Si el operativo fallido contra Ovidio Guzmán hubiera tenido éxito durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nada garantizaba que pudiera quedarse en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
A lo largo de esos 12 años, durante la guerra contra el narcotráfico en México, se exhibieron a 233 personas a quienes etiquetaron como las más buscadas del país: las anunciaron en sus informes de gobierno, en el Diario Oficial de la Federación o más tarde fueron catalogadas como “objetivos prioritarios” por su presunta jerarquía dentro de los cárteles.
Sin embargo, esta investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que apenas lograron sentenciar a 13 de ellos y fue por delitos menores como posesión de armas o de drogas. La Procuraduría General de la República (PGR) -ahora transformada en Fiscalía- perdió batallas en los tribunales. Tan solo en dos casos obtuvieron penas irrevocables por delincuencia organizada, es decir, una por sexenio.
El 12 de septiembre del 2012, Ramón Pequeño García, entonces jefe de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se colocó frente a decenas de reporteros y camarógrafos que esperaban en el hangar de la Policía Federal por el mensaje que el gobierno tenía que dar a la opinión pública.
Entre helicópteros y camiones blindados, el funcionario leyó durante casi 10 minutos y en orden cronológico cada detalle de la carrera delictiva de Ramiro Pozos González, alias “El Molca”, uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de México.
Pequeño García aseguró que Pozos González, entonces de 42 años, era el fundador y líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y secuestros conocida como La Resistencia, un ala del desaparecido cártel del Milenio, quienes controlaron el tráfico de drogas desde Jalisco en la década de 1990.
El gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ofrecía una recompensa de un millón de pesos por la captura de Pozos González. El hombre fue detenido por policías federales en la entrada de su domicilio en el Estado México.
Pozos González desde la década de 1990 se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nazario Moreno “El Chayo”, líder de los Caballeros Templarios, un cártel que asesinaba y torturaba por “JUSTICIA DIVINA”. También fue parte de Los Valencia, una organización delictiva que trasladó toneladas de cocaína de Jalisco a Estados Unidos; tuvo conexiones con el cártel de Sinaloa y el del Golfo; desde el 2010 era líder de su propio cártel y había logrado alianzas con Los Zetas.
Tres policías federales bajaron a Ramiro Pozos de un vehículo blindado y lo guiaron sujetándolo de los hombros hasta la mesa donde se exhibía un fusil Kaláshnikov con incrustaciones de oro en el mango y el cargador, que supuestamente era propiedad del detenido.
Ante las cámaras, el hombre robusto y con nariz deformada levantó la cabeza sin que nadie se lo ordenara y fue ahí cuando los medios de comunicación empezaron a fotografiarlo. Ramiro sonrió sutilmente, después lanzó unas palabras a sus captores que resultaron inentendibles para las cámaras y finalmente mostró sus dientes. Después se acomodó las esposas y levantó los pulgares como si hiciera una señal de saludo. Luego, los policías lo introdujeron nuevamente al vehículo blindado.
El jefe antidrogas Ramón Pequeño García aseguró que el detenido ya contaba con dos órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada. Pero poco se supo del curso que siguieron los procesos penales: desde aquel día, las autoridades no volvieron a informar nada sobre el presunto narcotraficante.
Ahora, a través de solicitudes de acceso a la información realizadas por MCCI a la Procuraduría General de la República (PGR) -ahora transformada en Fiscalía- y al Poder Judicial de la Federación (PJF), se sabe que Ramiro no fue castigado por el delito de delincuencia organizada.
El gobierno mexicano solo logró comprobarle un delito que concluyó en una sentencia por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por el rifle con incrustaciones de oro que llevaba el día de su detención, de acuerdo con el expediente 65/ 2012 al que se tuvo acceso.
No solo fue eso. Los policías federales mintieron en cómo lo capturaron: según ellos, lo hicieron en el portón de su domicilio. Sin embargo, el mismo Ramiro y sus familiares narraron que los federales entraron hasta su recamara sin una orden de cateo, mientras dormía en compañía de su esposa y sus hijos. Además, según su declaración, le robaron un reloj Rolex y dinero en efectivo.
Aunque Ramiro fue señalado como uno de los narcotraficantes más buscados, cuando el caso llegó ante el juez, éste solo pudo imponerle una pena de 4 años y 10 meses de prisión, ante las pruebas presentadas por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).
El caso de Ramiro Pozos no fue aislado. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) revela que en 12 años que duró la guerra contra el narcotráfico en México las autoridades detuvieron y exhibieron a 233 personas señaladas como los más buscados del país, ya sea porque fueron anunciados en acuerdos de recompensa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en informes de gobierno o catalogado como “objetivos prioritarios” por ser miembros de la delincuencia organizada, específicamente de cárteles del narcotráfico.
