciones del Cártel de Sinaloa para tratar de rescatarlo.
El trabajo de inteligencia dio resultados, y la información entregada por Estados Unidos había sido efectiva: Guzmán López había sido capturado.
›La versión oficial tuvo algunos matices. Fueron “seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal (liderada por Ovidio Guzmán), donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas”, informó el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al confirmar el despliegue por tierra y aire que por primera vez encabezó la Guardia Nacional con apoyo de efectivos del Ejército.
Sin embargo, de la información recabada por ejecentral en Culiacán se identificó que hace tres meses comenzó a reforzarse la presencia de fuerzas federales, y con ellos identificaron a agentes antinarcóticos estadounidenses (DEA, por sus siglas en inglés), que cuenta con recursos especiales para luchar contra el fentanilo, un producto que controla el Cártel de Sinaloa
A escasos tres días de que México sea anfitrión de la Cumbre de Líderes de América del Norte en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, la recaptura de uno los capos emblema dentro de los objetivos conjuntos de la estrategia binacional del Entendimiento Bicentenario toma una relevancia particular para el gobierno estadounidense.
Justo fue 2022 cuando se emitieron la mayor cantidad de informes, más de 10, sobre la peligrosidad de los cárteles mexicanos, específicamente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y también se publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas de la administración Biden, que en sus objetivos internacionales de reducción de la oferta incluyeron priorizar el compromiso bilateral con fuentes y tránsito de drogas clave de países, como México, y de manera directa desarticular los tráficos ilícitos y las estructuras financieras de los cárteles mexicanos considerados como organizaciones criminales trasnacionales, señalando primordialmente a ambos grupos criminales mexicanos.
La presión desde Washington
Desde julio pasado, el Congreso de Estados Unidos elevó, aún más, la presión hacia el gobierno del presidente Joe Biden para que exigiera a México mejores resultados en el combate a las bandas del crimen organizado, el control de las drogas (principalmente el fentanilo) y el mejoramiento del clima de inversión.
El pasado 13 de julio, en el contexto de las campañas rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, la Cámara Alta de aquel país emitió una inusitada resolución condenando la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Días antes, el 7 de junio de 2022, el Congressional Research Service emitió el documento “México: crimen organizado y bandas traficantes de drogas”, que ofrece duras críticas a la estrategia de “abrazos, no balazos”.
López Obrador “dijo que no emprendería una guerra contra las organizaciones criminales, pero que apuntaría a las condiciones sociales que permiten que los grupos criminales prosperen, una estrategia que resumió como ‘abrazos, no balazos’. Luego de más de tres años en el cargo, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación legal entre Estados Unidos y México está en su mínima expresión”, subraya el texto.
Para las oficinas de seguridad y el Congreso de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa ha sido un objetivo prioritario, cuando menos desde comienzos de este siglo. Tanto los hijos de El Chapo (Jesús Alfredo y Ovidio) como Ismael El Mayo Zambada figuran en la lista de los fugitivos más buscados por la Agencia Antidrogas (DEA).
De hecho, el año pasado el Congressional Research Service produjo una decena de documentos de análisis, que sirven a los congresistas estadounidenses para guiar sus posiciones y hasta sus votos, sobre el crimen organizado en México y los riesgos de seguridad para su país, y que cuestionaban la estrategia de seguridad de López Obrador.
En 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa mostró tener la mayor capacidad de fabricación de fentanilo en laboratorios clandestinos, y en lo que va del siglo es una de las principales organizaciones responsables del comercio de drogas en Estados Unidos
El estado del cártel
Analistas del Congreso estadounidense, que tienen acceso a información pública y de las agencias de seguridad de ese país, “desde el encarcelamiento más reciente de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se ha dividido en cuatro facciones clave.
Una de ellas está actualmente dirigida por Ismael Zambada García “El Mayo; otra por el hermano de “El Chapo”, Aurelio “El Guano” Guzmán Loera; una tercera por células afines a Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara; y una cuarta fracción a cargo de los cuatro hijos Joaquín Guzmán, conocidos colectivamente como Los Chapitos o Los Menores, como se refirió a ellos el titular de la Sedena.
El informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense añade: “El Cártel de Sinaloa pareció enfrentar muchos desafíos en 2020 y 2021. Los rivales de Sinaloa dentro y fuera del grupo vieron un formidable imperio de drogas construido sobre las ganancias del tráfico de cocaína sudamericana y el contrabando de metanfetamina, mariguana, fentanilo y heroína a los Estados Unidos, y podría decirse que buscaron reemplazar al sindicato criminal que alguna vez fue hegemónico”.
Para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Ovidio junto con su hermano Joaquín Guzmán López, y el tío de ambos, Aureliano Guzmán Loera figuran dentro de la lista de los criminales más buscados al ser identificados como los herederos del cártel que están a cargo de la producción de decenas de laboratorios para producir metanfetamina fentanilo, cuya producción se estima entre las 3 mil y 5 mil libras al mes.
Tanto Joaquín como Ovidio fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia desde abril de 2018, cuando las autoridades de ese país los señalaron de los delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana; además de los señalamientos que los responsabilizan de diversos asesinatos y hechos violentos.
En el caso particular de Sinaloa, las áreas de inteligencia de la Sedena ubican el liderazgo principal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, medio hermano de Joaquín y Ovidio, quien tras la captura de su padre es ubicado en el mismo nivel jerárquico dentro de la estructura del cártel en el que el Ejército ubica a “El Mayo” Zambada y a Rafael Caro Quintero, detenido en un operativo de la Marina el 15 de julio del año pasado.
Deuda pendiente
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente (Ovidio Guzmán), habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo”, reveló el presidente López Obrador, en su conferencia del 19 de junio del 2020, exactamente 246 días después del llamado “Culiacanazo”, al referir que la decisión la tomó para no poner en riesgo a la población, pues dijo, “iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”.
No obstante, antes, el 18 de octubre de 2019, al día siguiente de los hechos violentos, cuando el propio presidente daba otra versión y aseguró que la decisión de liberar al capo había sido una decisión que “tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada, los secretarios, repito, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas, lo más importante es que no haya muertos, lo más importante es la paz”, subrayó
A diferencia de hace tres años en los que los hechos violentos detonados en la capital de Sinaloa dejaron un saldo oficial de al menos ocho personas muertas, incluyendo un elemento de la Guardia Nacional, así como unas 19 más que resultaron heridas, según informó la Sedena; en esta ocasión la ejecución del operativo se llevó a cabo, según confirmaron fuentes consultadas con las condiciones y el despliegue de personal y recursos materiales suficientes para garantizar un efectivo control de daños a lo largo del operativo, que hasta el cierre de esta edición había dejado un saldo de al menos 18 elementos de seguridad heridos, así como un guardia nacional fallecido, y otros nueve civiles heridos.
“Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del estado”, sostuvo el general secretario Luis Cresencio Sandoval alrededor de ocho horas después de que se había consumado la captura del capo.
Aunque la beligerante respuesta de las células al servicio de Ovidio Guzmán incluyó, como en 2019, el despliegue de sus bases no sólo en Culiacán sino prácticamente en todo el estado, con bloqueos e incendios en accesos carreteros de la capital del estado, así como en otras ciudades como Los Mochis y Guasave; se alertó sobre el llamado que habría hecho el cártel a fin de reforzar su despliegue con grupos y células afines en las entidades colindantes al estado como son Sonora y Chihuahua, así como la región al este de Durango y Nayarit.
El riesgo no ha desaparecido, al final fue detenido uno de los miembros del clan Guzmán, así que todos los cuerpos de seguridad en la zona de influencia del Cártel de Sinaloa permanecerán en alerta ante otras posibles reacciones violentas y ataques a cuerpos de seguridad.
Fuente.-Jonathan Nácar, Irene Muñoz, María Idalia Gómez y Juan Carlos Rodríguez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: