La investigación por el caso Ayotzinapa topa de nuevo con las Fuerzas Armadas, una constante desde el ataque contra los estudiantes normalistas en Guerrero, ocurrido hace ahora 100 meses, casi ocho años y medio.
Las pesquisas atraviesan ahora un momento complicado, heredero de las tensiones del año pasado, con detenciones sorprendentes, órdenes de captura canceladas, informes fallidos, presiones y dimisiones forzadas. La colaboración de las Fuerzas Armadas se antoja vital para evitar nuevos roces. En el centro de las exigencias de los investigadores figuran entre “80 y 100 oficios” del Ejército, según fuentes cercanas al caso consultadas por EL PAÍS.
Estos oficios han dominado las últimas reuniones entre las partes, por un lado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la comisión gubernamental que investiga el caso, dirigida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Rosendo Gómez, y por otro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), equipo de trabajo dependiente de la CIDH, que ha investigado el caso prácticamente desde el principio, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados. Si diciembre concluyó con un intento de recomponer la relación tras el caos de los meses anteriores, enero aparece en el calendario como piedra de toque: ¿se puede seguir avanzando en las pesquisas o se ha llegado a un tope?
La semana pasada, López Obrador y Encinas se reunieron en privado con los dos integrantes que quedan del GIEI, tras la partida a finales del año pasado de los otros dos, Claudia Paz y Francisco Cox. Convencidos de que hay espacio para avanzar, los dos que quedan, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, insistieron al presidente en dos cuestiones para ellos fundamentales, según las fuentes mencionadas arriba. Por un lado, los expertos piden al presidente que medie para que el Ejército acabe de entregar la información que se le ha pedido. Por otro, demandan a la Fiscalía que reactive las órdenes de detención pedidas por el anterior fiscal del caso, Omar Gómez, que dejó el cargo por las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz.
Los investigadores exigen también acelerar otras capturas en Estados Unidos, a la vista de la detención hace unos días en el país vecino de Alejandro Tenescalco, supervisor de la policía de Iguala la noche de los hechos. Es el caso de Ulises Bernabé, responsable de una instalación de la policía de Iguala, donde los criminales habrían llevado a parte de los 43 estudiantes desaparecidos, de Abraham Eslava, mano derecha del viejo jefe de los investigadores con Peña Nieto, Tomás Zerón, y de Gualberto Ramírez, coordinador de las pesquisas sobre el terreno en los primeros meses.
La unidad especial de la Fiscalía para el caso, comandada ahora por Rosendo Gómez Piedra, hombre aupado por López Obrador, maneja además una tarea importante, prioritaria para el propio Gómez y para la Fiscalía. Se trata del caso contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, detenido en agosto por el caso, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. Gómez Piedra y su equipo tratan de mejorar la acusación de cara a la próxima audiencia, que se celebra a finales de febrero, víctima de las presiones que sufrió la unidad especial para el caso el año pasado.
Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, participan durante el III Informe del grupo sobre los avances en la investigación, el 28 de marzo de 2022.No es la primera vez que el GIEI pide la mediación de López Obrador para librar el obstáculo castrense. Ha ocurrido varias veces estos años y, aunque ha costado, la Secretaría de la Defensa ha acabado por acceder. Ocurre, sin embargo, que este lote de entre 80 y 100 oficios no aparece. Son documentos importantes para entender el grado de conocimiento que tuvo el Ejército del ataque contra los estudiantes en tiempo real. Los oficios recogen intercepciones de comunicaciones a la red delincuencial de Iguala en la época, esto es, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y su red de apoyo, policías, políticos, etcétera, y testimonios de personas que hablan sobre la red, recogidos igualmente en la época.
Hasta el momento, los investigadores cuentan con 12 oficios de este tipo, dos de los cuales conoce la opinión pública. Se trata de los documentos divulgados en octubre de 2021 por la comisión gubernamental, que recogían dos conversaciones entre integrantes de la red criminal de Iguala, una, de horas después de ataque y otra, de días más tarde. Más allá de su contenido, las intercepciones mostraban una realidad desconocida: el Ejército había monitoreado en tiempo real a los atacantes de los estudiantes normalistas. La publicación de las conversaciones generó un gran enfado en las familias de los 43, que pensaban que ese monitoreo podría haber ayudado en la búsqueda de los muchachos.