De este total solo lograron 13 sentencias irrevocables ante el Poder Judicial. Diez de ellas fueron por delitos menores de portación de armas con penas de 1 a 5 años —como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”—, una por lavado de dinero —la de Vicente Carrillo Leyva—y solo dos por delincuencia organizada.
Las Detenciones
De este listado los dos casos donde la PGR logró demostrar el delito de delincuencia organizada fue el de Melvin Gutiérrez y Rigoberto Andrade Rentería, del cártel Arellano Félix y la Familia Michoacana, respectivamente.
A Melvin Gutiérrez también lo buscaban las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y obtuvo una pena de 25 años en prisión. Rigoberto Andrade Rentería, quien estaba encargado del tráfico de drogas a Estados Unidos recibió una sentencia de 10 años.
Tras realizar un seguimiento de los amparos y una revisión hemerográfica, también se encontró que, de las 233 personas, 15 fueron asesinados en enfrentamientos con policías y militares, cuatro murieron en prisión después de haber sido detenidos —como Jaime Cabello Figueroa, quien falleció en 2016 en un motín en el penal de Topo Chico, donde esperaba su sentencia—, en 16 casos se concedió la extradición a Estados Unidos —como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Vicente Zambada Niebla—, tres se fugaron de prisión y cinco no han sido capturados.
En los 177 casos restantes las autoridades han ido perdiendo la batalla legal (en al menos 11 casos los acusados fueron liberados o absueltos) o continúan la pelea en tribunales ante los amparos que han puesto los investigados, como Inés Coronel Barrera, suegro de “El Chapo” Guzmán, que ganó un amparo para que se repusiera el proceso por la tortura de la que dijo fue víctima al momento de su detención.
También Vicente Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez, ganó un amparo porque las autoridades omitieron decirle quienes testificaron en su contra, mientras que Miguel Ángel Treviño Morales (Los Zetas) logró que la PGR subsanara las deficiencias en una de las acusaciones por delincuencia organizada, tras un amparo que se resolvió a su favor.
233 INDIVIDUOS FUERON SEÑALADOS COMO LOS MÁS BUSCADOS Y PERSEGUIDOS DURANTE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Los 233 de Calderon y Peña
Desde diciembre de 2006 cuando el Gobierno del expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico y durante la administración de Enrique Peña Nieto que continuó la militarización en el país, las autoridades bombardearon mediáticamente con detenciones de personas consideradas clave dentro de alguna organización delictiva.
Diariamente se anunciaba la detención de “capos” que eran “LÍDERES” de cárteles, “EL NÚMERO 2 DE LOS ZETAS”, “EL RECLUTADOR DE SICARIOS”, “el coordinador del lavado de activos” o “LA PUBLIRRELACIONISTA DEL CÁRTEL DE SINALOA”. Durante 12 años el discurso oficial fue similar.
Información obtenida por MCCI tras realizar 500 solicitudes de información durante dos años, revela que, hasta diciembre de 2018, un total de 233 personas fueron anunciadas como las más buscados o como objetivos prioritarios por presuntamente pertenecer a cárteles del narcotráfico.
Aunque se solicitó a este gobierno, conocer quiénes eran las personas más buscadas o quienes eran los objetivos prioritarios en esta administración, la Fiscalía (antes PGR) señaló en respuesta a una solicitud de información que esta administración no tenía objetivos prioritarios como la anterior, ya que en el actual gobierno “toda persona presuntamente relacionada con delincuencia organizada será investigada conforme a derecho, como cualquier otra, sin necesidad de que exista un término como objetivos prioritarios”.
También respondieron a través de dos solicitudes de acceso a la información que no se han publicado acuerdos de recompensa que den con la captura de presuntos narcotraficantes desde el 1 de diciembre, cuando asumió el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Derivado de una búsqueda en el DOF, portal de recompensas de esta Fiscalía y en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada no se localizaron registros de acuerdos de ofrecimientos de recompensas u homólogos o coincidentes”.
MCCI elaboró una BASE DE DATOS con el nombre de las personas más buscadas y detenidos en el marco del combate a la delincuencia organizada de 2012 a 2018 con información que obtuvo de los acuerdos de recompensas publicados en el Diario Oficial de la Federación (65 personas), el listado de objetivos prioritarios de la pasada administración (109) y los informes de gobierno (59 personas).
Entre los detenidos más buscados figuran personajes como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos de “El señor de los cielos”, quien fuera el líder del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos, entre otros.
