Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), venció en tribunales al obradorismo, que buscaba obligar a ese organismo autónomo a organizar la consulta de revocación de mandato con presupuesto insuficiente y someterlo a sanciones penales en caso de no hacerlo.
La SCJN concedió hoy la suspensión al INE para que realice la revocación de mandato de manera eficiente, tanto como lo permita el presupuesto programado.
La medida cautelar anula además la posibilidad de que se finquen responsabilidades penales y/o administrativas en contra de los integrantes del Consejo General.
Lorenzo Córdova había explicado en sus gestiones para obtener las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio, que la instalación de más 161 mil 400 casillas en 300 distritos de 32 entidades, la contratación de 37 mil 851 los capacitadores y asistentes electorales, el despliegue de personal para 12 millones de visitas domiciliarias que tendrían que convencer a 500 mil personas para ser funcionarios electorales, y el pago de dichos funcionarios de casilla, requería un presupuesto de 3 mil 800 millones de pesos.
Después de efectuar un reajuste de sus finanzas, el organismo acotó la cifra. El 12 de enero, el INE publicó un comunicado de prensa en el que especificó que para poder dar continuidad en la organización del proceso de revocación de mandato hicieron ajustes presupuestarios adicionales de 3 mil 830 a 3 mil 306 millones de pesos, además de ajustar otros proyectos para sumar 64.4 millones de pesos, pero que aún así se necesitarían mil 738 millones que solicitarían a la Secretaría de Hacienda.
El gobierno federal negó los recursos y amenazó con procesar a los consejeros del INE. El organismo recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hoy le dio la razón y le concedió la posibilidad de efectuar un ejercicio acotado a los recursos de los que dispone el INE de manera efectiva.
La Secretaría de Hacienda negó ayer al INE, que ya había empezado sesión, los recursos extra que pedía (tras ahorros) para la consulta revocatoria que se realizará el 10 de abril: mil 738 millones de pesos.
Durante los debates públicos relacionados, el organismo electoral había previsto organizar la consulta a un tercio de capacidad de operación de las dimensiones previstas por la ley. Es decir, en lugar de 161 mil 400 casillas se instalarían 53 mil 600, como al parecer ocurrirá.
De manera simultánea al fallo de la SCJN a este respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó hoy “la autonomía presupuestal y libertad de gestión” al órgano electoral.
“Derivado de la autonomía presupuestal y de libertad de gestión que le confiere la Constitución al INE, corresponde a éste, de manera exclusiva, definir las medidas de racionalidad y disciplina del gasto, lo que impide que se le pueda ordenar la adopción de decisiones específicas en el ejercicio de su presupuesto”, concluyó el Tribunal Electoral.
Fuente.-@emeequis/
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