El Ejército ha defendido estos años que los oficios que publicó la comisión son todos los que tiene, pero resulta difícil de asumir que la Secretaría de la Defensa dedicase tiempo y esfuerzos a interceptar solo dos comunicaciones al azar. López Obrador se ha comprometido a insistir en la entrega del material, petición a la que ha accedido el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, pero que se traba en los escalones altos del organigrama de la dependencia, esto es, el Estado Mayor de la Defensa.
La opacidad de las Fuerzas Armadas viene de lejos. En la primera etapa de las investigaciones, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las actuaciones del Ejército y la Armada se caracterizaron por la opacidad. El Ejército nunca dejó, por ejemplo, que los investigadores y las familias de los 43 normalistas desaparecidos visitaran sus cuarteles en Iguala, municipio donde ocurrió el ataque. La Armada ocultó por su lado la presencia de marinos en uno de los supuestos escenarios de la desaparición, hoy en entredicho, el basurero de Cocula.
Durante los primeros años de la investigación, se criticó mucho al Ejército por la presunta omisión de sus elementos ante el ataque contra los normalistas. En Iguala, policías de ese municipio y otros vecinos, coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos, atacaron a los estudiantes. Tres murieron y otros 43 desaparecieron. Militares patrullaron por Iguala sin evitarlo, amedrentando incluso a los muchachos. Con el tiempo, la imagen del actuar del Ejército ha empeorado. Actualmente, un general, un capitán y varios elementos de tropa están en prisión por su presunta colaboración con Guerreros Unidos en la época. Los investigadores asumen además que la Secretaría de la Defensa sabe más de lo que ha reconocido estos años.
En el caso de la Armada, el misterio es todavía mayor. Hace casi un año, el GIEI desveló que marinos habían realizado operativos alrededor del caso desconocidos hasta entonces. El GIEI divulgó un vídeo en que aparecían marinos en el célebre basurero de Cocula, escenario donde, según el Gobierno de Peña Nieto, la red criminal asesinó a los 43. En el vídeo, grabado en octubre de 2014, antes de que la vieja Fiscalía llegará a analizar el escenario, los marinos manipulaban bultos en el basurero y prendían hogueras. Pese al anuncio de que se abriría una investigación, que apuntaba incluso a uno de los jefes de inteligencia de la dependencia, Marco Antonio Ortega Siu, nada ha ocurrido desde entonces.
Manifestación a las afueras del Campo Militar 1, en Ciudad de México, el 15 de noviembre de 2022.
Manifestación a las afueras del Campo Militar 1, en Ciudad de México, el 15 de noviembre de 2022.Órdenes canceladas
Personal del Ejército protagoniza otra de las peticiones del GIEI y las familias de los 43, igual o más importante que la primera. Se trata de la reactivación de las 21 órdenes de detención canceladas a finales del año pasado. El embrollo de las órdenes conforma una de las grandes polémicas del caso Ayotzinapa durante la actual administración, junto a las conclusiones del informe de la comisión gubernamental, cuestionadas por el GIEI. Enfrentado al fiscal Omar Gómez, el fiscal general Gertz ordenó intervenir la unidad que investiga el caso Ayotzinapa y cancelar 21 de las 83 órdenes de captura que el primero había pedido en agosto, 16 de ellas contra militares.
Desde su llegada en septiembre, el nuevo fiscal, Rosendo Gómez, se ha mostrado ambiguo con las órdenes canceladas, mostrando su disposición a reactivarlas delante de las familias y sus abogados, pero sin resultados concretos hasta ahora. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, la unidad que dirige el nuevo fiscal estaría trabajando en la “reactivación” de 16 de las 21, sin especificar cuáles. Entre las 21 canceladas figura por ejemplo la del coronel Rafael Hernández, excomandante del 41 batallón de Infantería de Iguala, uno de los dos que funcionaba en la época en el municipio.
Más allá de los militares, el fiscal Rosendo Gómez y su equipo están pendientes del caso de Tomás Zerón, uno de los grandes objetivos de los investigadores tras la captura de Murillo. Refugiado en Israel, la Fiscalía mexicana y sus pares en aquel país comparten información desde hace más de un año para destrabar la posible detención del exfuncionario. México e Israel carecen de tratado de extradición. El trabajo estos años ha sido explicar la acusación contra Zerón, los casos de tortura y desaparición forzada armados en su contra.
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