Una vez que se elaboró la base de datos propia con la información recopilada de las fuentes oficiales, se pidió el estatus legal de cada uno de ellos, es decir, que había pasado después de su detención. La PGR se negó a proporcionar la información al argumentar que dar a conocerla afectaría la intimidad, honor y buen nombre de los imputados. Ante la respuesta, se interpusieron diversos recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Tras varios meses de litigio el INAI resolvió que existía un interés público por conocer el estatus legal de estas personas porque eso permitiría transparentar la estrategia nacional de política criminal en materia de combate a la delincuencia organizada y ordenó brindar solamente las sentencias condenatorias irrevocables, es decir, las que hubiesen agotado todo medio de impugnación y se encontraran firmes.
Posteriormente, mediante solicitudes de información al PJF se lograron obtener las versiones públicas de las sentencias de los 13 presuntos narcotraficantes, donde queda en evidencia que la PGR buscó fincarles delitos de delincuencia organizada, pero las pruebas resultaron insuficientes y solo en 2 se logró demostrar ese ilícito.
Los sentenciados fueron: Arturo Vázquez Terrazas, del cártel de Juárez; Eleazar Medina, de los Zetas; Francisco Centeno, de Sinaloa; Guillermo Castillo, de Juárez; Melvin Gutiérrez, del cártel Arellano Félix; Omar Javier Llamas, de Juárez; Ramiro Pozos del cártel Milenio Raymundo Almanza, de los Zetas; Rigoberto Rentería, de la Familia Michoacana; Rogaciano Álvarez, de Sinaloa; Sandra Ávila Beltrán, de Sinaloa; Socorro Chávez, de Juárez y Vicente Carrillo, del cártel de Juárez.
De este listado los dos casos donde la PGR logró demostrar el delito de delincuencia organizada fue el de Melvin Gutiérrez y Rigoberto Andrade Rentería, del cártel Arellano Félix y la Familia Michoacana, respectivamente.
A Melvin Gutiérrez también lo buscaban las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y obtuvo una pena de 25 años en prisión. Rigoberto Andrade Rentería, quien estaba encargado del tráfico de drogas a Estados Unidos recibió una sentencia de 10 años.
Tras realizar un seguimiento de los amparos y una revisión hemerográfica, también se encontró que, de las 233 personas, 15 fueron asesinados en enfrentamientos con policías y militares, cuatro murieron en prisión después de haber sido detenidos —como Jaime Cabello Figueroa, quien falleció en 2016 en un motín en el penal de Topo Chico, donde esperaba su sentencia—, en 16 casos se concedió la extradición a Estados Unidos —como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Vicente Zambada Niebla—, tres se fugaron de prisión y cinco no han sido capturados.
En los 177 casos restantes las autoridades han ido perdiendo la batalla legal (en al menos 11 casos los acusados fueron liberados o absueltos) o continúan la pelea en tribunales ante los amparos que han puesto los investigados, como Inés Coronel Barrera, suegro de “El Chapo” Guzmán, que ganó un amparo para que se repusiera el proceso por la tortura de la que dijo fue víctima al momento de su detención.
También Vicente Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez, ganó un amparo porque las autoridades omitieron decirle quienes testificaron en su contra, mientras que Miguel Ángel Treviño Morales (Los Zetas) logró que la PGR subsanara las deficiencias en una de las acusaciones por delincuencia organizada, tras un amparo que se resolvió a su favor.
LAS IRREGULARIDADES
MCCI obtuvo los 13 expedientes de los presuntos narcotraficantes con una sentencia condenatoria irrevocable. A través del análisis de declaraciones ministeriales, resoluciones de amparos, apelaciones, testimonios de testigos protegidos, dictámenes periciales, partes informativos, oficios de detención, estudios de personalidad, informes de antecedentes penales y estudios de grafología, se encontraron las diversas irregularidades en las que han incurrido los agentes del ministerio público y las deficiencias en la integración de las investigaciones.
Algunos, por ejemplo, fueron detenidos tras denuncias ciudadanas o llamadas anónimas y no por órdenes de aprehensión, como informó la PGR en su momento, y fue hasta que estuvieron en manos de las autoridades que se giraron las órdenes de captura correspondientes.
También hubo detenciones que se dieron en flagrancia, es decir, mientras cometían un ilícito donde los policías “vieron” que el presunto delincuente portaba un arma o cuando los agentes hicieron alguna revisión de rutina en los coches de algunos de ellos y detectaron droga o armamento.
De acuerdo con los 13 expedientes judiciales analizados se encontró que en 4 casos los presuntos narcotraficantes fueron detenidos en flagrancia, es decir cometiendo un ilícito, tal es el caso de Arturo Vázquez Terrazas, quien según las autoridades tenía un liderazgo similar al de Amado Carrillo, alias “El Señor de los Cielos”, en el cártel de Juárez y había sido detenido como parte de “la estrategia de seguridad”, según declaró el propio Renato Sales, excomisionado nacional de seguridad.
Sin embargo, en el expediente judicial al que tuvo acceso MCCI, se menciona que Vázquez Terrazas fue detenido en una agencia automotriz y al hacerle una revisión de rutina le encontraron en el bolsillo derecho una granada de fragmentación color verde. El hombre fue juzgado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y obtuvo una pena de 4 años.
Otro caso es el del presunto narcotraficante Luis Guillermo Castillo Rubio, quien según la entonces Procuraduría General de la República, era el reclutador de sicarios de la familia Carrillo Leyva, del cártel de Juárez y también estuvo involucrado en el asesinato de dos estudiantes en Monterrey. La PGR informó que fue detenido en un “operativo de precisión policial”, sin embargo, el expediente al que se obtuvo acceso revela que a Castillo Rubio lo detuvieron porque los agentes vieron a un hombre haciendo sus “necesidades fisiológicas” y lograron ver una pistola que salía de su pantalón. Obtuvo una pena de cinco años por portación de arma de fuego.
Un patrón recurrente es que una vez que los expedientes llegaban a los jueces federales, estos encontraron que el ministerio público aportó como prueba las declaraciones de testigos protegidos, sin embargo, los jueces consideraron que no tenían valor probatorio porque no les había constado lo narrado y lo habían escuchado de terceras personas.
En 5 casos los testigos que presentó la PGR durante el juicio se contradijeron en sus declaraciones. Un ejemplo es el caso de Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” y extinto líder del cártel de Juárez, quien comprobó que no conocía a dos testigos protegidos que declararon en su contra.
Otro ejemplo es el de Arturo Vázquez, del cártel de Juárez, donde se utilizaron testigos protegidos a los que el juez no les dio valor probatorio, ya que omitieron precisar cómo y en qué forma podían asegurar que pertenecía a un cártel de la droga.
Otra irregularidad que se detectó en otros tres casos fue que las autoridades policiales mintieron sobre el lugar donde fueron detenidos, como en el caso de Omar Javier Llamas, del cártel de Juárez, quien según los policías fue capturado en la vía pública. Sin embargo, durante el juicio su esposa contradijo esa versión y confirmó que había sido detenido al interior de su domicilio.
Otro caso es el de Socorro Chávez Arévalo, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien era parte del cártel de Juárez. Según el Ejército mexicano también fue detenido en la vía pública, sin embargo, él y sus familiares declararon que fue detenido al interior de su domicilio cuando estaba en la cocina con su esposa y su hija.
En otros casos se comprobó mediante dictámenes de grafología que las firmas de los detenidos en sus declaraciones ministeriales fueron obtenidas por presión y coacción física, tal fue el caso de Rogaciano Álvarez, del cártel de Sinaloa.
En otros expedientes, los defensores de los acusados denunciaron que sus clientes no fueron puestos a disposición del ministerio público en los tiempos establecidos en la ley, mientras que algunos acusados denunciaron golpes y actos de tortura.
Estos fueron los motivos por los cuales los jueces solo dieron sentencias por delitos menores al 6.5 por ciento de los supuestos líderes de los cárteles de la droga que fueron detenidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
***
Cuando aquel 12 de septiembre de 2012 el entonces jefe antidrogas Ramón Pequeño García presentó a Ramiro Pozos González ante los medios también explicó que la escisión que hubo en el 2011 en el cártel del Milenio ocasionó el surgimiento de dos organizaciones delictivas: una era La Resistencia, encabezada por Pozos González, y la otra fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder máximo es Nemesio Oseguera.
Tras la detención del líder de la Resistencia, el grupo delictivo continuó operando como una célula en contadas regiones del país, mientras que el CJNG se expandió y se consolidó como el más poderoso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En seis años (2012-2018), este grupo criminal fue el que mayor crecimiento tuvo debido a la corrupción y al uso de la violencia, denunció el departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2015, cuando incluyó a "El Mencho" en su lista negra de narcotraficantes designados.
Después de la captura de El “Chapo” Guzmán en el gobierno de Peña Nieto, "El Mencho" se convirtió junto con Ismael “El Mayo” Zambada (Cártel de Sinaloa) en uno de los dos narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas, según informó la entonces PGR en respuesta a una solicitud de información. Ninguno ha sido capturado y será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien tenga la tarea de detenerlos.
*Se buscó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Gloria Escobar, quien forma parte del equipo del expresidente Calderon dijo que “Prácticamente por tiempo está imposible... lo dudo muchísimo”. Con el expresidente Peña Nieto o su equipo fue imposible lograr el contacto.
fuente.-Mexicanos Contra la Corrupcion/INVESTIGACIÓN: ZORAYDA GALLEGOS Y LAURA SÁNCHEZ LEY
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